Con el fin de disminuir los costos del crédito a los empresarios colombianos que se destacan por sus buenos hábitos de pago y comportamiento crediticio, el Fondo Nacional de Garantías – FNG, renovó su producto de garantía Preferente y creó Preferente Premium, los cuales tendrán beneficios en cuanto a costos y montos de los créditos a respaldar.

El producto Preferente contará con una comisión del 1,99% anual, lo que se traduce en 0,16% mensual, sin límite de plazo, cobertura del 50%, así como mayores montos a respaldar, de acuerdo con el cupo que cada empresario tenga con el FNG, pues antes había un límite general. Por su parte, Preferente Premium, tendrá una comisión de 1% anual, es decir, 0,08% mensual.

“Estos productos nacieron tras múltiples conversaciones, tanto con las entidades financieras, como con los empresarios, quienes nos reiteraban la necesidad de mejorar las condiciones del crédito productivo. Hoy les respondemos con estas mejoras en nuestros productos Preferentes”, expresó Javier Cuéllar, presidente del FNG.

Cuéllar agregó que en el FNG “estamos orgullosos de presentarle estos productos al país y trabajarlos de la mano con nuestras entidades financieras aliadas, estamos seguros del impacto positivo que tendrán miles de empresas que se verán beneficiadas de estas mejoras.

Adicionalmente, las empresas del sector agropecuario primario podrán aplicar, algo novedoso teniendo en cuenta que antes no podían ingresar al segmento preferente. “Que los empresarios del sector agro puedan contar con un fiador de confianza que les permita no solo acceder al crédito, sino tener mejores condiciones que les permitan mantenerse en el tiempo”, expresó el presidente del FNG.

Los productos contarán con otros beneficios como asesoría personalizada para los empresarios beneficiarios, así como una mayor agilidad en el estudio para las nuevas empresas que ingresarán a este segmento, el cual solo tomará entre 3 a 5 días hábiles.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) publicó el Banco de Proyectos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de Obras por Impuestos - Opción Fiducia y Convenio, en el cual se encuentran más de 120 proyectos por valor de $ 1,017 billones, que buscan la transformación económica y social de los territorios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).

La invitación a las empresas es a revisar los proyectos de interés y presentar su vinculación antes del 01 de abril de 2024 a través de la plataforma en línea dispuesta por la ART en su página web, en el siguiente enlace: https://obrasporimpuestos.renovacionterritorio.gov.co/ObrasImpuestos

Según explicó el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado Guerrero, esta es una fuente de financiación que permite al sector privado del país destinar hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos que contribuyen al cierre de brechas socioeconómicas y a la transformación de los territorios que más han sufrido las consecuencias de la violencia y la pobreza.

Vale recordar que, para este mecanismo, el Gobierno del Cambio aumentó su cupo CONFIS de $500.000 millones en 2022 a un billón de pesos en 2024, una cifra histórica desde su creación en 2018. “Buscamos que el empresariado se vincule más a la construcción de paz y que las entidades públicas del orden territorial y nacional gestionen más proyectos para beneficio de las comunidades”, afirmó.

Entre los sectores más dinámicos del Banco de Proyectos de Obras por Impuestos se destacan: infraestructura vial, educación, salud, energía, agua potable y saneamiento básico, tecnologías de la información, pagos por servicios ambientales y gestión del riego, entre otros.

Vale recordar que existen dos opciones para presentarse al mecanismo:
La opción FIDUCIA: a través de la cual el empresario pude realizar proyectos invirtiendo hasta el 50% de su impuesto de renta a cargo en sectores como educación, transporte, energía, vivienda, ciudad y territorio y salud. Los proyectos se ejecutan a través de una fiduciaria, que es la encargada de administrar los recursos de los proyectos y realizar el proceso de contratación de los diferentes actores que se requieren para desarrollarlos (interventoría, gerencia, contratistas de obra, etc.), bajo la coordinación e instrucción del empresario, quien es el responsable de la ejecución del proyecto hasta entregarlo terminado y a satisfacción.

En este caso, los interesados deben aplicar a través del siguiente enlace (https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/152/obras-por-impuestos-opcion-fiducia)

Y la opción CONVENIO: por este mecanismo el contribuyente realiza los proyectos con recursos propios a través de un convenio que firma con el ministerio competente a los sectores antes mencionados, más proyectos referentes a infraestructura productiva, cultural, bienes públicos rurales, tecnologías de la información, gestión del riesgo y pago por servicios ambientales.

En este caso el contribuyente contrata directamente a los actores que requiera para ejecutar el proyecto, lo entrega terminado y recibe en contraprestación Títulos para la Renovación del Territorio – TRT, con los cuales podrán pagara hasta el 50% del impuesto de renta a cargo y/o negociarlos en el mercado. En este caso, los interesados deben aplicar a través del siguiente enlace: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/173/obras-por-impuestos-opcion-convenio).

Para ambos casos tenga en cuenta los requisitos y formatos detallados en los enlaces relacionados.

Con el propósito de crear mecanismos contundentes para poner fin al flagelo del ‘gota a gota’, el Gobierno nacional lanzó el 28 de marzo del año pasado la iniciativa “CREO: un crédito para conocernos”, enfocada en otorgar créditos a pequeños empresarios que no han accedido al sector financiero formal. Actualmente, el país ya cuenta con 15.779 beneficiados y desembolsos por $28.649 millones con corte al 31 de enero de 2024.

