El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Grupo Bicentenario; y Banca de las Oportunidades, anunció que promoverá la colocación de un millón de operaciones de crédito para colombianos que no tienen acceso a financiación formal.

Se trata de la estrategia de inclusión crediticia de la economía popular (EP) “CREO, un crédito para conocernos”, que apunta a atender las necesidades de financiamiento de las unidades productivas de baja escala, tradicionalmente desatendidas, a lo largo del país y en todos los sectores de la economía, y a reemplazar las onerosas fuentes informales que prevalecen.

“CREO, un crédito para conocernos, diseñado con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se erige como la estrategia más inclusiva jamás ejecutada en Colombia y que apunta a cerrar desigualdades históricas y generar financiación accesible y flexible, como una palanca clave para potenciar la generación de capacidades, el bienestar financiero y la transformación de las condiciones de vida de la economía popular”, precisó el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo.

El reto es apremiante. Según la encuesta de Micronegocios (EMICRON) del DANE, al cierre del 2022, de los 5,3 millones de micronegocios en el país, apenas el 30% cuenta con financiación formal. Además, uno de cada cuatro micronegocios que solicitó un crédito lo hizo a través del “gota a gota”. Este número ha venido creciendo desde la pandemia.

“Los negocios ambulantes, tenderos, recicladores y productores agropecuarios de bajos ingresos necesitan acceder a financiación y desarrollar capacidades financieras para hacer crecer sus negocios o proyectos productivos. Muchos de ellos están a merced del ‘gota a gota’. Por esta razón, buscamos ofrecer diferentes alternativas que se conviertan en la puerta de entrada al sistema financiero”, señaló Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades.

La piedra angular de la estrategia es la banca pública, que hace parte del Grupo Bicentenario. Bancóldex, Finagro-FAG y FNG, de manera articulada y coordinada, activarán un paquete de servicios financieros y no financieros para apalancar créditos productivos populares través de la red de proveedores de servicios financieros. El Banco Agrario de Colombia liderará la colocación de financiación para la Economía Popular. Por su parte, el sector financiero cooperativo, dada su vocación y cercanía a la población, será un aliado clave de esta estrategia, es por eso que desde el Gobierno se viene trabajando, junto con el sector, en un programa de fortalecimiento.

Para fomentar la participación de más entidades en el segmento de la Economía Popular, la estrategia se enfocará en fortalecer y ampliar la red de proveedores de servicios financieros, en especial de las cooperativas, las Fintech, los bancos de nicho, las ONG microcrediticias y los bancos comerciales. Así mismo, en impulsar metodologías innovadoras y disruptivas; y acelerar iniciativas gubernamentales, como los esquemas de finanzas y datos abiertos, buscando que las nuevas tecnologías apalanquen la irrigación de créditos para la EP.

“El Grupo Bicentenario tiene dentro de sus objetivos apoyar al Gobierno nacional a identificar y corregir fallas de mercado, tales como la falta de cobertura de servicios financieros en las regiones más apartadas o la ausencia de información que restringe el acceso el crédito para los sectores más vulnerables. Esta estrategia, a través de las empresas participantes, propenderá por acercar a las personas de la EP a cumplir sus sueños, contribuyendo con el desarrollo del país.”, precisó Adriana Mazuera, representante legal del Grupo Bicentenario.

“CREO, un crédito para conocernos” se cimienta en cuatro columnas o ejes centrales: i) oportunidades de acceso al crédito para aquellos que tradicionalmente han estado desatendidos, ii) promoción de metodologías de financiamiento grupal y asociativo, iii) gestión y acompañamiento en territorio de la población y iv) generación de capacidades financieras de la EP.

La primera columna estratégica se centra en brindar acceso al crédito a aquellos ciudadanos que, hasta el momento, no han sido partícipes del sistema financiero. La meta es visibilizar a la economía popular, promoviendo su inclusión financiera.

