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Al conmemorarse el Día Internacional del Trabajo Doméstico, desde el Ministerio se recordó que se considera como trabajadores del servicio doméstico a todo el personal que labora para un hogar e incluye choferes, jardineros y cuidadores de fincas, los que tendrán una jornada laboral de 10 horas como máximo y con derecho a un día de descanso remunerado si han laborado 6 días a la semana, a pago de dominicales, festivos y horas extras.

Así mismo, se mencionó que según las normas laborales se han reconocido los derechos de esta población señalando que tienen derecho a cesantías, intereses a la cesantía, vacaciones, calzado y vestido de labor. De no habitar en el lugar de la prestación del servicio, también tienen derecho a auxilio de transporte.

El salario que devengarán los trabajadores domésticos es el correspondiente como mínimo al de salario mínimo establecido. Si se requiere pago en especie, por ejemplo, lo relacionado con habitación y alimentación, solo se puede pactar el 30% de dicho salario.

En cuanto a la protección y Seguridad Social, este sector de la población debe estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones, riesgos laborales y adicionalmente, con el Decreto 721 de 2013, a las Cajas de Compensación Familiar para ser beneficiarias de los servicios de educación, recreación, turismo, bono de subsidio familiar, subsidio de vivienda y ser parte del Mecanismo de Protección al Cesante.

Finalmente, precisó el Ministerio de Trabajo que si la persona trabaja por días, según el Decreto 2616 de 2013 permite que se efectúe la cotización a pensiones, riesgos laborales y caja de compensación de acuerdo a los días laborados a la semana, subsistiendo la afiliación al régimen subsidiado de salud.

Para más información, consultar la cartilla del Servicio Doméstico del Ministerio del Trabajo, haciendo clic aquí.

A mayo de 2015, 9 millones 288 mil 829 colombianos estaban afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, (SGRL), según lo dio a conocer la directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, Andrea Torres Matiz, en el seminario "Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST".

En el encuentro dirigido a empleadores del sector público y privado, se compararon las cifras con el mismo periodo de 2014, que registró 8 millones 621 mil 759 afiliados, es decir, 667.070 nuevos afiliados, que representa un aumento del 8 por ciento. En 2013 la cifra alcanzó los 8 millones 306 mil 924 trabajadores incorporados al sistema.

Con respecto al departamento del Magdalena se reporta un aumento de afiliados a riesgos laborales. A mayo se registraron 97 mil 222 afiliados, 3 mil 349 accidentes laborales y 3 muertes.

Los sectores que registran mayores casos de accidentalidad y muertes en el departamento son agricultura, inmobiliario, construcción y transporte.

Durante el encuentro también se presentaron los beneficios del Sistema de Riesgos Laborales como prestaciones económicas y asistenciales al trabajador afiliado para cubrir las consecuencias derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, acompañadas de actividades de promoción del bienestar laboral y medidas de prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

La funcionaria resaltó que la cartera laboral ha venido modificando el SGRL con el fin de ampliar la cobertura de trabajadores afiliados al sistema así como del informal dentro de las 10 Administradoras de Riegos Laborales (ARL) que funcionan en el país.

El mayor número de afiliados está en la ARL pública, que es Positiva de Seguros con el 40%, otro 40% se encuentra en otras tres ARL privadas, según reportes a diciembre de 2014 y suministrados por las ALR al Ministerio del Trabajo.

En el seminario participaron cerca de 400 personas entre jefes de talento humano, planeación, responsables del área del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y los integrantes del Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 25 microempresas, 64 pequeñas, 48 medianas y 38 grandes empresas de la región.

Los próximos seminarios se llevarán a cabo en Ubaté (Cundinamarca) e Ibagué el 24 de julio; en Manizales, Barranquilla, Popayán, Armenia, Puerto Asís y Socorro el 28 de julio.

El 29 en Bucaramanga, San Gil y Pereira; y el 30 y el 31 de julio en Cúcuta y Neiva.

El Gobierno puso en marcha oficialmente los llamados Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, el programa que permitirá a los colombianos más pobres y que no alcanzan a cotizar para una pensión, llegar a la etapa de retiro con tranquilidad y bienestar.

