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Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron hoy, en segundo debate, el proyecto de ley que decreta el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, cuyo monto asciende a $502,6 billones, cifra 18,9% superior al PGN 2023 ($422,8 billones). El texto avalado pasa ahora a sanción presidencial.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, destacó que gracias al trabajo conjunto del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, en el marco de un constructivo debate

democrático, estos recursos permitirán impulsar una reactivación productiva encaminada a reducir el desempleo, la inflación, la pobreza y la desigualdad social y regional.

El presupuesto aprobado es el resultado de la revisión de recursos ciertos para ejecutar gastos ciertos. En un contexto económico mundial complejo, caracterizado por la desaceleración de la actividad productiva, inflación por encima de su promedio histórico y contracción del comercio internacional en medio de marcadas tensiones geopolíticas, el PGN 2024 permite avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 (Ley 2294 de 2023), y de ese modo contribuir a impulsar un modelo de transformación económica con justicia social y justicia ambiental.

Los recursos aprobados impulsarán proyectos de inversión pública de alto impacto multiplicador en la transformación social y productiva del país, que permitirán contrarrestar el ciclo descendente de la actividad económica y avanzar en el cierre de brechas sociales, con programas dirigidos a incentivar la producción agropecuaria; mejorar la infraestructura educativa, hospitalaria y de transporte; y salvaguardar a la población más pobre del país mediante transferencias monetarias (renta ciudadana).

El PGN 2024 es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal, según señaló el ministro. Se proyecta que el Gobierno Nacional Central (GNC) cierre 2024 con un superávit primario de 0,2% del PIB y un déficit fiscal de 4,4% del PIB, ocasionado esencialmente por el pago de intereses de la deuda pública, cifras coherentes con el ancla de la deuda pública neta de activos financieros, fijada por la regla fiscal en 55% del PIB a partir de 2026.

El escenario fiscal que sustenta el PGN 2024 se construyó a partir del escenario macroeconómico proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023. Allí se prevé que para 2024 la economía colombiana crezca 1,5%; la inflación anual se ubique en 5,7%; la tasa de cambio peso dólar de los Estados Unidos (TRM) registre un promedio anual de $4.603; el precio del petróleo contabilice un promedio anual de US$74,5 por barril; la producción petrolera sea de 787 mil barriles promedio diarios; y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos baje de 4,0% del PIB en 2023 a 3,5% del PIB.

La estrategia de financiación para 2024 tiene previsto robustecer el recaudo tributario con altos estándares de equidad, y elevar la calidad y eficiencia del gasto público, propósitos en los cuales se está trabajando con fundamento en la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social (Ley 2277 de 2022); y una estrategia para el uso eficiente de los recursos públicos, contenida en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo vigente, que, de acuerdo con el artículo segundo de la Ley 2294 de 2023, forma parte integral de dicho plan.

Los esfuerzos para mejorar la calidad y eficiencia del gasto se centrarán en: priorizar proyectos estratégicos intersectoriales susceptibles de ser financiados mediante concurrencia de fuentes (PGN, SGP, SGR y otros ingresos territoriales); corregir errores de inclusión y exclusión en la asignación de los subsidios; buscar la convergencia de la inversión pública y la inversión privada alrededor de las grandes transformaciones socioeconómicas del PND mediante una adecuada alineación de la gestión pública con los incentivos privados; y mejorar el diseño y la ejecución de los proyectos estratégicos, la lucha contra la corrupción y la adecuada organización administrativa del aparato estatal.

La reforma tributaria 2022 y la lucha contra la evasión ayudarán a sustituir crédito por ingresos corrientes en favor de la sostenibilidad fiscal. Los ingresos corrientes se estiman en $317,4 billones (63,8% del total); como porcentaje del PIB aumentan de 17,8% en 2023 a 18,7% en 2024. Por su parte, los desembolsos de crédito (interno y externo) llegarían a $73,7 billones (14,7% del total), con lo cual pasarían de 4,2% del PIB en 2023 a 4,3% del PIB en 2024.

El monto restante del PGN 2024 (22,2%) se financiará con recursos provenientes de excedentes financieros, principalmente Ecopetrol, Banco de la República y Agencia Nacional de Hidrocarburos; al igual que con otros recursos de capital, entre los cuales se encuentran rendimientos financieros, reintegros y recuperación de cartera, entre otros.

El PGN 2024 permite cumplir a cabalidad todas las obligaciones derivadas de mandatos constitucionales, legales y contractuales preexistentes, así como para garantizar, dentro de estándares moderados, los gastos operacionales de las entidades estatales que conforman el PGN. En consecuencia, este presupuesto se distribuye de la siguiente manera: funcionamiento $308,2 billones (18,0% del PIB); servicio de la deuda $94,5 billones (5,6% del PIB); e inversión que llega a su máximo histórico, con $99,9 billones ($5,9% del PIB).

Las transferencias es la cuenta más representativa del gasto. Se trata, en su mayor parte, de inflexibilidades presupuestales derivadas del cumplimiento de mandatos constitucionales y legales para la atención de derechos. En este grupo sobresalen las relacionadas con el Sistema General de Participaciones para cumplimiento de las competencias territoriales, el aseguramiento en salud de los colombianos, las pensiones y los recursos para las universidades públicas, entre otras.

El Ministro destacó la situación del presupuesto para el Sistema General de Participaciones territoriales. De una apropiación en el presupuesto de 2023 por valor de $54,9 billones, se pasará a una cercana a $70,5 billones en el de 2024. Un crecimiento del 28,4%, esto es más de $15,6 billones adicionales de una vigencia a otra. Este gran aumento en el monto de recursos para el SGP permitirá atender necesidades de financiación en educación y salud, ejes fundamentales de la política social de este Gobierno.

Con lo aprobado hoy se espera que en 2024 el país ejecute inversiones por $224,5 billones. Además de los $99,9 billones del PGN están programados recursos del SGP por $70,5 billones, del SGR por $14,1 billones e ingresos territoriales por $40,1 billones.

Los sectores que tendrán mayor presupuesto serán educación y salud.

Los sectores con mayor aumento de recursos en 2024 frente a 2023, en línea con los objetivos de política pública que sustentan la formulación de los programas de gasto son: agricultura, inclusión social, tecnologías de la información, igualdad y equidad, deporte y cultura, entre otros, tal como se evidencia en el siguiente cuadro.

El concepto de impacto fiscal de la ponencia para segundo debate, del proyecto de ley de reforma pensional, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, manifiesta que la iniciativa permite alcanzar los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional como son: mejorar la sostenibilidad, la cobertura y la suficiencia que implica una pensión digna para las y los trabajadores colombianos y una mayor equidad.

Para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, el concepto fiscal es un respaldo contundente a un trabajo juicioso y responsable entre todos los sectores económicos, expertos y academia.

“Es muy importante resaltar el mensaje de responsabilidad fiscal y buen diseño técnico que esta propuesta de reforma trae consigo. Las y los colombianos pueden estar tranquilos sobre la sostenibilidad fiscal que plantea. El Ministerio de Hacienda en su concepto así lo manifiesta. La viabilidad fiscal de la reforma pensional respalda la sostenibilidad de esta iniciativa”, puntualizó la Ministra.

El concepto del Ministerio de Hacienda es claro al resaltar que:

“La implementación de la propuesta de reforma consistente con las disposiciones del articulado de la ponencia para segundo debate, implicaría un impacto fiscal neto que se acoge a las posibilidades financieras de la Nación, en el marco de las restricciones fiscales actuales y proyectadas. Todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles, manteniendo la sostenibilidad del Sistema de Protección a la Vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo, de modo que pueden incorporarse en la planeación financiera del Gobierno Nacional, en línea con las restricciones presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y en estricto cumplimiento de la regla fiscal”.

El mencionado concepto también ratifica lo que el Gobierno del Cambio ha planteado en todos los escenarios, que es la mayor cobertura en protección integral a la vejez que la propuesta ofrece. Esta mayor cobertura es generada por el esquema de pilares y los elementos progresistas que incorpora, entre los que están:

a) La protección a toda la población mayor de 60 años mujeres y 65 años hombres, que se encuentren en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, recibirán una renta correspondiente, al menos al umbral de pobreza extrema (aproximadamente $223.000 para el año 2024).

b) La población que será objeto del pilar semicontributivo, que corresponde a población que cotizó al sistema contributivo, al menos 300 semanas y que no logra el mínimo de semanas necesarias para la pensión, recibirá una renta vitalicia subsidiada, que será un ingreso permanente en la vejez.

También, la reforma propuesta plantea en el artículo 75 la creación de una Comisión Técnica de Protección Social Integral para la Vejez que monitoree y haga seguimiento al gasto fiscal en pensiones, entre otras funciones, de forma que se podrán hacer los ajustes necesarios periódicamente para impedir que situaciones de alto impacto puedan llegar a presentarse.

El concepto fiscal muestra un aumento al año 2100 del pasivo pensional de la Nación, correspondiente a 40 puntos del PIB aproximadamente.

“Este costo adicional debe ser analizado a la luz de un importante aumento de cobertura en protección a la vejez, de un impacto social mayor y sobre todo, del alto impacto económico que va a generar el que las y los colombianos mayores tengan unas pensiones equitativas, suficientes y subsidios dignos para esta población extremadamente pobre y vulnerable”, subrayó la Ministra del Trabajo.

Adicional, es importante señalar que en el escenario actual el gasto al que se expone la Nación si no se hace la reforma y por consiguiente el monto del pasivo pensional, no solamente corresponde a las obligaciones pensionales que se puedan generar con la población beneficiaria del Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, sino que debe contemplar también la presión que genera en el sistema los traslados de los afiliados de los fondos privados hacia Colpensiones, así como la carga fiscal que compromete al Estado, por cuenta del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, hoy administrado por los fondos privados.

Para beneficiar a las doce comunidades que conforman el Resguardo Indígena Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, se está capacitando en seguridad y salud en el trabajo a 100 familias de esta población.

El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, quien visitó el resguardo, en el municipio de Atanquez, Cesar, anotó: “estamos aquí para explorar y compartir las mejores alternativas en materia de extensión y garantía de protección social del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y todo el ámbito de estándares del trabajo decente”.

En la actividad convocada por la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector agropecuario, se realizó en simultáneo una feria de servicios con entidades del orden Nacional.

Durante la iniciativa, que se adelantó en el salón de la comunidad conocido como: “Oscar Carillo Luquez”, del municipio de Atanquez, participaron trabajadores del sector panelero, mujeres artesanas, trabajadores de productos pan coger, de los cabildos menores del Resguardo Indígena Kankuamo.

En Colombia, según el último reporte el número de trabajadoras y trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales es de 12.4 millones, cifra que aumentó con respecto a 2021 cuando fue de 11.4 millones.

Desde la pandemia por la COVID-19 en 2020 se han venido afiliando por año, en promedio 1 millón de nuevos trabajadores.

Las empresas también registran un aumento al pasar de 1 millón 15.000 en 2021 a 1 millón 81.000 en 2022 es decir, 66 mil nuevas compañías se vincularon al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), que confirman la efectividad del sistema robusto con el que el Gobierno del Cambio continúa trabajando por el bienestar integral de las y los trabajadores.

En el marco de la estrategia de cooperación nacional y asistencia recíproca, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez y el Director General de la UIAF, Luis Ignacio Llinás Chica, suscribieron un convenio interadministrativo de cooperación bilateral a fin de desarrollar acciones conjuntas que ayuden a la prevención y detección de conductas contrarias al orden público económico y la transparencia.