Las entidades del Grupo Bicentenario, alineadas con este propósito, ofrecerán una gama de instrumentos inclusivos: en primer lugar, garantías silenciosas destinadas a perfeccionar la gestión de riesgos; en segundo lugar, financiamiento concesional, cuyo propósito es fomentar innovaciones operativas que impulsen el acceso a recursos en condiciones favorables; y finalmente, un incentivo al buen pago, que promueva hábitos financieros saludables y responsables entre los beneficiarios.

Los dos primeros incentivos adoptarán un enfoque territorial y de género, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional con la igualdad y equidad en todos los ámbitos de la sociedad.

A lo largo de este primer año se llevará a cabo la implementación progresiva de incentivos en 100 mil operaciones crediticias. La estrategia reconoce la importancia del sector agropecuario para el aparato productivo y en la vida de las comunidades rurales. Por ello, se han asignado incentivos específicos para 34 mil operaciones adicionales en este sector.

Mientras las entidades financieras terminan de adelantar los desarrollos tecnológicos y operativos, se estima que los primeros créditos agropecuarios se comenzarían a colocar de manera progresiva a partir de mayo del presente año.

La segunda arista promueve el financiamiento grupal popular como una pieza clave para acceder a recursos que potencien las actividades productivas de la EP, activando el tejido social de su comunidad y de grupos que comparten intereses y objetivos comunes. Finagro cuenta hasta con $7 billones para movilizar en las diferentes líneas de crédito para el 2023, entre estas se incluyen los esquemas asociativos y de integración.

El tercer pilar busca acercar a los proveedores de servicios financieros con la población. Para esto, el Gobierno espera lanzar en abril las ferias de la economía popular, que acercan la oferta de productos y servicios y llevan asesoría y acompañamiento financiero a los colombianos que viven en las zonas más apartadas del país.

La cuarta columna, apunta a crear los círculos virtuosos de la inclusión financiera y del desarrollo sostenible de las capacidades financieras de la EP. Desde el Grupo Bicentenario lanzará un programa de sensibilización para promover el crédito formal y dar a conocer las desventajas de los mecanismos informales de financiación, los beneficios de crecer por medio de los productos de créditos del sistema financiero formal y los nuevos productos que abrirán las puertas de la inclusión financiera a la EP.

En el engranaje y como factor habilitante de esta estrategia, en este cuatrienio, el Gobierno liderará la implementación de un esquema de datos abiertos, tendientes a facilitar la disponibilidad y el intercambio de la información de las personas. Esta información, fundamental para reducir fricciones relacionadas con el conocimiento, vinculación y perfilamiento del cliente, reposa en un amplio espectro de entidades tanto del sector financiero como del sector real y del gobierno. Contar con un esquema de datos abiertos permitirá fortalecer modelos de análisis de riesgo alternativos en el país, basados en información transaccional de las personas y provenientes de diversas fuentes.

Durante esta semana, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, adelantará en el todo el país acciones masivas de cobro a 6.350 contribuyentes que desarrollan actividades económicas relacionadas con los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, que tienen pendiente el pago de obligaciones en mora, una cartera que supera los $580.000 millones.

Estas actividades se desarrollarán en el marco de la jornada “Al día con la DIAN, le cumplo al país", las cuales contribuyen a la sostenibilidad fiscal de la Nación.

Como resultado de la medición, la DIAN evidenció que, el 85% de los contribuyentes con la cartera morosa más alta, desarrollan actividades como: explotación mixta (agrícola y pecuaria) (52%), cría de ganado bovino y bufalino (17%), cría de aves de corral (8%), actividades de apoyo a la agricultura (5%), y cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos (3%).

De acuerdo con zona de influencia geográfica y la cartera vencida, el 75% de los deudores de este sector se encuentran adscritos a: la Direcciones Seccionales de Cali (46%), Bogotá (12%), Medellín (10%) y Cúcuta (3%) y a la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes (4%). Adicionalmente, se pudo identificar que, el 69% de los deudores son personas jurídicas, el 27% son personas naturales y el 4% restante se encuentra catalogado como gran contribuyente.