Los BEPS son un mecanismo de ahorro voluntario dirigido a 7 millones de colombianos, -población a la que sus ingresos no les permite contar con una pensión- para que puedan ahorrar de manera individual, independiente, autónoma y voluntaria, con el fin de asegurar una protección en el futuro.

Este programa permite que los ciudadanos que se vinculen puedan ahorrar el dinero que puedan cuando puedan; y al llegar la edad de retiro (57 años mujeres – 62 años hombres) el Estado premiará su esfuerzo en el ahorro con un subsidio del 20 por ciento sobre lo ahorrado. Es decir que por cada $100.000 aportados por el vinculado el Estado entrega $20.000.

Durante la presentación de este programa del Gobierno Nacional, que lidera el Ministerio del Trabajo, y administra Colpensiones, el presidente Juan Manuel Santos, señaló que con la puesta en marcha de los BEPS, su Gobierno está cumpliendo con las metas propuestas en materia de protección para los colombianos, con iniciativas más incluyentes y equitativas, con las que busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las familias del país.

Por su parte el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, destacó la labor que ha venido desarrollando Colpensiones al sacar adelante el Régimen de Prima Media, RPM, como beneficio a los trabajadores y aseguró que el trabajo que se ha hecho para corregir más de dos millones de historias laborales es meritorio.

"Colpensiones viene haciendo la tarea. No sólo dio respuesta a la herencia que dejó la anterior administradora de pensiones el Estado sino que está demostrando que tiene cómo darle una mano a los trabajadores colombianos y a sus familias".

Los BEPS ofrecen ventajas a sus ahorradores como el no cobro por consultar el saldo, por recibir el extracto de aportes y mensajes de celular con información sobre el programa. Todos los anteriores gastos administrativos son cubiertos por el Gobierno Nacional, lo cual garantiza al vinculado que nunca reflejará descuentos en su cuenta individual BEPS y sí por el contrario, tendrá ganancias.

Los vinculados pueden ahorrar desde $5.000 hasta $885.000 al año. Colpensiones será la entidad que resguardará los recursos de los colombianos vinculados a este programa, y que se destinarán a garantizar el amparo para la vejez y el retiro laboral digno.

El vinculado tendrá cuatro alternativas para destinar los recursos: recibir un ingreso cada dos meses por el resto de la vida con el subsidio del 20%; pagar total o parcialmente un inmueble de su propiedad con el incentivo del 20%; trasladar los recursos ahorrados en BEPS a la Administradora de Pensiones a la que encuentre afiliado si le alcanza para obtener la pensión. O solicitar la devolución de la suma ahorrada más sus rendimientos en un único pago, sin el subsidio del 20%.

El programa, en etapa previa al lanzamiento, ya logró vincular a más de 50 mil colombianos en distintas regiones del país, de los cuales ya 353 municipios reciben su BEPS como fruto del ahorro.

Los BEPS cuentan con una Red Integral de Atención de Servicio con alcance nacional para atender a todos los vinculados a través de oficinas en las ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) y 66 puntos de atención distribuidos en todo el país, y un grupo de gestores itinerantes en Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Para facilitar el ahorro de los vinculados, Colpensiones pone a disposición de los ciudadanos más de 8.000 Puntos de la red de recaudo VIA Baloto ubicados en droguerías, tiendas, supermercados y demás establecimientos cercanos a los ahorradores. Los interesados en consultar los puntos de recaudo autorizados, podrán hacerlo ingresando a la página web www.beps.gov.co

DATO
De los 21 millones de trabajadores que tiene Colombia, sólo 7 millones están ahorrando para obtener una pensión, y sólo tres millones se pensionarían. Por eso el Gobierno Nacional diseñó y puso en marcha un conjunto de alternativas y programas para que más colombianos tengan un futuro digno y con tranquilidad.

Estas son las alternativas y programas:
Cotización por días: para que más colombianos tengan protección en su vejez, en febrero del presente año se puso en marcha esta nueva modalidad de cotización a pensión. Para los trabajadores que laboran por días, como jornaleros, trabajadores independientes o del servicio doméstico, el Gobierno Nacional diseñó el esquema de Cotización por Semanas que les permite aportar para su pensión sólo por los días laborados. A la fecha ya hay 12.000 personas que cotizan por semanas. Con esta iniciativa más colombianos están aportando para tener una vejez digna y tranquila.

