Luego de finalizar la quinta sesión para la concertación del salario mínimo de la Comisión de Políticas Salariales y laborales (CPCPSL), gremios económicos, organizaciones sindicales y Gobierno Nacional, concertaron el aumento del salario mínimo en un 6%, quedando en $828.116. A su vez, el auxilio del transporte aumenta un 10%, que equivale a $97.032, para un valor total de $925.148.

El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque Márquez, quien lideró en el encuentro tripartito. “Hemos llegado a un importante acuerdo sobre el salario mínimo y el auxilio de transporte, que han sido los más significativos en los últimos años. Esto muestra que nos podemos poner de acuerdo en lo que le conviene al país, en lo que Colombia necesita que es reactivar la economía y al mismo tiempo ir mejorando las condiciones de todos los trabajadores y generando más empleos formales”, mencionó el Presidente Duque.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos señaló que éste ha sido el mayor aumento real del salario en los últimos 25 años. “Quiero resaltar el apoyo y la importante participación del Presidente para esta concertación. Queríamos hacer un aumento que fuera significativo en términos reales y hoy se logró con la aprobación de la mayoría de los que estamos en la mesa y en una fecha a la que muchas veces se llega sin acuerdo”, puntualizó la titular de la cartera laboral.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios hasta el 25 de enero de 2019 el Proyecto de Decreto "Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con patrimonio técnico de las entidades aseguradoras y se dictan otras disposiciones".

Para conocer el proyecto de decreto completo, haga clic aquí.

El superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano Vegalara, reveló los primeros resultados del plan de choque puesto en marcha en días pasados con el fin de avanzar en los 2.473 procesos de reorganización y liquidación empresarial que actualmente adelanta la entidad.

"Con la implementación de modelos internos y fichas de trabajo avanzamos de forma más expedita en los trámites que realizan las empresas que buscan normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa y de activos y pasivos", recalcó el superintendente de Sociedades.

Sólo en las dos recientes semanas, 27 sociedades, de todo el país, se han acogido al proceso de reorganización bajo el concurso de la Superintendencia de Sociedades, explicó Liévano Vegalara, tras recalcar que cuando estas compañías firmen los acuerdos, se cumplirá con una de las estrategias fijadas por la actual administración: "más empresa más empleo".

Los sociedades admitidas al proceso de reorganización, según los reportes entregados por los representantes legales de las mismas, generan cerca de 2.500 empleos directos y cientos de empleos indirectos en diversas regiones del país.

Entre las empresas admitidas al proceso de reorganización empresarial, contemplado en la Ley 1116 de 2006, se encuentran la reconocida marca de ropa Tennis S.A., la sociedad Gaico Ingenieros Constructores S.A. y Manufacturas de Cemento S.A. (Mancemento).

"Las 27 compañías admitidas al proceso de reorganización, podrán comenzar negociaciones con sus acreedores para buscar un acuerdo que les permita seguir operando", agregó Liévano Vegalara tras resaltar que solo en los casos de Mancemento S.A., Gaico S.A. y Tennis S.A., una buena negociación con los acreedores permitirá salvar más de dos mil empleos directos e indirectos.

"Aquí el compromiso es claro: queremos una Colombia con más empresa y más empleo", concluyó superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.

El proyecto de Ley de Financiamiento, con el cual el Gobierno nacional busca financiar parte del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, fue aprobado por las Plenarias de Senado y Cámara tras surtir su segundo debate.

La ley mantiene el espíritu inicial de proteger a la población más vulnerable y buscar un sistema tributario más equitativo, al facilitar los emprendimientos, fortalecer la Dian y obtener una mayor contribución de quienes tienen ingresos y patrimonios altos.

La ley aprobada tiene el objetivo de recuperar la inversión en el país y las regiones, al tiempo que permite que la economía crezca por encima del 4%, quitando la carga a los generadores de empleo y llevando la inversión al campo.