El convenio suscrito entre la Superintendencia y el organismo de inteligencia financiera permite avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de organismos intergubernamentales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los estándares del Grupo Egmont que propugnan por el intercambio seguro e inmediato de conocimientos e información de inteligencia financiera para combatir ilícitos. Así pues, el acuerdo suscrito entre las dos Entidades es una apuesta para el cumplimiento de recomendaciones internacionales y una medida concreta de seguimiento de las directrices establecidas en el Programa de Gobierno 2022-2026 y el Plan Nacional de Inteligencia en donde la lucha contra la corrupción es pilar fundamental para la Colombia potencia mundial de la vida.

De acuerdo con el Superintendente de Sociedades, Doctor Billy Escobar Perez “La suscripción del Convenio con UIAF tiene como objeto proteger la economía nacional de la penetración de dineros de origen ilícito en defensa de la productividad, la libre competencia, la inversión, el desarrollo del comercio exterior y el crecimiento económico sostenible tan amenazados por las dinámicas cambiantes del crimen organizado trasnacional, es también un convenio único en la región porque agrupa a la Entidad de Inteligencia Financiera miembro del Grupo Egmont y a la Entidad de supervisión del sector real que juega un rol trascendental para los compromisos internacionales del Estado”.

Con este nuevo acuerdo, ambas Entidades pretenden contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y el soborno trasnacional a través del intercambio de información de inteligencia, las acciones conjuntas, la capacitación recíproca de funcionarios, y el establecimiento de mesas técnicas de expertos.

La DIAN le recuerda que tener desactualizada su información en el RUT puede causar la suspensión del registro. Evite inconvenientes: verificarlo y actualizarlo es muy fácil.

El RUT es el mecanismo que usa la DIAN para identificar, ubicar y clasificar a las personas y organizaciones en relación con sus obligaciones tributarias. Por eso es clave que la información registrada en él sea exacta y veraz, para que la entidad pueda tener una comunicación directa y efectiva cuando lo necesite.

Esta es la razón por la que datos como la dirección del domicilio, los números de teléfono y el correo electrónico son obligatorios en el RUT. Sin embargo, la DIAN ha identificado que, actualmente, más de 4 millones de inscritos no tienen el correo electrónico, lo que podría causarles la suspensión de su registro y sanciones.

Así que es importante que, periódicamente, verifique que la información de su RUT está completa y actualizada. En este enlace, usted podrá saber de forma fácil si su registro cuenta con una dirección de correo válida. Lo único que tiene que hacer es digitar su NIT o el de su organización.

En caso de que el sistema le avise que su RUT no cuenta con un correo electrónico válido, aquí le compartimos una serie de pasos para que pueda actualizarlo de forma simple:

En el portal transaccional de la DIAN:

Ingrese 'A nombre propio', y siga los pasos después de hacer clic en “Actualización RUT".

Si no recuerda la contraseña de su cuenta de usuario puede ver este video.

Si no tiene cuenta de usuario o está inhabilitada, puede crearla o activarla aquí.

También puede solicitar una cita para hacer el trámite en este enlace.

Tenga en cuenta:

Puede agendar cita virtual en cualquier ciudad del país o presencial en la ciudad de su domicilio, de acuerdo con su preferencia y disponibilidad.

Mantener el RUT actualizado garantiza la calidad, veracidad y confiabilidad de la información de este registro.

Informar el correo electrónico en el RUT es de carácter obligatorio, según la normativa vigente[1].

La ubicación[2] comprende el domicilio principal, números telefónicos y correo electrónico en los que la DIAN puede contactar oficialmente a los inscritos.

La falta de esta información puede generar la suspensión del RUT[3].

[1] Parágrafo 1, del numeral 3, del Artículo 1.6.1.2.5, del Decreto 1625 del 2016, “La información de identificación, ubicación y clasificación del Registro Único Tributario es de carácter obligatorio".

[2] Óp. cit, numeral 2.