Para facilitar a los contribuyentes el pago de dichas obligaciones, la DIAN les contactará en los próximos días para entregarles toda la información pertinente y orientarles en el proceso a llevar a cabo.

Así mismo, la autoridad tributaria recuerda a estos deudores a que pueden aprovechar el beneficio de la rebaja en la tasa de interés de mora de un cincuenta (50%) por ciento, que estará vigente hasta el próximo treinta de junio, oportunidad incorporada en la Ley 2277 de 2022.

Para quienes no puedan realizar el pago total de la obligación antes de la fecha indicada, la DIAN les podrá conceder una facilidad para el pago, previo cumplimiento de requisitos. Es importante que los deudores tengan en cuenta que la solicitud para la suscripción de las facilidades o acuerdos para el pago antes mencionados deberá ser radicada, a más tardar, el quince (15) de mayo de 2023.

Según el más reciente informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público), la reforma pensional radicada por el Gobierno Nacional el pasado 22 de marzo puede reducir entre 7 y 12 puntos porcentuales del PIB el valor presente de los déficits de los pilares contributivo y semicontributivo.

Así, con la implementación de la reforma pensional, el valor presente neto a 2070 de los déficits se podría reducir de 67,5% (en un escenario sin reforma), a 55,2% del PIB.

Este efecto favorable, según el reporte, se deriva de:

(i) Los nuevos flujos de recursos que obtendrá Colpensiones con la reforma

(ii) La eliminación de los subsidios a las pensiones relativamente altas y

(iii) La implementación de un fondo de ahorro, con las respectivas rentabilidades, como parte de un manejo responsable a los recursos del sistema pensional.

La creación del pilar solidario permite triplicar el monto de la transferencia mensual dirigida a los adultos mayores y llegar a cerca de 450 mil nuevos beneficiarios. Más de 2,3 millones de adultos mayores harán parte de esta iniciativa.

Lo anterior permitirá reducir en más de 50% la incidencia de la pobreza moderada, y en más de 85% la incidencia de la pobreza extrema en la población mayor de 65 años, con un costo fiscal neto de $3,8 billones a precios de 2023 (0,24% del PIB).

Respecto al fondo de ahorro, gracias a su funcionamiento, se acumularán recursos por $124 billones al 2030 (a precios de 2023), dado el flujo de cotizaciones adicionales que obtendrá Colpensiones y los traslados desde los fondos de pensiones. Este instrumento evita que el ahorro nacional se deteriore, y permite mantener el dinamismo del mercado de deuda pública. Se trata de un compromiso clave de la política macroeconómica del país.

Para conocer el documento completo del Ministerio de Hacienda, haga clic aquí.

Desde el próximo 1 de abril los declarantes del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios y declarantes de ingresos y patrimonio que no tengan la calidad de grandes contribuyentes y sean obligados a facturar electrónicamente, deberán implementar el límite de 5 Unidades de Valor Tributario (UVT) correspondiente a $212.060 para 2023, como monto máximo para la expedición de documentos equivalentes generados por máquina registradora con sistema POS.

En consecuencia, por cada operación de venta o prestación de servicio que para el año 2023 supere este monto, sin incluir impuestos, es necesaria la expedición de la factura electrónica de venta con el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la normatividad vigente sobre la materia. Lo anterior, teniendo en cuenta que la UVT fijada para 2023 es de $42.412.

Este es el segundo grupo de obligados determinado en la Resolución 1092 del 1 de julio de 2022, proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El primero fue el de los catalogados como Grandes Contribuyentes, quienes aplican dicho límite desde el pasado 1 de febrero.

Es importante que los obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, tengan en cuenta que la UVT se actualiza cada año por la DIAN, de modo que el tope con la limitación de los 5 UVT debe establecerse de acuerdo con el valor aplicable a cada año.

Para finalizar, cabe señalar que, el tiquete POS no otorga al adquirente el derecho a impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas (IVA), ni a costos y deducciones en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios.