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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó las fechas para acceder a los beneficios establecidos por la Ley 1739 de 2014 (Reforma Tributaria):

 

Febrero 23: Pago de saldos pendientes de Condiciones Especiales de Pago acogidas en años anteriores.

 

Febrero 27: Presentación de declaraciones (impuesto sobre la renta, IVA, CREE, al Consumo) omitidas o con errores, SIN 27 SANCIÓN, NI INTERESES DE MORA, Siempre y cuando el contribuyente no haya sido notificado con requerimientos especiales o emplazamientos por parte de la DIAN.

 

Mayo 31: Descuento del 80% en los intereses y sanciones, pagando obligaciones tributarias con la DIAN, de los años 2012 y anteriores.

 

Descuento del 50% en los intereses por el pago de sanciones tributarias, aduaneras o cambiarias, impuestas 31 mediante resolución.

 

Septiembre 30: Reducción en las sanciones, intereses y actualización por la conciliación en los procesos contenciosos administrativos, siempre y cuando presente la solicitud de conciliación hasta el 30 de septiembre y cumpla con 30 los demás requisitos del artículo 55 de la Ley 1739 de 2014.

 

Octubre 23: Descuento del 60% en los intereses y sanciones, pagando obligaciones tributarias con la DIAN, de los años 2012 y anteriores siempre y cuando lo haga entre el 1 de junio y el 23 de octubre.

 

Descuento del 30% en los intereses por el pago de sanciones tributarias, aduaneras o cambiarias, impuestas mediante resolución o acto administrativo expedido por la DIAN, siempre y cuando lo haga entre el 1 de junio y 23 el 23 de octubre.

 

Octubre 30: Terminación de los procesos administrativos, tributarios, aduaneros y cambiarios, con reducción en las sanciones, intereses y actualización, siempre y cuando se les haya notificado el acto administrativo antes de la entrada en vigencia de la Reforma Tributaria de 2014 y cumplan con los demás requisitos del artículo 56 de la 30 Ley 1739 de 2014.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, hizo un nuevo llamado a los contribuyentes que en años anteriores se acogieron a CEP y que, a la fecha, tienen algún saldo pendiente por pagar que les haría perder dicho beneficio, teniendo en consecuencia que pagar los intereses y sanciones que les fueron condonados en su oportunidad.

 

La DIAN señaló que estas personas podrán mantener los beneficios de estas Condiciones Especiales si, a más tardar, el próximo 23 de febrero pagan la totalidad de los saldos pendientes que superen los $27.485 (1 Unidad de Valor Tributario – UVT de 2014).

 

Para las Condiciones Especiales de pago con saldos iguales o menores a este valor, la administración tributaria, a través de sus direcciones seccionales en el país, suprimirá, de oficio, y sin requisito alguno, estas deudas. Así, los deudores quedarán a paz y salvo, normalizando sus obligaciones, tal y como se estableció en la Reforma Tributaria.

 

El 75% de los potenciales beneficiarios de esta disposición (de un total de 4.815) están en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, y Barranquilla, a quienes la DIAN ha remitido correos electrónicos y mensajes de texto o realizado llamadas telefónicas, para que no dejen pasar esta oportunidad.

 

Finalmente, la DIAN afirmó que en su página web www.dian.gov.co, está dispuesto un botón en donde los ciudadanos, con su número de NIT, podrán consultar si tienen algún saldo pendiente de Condiciones Especiales de Pago anteriores que deba pagar antes del 23 de febrero.

La Registraduría Nacional del Estado Civil suscribió un convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá con el fin de que pueda acceder y consultar la base de datos dispuesta por la Entidad para el servicio de autenticación biométrica.


Esta autenticación se realizará por medio de un aplicativo que confronta la información de las huellas dactilares de los ciudadanos que se acerquen a las 11 sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá con la información que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil en línea.


El convenio firmado facilita un trabajo conjunto encaminado a prevenir delitos como la suplantación de personas y el fraude, además da cumplimiento al Decreto – Ley 019 de 2012 y la Circular Externa de la Superintendencia de Industria y Comercio 008 de octubre de 2013.


La autenticación se realiza de manera directa con la información biométrica de la base de datos de la Registraduría y permitirá tiempos de respuesta inferiores a un segundo.
Este convenio permitirá a la Cámara de Comercio de Bogotá verificar la identidad de una persona que radicará documentos relacionados con registros públicos en cada una de sus sedes.