Se destaca que, en un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y los Congresistas, se logró obtener un conjunto de medidas que contribuyen a obtener mayores recursos para financiar el gasto social sin ampliar la base del IVA, mantener el actual régimen de IVA aplicable a los contratos de prestación de servicios y las pensiones de los colombianos.

Así mismo, respondiendo a una de las políticas bandera del presidente Iván Duque Márquez, se crearon las condiciones tributarias para que las empresas relacionadas con la economía naranja puedan desarrollarse, beneficiando emprendimientos culturales y tecnológicos que generen valor agregado al crecimiento económico.

Por eso, el presidente Duque afirmó que “esta economía hay que ponerla a crecer por encima del 4%, quitándole la carga a los que generan empleo, motivando la inversión, llevando recursos al campo, y eso es lo que haremos con esta Ley de Financiamiento”.

Y agregó que “aquí no podemos seguir con crecimientos mediocres. Para los que puedan sentirse conformes con crecimientos del 2.5, o del 2.6, o del 2.7, yo les quiero decir que seguir con ese crecimiento, hace que estemos a 50 años de ser un país de ingreso alto. Y esa mediocridad no la merece Colombia”.

De acuerdo con el Presidente Duque “esta ley promueve el emprendimiento, simplificando y facilitando el trabajo de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que deben afrontar actualmente una carga tributaria enorme e inequitativa que no las deja crecer y mejora la sustancial afectación de la asfixia fiscal de los sectores generadores de empleo”.

Se reduce la tarifa de renta del 33% al 30% de manera gradual en los próximos cuatros años. Para aumentar la productividad se permitirá el descuento del IVA de la inversión en bienes de capital a partir del año gravable 2019.

Asimismo, las empresas podrán descontar de renta el 50% del Impuesto de Industria y Comercio a partir del año gravable 2019 y en su totalidad en 2022. Se mantiene la deducción del 50% del Gravamen a los Movimientos Financieros.

En el marco del proyecto, se crea el Sistema de Tributación SIMPLE, a través del cual se busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas jurídicas o naturales con ingresos brutos anuales inferiores a $2.750 millones. En un único formulario podrán liquidar sus obligaciones tributarias de renta e ICA, reduciendo los costos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y promoviendo la formalización.

Además, las tarifas del sistema SIMPLE para las tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquerías incluyen ya su responsabilidad de IVA. Por su parte, los restaurantes liquidarán el impuesto al consumo en el mismo formulario.

Se destacan medidas en aras de la equidad como: la tarifa del impuesto del 1% a los patrimonios de más de $5.000 millones; el impuesto a las ventas de inmuebles de más de $918 millones se reemplaza por un impuesto al consumo de todos los inmuebles que excedan ese valor, excepto los predios rurales destinados a producción agropecuaria; y se incrementa la tarifa del impuesto de renta para las personas con ingresos mensuales promedio mayores a $40 millones. Con esto se logra “incrementar la contribución que realizan las personas de más altos ingresos a la financiación del Estado”, aseguró el Ministro.

Adicionalmente, se introducen medidas que fomentan la legalidad a través del fortalecimiento y modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), lo que posibilitará incrementar la lucha contra la evasión y mejorar su eficiencia. Esto permitirá acercarnos cada vez más a una sociedad en la “que todos ponemos”.

Los recursos adicionales que se obtendrán con la Ley de Financiamiento serán dirigidos principalmente a atender el Régimen Subsidiado de Salud, programas sociales como Familias en Acción, Adulto Mayor y el Programa de Alimentación Escolar.

El proceso para aprobar el proyecto de Ley de Financiamiento fue discutido ampliamente con todos los sectores ideológicos de manera democrática, tanto en las reuniones de ponentes y coordinadores, como en los debates en comisiones económicas y presupuestales conjuntas. Todas las propuestas consignadas en el proyecto aprobado buscan recaudar más ingresos para la Nación, sin afectar el bolsillo de las clases bajas y medias del país.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, expidió la resolución 00062 del 30 de noviembre de 2018, mediante la cual establece el 1° de enero de 2019 como fecha máxima exigible para que los Grandes Contribuyentes inicien a facturar electrónicamente.

