La Superintendencia de Sociedades ha sido reconocida como Autoridad Central por las Naciones Unidas para el ejercicio de las facultades general y exclusivas en materia de investigación y sanción de personas jurídicas que incurran en soborno trasnacional conforme lo dispuesto en la Ley 1778 de 2016.

Lo anterior según las Notas Verbales S-GTAJI-23-23262 del 6 de diciembre de 2023 y S-EATVN-24-52 del 30 de enero de 2024, proferidas por la Misión Permanente de la República de Colombia ante las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Viena, siendo hoy parte nuestra Entidad del Directorio de Autoridades Centrales colombianas junto con la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y los Ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia y Derecho, entre otras autoridades nacionales.

El Superintendente de Sociedades, Doctor Billy Escobar, manifestó: “celebramos esta admisión como autoridad central, que hace eco a la realidad de las relevantes competencias que posee esta Superintendencia en la materia, con esto se facilita la cooperación internacional en la lucha contra el soborno transnacional, lo que nos llevará a adelantar con mayor éxito nuestros casos para efectivamente sancionar a las personas jurídicas que se vean involucradas en esquemas de corrupción, alterando las oportunidades en los mercados internacionales mediante pagos indebidos a funcionarios públicos extranjeros. Este reconocimiento nos permitirá luchar de manera eficiente y contundente contra la corrupción como fenómeno mundial”.

El Comité Técnico de Aseguramiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, le remitió al organismo de normalización técnica el Informe de Gestión correspondiente al segundo semestre de 2023. En el documento de 18 páginas aborda los siguientes puntos: su conformación, el cronograma de trabajo y, principalmente, las conclusiones y recomendaciones generales sobre la agenda temática abordada.

A través de la figura de subcomités, el Comité de Aseguramiento analizó la NIA 600 -Consideraciones especiales: auditorías de estados financieros de grupo (incluido el trabajo de los auditores de los componentes)-, la definición de entidad de interés público, la Norma Internacional de Aseguramiento sobre Sostenibilidad 5000 (ISSA 5000, por sus siglas en inglés) - Requerimientos generales para encargos de aseguramiento sobre sostenibilidad- y el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad versión 2021.

Los encargos del CTCP para el comité fueron los siguientes:

NIA 600: analizar las actualizaciones a la norma en abril de 2022 y emitir recomendaciones sobre la eficacia de su aplicación en Colombia.

Entidades de Interés Público (EIP): analizar la revisión de la definición por parte de IESBA en 2022 para remitir recomendaciones sobre su aplicación en Colombia.

ISSA 5.000: analizar el proyecto de norma para vislumbrar los impactos que tendrá esa norma en las empresas y en el ejercicio profesionales de los auditores y revisores fiscales en Colombia.

Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad versión 2021: partiendo del análisis previo de la versión 2018 y de una revisión de los cambios en las siguientes versiones ara emitir recomendaciones al CTCP sobre la eficacia de su aplicación en Colombia.

El Comité es presidido por Jorge Eliecer Moreno Urrea y la secretaría Técnica ejercida por el Instituto Nacional de Contadores Públicos -INCP- a través de su presidenta Luisa Fernanda Salcedo Saavedra. Tiene su fundamento legal en las disposiciones contempladas en el Artículo 8, numeral 6 de la Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Para conocer el informe completo, haga clic aquí.

El Ministerio de Hacienda publicó el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica parcialmente el Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relativo a la modalidad de juegos de suerte y azar – apuestas permanentes o chance”.

La entidad recibirá comentarios sobre este proyecto de decreto hasta el 20 de abril de 2024.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

Más de 2.096.000 renovaciones se registraron al cierre de la temporada de actualización de los registros en las Cámaras de Comercio del país, una actividad que es clave para que Colombia cuente con información precisa y oportuna para promover la actividad productiva, la inversión y el diseño de políticas públicas en beneficio del tejido empresarial.

Igualmente, la renovación impulsa los programas que en todas las regiones del país ejecutan las Cámaras de Comercio por la formalización, el fortalecimiento y el crecimiento empresarial, especialmente de las micros y pequeñas empresas.

De acuerdo con el tamaño de las empresas de personas naturales y jurídicas del total de renovadas el 93,1% son micro, el 4,8% son pequeñas, el 1,4% medianas y el 0,6% grandes. Estas cifras reflejan la importancia que tienen las micro y pequeñas empresas en la composición empresarial del país.

Al analizar las cifras por sectores se evidencia que el mayor número de renovaciones de personas naturales y jurídicas fueron: comercio al por mayor y por menor (41,7%); alojamiento y servicios de comida (11,6%); industria manufacturera (10,2%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (6,7%).

“Es admirable el compromiso que tiene el empresariado colombiano con el progreso y desarrollo de sus regiones mediante la renovación de su Registro Mercantil, lo que les permite contar con certeza y seguridad jurídica para fortalecer su actividad comercial, tener un respaldo ante sus clientes y a nuevas oportunidades. La renovación oportuna les permite a los empresarios acceder a los servicios y programas que ofrecen las Cámaras de Comercio para mejorar sus ventas, mecanismos de financiación, conocer nuevos mercados y mejorar sus capacidades gerenciales. Esto para el país es esencial en momentos en que se requiere impulsar la confianza, la inversión y la generación de empleo”, asegura Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras.