Pensión Familiar: esta alternativa permite que las parejas Sisbén I y II que llegaron a la edad de pensión pero individualmente no alcanzaron las semanas, puedan sumarlas y así contar con una mesada familiar que les permita vivir con dignidad.

El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, propuso varias alternativas para que los jóvenes entre 24 y 28 años que se encuentran remisos, accedan a empleo, entre ellas la de decretar una amnistía en el requisito de la libreta militar para ellos.

Otra propuesta es que se les permita trabajar y que puedan pagar su libreta militar un año después con su propio salario. También planteó la posibilidad de que se les permita hacer el pago a cuotas.

El Ministro del Trabajo explicó que estas propuestas se las ha planteado al Ministro de Defensa y a las Fuerzas Militares y que en ningún momento buscan desestimular el requisito de la libreta militar para conseguir empleo.

Durante la presentación de la "Iniciativa Por los Jóvenes" de la empresa Nestlé Colombia, el Jefe de la Cartera Laboral señaló que la principal barrera que se encuentran hoy los jóvenes en el país es la libreta militar. "No estoy desestimulando la libreta Militar, el hecho de que haya que resolver ese tema no significa no cumplir con la responsabilidad. Simplemente hemos generado un debate grande en el Gobierno, y a uno le aterra que de un millón de jóvenes, 565 mil entre los 18 y 28 años no hayan resuelto su situación de libreta militar", sostuvo Garzón.

Explicó que esta es una tendencia de informalidad o de ilegalidad por diversas razones, entre ellas el hecho de que más de 500 mil jóvenes mayores de 24 años hacia arriba son remisos.

Por eso, dijo, "Hemos planteado presentar un Proyecto de Ley para que declaremos la amnistía a esos jóvenes y se agreguen elementos como el que paguen la libreta al año de estar trabajando o de forma diferida".

A partir del 10 de julio, el Ministerio del Trabajo iniciará la primera jornada de 60 que se realizarán en el país, dirigidas a empleadores del sector público y privado para brindar herramientas en beneficio del fortalecimiento de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST, con beneficios e impacto en la salud de los trabajadores y contribuir en su bienestar y calidad de la vida laboral.

La directora de Riesgos Laborales, Andrea Torres Matiz, señaló: "El Ministerio del Trabajo tiene las botas puestas y se ocupa en cada una de las regiones para apoyar a las empresas a que saque adelante el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y sólo así, lograremos reducir las tasas de accidentalidad de los trabajadores del país".

Los seminarios se realizarán durante el segundo semestre, con los cuales se busca que los empleadores del sector público y privado definan las directrices de cumplimiento obligatorio para implementar el Sistema en materia de riesgos laborales en las empresas del país.

Las jornadas abren espacios para compartir, actualizar, unificar conceptos y criterios desde lo técnico, lo social e institucional para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo de los empleados colombianos.

El Sistema antes conocido como Salud Ocupacional busca identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema en la respectiva empresa y cumplir de esta manera con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

La nueva medida también señala que se debe adelantar una revisión del SG-SST por lo menos una vez al año, cuyo resultados servirán para implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar.

Las empresas que no cumplan con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en sus empresas podrán ser sancionadas con multas hasta de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y en caso de reincidencia se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de 120 días o cierre definitivo de la empresa.

Es importante recordar que la aplicación de la norma es gradual, la cual en diciembre próximo debe estar implementada por las empresas de menos de 10 trabajadores. En junio de 2016, entrará a regir para las empresas con 100 a 200 trabajadores y en diciembre del mismo año para las compañías de 201 o más trabajadores.

El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección de Riesgos Laborales con el apoyo de las Direcciones Territoriales y la red de Comités seccionales y locales del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizarán los primeros 12 seminarios en Florencia, Santa Marta, Bogotá, Ibagué, Tunja, Barranquilla, Popayán, Manizales, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta y Neiva, los cuales contarán con la participación de 400 asistentes en cada evento. Igualmente, se realizarán talleres para grupos de 100 personas.