“CREO busca ser la puerta de entrada para la población con actividades productivas que actualmente está desatendida financieramente. Además, tiene como objetivo generar confianza entre las partes, comprender mejor el comportamiento y la capacidad de pago de los deudores, y establecer procesos responsables para la graduación hacia una amplia gama de canales y servicios en el sector financiero formal”, dijo la directora de Banca de las Oportunidades, Paola Arias.

La ejecución de esta iniciativa ha estado liderada por el Fondo Nacional de Garantías (FNG), el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), y el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancóldex), principalmente para atender a las unidades económicas de baja escala que forman parte de la economía popular.

Desde su lanzamiento, CREO ha logrado los siguientes hitos:

Finagro: Se puso en marcha el 10 de mayo con un monto de $102.000 millones, y hasta el 31 de diciembre de 2023 se realizaron 3.318 desembolsos por un total de $9.858 millones.

Inició el 18 de mayo con un monto inicial de $17.500 millones. Hasta la fecha, se han desembolsado 11.672 créditos entre doce (12) entidades financieras, con un total desembolsado de $17.430 millones.

Bancóldex: El 24 de noviembre de 2023, se puso en marcha la línea de crédito Creo Economía Popular. La línea cuenta con un monto total de $15.000 millones y hasta el momento se han otorgado préstamos por aproximadamente $1.361 millones en 789 operaciones.

Tanto en el caso del FNG como de Bancóldex, la región Caribe ha sido la más beneficiada al recibir $7.130 millones y $380,7 millones en desembolsos respectivamente. En cuanto a Finagro, el Centro Oriente del país obtuvo un capital de $3.152 millones en créditos.

Los resultados de las últimas acciones de control de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a responsables del Impuestos Sobre las Ventas, IVA, e Impuesto Nacional al Consumo muestran que —con corte a febrero de 2024— el 15,7% de dichos impuestos no han llegado a las cuentas del tesoro nacional. En otras palabras, la suma de los recursos que no está percibiendo el país por este concepto asciende a los $2.1 billones

La DIAN encontró que algunos de los responsables que presentaron la declaración por ventas en noviembre y diciembre de 2023, no hicieron el pago a la administración tributaria. A juzgar por los pagos recibidos desde el 11 de marzo, cuando inició el calendario de vencimientos, lo mismo está ocurriendo en las ventas de enero y febrero, cuya declaración y pago debe hacerse este mes.

El monitoreo de las declaraciones presentadas a la fecha corrobora que su pago no fue efectuado, lo que tiene activas las alarmas de la administración tributaria, pues, tan solo en enero, 85.256 responsables declararon los ingresos e impuestos por ventas de noviembre-diciembre del año anterior, pero no pagaron.

En diciembre se expidieron más de 223 millones de facturas electrónicas, el número históricamente más alto desde su implementación y que no tiene en cuenta las ventas que pudieron darse a través de documentos equivalentes. Sin embargo, la DIAN no está viendo estos números reflejados en el recaudo de enero. Ante este incumplimiento, la entidad tomará acciones de cobro, incluidas las penales previstas en la ley.

Vale recordar que cuando se declara el IVA o el Impuesto al consumo y no se paga, la primera consecuencia es el recargo de intereses moratorios desde el día siguiente al vencimiento del plazo para declarar y pagar.

El interés moratorio sobre los impuestos no consignados se liquida diariamente a la tasa de interés vigente: hasta el 31 de marzo es de 31.3%; en el mes de febrero fue de 32.97%; en enero de 32.98%. Esto evidencia lo costoso que resulta NO consignar los valores cobrados como impuesto al valor agregado o impuesto al consumo, sin contas que el incumplimiento puede derivar en denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

La segunda consecuencia es la penal. No pagar del IVA o Impoconsumo constituye un delito penal llamado omisión de agente recaudador, que puede llevar a una pena en prisión de 48 a 108 meses y a una multa equivalente al doble del valor no consignado, sin que supere el valor equivalente a 1.020.000 de UVT ($48.006 millones).

La facturación electrónica sigue creciendo
La labor de la DIAN frente a la facturación electrónica está mostrando buenos resultados, hoy son 1.143.000 facturadores electrónicos en el país, de los que 181.000 se incorporaron en el último año. Con respecto al primer bimestre de 2024, el crecimiento de facturadores es del 19% frente al mismo periodo de la anterior vigencia, lo que en número de facturas expedidas representa el paso de 339 millones a 477 millones, con un crecimiento del 41%.

La gestión adelantada por la administración tributaria en 2023, con las más de 50.000 visitas a contribuyentes, ha permitido que hoy se logren estas cifras. El aumento también demuestra el compromiso y cumplimiento de los contribuyentes, al tiempo que refleja la dinámica del consumo y facturación en el país.

Los que faltan
Pese a los buenos resultados, en todo el país aún faltan alrededor de 157.000 contribuyentes responsables de facturar electrónicamente. Por eso la DIAN seguirá esforzándose por visitarlos, orientarlos y facilitarles el cumplimiento de su obligación.

El llamado de la entidad a estos contribuyentes es a que comiencen cuanto antes el proceso, ya que las operaciones reportadas los están haciendo visibles ante la administración tributaria.

Implementación de documentos equivalentes electrónicos
Uno de los temas claves en los que la entidad está dando especial acompañamiento a los contribuyentes es el de los documentos equivalentes electrónicos de la factura, cuyo calendario de implementación prevé plazos para sus obligados entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre próximos.

En ese sentido, la DIAN perfila y adelanta visitas a los diferentes sectores del comercio que deben comenzar a tiempo para dejar atrás la factura de papel y que Colombia pueda lograr la digitalización total del proceso de facturación.