El Registro Mercantil es la fuente de información empresarial más robusta con la que cuenta Colombia para la toma de decisiones empresariales, la estructuración de información económica y el diseño de programas que apoyan la actividad productiva desde los sectores público y privado. Asimismo, es insumo para el Sistema Estadístico Nacional administrado por el Dane, para la producción de informes oficiales a nivel nacional y territorial.

Frente al Registro Nacional de Turismo – RNT más de 78.436 operadores turísticos renovaron a tiempo, una importante dinámica en un sector que también impulsa el empleo y la inversión en la región colombiana, y al que las Cámaras de Comercio del país están apoyando con programas dirigidos a la capacitación, la generación de alianzas y el desarrollo sostenible.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, lanzó el informe “Estadísticas de ingreso y riqueza en clave de género. Un zoom en las personas más ricas de Colombia", con el que analiza el ingreso y la concentración de riqueza en el país por género, a partir de las declaraciones de renta de las personas naturales. El documento muestra que la proporción de mujeres en los grupos con mayor riqueza y de mayores ingresos es considerablemente menor que la de los hombres.

De acuerdo con el informe, para el año gravable 2021, el 5% más rico de los adultos del país estaba conformado por cerca de dos millones de personas. De este grupo, 50,1 % eran hombres y 49,9 % mujeres. Para ser parte de este grupo era necesario tener un patrimonio líquido (activos menos pasivos) de por lo menos $ 162 millones de pesos.

La proporción de mujeres baja en la medida en que se analizan los grupos con mayor riqueza. Por ejemplo, del 1 % de los adultos más ricos de Colombia (370 mil personas), 45,7 % eran mujeres y 54,3 % eran hombres. Allí se encuentran las personas con un patrimonio líquido igual o superior a $ 649 millones de pesos.

Al focalizar el estudio y analizar el 0,1 % de los adultos con mayor riqueza (37 mil personas), se amplía la brecha de género: 62 % de este grupo son hombres y 38 % son mujeres.

Asimismo, la brecha sigue creciendo al analizar el 0,01 % más rico de Colombia, que está conformado por cerca de 3.700 personas, con patrimonios líquidos superiores a $ 9.579 millones. En este grupo, aproximadamente el 70 % son hombres y apenas el 30 % son mujeres.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el año 2020 la proporción de mujeres en los grupos con mayor riqueza era menor que la de los hombres porque enfrentaban barreras para emprender y para acceder a productos financieros como créditos. También solían tener menos activos o propiedades a su nombre y era más complicado acceder a créditos de financiamiento para sus empresas.

Los hombres son la población con mayores ingresos
De acuerdo con los datos de la DIAN, para el año gravable 2021 las personas con ingresos anuales de más de $ 50,8 millones, es decir, con ingresos mensuales promedio de $ 4,2 millones, estaban obligadas a declarar renta. Según las declaraciones recibidas, 3,1 millones de personas en el país contaban con ingresos iguales o superiores a este valor, lo que correspondía al 8,4 % de adultos en Colombia con mayores ingresos.

Del 5 % de los adultos con mayores ingresos en Colombia, cerca del 60 % eran hombres y el 40 % restante, mujeres. Para ser parte de este grupo, en 2021 era necesario contar con ingresos mensuales promedio que partían de los $ 6,9 millones. Al revisar los datos de forma más profunda, en el 1 % con mayores ingresos, el 65 % eran hombres, y la cifra aumentaba a 72 % al analizar el 0,1 %, y a 76 % para el 0,01 %.

Las cifras demuestran que, si bien las mujeres representan la mitad de la población en Colombia, del grupo del 0,01 % con mayores ingresos del país, las mujeres tan solo representan el 24 % de las casi 4.000 personas que conforman dicho 0,01 %.

Detrás de estos datos están las brechas de género de trabajo remunerado y no remunerado: la distribución inequitativa del cuidado impone barreras en el desarrollo laboral de las mujeres.

¿Cómo avanzar hacia un sistema tributario que tenga enfoque de género?
La iniciativa de la DIAN para generar y divulgar información sobre impuestos y desigualdades en Colombia busca, además de hacer análisis que aporten a las discusiones del país, entregar elementos conceptuales para diseñar políticas que fortalezcan la equidad y la justicia del Estado social de derecho.

En ese sentido, el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, asegura que “las políticas tributarias pueden afectar de forma diferente a hombres y mujeres, pues tienen la capacidad de ampliar o reducir las brechas de género en el país".

Además del informe estadístico de ingresos y riqueza, la DIAN también presentó el informe “Elementos conceptuales para una tributación con enfoque de género". El documento parte de reconocer que las mujeres enfrentan barreras específicas que afectan sus oportunidades y hace pedagogía sobre los sesgos de género explícitos e implícitos que se pueden presentar en la forma de recaudar impuestos.