El acto administrativo deja en claro que este plazo adicional de un mes sólo aplicará para quienes, por dificultades técnicas o comerciales justificadas, no lo pudieron hacer en el plazo inicialmente estipulado.

Para conocer la Resolución 062 completa, haga clic aquí.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios hasta el 17 de enero de 2019 el Proyecto de Decreto "Por el cual se modifica el Título 7 de la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, relacionado con normas sobre la gestión y administración de riesgo de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales”.

Para conocer el proyecto de decreto completo, haga clic aquí.

Un total de 19 compañías adoptaron el modelo de empresas de beneficio e interés colectivo (BIC) de la mano de la Superintendencia de Sociedades.

De acuerdo con informes de la entidad en el grupo hay compañías de diversos tamaños; desde pymes hasta sociedades con más de $14.000 mil millones en activos. Las estadísticas señalan que 11 sociedades impulsaron reformas internas para convertirse en BIC y las restantes son nuevas compañías.

“Lo bonito de esto es que están en todo el país y no solo en Bogotá. Las BIC son un compromiso que implica que toda la organización se vuelca a cumplir lo social y lo ambiental. Es una iniciativa de equidad de este gobierno”, señaló el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.

Las BIC le presentarán a la Superintendencia de Sociedades un informe anual donde detallarán los impactos positivos de su actividad en las comunidades, el medio ambiente y la calidad de vida de sus trabajadores usando uno de los cinco estándares internacionales definidos por la entidad:

1. La Certificación de Sociedad Tipo B de B Corporation.
2. Los Estándares GRI del Global Reporting Initiative.
3. La norma ISO 26000 de Responsabilidad Social Empresarial de la International Organization for Standardization
4. La Guía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Compass) de las Naciones Unidas, el World Business Council for Sustainable Development y el GRI.
5. La serie de normas AA1000 de Relacionamiento y Responsabilidad Social de AccountAbility

Cabe recordar que el Gobierno Nacional sancionó recientemente la Ley 1901 de 2018, que permite la creación de compañías, que más allá de su finalidad lucrativa, cuentan con una vocación de interés común. Es decir, que además de ser un negocio rentable para sus accionistas, procuran el bienestar de las comunidades en donde están instaladas, de sus trabajadores y del medio ambiente.

Cualquier sociedad puede transformarse en BIC a través de una reforma a sus estatutos.

Tras las reuniones con los ponentes del proyecto de Ley de Financiamiento por la equidad, previos al segundo debate en las plenarias de Senado de la República y Cámara de Representantes, se hicieron varios cambios en el proyecto de Ley frente a la ponencia para primer debate, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

La tarifa del impuesto a los patrimonios de más de $5.000 millones se reduce a 1%, antes era del 1,5%

El impuesto a las ventas de vivienda de más de 900 millones se reemplaza por un impuesto a las ventas de todos los inmuebles que excedan ese valor, excepto los predios rurales destinados a producción agropecuaria.

El umbral de ingresos para definir los contribuyentes responsables de IVA no va a bajar. En la anterior ponencia se establecía que pasaba de 3.500 UVT a 3.000 UVT.

Cabe resaltar que, el espíritu continúa siendo el mismo, las alternativas encontradas protegen el poder adquisitivo de la población más vulnerable y mantienen las medidas para incrementar la equidad, avanzar en la lucha contra la evasión e impulsar el crecimiento y la productividad.

De aprobarse la ponencia, sería necesario aplazar algunos gastos que se encontrarían desfinanciados, minimizando los efectos que estas decisiones puedan tener sobre los ciudadanos más vulnerables.