En ellos podrán participar, el jefe de talento humano, planeación, responsable del área del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y los integrantes del Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Buscar alternativas de formación para el trabajo y el empleo, así como generar una segunda oportunidad para llegar a los caminos hacia la resocialización para aquellas personas que están privadas de la libertad a través de la implementación del Teletrabajo, fue protocolizado por el Gobierno Nacional en la cárcel de Mujeres el Buen Pastor, en Bogotá.

Los ministros del Trabajo, Luis Eduardo Garzón; Yesid Reyes, ministro de Justicia; y los viceministros de las TIC, María Carolina Hoyos y el de Relaciones Laborales e Inspección, Enrique Borda, firmaron un Convenio para implementar un plan maestro de Teletrabajo, que permita a esta población capacitarse y posteriormente ser apta para utilizar esta novedosa herramienta.

"Los tres ministerios estamos comprometidos con ustedes y tendrán la garantía del Estado y a nombre del Presidente Santos es una manera de hacer hechos de paz y por ello, le estamos apostando a hechos muy concretos como estos".

El ministro Lucho aseguró que "La medida permitirá una salida y un ingreso directo al trabajo, unos espacios de resocialización en el menor tiempo posible para estas mujeres que por alguna circunstancia de la vida cometieron un error. A ellas hay que darles una oportunidad, pues cuando salgan al cumplir su condena, la sociedad tiene que aceptar que esta población tiene una oportunidad, así se plantea actualmente con un guerrillero también se puede hacer con mujeres de este escenario que no pueden estar estigmatizadas de por vida".

Por su parte, la viceministra TIC, María Carolina Hoyos; explicó: "Esta herramienta busca ayudar a cumplirle los sueños a muchas personas, madres cabeza de familia que quieren ser productivas y qué mejor herramienta que la tecnología para convertirlas en la mejor cómplice posible para desarrollar una vida más próspera, pues son mujeres con sueños".

Actualmente más de 40 mil personas teletrabajan en el país, la meta para 2018 es alcanzar 120 mil personas.

La iniciativa en las cárceles será implementada en las penitenciarías El Buen Pastor, la de Tunja y San Andrés.

Además se instalarán puntos digitales en varias cárceles del país que proveerá las herramientas de ocupación en alfabetización digital y acceso a las nuevas tecnologías para la población vulnerable mencionada.

Hoy la cárcel Distrital de Bogotá cuenta con un Punto Vive Digital donde ya arrancó un proceso piloto que capacita a 60 mujeres en el manejo de las tecnologías, ofertan vacantes para que las personas privadas de la libertad desarrollen labores conforme a las políticas de seguridad y a las restricciones que corresponden al régimen penitenciario.

Para Stephanie Méndez, de 24 años edad y quien cumple una condena de 17 años por homicidio, la medida del Teletrabajo le ofrece una alternativa laboral: "Me beneficia mucho porque puedo reducir pena, puedo darle un aporte a mi hijo de cuatro años y a mi familia y puedo resocializarme cuando salga y ser una mejor persona".

El ministro de Justicia, Yesid Reyes también anunció que la "Entidad fomentará un 10% de sus trabajadores para aprovechar esta herramienta en el transcurso de un año. Igualmente, lograr una resocialización de la población privada de la libertad que les brinda oportunidades para estudiar o trabajar en los centros de reclusión para que puedan reinsertarse a la sociedad, cumplir con la pena a través de descuentos punitivos y solucionar el hacinamiento carcelario".

El titular de la Cartera Laboral también anunció que ahora se trabajará con el SENA para hacer un esfuerzo del Teletrabajo con bilingüismo.

El Embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Luis Carlos Villegas, y Richard F. Griffin Jr., Consejero General de la Junta Nacional de Relaciones Laborales de los Estados Unidos (NLRB-por sus siglas en Inglés), firmaron un Memorando de Entendimiento para la promoción y protección de los derechos laborales de los colombianos que viven en los Estados Unidos.