Con este convenio ya son cinco los que se han firmado para el acceso a la base de datos biométrica de la Registraduría, los demás se suscribieron con la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Registro Único Nacional de Tránsito Runt, la Lotería de Bogotá y el Banco Agrario.


Procedimiento para el acceso a la base de datos de la Entidad
Las Entidades interesadas en suscribir el convenio con la Registraduría para el acceso a las base de datos de la Entidad, deben presentar un requerimiento formal ante la Entidad, para así iniciar con la instalación de mesas de trabajo técnicas que permiten la implementación del proceso.


Las peticiones presentadas por las entidades son tramitadas a través de la Secretaría General de la Registraduría. Esta dependencia coordina con las diferentes áreas competentes el trámite a que haya lugar, emite los pronunciamientos correspondientes para cada caso, según se indica en la Resolución 3341 de 2013, de la Registraduría.
La Entidad interesada en suscribir un convenio debe proveer el canal de comunicación, los equipos y la infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión de la información.

La Cámara de Comercio de Bogotá invitó a las empresas a renovar los trámites oportunamente para así evitar las sanciones establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que llegarían hasta los 17 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes si no renueva durante los tres primeros meses del año.

 

Ésto, según lo previsto en el Artículo 37 del Código de Comercio, en el Artículo 5 del Decreto 2153 de 2011 y en el Artículo 30 de la Ley 1727 de 2014 la SIC.

 

Conforme a esta última norma, las cámaras de comercio están obligadas a reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio el listado de comerciantes que incumplan con la renovación oportuna de su matrícula mercantil.

 

De acuerdo con el Artículo 31 de La Ley 1727 de 2014- Depuración del Registro Único Empresarial y Social- RUES, anualmente se realizará la depuración de las bases de datos con las siguientes condiciones:

 

1. Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas, que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro, según sea el caso, en los últimos cinco (5) años, quedarán disueltas y en estado de liquidación.

 

2. Cancelación de la matrícula mercantil de las personas naturales, los establecimientos de comercio, sucursales y agencias que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil en los últimos cinco (5) años.

En el marco del mejoramiento y la optimización de los Servicios Informáticos Electrónicos Aduaneros, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, hizo saber a los usuarios de éstos y a la ciudadanía en general, que ante eventuales fallas en el servicio, la Entidad cuenta con un protocolo o documento denominado “Contingencia por la no disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos - aduaneros".

 

Una vez presentada la falla en los aplicativos que soportan la operación aduanera y declarada la contingencia por la autoridad aduanera competente, será aplicado el mencionado protocolo por los funcionarios de la DIAN. El documento en mención, define las actividades, procedimientos, responsables, tiempos y clase de registro que se deben seguir en caso de la interrupción de los Servicios Informáticos Electrónicos Aduaneros.

 

La aplicación de este protocolo tiene como objetivo mitigar el impacto de una posible contingencia y garantizar la continuidad de las operaciones de comercio exterior.

 

Es de anotar que los tiempos establecidos en el protocolo no superan las dos horas.

Por último, la DIAN recordó a todos sus usuarios que la tecnología y el mejoramiento permanente de los procesos de gestión de la plataforma tecnológica, se encaminan día a día a brindarles herramientas que faciliten su relación con la Entidad.

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar Asocajas presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 81 de la Ley 1687 de 2013, la cual modifica el artículo 12 de la Ley 179 de 1994, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014.

 

Mediante dicha norma el Congreso de la República, con el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito, dispuso que "las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que no forman parte del Presupuesto General de la Nación, independientemente de su naturaleza jurídica, se incorporarán en un presupuesto independiente que requerirá la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), salvo aquellas destinadas al financiamiento del Sistema General de Seguridad Social".

 

Sin embargo, la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia proferida en febrero de 2015, declaró inexequible el artículo 81 de la Ley Anual de Presupuesto de 2014 y estipuló que la incorporación de los recursos parafiscales de las Cajas de Compensación y otros, no podrán regularse en la Ley Anual de Presupuesto por violar la Unidad de Materia, lo cual implicaba la ostensible vulneración de nuestro ordenamiento constitucional.

