Hasta el próximo 15 de mayo, los contribuyentes deudores de impuestos nacionales tienen plazo para radicar y suscribir ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, las facilidades o acuerdos para el pago de obligaciones pendientes, beneficio que otorgó la pasada Reforma Tributaria, Ley 2277 de 2022.

Es de recordar que este beneficio permite normalizar sus obligaciones pendientes, pagando solamente el 50% de los intereses y el 40% de las sanciones e intereses de las declaraciones de impuestos que hayan omitido presentar o deba hacer alguna corrección. Según lo definido por la Reforma Tributaria, la reducción al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés de mora aplica si el contribuyente paga el valor total del impuesto adeudado. En el mes de mayo la tasa de usura es del 45.41%, descontando los dos puntos porcentuales (2%) señalados en la norma = 43,41%, aplicando la reducción del 50% paga una tasa de interés del 21.7% hasta el 31 de mayo de 2023.

La normatividad define que únicamente podrán acceder a facilidades de pago con plazo igual o inferior a un año­ –sin necesidad de garantías­–, quienes no hayan incumplido facilidades para el pago durante el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

La Administración Tributaria busca facilitar y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones pendientes de pago de 321.367 deudores, cuyas deudas suman $14,5 billones, siendo las más representativas las de IVA e impoconsumo ($6,4 billones) y retención en la fuente ($5,2 billones) que constituyen el 80%.

Del total de la cartera de IVA, retefuente e Impoconsumo, $5,1 billones corresponden a responsables y agentes retenedores que pese a las acciones de cobro y llamados persuasivos a que normalicen sus obligaciones, a la fecha no han pagado las retenciones en la fuente practicadas y los cobros de IVA e impoconsumo realizados a los consumidores. En otras palabras, cobraron unos impuestos que declararon ante la DIAN, pero omitieron pagar y por tanto serán denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el proyecto de decreto “Por el cual se reglamentan los artículos 206, 336, 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 7 y 8 de la Ley 2277 de 2022 y los artículos 365, 367 y 386 del Estatuto Tributario, se adiciona el parágrafo 2 al artículo 1.2.4.1.4. y el artículo 1.2.4.1.42., se sustituye el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6., el inciso 1 del parágrafo 2 del artículo 1.2.4.1.14. y el parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17. del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionado con la retención en la fuente provenientes de rentas de trabajo”.

El Ministerio recibirá comentarios sobre este proyecto de decreto hasta el 13 de mayo.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

El Presidente de la República, Gustavo Petro, encabezó la firma del acta de aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que protege los derechos de millones de trabajadores migrantes, sus familias y trabajadores en 15 países incluyendo Colombia.

En el acto, efectuado en la Casa de Nariño, en el marco del Día Internacional del Trabajo, participaron la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño.

“Este es un apoyo y un avance para nuestras reformas que efectivamente que están para poner los derechos de las y los trabajadores y que Colombia transite hacia los estándares internacionales”, puntualizó la Ministra del Trabajo.

El Convenio fue aprobado por la V Conferencia de Ministros y Máximos Responsables de Seguridad Social de los países de Iberoamérica, celebrada en Segovia, España.

“Esto ha sido un avance significativo, la ministra del Trabajo, ha estado muy comprometida con este instrumento porque llevamos más de 10 años, tratando a que se apruebe por el congreso, luego el control de constitucionalidad y ahora que ya tenemos esos dos requisitos y ahora ya es una realidad, a partir de este momento se cuentan 3 meses y entrará en vigor en 90 días” aseguró, la secretaria General de la OISS.

Este instrumento les permitirá a las personas trabajadoras migrantes, que a lo largo de su vida laboral hayan prestado servicios en uno o más de los Estados firmantes, beneficiarse de las cotizaciones efectuadas en cualquiera de estos territorios, con el fin de obtener acceso a las prestaciones económicas derivadas de la invalidez, vejez o supervivencia.

Entre los beneficios están: la igualdad de trato de los trabajadores iberoamericanos con independencia de la nacionalidad cuando trabajen en un país diferente al suyo; se establece la totalización de los periodos de cotización acreditados en los distintos Estados; se garantiza la conservación de los derechos adquiridos, no perdiéndose las prestaciones por trasladarse a otro país, y se determina la colaboración administrativa y técnica entre las instituciones gestoras para facilitar la aplicación de los derechos de los beneficiarios, entre otros.

Se debe tener presente que las legislaciones nacionales sobre seguridad social por sí solas no pueden garantizar ni mejorar la seguridad social y los derechos de pensión de las y los trabajadores migrantes. Por ello se necesitan normas aplicables en todos los países, que permitan disponer de una protección eficaz y completa de los derechos garantizados por los sistemas reglamentarios de seguridad social.

El convenio aplicará en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Cuba y México.

La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 25 puntos básicos (pb) la tasa de interés de política monetaria llevándola a 13,25%. Cuatro directores votaron por este aumento, dos lo hicieron por mantenerla inalterada y un director votó por un incremento de 50 pb.

En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos:

- La actividad económica continúa desacelerándose, pero a un ritmo inferior al previsto. El indicador de seguimiento a la economía (ISE) registró una variación anual de 5,8% en enero y de 3,1% en febrero. El pronóstico de crecimiento del PIB para 2023 aumentó al 1%.
- La inflación anual en marzo se mantuvo relativamente estable, gracias a la reducción de la inflación de alimentos, que entre febrero y marzo pasó de 24,1% a 21,8%. Los servicios han seguido presionando la inflación al alza, lo cual se reflejó en un incremento de 47 pb de la inflación básica sin alimentos ni regulados en marzo.
- Las expectativas de inflación continúan por encima de la meta. Las expectativas a doce meses reportadas en la Encuesta Mensual de Expectativas disminuyeron de 7,2% a 7,0%, y para fines de 2024 se mantuvieron en 5,0% en la mediana de la muestra.
- El déficit de la cuenta corriente se reduciría del 6,2% del PIB registrado en 2022 hacia un estimado de 4,1% a fines de 2023, principalmente como resultado de una menor demanda interna, la cual se refleja en una caída de las importaciones.
- En los Estados Unidos y en la Unión Europea los bancos centrales volvieron a incrementar sus tasas de interés de política para enfrentar los altos niveles de inflación. Los riesgos sobre la estabilidad del sistema financiero continúan siendo importantes para la economía global.
- La Junta destaca la evaluación favorable de Colombia en el Artículo IV del FMI y la más reciente ratificación de que el país cumple con las condiciones de acceso a la Línea de Crédito Flexible, disponible únicamente para países con sólidos marcos de política macroeconómica.

Con la decisión adoptada en su sesión la política monetaria continúa con su objetivo de llevar la inflación hacia su meta de 3%. Las decisiones sucesivas que adopte la Junta dependerán de la nueva información disponible.