La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, invita a los contribuyentes a ponerse al día con sus obligaciones y a terminar sus procesos aprovechando los beneficios de la Ley de Inversión Social que terminan el próximo 31 de marzo.

Entre los beneficios que representan alivios para los contribuyentes con obligaciones pendientes se encuentran el principio de favorabilidad, la terminación por mutuo acuerdo y la conciliación judicial.

Pago de Obligaciones
Tal como lo indica el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 2155 de 2021 "Ley de Inversión Social", el contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario, deudor subsidiario o garante, que al 30 de junio de 2021, tenga obligaciones fiscales a cargo, que presten mérito ejecutivo conforme lo establece el artículo 828 del Estatuto Tributario, podrán en aplicación del principio de favorabilidad, realizar el pago de las obligaciones liquidando la tasa de interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para la modalidad de créditos de consumo y ordinario al momento del pago.

En consecuencia, la DIAN invita a los contribuyentes que tengan obligaciones fiscales a cargo a 30 de junio de 2021, a que realicen el pago hasta el 31 de marzo de 2022, o a solicitar, máximo en esta fecha, ante la respectiva dirección seccional, la suscripción de un acuerdo de pago, en caso de cumplir con los requisitos para acceder al mismo.

Es importante tener en cuenta que no podrán exceder el término de 12 meses contados a partir de la suscripción.

Terminación por mutuo acuerdo
En atención a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto reglamentario 1653 de 2021, los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario a quienes se les haya notificado antes del 30 de junio de 2021, requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconsideración, pueden transar hasta el 31 de marzo de 2022 el 80% de las sanciones actualizadas e intereses a que haya lugar, siempre que se corrija la declaración privada, pague el 100% del impuestos o tributo a cargo, o del menor saldo a favor propuesto o liquidado y el veinte 20% restante de las sanciones.

Para el caso de pliego de cargos y resoluciones que impongan sanciones dinerarias, sanciones por no declarar incluyendo las resoluciones que resuelven los respectivos recursos, actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, la norma establece los porcentajes a transar.

Conciliación Judicial
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 2155 de 2021, en concordancia con el Decreto 1653 de 2021, los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrán conciliar el valor de las sanciones e intereses según el caso, discutidos contra liquidaciones oficiales. Es importante tener en cuenta que podrá presentarse la solicitud de conciliación hasta el 31 de marzo de 2022.

Los porcentajes de transacción oscilan entre el 70% y 80% dependiendo de la instancia en que se encuentre el proceso judicial en la jurisdicción contencioso administrativa.

En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, la conciliación operará respectivo del 50% restante de las sanciones actualizadas.

El acta que contenga la conciliación debe suscribirse a más tardar el 30 de abril de 2022.

Sector de la construcción, a ponerse al día
La entidad, en el ejercicio de contribuir a la seguridad fiscal del Estado y con el ánimo de recuperar la cartera vencida, adelanta acciones enfocadas al Plan de Cobro y Plan de choque contra la evasión y el contrabando, en el marco de las jornadas "Al día con la DIAN, le cumplo al país".

En este ejercicio se han identificado en el sector de la construcción más de 25.000 contribuyentes constructores de edificios residenciales y no residenciales y de obras civiles, y otros sectores asociados al desarrollo de esta actividad económica, quienes tienen pendiente el pago de sus obligaciones tributarias, con una cartera cercana a los $2,3 billones.

En consecuencia, para asegurar el pago de estas obligaciones en marzo y facilitar su cumplimiento, la entidad está contactando a los contribuyentes desde cada una de las direcciones seccionales que adelantan el proceso de cobro, de modo que pueda evaluarse la situación de cada uno e incentivar el pago de dichas obligaciones como un ejercicio de responsabilidad y compromiso con Colombia.

Estos contribuyentes pueden aprovechar los beneficios establecidos por la Ley de Inversión Social, siempre y cuando se pongan al día antes del 31 de marzo de 2022.

Gestión febrero 2022
La entidad continúa trabajando en la lucha contra la evasión y el contrabando, es así como en febrero de 2022 se obtuvo como resultado de las acciones establecidas en el Plan de Cobro y de Fiscalización un total de $3.1 billones, representados en ingresos efectivos por $2.6 billones y gestión por fiscalización por $543.794 millones.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios hasta el 7 de abril de 2022, el proyecto de decreto por el cual se modifican los artículos 2.6.7.2.3. y 2.6.7.2.7. del Capítulo 2 Título 7 Parte 6 Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, los cuales regulan la línea de redescuento con tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER para el financiamiento de la infraestructura para el desarrollo sostenible.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

A través de un Memorando de Entendimiento entre los 4 países de la Alianza del Pacífico: Colombia, México, Perú y Chile, se pone en marcha un piloto del modelo operativo para el reconocimiento y la homologación de certificaciones de competencias laborales.