"Este acuerdo facilita el acceso de la comunidad colombiana en Estados Unidos a herramientas que les permitan garantizar sus derechos laborales, independiente de su situación migratoria," expresó el Embajador Villegas luego de la firma.

El Memorando permite que los colombianos, tanto empleados como empleadores, tengan mayor conocimiento de sus derechos y responsabilidades laborales de acuerdo con la legislación estadounidense, más allá de su condición migratoria, y con una perspectiva basada en la igualdad de género y de derechos.

Bajo este instrumento también se abre la posibilidad de que el gobierno colombiano, a través de sus consulados, acceda a capacitaciones y otras actividades de cooperación que le permitan fortalecer sus habilidades para brindar una mejor orientación a la comunidad colombiana con respecto a sus derechos laborales en los Estados Unidos.

Buscando atacar la informalidad del 90 por ciento que afecta al campo, la baja remuneración de los trabajadores campesinos y los índices de pobreza en esta población que están por el orden del 40 por ciento, El Gobierno colombiano y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, suscribieron hoy aquí un memorando de entendimiento en el que se sientan las bases para, desde hoy y durante cuatro años, hacer esfuerzos conjuntos para avanzar en el empleo decente en el sector rural colombiano.

Para ello adelantarán acciones que impulsen el desarrollo sostenible, la generación de puestos de trabajo decentes para consolidar el campo colombiano como motor de crecimiento y la reparación a las víctimas del conflicto armado y a sus comunidades son acciones indispensables en un escenario de restablecimiento de los ingresos, la dignidad, la confianza y la esperanza de los trabajadores rurales.

El Memorando de Entendimiento se suscribió entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Organización Internacional del Trabajo, representada por la Oficina Internacional del Trabajo.

El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, destacó el hecho de que "El campo, que ha sido centro de confrontación, de la guerra, del olvido, la tragedia y el dolor, sea hoy visto con optimismo y con posibilidades de sacarlo adelante". Resaltó también que esta alianza esté centrada en los trabajadores, el campesino raso, el jornalero, lo que permitirá hacer frente a las ausencias las ausencias que tiene campo, donde las mujeres mantienen una forma de trabajo feudal, los jóvenes tienen que desertar por falta de oportunidades y el trabajo infantil es una práctica normal bajo el pretexto de que la sociedad familiar está anclada en la lógica del trabajo.

El jefe de la Cartera Laboral explicó que todas las centrales obreras y los empresarios a través de la Andi acompañaron y están de acuerdo con la suscripción de este memorando de entendimiento y anunció que otras instituciones estarán siendo invitadas a formar parte de esta alianza, porque "Esto es una minga por la paz en el campo", concluyó.

El objetivo principal del MdE es promover la cooperación entre la OIT y las instituciones colombianas que lo suscriben, para el diseño e implementación de una iniciativa integral compuesta de varias líneas estratégicas, entre las cuales están la inclusión en la vida productiva, el trabajo decente en el campo, el fortalecimiento de las políticas integradas dirigidas a mejorar las condiciones de los trabajadores rurales y sus organizaciones, y el unir esfuerzos, recursos y capacidades para fortalecer, desarrollar e implementar las áreas de cooperación, mediante proyectos específicos, en las regiones del país que se determine y en las áreas técnicas y temáticas inherentes a los Ministerios de Trabajo y de Agricultura y Desarrollo Rural, al SENA y al DPS, como organismos rectores de las políticas de empleo y desarrollo social rural.

Los firmantes se apoyarán mutuamente para promover el fortalecimiento del desarrollo rural, especialmente en las siguientes áreas:

1. Política pública de trabajo decente en el campo - Formalización y promoción del empleo rural, para propiciar la generación de ingresos y empleos decentes, aumento de la productividad y formalización en la economía rural, con particular atención a los grupos con enfoque diferencial: comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, desplazadas y víctimas del conflicto armado, entre otros.

2. Promoción y respeto de los principios y derechos fundamentales del trabajo, en especial (a) la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; (c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

3. Formalización laboral y Protección Social, mediante el establecimiento de pisos de protección social, cuando no existan, y la extensión de la cobertura de la seguridad social, adaptada a la economía rural y a la agricultura, así como el cubrimiento de los riesgos ambientales.