 

Los fundamentos de la Corte Constitucional para el fallo fueron:

 

Para iniciar, en relación con los cargos referidos al desconocimiento de los artículos 1, 2, 4, 13, 42, 44, 45, 47, 48, 53, 56, 151 y 209 la Corte decidió abstenerse de analizarlos, por cuanto: (i)el actor no explicó las razones por las cuales la norma acusada los transgrede y se limitó a hacer una enunciación de los mismos y (ii) carecen del requisito de la pertinencia, por cuanto el demandante plantea los problemas de la aplicación práctica de la norma en los casos de subsidio familiar, pero sin explicar las razones objetivas que confronten el contenido de las normas acusadas con los textos constitucionales. En este orden de ideas, deduce conclusiones que no provienen del contenido de la norma acusada, sino de su lectura particular.

 

Ahora bien, con respecto a los cargos formulados por el accionante en relación con (i) la trasgresión del principio de unidad de materia, contenido en el artículo 158 de la Constitución Política y (ii) la reserva de ley orgánica –artículos 151 y 352 Superiores-, la Sala consideró que cumplen con la carga argumentativa necesaria para satisfacer las exigencias legales y jurisprudenciales. No obstante, la Sala Plena decidió abstenerse de analizar lo atinente al cargo de vulneración de la reserva de ley orgánica teniendo en cuenta que el desconocimiento del principio constitucional de unidad de materia consagrado en el artículo 158 Superior, por sí sólo, conduce a la declaratoria de inexequibilidad.

 

La Sala evidenció que existió un desconocimiento de tal norma constitucional, en la medida que (i) se incluyó una norma cuyo objeto no tenía conexión con la materia presupuestaria propia de una Ley Anual de Presupuesto, (ii) no logró demostrarse que su objeto persiguiera su debida ejecución, y (iii) las disposiciones superan las limitaciones de tiempo de las normas presupuestales.

 

La Corte reiteró que la unidad temática se rompe cuando no es posible encontrar una congruencia causal, temática, sistemática y teleológica entre los distintos aspectos que regula la ley y la materia dominante de la misma. En el caso de las Leyes Anuales de Presupuesto, es necesario también considerar los aspectos de (i) temporalidad, (ii) asunto y (iii) finalidad presupuestal. En este orden de ideas, las disposiciones generales de la ley anual del presupuesto no pueden tener vocación de permanencia ni modifican reglas generales, incluidas en leyes permanentes.

 

En este orden de ideas, señaló que la Ley Anual de Presupuesto involucra una serie de disposiciones generales necesarias para su correcta ejecución y contiene las indicaciones que debe acoger el Gobierno como ejecutor del gasto público y recaudador de los ingresos fiscales dentro de la vigencia fiscal a la que está llamado a regir. El artículo 81 de la Ley 1687 de 2013 busca complementar una disposición normativa que dista de contener una estimación de ingresos, una autorización de gastos o una norma para la debida ejecución del presupuesto aprobado. Por el contrario, pretende establecer una regla general y permanente sobre la manera de incorporar las contribuciones parafiscales de los órganos que no son parte del Presupuesto General de la Nación.

 

Ahora bien, aunque la Corte declaró la inconstitucionalidad de la disposición acusada, decidió diferir los efectos de dicha declaratoria hasta el 31 de diciembre de 2015, a fin de que el Congreso le dé el trámite correspondiente. Ello, por cuanto una declaratoria de inexequibilidad pura y simple, desconocería postulados constitucionales de gran valor como la protección de recursos públicos, sumado a que podría generar inseguridad jurídica frente a la administración de estos aportes.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó para comentarios de los interesados el proyecto de decreto por el cual se establece la Nueva Regulación Aduanera.

 

Para las observaciones y comentarios por parte de los usuarios y partes interesadas se conceden: a partir de 13 febrero de 2015 al 06 Marzo de 2015.

 

Los comentarios tendrán que ser enviados a la siguiente dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">

 

Para conocer el documento completo, haga clic aquí.

Cumpliendo con el lema de la Organización Mundial de Aduanas OMA para el año 2015, la Gestión Coordinada en Fronteras, el Ministerio de Transporte de Colombia con la colaboración del BID, la DIAN y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha logrado el registro de todos los vehículos habilitados y las empresas de transporte autorizadas para hacer operaciones de Tránsito Internacional de Mercancías en el Sistema de Registro Andino de Transportistas Autorizados y Vehículos Habilitados (SANTRA).

 

El SANTRA es un sistema informático basado en Servicios Web para la administración remota y centralizada de una base de datos regional. Este sistema será la base para el futuro Sistema Andino de Registro contemplado en las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones y contendrá el registro de las empresas transportistas y sus respectivas unidades de transporte autorizados por los ministerios de transporte de cada uno de los países de la región para realizar operaciones de transporte internacional de mercancías.