[3] Artículo 1.6.1.2.16 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016

La DIAN publicó el proyecto de resolución “Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, por el año gravable 2024 y siguientes, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega”.

Por lo anterior, la entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución hasta el 20 de octubre de 2023, a través del siguiente buzón de correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Para conocer el proyecto de resolución, haga clic aquí.

La Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes ha realizado 355 visitas de seguimiento y control a los Grandes Contribuyentes en las principales ciudades del país, como parte de una estrategia para el cumplimiento de las obligaciones con la Facturación Electrónica. El alcance de esas visitas es de 161 establecimientos de comercio en 206 sedes administrativas.

Esta estrategia busca hacer seguimiento a los Grandes Contribuyentes para verificar que estén cumpliendo con la emisión de la factura electrónica con el lleno de los requisitos que exige la norma. Así mismo, verificar que no se exijan requisitos adicionales que dificulten la entrega de dicho documento.

En estas visitas, servidores de la DIAN verificaron la generación, transmisión y expedición de los documentos del Sistema de Factura Electrónica en establecimientos de comercio como grandes superficies, supermercados, frigoríficos, almacenes de ropa, droguerías, laboratorios farmacéuticos, empresas de envíos, empresas del sector salud, empresas dedicadas a la prestación de servicios, entre otros.

Dentro de esta estrategia se incluyó el desplazamiento de los servidores de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes a las sedes administrativas de las empresas para brindar orientación y acompañamiento sobre las acciones a corregir encontradas con el incumplimiento de la normatividad de la factura electrónica, haciendo énfasis en aquellos requisitos indispensables en el documento.

La Dirección Operativa se encuentra a disposición de los Grandes Contribuyentes con el fin de orientarlos respecto de las dudas que tengan en el cumplimiento de sus obligaciones formales.

Los interesados en aplicar a los incentivos económicos otorgados por el Ministerio del Trabajo con la estrategia ‘Empleo para la Vida’, recibirán orientación para la postulación a través del formulario: https://acortar.link/3vUQMq

Esta estrategia que se extenderá hasta agosto del 2026 busca promover, generar y proteger los nuevos empleos con aportes directos a la nómina por la contratación de jóvenes, mujeres y hombres. El incentivo mensual calculado sobre el SMLV representa:

- Jóvenes entre 18 y 28 años el 25 %: $290.000
- Mujeres mayores de 28 años el 15 %: $174.000
- Hombres mayores de 28 años el 10 %: $116.000

‘Este incentivo tiene una aplicación muy fácil, unos requisitos mínimos de documentación muy flexibles y podrán postularse a finales de noviembre para un único pago en el mes de diciembre de 2023. Requisitos y demás, que hayan vinculado a este tipo de poblaciones en los últimos 6 meses, dándole opotunidad a los jóvenes de tener una experiencia mínima laboral y sobre todo fomentando el empleo y la formalización laboral que es núcleo central de nuestra reforma laboral’, explicó la directora de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar, Mónica Naranjo

Los documentos requeridos para acceder al beneficio son:

- Formulario de solicitud de la entidad financiera, firmado por empleador/a, representante legal. Aplica también para el caso de las cooperativas.
- Certificación firmada por empleador/a, representante legal, contador/a o revisor fiscal, que indique estar al día en salarios y pagos de seguridad social de trabajadores.
- RUT.
- Contrato laboral mínimo de 6 meses.

Entre el dos y el tres de octubre de 2023, tres representantes del International Accounting Standards Board (IASB), máxima instancia de emisión de normas de contabilidad e información financiera y perteneciente a la Fundación IFRS, visitaron Bogotá con tres propósitos: presentar la agenda de trabajo de mediano y largo plazo, responder las inquietudes de los participantes en las sesiones de sensibilización y conocer de los reguladores aspectos clave de la implementación de estándares en las materias de su competencia.