4. Asociatividad y emprendimiento, mediante el apoyo a las organizaciones comunitarias y asociaciones, para la gestión y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo rural y agropecuario con enfoque territorial que fortalezcan las habilidades de los trabajadores rurales en términos de organización, comercialización y mejoramiento de la competitividad, con énfasis en aquellos que tienen sistemas productivos de agricultura familiar.

5. Empleo juvenil rural y equidad de género, que promueva la permanencia de los jóvenes en el campo y el relevo generacional, así como el desarrollo de políticas activas de mercado de trabajo con enfoque diferencial para mujeres del campo.

6. Promoción del diálogo social tripartito, mediante el fomento de una cultura de cumplimiento y de aplicación de los derechos sociales, económicos y laborales y el fortalecimiento de la administración del trabajo.

7. Promoción de un entorno favorable para las empresas sostenibles, en el desarrollo de cadenas de valor y el fortalecimiento de servicios financieros y no financieros en el desarrollo empresarial adaptado al contexto rural, teniendo en cuenta el enfoque territorial.

8. Formación para el Trabajo. Programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades a la población rural y la ampliación de oportunidades de acceso al mercado laboral o actividades de emprendimiento a través del Servicio Público de Empleo.

9. Propiciar el desarrollo económico y social local, mediante la promoción de una economía verde y la diversificación productiva entre actividades agrícolas y no agrícolas y el mejoramiento de la productividad en las pequeñas empresas y emprendimientos rurales.

Un comité Directivo, de cual forman parte todas las instituciones firmantes, se encargará de proporcionar directrices para promover el diseño y realización de programas y actividades dirigidas a promover el trabajo decente en el campo, definir conjuntamente con la OIT la selección de las zonas de intervención, de la población beneficiaria y de los enfoques adoptados, así como, entre otras tareas, procurar la consecución de los recursos financieros para la implementación del MdE, previa disponibilidad presupuestal, mediante la suscripción de convenios de cooperación.

Entre las tareas de la OIT están el brindar el acompañamiento, asesoría y apoyo técnico a las instituciones gubernamentales nacionales (ministerios e instituciones públicas adscritas), regionales y locales, así como las organizaciones de empleadores y trabajadores, organizaciones comunitarias y de la economía social y solidaria y otras organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados con el objeto de este MdE.

Esto incluye la difusión de información y asesoramiento en materia de legislación, programas de formación y capacitación, identificación de necesidades, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos e intervenciones en materia de desarrollo rural, metodología de trabajo e intercambio de buenas prácticas. Así mismo, asegurará la transferencia de competencias de sus metodologías y herramientas.

Además, la OIT implementará proyectos de cooperación técnica con fondos de las instituciones del Gobierno o de terceras partes, de acuerdo con la previa suscripción de convenios de cooperación específicos, en el marco del presente MdE.

Colombia no fue incluida en la lista de los 25 países que son llamados de manera individual a rendir explicaciones sobre el cumplimiento de las normas laborales, de acuerdo con las observaciones realizadas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

Lo anterior significa que Colombia es considerada con satisfacción e interés como un caso de progreso en el respeto de los derechos laborales e inspección laboral. El año pasado, el país había sido incluido en dicha lista.

El anuncio se hizo en el desarrollo de la 104° Conferencia Internacional del Trabajo que tiene lugar en Ginebra, Suiza, en la cual se analizan las políticas para la creación de empleo, transición desde la economía informal y protección social de los trabajadores.

"Lo más decente para el trabajo es que quien promueve el trabajo decente que es la OIT nos haya dado un certificado de progresos serios en la vía del trabajo como debe ser", declaró el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón al conocer la decisión. Sostuvo que "Esa decisión de la OIT de no incluir a Colombia en la lista de los 25 estados o gobiernos que tienen que rendir cuentas, cosa que sucedió el año pasado y que hoy hemos superado, es para nosotros como Gobierno, para el Presidente Santos, y para todos los colombianos un gran mensaje".

Destacó además como argumentos importantes en la toma de dicha decisión los avances en la negociación colectiva en materia estatal, los logros en la negociación del magisterio, la manera como se ha afrontado el tema de la formalización y la lucha contra la tercerización arbitraria.