El gobierno continuará con sus esfuerzos para implementar medidas de austeridad para reducir el gasto.

1. Medidas para reactivar la economía.
Se crea un marco tributario que busca hacer frente a la informalidad, la baja productividad y necesidad de impulsar el crecimiento económico.

Se crea el mecanismo de tributación SIMPLE a través del cual se simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las micro y pequeñas empresas. En un único formulario podrán liquidar sus obligaciones tributarias de renta e ICA, reduciendo sus costos y promoviendo la formalización. Además, por medio de este impuesto, las tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquerías pagarán sus obligaciones de IVA.

Se plantean mecanismos que reducen la alta carga tributaria que enfrentan las empresas, que limita su crecimiento, la generación de empleo y la inversión:

Se reduce la tarifa de renta para las empresas de 33% a 30% en los próximos cuatro años.

Se permitirá el descuento en el impuesto de renta de los gastos en IVA de la inversión en capital y de los pagos del Impuesto de Industria y Comercio. En particular, el descuento del IVA pagado en bienes de capital reduce los costos de la inversión y mejora la estructura de este impuesto, al dejar de castigar la inversión.

De forma gradual, a lo largo de los próximos 3 años, se elimina la renta presuntiva, con lo cual se incentiva el emprendimiento y se deja de castigar a las empresas en consolidación.

Se establece un nuevo mecanismo que buscan incentivar la normalización tributaria a capitales en el exterior.

Con las medidas de la Ley, reactivaremos la economía y estimulamos el empleo. Tenemos que enfrentar en particular el desempleo juvenil, que se encuentra en niveles muy elevados.

Se introdujeron mecanismos para fomentar el emprendimiento de la economía naranja y del sector agropecuario, lo que facilitará su desarrollo y consolidación.

2. Equidad. Los ciudadanos de más ingresos tributarán más.
Se fortalece la construcción de un sistema tributario más equitativo y progresivo, al incrementar la contribución que realizan las personas de más altos ingresos a la financiación del Estado.

Se incrementa la tarifa del impuesto de renta para las personas con ingresos mensuales promedio, mayores a $40 millones.

Las personas naturales con patrimonios superiores a $5.000 mil millones contribuirán con el 1% al impuesto al patrimonio.

Los dividendos superiores a $10,3 millones serán gravados a una tarifa marginal de 15%.

Se introduce un impuesto al consumo del 2% para la venta de inmuebles no rurales con precio superior a $918 millones.

3. Fortalecimiento y modernización de la DIAN.
Se implementan medidas que permiten la modernización y el fortalecimiento de la DIAN, lo que le permitirá hacer una más eficiente lucha contra la evasión.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano y representantes de las cámaras de comercio del país y de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), firmaron un acuerdo para trabajar durante 2019 en seis líneas de acción que buscan aumentar la competitividad y la productividad regional.

Las cámaras de comercio, afirmó el Ministro, son actores clave para mantener un diálogo permanente con el sector privado y, también, para trabajar de forma articulada en el fortalecimiento del tejido empresarial regional. “Construimos un plan de acción con las cámaras de comercio, integrando su visión de la vida empresarial. Además, la

Superintendencia de Industria y Comercio permitió dar un enfoque incluyente a esta iniciativa. Vamos a regionalizar nuestras políticas de la mano del sistema cameral”. 

Las líneas definidas giran en torno a seis ejes de acción: Formalización, Emprendimiento, Productividad e Innovación, Internacionalización, Institucionalidad y Nuevas Fuentes de Crecimiento.

Además, Restrepo indicó que esta alianza con las cámaras de comercio recalca el objetivo de la política de desarrollo productivo del Gobierno de poner en el centro al empresario. “Buscamos que estas acciones se materialicen en más y en mejores empresas para nuestro país”.

María José Vengoechea, presidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla, aseguró que este acuerdo refleja el compromiso de las 57 cámaras de comercio del país para fortalecer el tejido empresarial.