En tal contexto, en Bogotá, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública -CTCP-, con el apoyo logístico del INCP, fungió como anfitrión de Andreas Barckow, presidente de IASB; Linda Mezon Hutter, vicepresidente; y Tadeu Cendon, integrante de la entidad. Para este encuentro se organizaron dos jornadas: la primera, de sensibilizaciones con diferentes grupos focales (empresas, gobierno, gremios y academia) y al día siguiente, una reunión privada de trabajo con los consejeros del CTCP e integrantes de los equipos de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De las presentaciones se pueden destacar los siguientes aspectos:

Estado de los proyectos. Están en la etapa de investigación preliminar: Activos intangibles, Estado de flujos de efectivo y combinaciones de negocios bajo control común.

En etapa de publicación del borrador para comentarios se encuentran los proyectos de Instrumentos financieros con características de valores y Gestión de Riesgos Dinámicos.

En proceso de emisión de la norma (estándar) internacional están la Tercera Edición de la NIIF para las PYMES, Estados financieros primarios y Revelaciones en la contabilidad de subsidiarias que no son de interés público.

NIIF para PYMES

Se destaca principalmente, la consideración para alinear la norma a NIIF Plenas que comprende la revisión de: Marco Conceptual, NIIF 3 -Combinaciones de negocios-; NIIF 9 -Instrumentos Financieros-; NIIF 10 -Estados Financieros Consolidados-; NIIF 11 -Acuerdos Conjuntos-; NIIF 13 -Medición del Valor Razonable-; NIIF 15 -Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes- y NIIF 16 -Arrendamientos-.

De acuerdo con IASB, algunos temas que se mantienen en discusión son aspectos relacionados con el alcance sobre los activos financieros medidos a costo amortizado y la medición de las pérdidas crediticias esperadas de un activo financiero de manera que se alineen con el enfoque simplificado de la NIIF 9.

En esta revisión de la norma el Consejo decidió no contemplar la NIIF 16 y está revisando las opiniones de sus grupos de interés sobre la viabilidad de incluir una política contable que permita reconocer como activo intangible las inversiones en costos de desarrollo.

Revelaciones en la Contabilidad de Subsidiarias que no son de Interés Público

IASB explicó que en la norma propuesta se presentan los siguientes escenarios: la principal prepara los estados financieros consolidados aplicando NIIF plenas.

La subsidiaria aborda su información consolidada aplicando NIIF plenas y así lo refleja en sus estados financieros (reconocimiento, medición y presentación) pero con requerimientos menos complejos y rigurosos respectos de las revelaciones.

Explicaron que el objetivo es el de simplificar y reducir el costo en la presentación de información financiera en las subsidiarias, pero sin que los estados financieros pierdan utilidad.

Estados financieros primarios

Respecto de este proyecto, el propósito es mejorar la comunicación de los estados financieros enfocándose en la información incluida en el estado de pérdidas y ganancias. Esto requiere:

Definir subtotales adicionales en el estado de pérdidas y ganancias.

Revelaciones acerca de la medición del desempeño de la gerencia y;

el fortalecimiento de los requerimientos para desagregar la información.

Los ejecutivos de IASB también mencionaron enmiendas y otros proyectos que se encuentran en curso:

Documento de discusión pública: Contratos de compraventa de Energía, mejoras específicas a la norma de Provisiones, presentación de información relacionada con el clima y otros en los Estados Financieros (difiere las normas S1 y S2 emitidas por el ISSB).

En comentarios: mejoras anuales a las NIIF Plenas y Enmiendas a la NIIF 9

Normas o enmiendas emitidas: Reforma impositiva Modelo de Dos Pilar (NIIF para PYMES).

La Contaduría General de la Nación publicó el proyecto de resolución “Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos, plazos y características de envío a la Contaduría General de la Nación y se deroga la Resolución 706 de 2016”.

La entidad recibirá comentarios sobre este proyecto de resolución hasta el 13 de octubre.

Para conocer el proyecto de resolución, haga clic aquí.

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