Con este Memorando se está dando cumplimiento al mandato sobre este tema, ratificado por los presidentes de cada nación en la XVI Cumbre de la Alianza del Pacífico realizada en enero de 2022 en Colombia.

Con la intención de continuar con este trabajo, la Red de Expertos y el equipo del Programa EUROsociAL, se dieron cita para seguir avanzando en esta iniciativa. El desarrollo de esta iniciativa contribuye al objetivo de la Alianza de alcanzar el libre tránsito de personas, dado que facilitará la movilidad en el ámbito laboral, a través del reconocimiento de las competencias adquiridas a lo largo de la vida.

El Viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Uribe Medina, destacó el acuerdo entre los países de la Alianza Pacífico, para el reconocimiento y la homologación de las certificaciones de competencias laborales de las personas, que constituye un hito sin precedentes en la región. Así mismo, celebró que “dicha iniciativa está totalmente alineada con lo que Colombia viene avanzando en materia de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) como vía de cualificación, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones”

“Somos conscientes de la necesidad no sólo de fortalecer nuestro propio subsistema de evaluación y certificación de competencias, si no de trabajar articuladamente con Chile, Perú y México, de forma tal que nuestros trabajadores puedan tener una movilidad en estos países, lo que repercute en mayores y mejores opciones laborales y calidad de vida” concluyó.

Por su parte William Orozco Daza, representante del SENA en Colombia, afirmó que “Nuestra experiencia en Colombia ha sido muy significativa, pues la ejecución virtual del proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales ha facilitado la participación de personas desde cualquier lugar de Colombia y el exterior, igualmente las acciones desarrolladas para migrantes, incluyendo la ruta establecida para su atención; así como el trabajo con mujeres, recicladores, indígenas, poblaciones vulnerables, y el fortalecimiento del proyecto para cuidadores a través de la campañas de CERTIFICATÓN, han dado muy buenos resultados”.

Cerca de 17 mil personas con discapacidad se han vinculado laboralmente en los sectores público y privado durante el cuatrienio. Lo que significa que de cada 10 trabajadores con discapacidad vinculados, cuatro son mujeres.

El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, recalcó cómo se viene promoviendo la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad: “A través de incentivos legales y tributarios dirigidos a aquellos empleadores que vinculen dentro de su planta de personal a esta población y que les permita cumplir con sus proyectos de vida de cada una de estas personas”.

Para el desarrollo de esta labor, la cartera Laboral es la que coordina con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Servicio Público de Empleo para su inclusión laboral.

En lo que respecta al sector público, con corte a diciembre de 2021 se encuentran vinculadas 9.396 personas con discapacidad. De las cuales 7.144 son servidores públicos y 2.252 por contrato de prestación de servicios. Por género, en la administración pública 2.538 son mujeres con alguna discapacidad (36 %).

Dentro del grupo de las 2.538 mujeres, la discapacidad física (36,5 %) y visual (31,9 %) son las principales características de vinculación laboral y participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Seguidas de la auditiva (9,85 %), múltiple (3,51 %), psicosocial (3,39 %), discapacidad cognitiva/intelectual (0,87 %), y otras (15,25 %).

De otra parte, 7 mil personas con discapacidad se han ubicado laboralmente a través de las Agencias Públicas de Empleo durante estos cuatro años de las 7.082 fijadas en la meta del Plan Nacional de Desarrollo, que representa el 99 % de su cumplimiento.

Según reporte del Sistema de Información de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo (SISE), el 34,6% corresponde a mujeres con discapacidad, cuya mayor vinculación tienen discapacidad auditiva o física respectivamente, 14,4 % y 9,0 %; le siguen la cognitiva/intelectual (4,3 %), visual (3,5 %), discapacidad múltiple (2,8 %) y psicosocial (0,6 %).

Como resultado de estas acciones, en los últimos cuatro años la cartera Laboral ha realizado más de 250 talleres de concientización y capacitación de forma virtual y presencial en el territorio nacional, llegando a más de 16 mil personas de los diferentes sectores empresariales, así como a entidades públicas del orden nacional y territorial y sociedad civil en general.

Deisy Ramírez Vargas, labora desde hace seis años en la Secretaría Distrital de Integración Social, formando a las personas para que se preparen a realizar sus emprendimientos y además sensibilizar a las empresas para que contraten a esta población y quien recalca: “En mi vida, mi discapacidad no ha sido la excusa para no trabajar o no rendir, por el contrario como mujer me siento realizada porque no es fácil ser mujer con discapacidad, pero en mi trabajo, demuestro que sí se puede y me convierto en modelo para ellos y todo el tiempo estoy mostrando que uno de mujer puede salir adelante y cumplir sus sueño”

Dato
En Colombia más de 3 millones de personas manifestaron tener algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 7,1 % de la población total del país, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, del DANE. Del total de personas que declararon tener algún tipo de dificultad, el 54,0 % corresponde a mujeres y el 46,0 % a hombres.