Garzón reconoció el aporte que en estos avances han hecho las organizaciones sindicales y los empresarios que desde la ANDI han sido participes de un tripartismo en el que trabajadores, empleadores y Gobierno se han puesto de acuerdo para avanzar en la vía del trabajo decente.

El Ministro del Trabajo subrayó cómo en materia de formalización ingresaron al mundo de la seguridad social; taxistas, manicuristas, madres comunitarias, trabajadores del servicio doméstico; y avances con los sectores de las flores, la caña de azúcar y los trabajadores portuarios.

También resaltó los progresos con el Servicio Público de Empleo, que cierra las puertas a la vinculación arbitraria de trabajadores y los logros en la negociación colectiva, de los cuales afirmó: "No son cualquier cosa, pues beneficia a más de un millón de colombianos que trabajan en el Estado, lo que hace de ello uno de los avances más importantes".

Hace más de dos años, en abril de 2013, se expidió el decreto reglamentario que estableció las bases para formalizar a los trabajadores de servicio doméstico, solo ocho mil colombianos dedicados a esta actividad cotizaban para pensión, seguridad social y riesgos laborales. Hoy, esa cifra se ha incrementado casi 15 veces, pues a marzo de este año un total de 106 mil 480 aparecen ya como formalizados.

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, el año pasado había en Colombia 709 mil 909 trabajadores del servicio doméstico, de los cuales el 5 por ciento eran hombres. De ellos, el 44 por ciento, es decir 313 mil 909, están entre los 41 y 60 años de edad.

La misma fuente indica que el 12 por ciento de esta población son técnicos y tecnólogos mientras que el 9 por ciento no cuenta con una capacitación académica.

Según dicha encuesta del DANE 116 mil 898 trabajadores del servicio doméstico cotizan para una pensión.

De otra parte, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, con corte a marzo de este año, permite establecer que había un total de 106 mil 480 trabajadores del servicio doméstico que hacían pagos, es decir están formalizados.

En diciembre de 2012, el Gobierno Nacional ratificó la necesidad de priorizar la atención sobre el empleo doméstico mediante la promulgación de la Ley 1525, por medio del cual se aprueba el "Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como una de las medidas para dar alcance a la Ley 1525 de 2012, el 15 de abril de 2013 se expide el Decreto 721 de 2013. El objetivo principal del decreto es regular la afiliación de los trabajadores del servicio doméstico al Sistema del Subsidio Familiar y asegurar condiciones de igualdad entre los trabajadores del servicio doméstico y los demás trabajadores dependientes.

En esa línea, actualmente los trabajadores de servicio doméstico, en su inmensa mayoría mujeres, muchas de ellas madres cabeza de familia, son ahora más formales, y más importante aún tienen acceso a todos los beneficios del Sistema del Subsidio Familiar como, el subsidio monetario, la posibilidad de la compra de su casa propia gracias al subsidio de vivienda que ofrecen las Cajas de Compensación Familiar, oportunidades de recreación, entre otras.

Los Departamentos con mayor afiliación, según lo reportado por la Superintendencia del Subsidio Familiar son Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Cundinamarca, predominando la afiliación en la ciudad de Bogotá.

Principales aspectos del decreto 721 DE 2013
Dada la condición de vulnerabilidad con respecto a la relación laboral de los empleados del servicio doméstico, el decreto establece una garantía de las condiciones laborales como los es la afiliación por parte de los Empleadores al Sistema del Subsidio Familiar.

Los trabajadores del servicio doméstico deberán ser afiliados por la persona natural para quien presten los servicios en la Caja que el empleador elija.

Los pagos se realizan a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA.

Los Trabajadores del servicio doméstico pueden acceder a todos los beneficios del Sistema del Subsidio Familiar.

Los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar deben definir políticas de acceso y prestación de servicios para estos trabajadores, que a la fecha tienen acceso y goza de los mismos beneficios como cualquier otro trabajador afiliado a las Cajas.

La Superintendencia del Subsidio Familiar asegurará el cumplimiento de las disposiciones adoptadas.