El Gobierno, en el marco del CONFIS, encabezado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla y el Director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, aprobó el mayor cupo para el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite que el sector empresarial pague hasta el 50% de sus impuestos en proyectos de inversión en municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas más afectadas por el Conflicto).

El billón de pesos aprobado para la vigencia 2024, es el mayor cupo desde la creación de la implementación del mecanismo en 2018.

Entre el 2018 y el 2023 se han aprobado 297 proyectos por 2.1 billones de pesos beneficiando a 238 municipios y vinculando a 160 empresas. Los sectores con mayor inversión son infraestructura, transporte, educación, vivienda, ciudad y territorio, y energía.

Del total de proyectos aprobados entre el 2018 y el 2023, más de la mitad de las inversiones (1,1 billones de pesos) se logró en el primer año del Gobierno del Cambio con mayor número de proyectos (157) y mayor número de contribuyentes vinculados (108).

Para la 2024, el CONFIS dejó abierta la posibilidad de ampliar el cupo de un billón de pesos con el propósito de impulsar proyectos que aceleren la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia, potencia mundial de la vida” priorizando proyectos en: transición energética, vías terciarias e integración digital.

La aprobación del cupo de un billón de pesos para el mecanismo de Obras por Impuestos en 2024, demuestra la voluntad del Gobierno del Cambio de fortalecer este mecanismo para posibilitar la necesaria vinculación del sector privado en la construcción de paz, como parte esencial del gran acuerdo nacional propuesto por el presidente Gustavo Petro.

Durante lo corrido de 2023, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha realizado 355 cierres de establecimientos en todo el país por incumplimientos en el debido proceso de facturación.

En las visitas realizadas en el territorio nacional durante todo el año se verificó que, de manera sistemática, algunos establecimientos presentaron irregularidades en el proceso de facturación, y otros (quienes estaban obligados) no la estaban emitiendo de manera electrónica, según lo señalado en los artículos 653 y 657 del Estatuto Tributario.

Por estas razones, este año, en Bogotá se cerraron 83 establecimientos en diferentes partes de la ciudad, incluyendo sectores comerciales, locales en centros comerciales y grandes superficies. Entre estos se destacan:

San Andresito de la 38: 12

San Andresito San José: 13

Sector de Galerías: 2

Sector de Unilago: 4

Sector de San Victorino: 8

Sector comercial Fontibón: 4

Centro Comercial Hayuelos: 1

Centro Comercial Unicentro: 1 (realizado el día de hoy en Almacenes Éxito S.A.)

Centro Comercial Portal 80: 1

Centro Comercial Mall Plaza: 1

Centro Comercial Titán: 2

Centro Comercial Santafé: 3

En las principales ciudades del país también se han llevado a cabo cierres de establecimientos por incumplir con las obligaciones asociadas a la facturación y/o no emitir la factura electrónica. Estos son algunos de los más destacados:

En Medellín, 61 establecimientos de actividades relacionadas al comercio de prendas de vestir, en el sector de El Hueco.

En Cartagena, 2 establecimientos, en el Barrio Las Delicias y en el municipio de Magangué.

En Barranquilla, 18 establecimientos.

En Cali, 11 cierres en diferentes sectores de la ciudad.

La DIAN invita a la ciudadanía a exigir siempre la factura electrónica. Es importante recordar que, para recibir la factura electrónica, el comprador solo debe entregar tres datos al establecimiento de comercio: (1.) nombre o razón social, (2.) número de cédula o NIT y (3.) correo electrónico.

Para reportar cualquier irregularidad con la expedición de la factura electrónica, los ciudadanos pueden denunciar a través del sistema PQRS/Denuncias por terceros, en la página web de la DIAN www.dian.gov.co. Recuerde que esto puede realizarse de manera anónima.

Con el fin de proteger el poder adquisitivo de los hogares colombianos, el Gobierno Nacional continúa priorizando la desindexación de elementos de la economía, que actualmente están atados al incremento del salario mínimo, de la inflación y de la UVT para que sean cobijados con el valor de la UVB.

Con esta medida cerca de 100 elementos estarán atados al valor de la UVB, aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 -2026, y que será reajustada anualmente con base en la variación del IPC sin alimentos, ni regulados.

El valor de la UVB para 2024 será de $10.951. Esta cifra es el resultado del IPC sin alimentos ni regulados de octubre 2023, que publicó el Dane, y que registró una variación anual de 9.51%. La UVB para 2023 fue de $10.000.