El informe además busca invitar a los diferentes organismos del gobierno a diseñar, implementar y evaluar las políticas tributarias, teniendo en cuenta los posibles impactos diferenciados por género, de tal manera que puedan eliminar o minimizar la gran brecha existente.

Para finalizar y no menos importante, la última reforma tributaria contempló en su artículo 90 que, a partir del año gravable 2022, las declaraciones de renta de personas naturales deben incluir una casilla para informar el género de quien declara. Con esta nueva información, la DIAN tendrá muy pronto más elementos para construir una tributación con enfoque de género en Colombia.

Para conocer el informe de la DIAN, haga clic aquí.

Con la expedición de la Ley 2300 de 2023, el legislador estableció medidas para proteger el derecho a la intimidad de los consumidores financieros en las gestiones de cobranza y frente al envío de mensajes publicitarios.

Se han presentado algunas inquietudes sobre el sentido y alcance de las disposiciones de esta ley, particularmente respecto del significado de la expresión “contacto directo” prevista en su artículo 3.

En atención a ello, la Superintendencia Financiera estimó conveniente conocer la opinión de su Consejo Asesor acerca de este asunto y, una vez escuchada esta, concluyó que en el contexto de las actividades de cobranza a través de los diferentes medios, la expresión “contacto directo” debería entenderse como una “interacción de doble vía” entre la entidad que las realiza y el consumidor financiero receptor de las mismas.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, presentó el Concepto 032 del 2 de abril de 2024, por medio del cual responde a una consulta sobre Obligación de MTN y actuaciones Representante Legal PH.

Para conocer el Concepto 032, haga clic aquí.

El Gobierno publicó la Directiva Presidencial No. 01 del 1 de abril de 2024, referente a las buenas prácticas para el ahorro de energía y agua en todos los edificios públicos de la rama ejecutiva.

Para conocer la Directiva Presidencia 01, haga clic aquí.

La Superintendencia Financiera, en ejercicio de sus atribuciones legales, expidió la Resolución 0598 de 2024 por medio de la cual se certifica el Interés Bancario Corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario, crédito productivo de mayor monto, crédito productivo rural, crédito productivo urbano, crédito popular productivo rural y crédito popular productivo urbano.

Crédito de consumo y ordinario

De acuerdo con la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre las semanas con corte del 23 de febrero al 15 de marzo de 2024, se certifica en 22,06% efectivo anual el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, el cual tendrá vigencia entre el 1 y el 30 de abril de 2024.

La nueva certificación representa una disminución de 14 puntos básicos (-0,14%) frente a la vigente en marzo de 2024 (22,20%).

Crédito productivo

De acuerdo con la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre las semanas con corte del 23 de febrero al 15 de marzo de 2024, para las modalidades de crédito productivo se certifica el interés bancario corriente en:

Modalidad Efectivo anual
Crédito productivo de mayor monto 27,35%
Crédito productivo rural 20,54%
Crédito productivo urbano 36,10%
Crédito popular productivo rural 46,47%
Crédito popular productivo urbano 54,70%

Las tasas de interés bancario corriente certificadas tendrán vigencia entre el 1 y el 30 de abril de 2024.

La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría reducir en 50 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria a 12,25%

Cinco directores votaron a favor de esta decisión, uno lo hizo a favor de reducirla 75 pbs y otro votó por una reducción de 100 pbs. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos:

- La tendencia decreciente de la inflación total continuó en febrero al ubicarse en 7,7% anual, lo que acumula una caída de 1,5 puntos porcentuales en los dos primeros meses del año. Igualmente, la inflación sin alimentos ni regulados continuó descendiendo al registrar 7,3% anual en febrero, a pesar de la mayor persistencia de la inflación del grupo de servicios.
- La encuesta mensual de analistas realizada por el Banco mostró que entre diciembre y marzo las expectativas de inflación se redujeron en la mediana de la muestra de 5,7% a 4,7%, y de 3,8% a 3,5% a uno y dos años respectivamente. De igual forma, las expectativas obtenidas de los mercados de deuda pública continuaron mostrando ajustes a la baja.
- El equipo técnico revisó a la baja su pronóstico de inflación para finales de 2024 de 5,9% a 5,4%, y considera que continuará descendiendo de tal forma que la inflación se encuentre cerca al 3% en un rango de +/- 1 pp a mediados de 2025.
- El equipo técnico proyecta un crecimiento de 1,1% en 2024, cifra que constituye una revisión al alza respecto al pronóstico de enero (0,8%).
- En 2023 la demanda interna se contrajo 3,8%. Ello se tradujo en un ajuste significativo del déficit en la cuenta corriente que pasó del 6,2% del PIB en 2022 al 2,7% en 2023, lo cual contribuyó a reducir la vulnerabilidad externa del país.

Teniendo en cuenta la coyuntura descrita, la decisión de la Junta adoptada el día de hoy acelera el ritmo de reducción de la tasa de interés, al tiempo que mantiene una postura de política acorde con el objetivo de conducir la inflación a su meta a mediados de 2025. La Junta Directiva reitera que las futuras decisiones dependerán de la nueva información disponible.