 

Este sistema permitirá la consulta en línea, tanto a las entidades como a los usuarios, agilizando los procedimientos de autorización de los Tránsitos Internacionales.

La base de datos regional de transportistas estará hospedada en el hosting TIM y los ministerios de transporte de los países de la CAN serán los responsables de la actualización de dicha base de datos por medio de Servicios Web.

 

Este sistema fue desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo como parte de la Cooperación Técnica (con recursos del Japón): Apoyo en la definición e implementación del TIM entre Ecuador y Colombia Paso de frontera Rumichaca RG-T2367.

 

El Procedimiento para el Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) consiste en la operación de sistemas informáticos y procedimientos aduaneros estandarizados en los puertos fronterizos de una región, para optimizar los trámites migratorios, aduaneros y cuarentenarios que se integran en un solo documento: el Documento Único de Tránsito (DUT).

 

Lo anterior facilita y reduce los costos asociados al transporte de mercancías, mediante la simplificación de trámites, a la vez que reduce el tiempo de tránsito en los puntos fronterizos de la región. Al disminuir los costos y tiempos en la gestión de trámites, se aumenta la competitividad.

 

Las autoridades de transporte de Colombia y Ecuador entregan así uno de los primeros productos del TIM, que permitirá la integración regional de los países de la CAN utilizando el concepto de cloud computing.

 

En la implementación del TIM participan las entidades de control en frontera: DIAN, ICA y sus homólogos en Ecuador, SENAE y AGROCALIDAD, así como la Cancillería de Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También se ha contado con el apoyo técnico de la Secretaría de la Comunidad Andina.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, en cumplimiento del debido proceso previsto en la ley, pone en conocimiento del público la “Propuesta de aplicación de nuevas Normas Internacionales de Información Financiera y de enmiendas a las normas vigentes”, el cuál compila las bases de conclusiones sobre el documento: “Enmiendas efectuadas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera durante el período comprendido entre el 01/01/2014 y el 30/06/2014” y el alcance a las enmiendas efectuadas por el IASB a las NIIF, publicado para discusión pública por el CTCP en su sitio web www.ctcp.gov.co.

 

Este documento está fundamentado en el análisis de los comentarios recibidos sobre los documentos en mención, y contiene las conclusiones y recomendaciones del CTCP a las autoridades de regulación.

 

La propuesta y demás información pertinente puede ser consultada haciendo click aquí.

  • La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, expidió las primeras resoluciones por medio de las cuales otorgó a cuatro empresas exportadoras, reconocidas internacionalmente como como un operador seguro y confiable en la cadena de suministro internacional, la calidad de Operador Económico Autorizado, OEA.

  • Es de anotar, que el OEA es el resultado de cooperación y trabajo conjunto entre entidades estatales, el sector empresarial colombiano, la Organización Mundial de Aduanas y el Banco Interamericano de Desarrollo; el programa es acogido internacionalmente por varios países que ya cuentan con programas de seguridad y facilitación implementados y en marcha; tal es el caso de algunos de los principales socios comerciales de Colombia.

  • El programa del Operador Económico Autorizado fue implementado en Colombia en 2011 y actualmente, permite la participación de empresas exportadoras, las cuales deben tener un historial satisfactorio de cumplimiento de sus obligaciones y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 1°- Resolución 11435 de 2011 fundamentados en la seguridad de sus operaciones y la prevención de contaminación de su carga.

  • Este programa comprende dentro de sus objetivos constituirse en una herramienta para la seguridad de la cadena logística, alcanzar mejores niveles de competitividad en las empresas y por esta vía, fortalecer los lazos comerciales con terceros países a través de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, en los que las autoridades están trabajando.

  • Dentro de los beneficios directos que recibirán las empresas autorizadas como OEA, se encuentran la disminución del número de inspecciones físicas para las operaciones de exportación por parte de la DIAN y la Policía Nacional, así como la asignación de un oficial de operaciones por parte de cada autoridad de control que brindará soporte en las operaciones de comercio exterior, así mismo beneficios tributarios para los responsables del impuesto sobre las ventas quienes podrán solicitar la devolución de saldos a favor en forma bimestral, y la devolución del IVA en 30 días y no en 50.

  • La autorización otorgada gratuitamente tiene una vigencia indefinida.

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