De acuerdo con lo aprobado en el PND, todos los cobros; sanciones; multas; tarifas; requisitos financieros para la constitución, la habilitación, la operación o el funcionamiento de empresas públicas o privadas; requisitos de capital, patrimonio o ingresos para acceder y ser beneficiario de programas del Estado antes denominados y establecidos con base en salarios mínimos o en UVT, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la UVB de cada año.

En la medida también estarán atados a la UVB montos máximos establecidos para realizar operaciones financieras; montos mínimos establecidos para el pago de comisiones y contraprestaciones definidas por el legislador; cuotas asociadas al desarrollo de actividades agropecuarias y de salud; clasificaciones de hogares, personas naturales y personas jurídicas en función de su patrimonio y sus ingresos; incentivos para la prestación de servicio público de aseo; y honorarios de los miembros de juntas o consejos directivos.

Algunos de los productos que ya se encuentran desindexados del incremento del salario mínimo son la tarifa aplicada para quienes quieran participar en méritos de concurso a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil (maestros), los valores de matrícula y derechos pecuniarios para estudiantes del programa de formación complementaria de escuelas normales superiores oficiales y la convalidación de certificados obtenidos en otros países.

También se encuentra desindexado la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos y el costo correspondiente a la habilitación de empresas de transporte, entre otros.

La creación de esta nueva medida (UVB) se da no solo como respuesta al proceso de desindexación, sino con el objetivo de salvaguardar el poder adquisitivo de los colombianos, lo que muestra la decisión del Gobierno por buscar medidas para mitigar la inflación.

La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría reducir en 25 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria a 13%

Cinco directores votaron a favor de esta decisión y dos directores lo hicieron a favor de mantenerla constante. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos:

La inflación continuó la senda decreciente que ha mantenido durante los últimos ocho meses y en noviembre se ubicó en 10,15%. Esta tendencia se vio favorecida en noviembre por el buen comportamiento de los precios de los alimentos, cuya inflación anual se ubicó en 8,25%, inferior en más de dos puntos porcentuales a la registrada en octubre. El rubro de regulados continuó presionando la inflación al alza, debido a los incrementos en los precios de los combustibles y la energía.
Las expectativas de inflación a distintos plazos mostraron comportamientos mixtos. La mediana de los analistas encuestados por el Banco de la República elevó su pronóstico para fin de 2024 de 5,2% en noviembre a 5,7% en diciembre, pero sus expectativas de inflación a 2 y 5 años permanecieron estables y se ubican en 3,8% y 3%. Las expectativas derivadas de los mercados de TES se han reducido significativamente desde octubre.
La actividad económica continúa desacelerándose. El índice de seguimiento de la economía (ISE) presentó una variación anual de -0,4% en octubre. El equipo técnico revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para 2023 del 1,2% al 1%, retornando de esa manera a la proyección que se tenía hasta agosto.
El ajuste de la actividad económica hacia niveles más compatibles con la capacidad productiva de la economía ha contribuido a reducir el déficit de la cuenta corriente, el cual se estima que como proporción del PIB disminuya desde el 6,2% en 2022 al 2,8% en 2023. Esta mejora en la posición externa del país hace que la economía sea menos vulnerable ante eventuales deterioros en el contexto global.
Las condiciones financieras externas han mejorado, en un entorno de una inflación global que, si bien continúa alta, mantiene una tendencia decreciente. En el caso de los Estados Unidos, las más recientes proyecciones sugieren que la tasa de interés de política del Banco de la Reserva Federal tendría un sendero más bajo que el anteriormente previsto. En este contexto, el peso colombiano se apreció frente al dólar y la prima de riesgo soberano de Colombia se redujo.
La Junta Directiva hace un llamado a la cautela en el ajuste del salario mínimo, de tal manera que su aumento no exceda de forma significativa la variación anual del índice de precios al consumidor en 2023. Lo anterior teniendo en cuenta las ganancias en poder adquisitivo que se obtuvieron en 2023 y que se esperan en 2024 como resultado de la caída prevista de la inflación.

La Junta Directiva reitera que la decisión adoptada en el de día de hoy es coherente con el objetivo de llevar la inflación hacia su meta de 3%, y reafirma que las futuras decisiones dependerán de la nueva información disponible.