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En la última sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, las centrales sindicales propusieron un incremento salarial para el 2018 entre el 10% y 12%, mientras que los gremios económicos, entre 4,5% y 4,7%.

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, propuso un aumento del 12%, mientras que la Confederación General del Trabajo, CGT, y la Central de Trabajadores de Colombia, CTC, 10%. Por su parte los gremios de la producción plantearon sus propuestas así: ANDI y FENALCO, 4,7%; SAC, 4,6%, y ASOBANCARIA y ACOPI, 4,5%.

Al término de la tercera sesión de negociación, la ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego se mostró optimista de los avances de las conversaciones: “la jornada de hoy presenta un balance bastante positivo, cada una de las partes presentó sus ofertas basadas en el análisis y las consideraciones de cómo ven la economía. Lo más importante es que he visto tanto por parte de líderes sindicales como de los representantes de los gremios, interés de dialogar y de llegar a una posible concertación, pese a las diferencias que, como es obvio, tienen respecto a la percepción y a la realidad del país”.

Restrepo Gallego informó adicionalmente que la mesa de concertación en pleno se volverá a reunir el próximo miércoles, 13 de diciembre de 2017, no obstante que el siguiente lunes y martes, se llevarán reuniones bilaterales entre gremios económicos y centrales sindicales, y encuentros por separado de cada una de las partes con la Ministra del Trabajo y otros representantes del Gobierno Nacional.

Sobre las cifras propuestas, el vicepresidente de asuntos económicos de ASOBANCARIA, Jonathan Malagón, dijo que “este proceso de negociación apenas comienza, es la primera postura de los gremios y de los sindicatos, tendremos unos días de mucho trabajo para llegar a una posible concertación, vendrán reuniones bilaterales con nuevos argumentos, y allí miraremos nuevas propuestas. El espíritu de esta negociación es encontrar la concertación”.

Por su parte el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, señaló que, “he propuesto en el marco de esta negociación concretar un diálogo que permita llegar a un acuerdo en materia salarial con justicia social y que atienda realmente las necesidades de los trabajadores colombianos. Entre todos tenemos que hacer esfuerzos para trazar una hoja de ruta entorno a esa cifra del salario mínimo”.

Finalmente la titular de la cartera laboral afirmó que el Gobierno Nacional está haciendo su mayor esfuerzo para concretar una concertación e invitó al país a rodear la mesa de negociación salarial con el fin de encontrar fórmulas que permitan avanzar a través del diálogo para llegar a un consenso que beneficie a todas las partes.

Con la participación de todos los integrantes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL), de la que hacen parte miembros del Gobierno Nacional, centrales de trabajadores y gremios de la producción, este martes comenzaron formalmente las discusiones para definir la variación del salario mínimo de 2018.

La primera jornada estuvo presidida por la ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, quien presentó el panorama de la economía y de la generación de empleo desde la llegada del Gobierno del Presidente Santos: 3 millones 954 mil empleos, a lo que se suma la cifra más alta de formalidad laboral en la historia de Colombia.

La titular de la cartera laboral invitó a buscar la ruta del diálogo y la concertación: “El Gobierno hará su mejor tarea y esfuerzo para acercar a las partes. Esta es una oportunidad maravillosa de ser capaces de encontrar la ruta para mostrarle a Colombia que se puede mediante el diálogo social y la concertación”.

“Invito a empresarios y trabajadores a que seamos capaces con el Gobierno de encontrar una fórmula de concertación del salario para el año 2018. De eso se trata esta mesa, de hacer análisis y discusiones serenas para poder llegar a puntos que nos acerquen y nos permitan avanzar frente a la Colombia del futuro”, puntualizó la titular de la cartera laboral.

Por su parte el viceministro Técnico de Hacienda, Andrés Mauricio Velasco, presentó las cifras macroeconómicas y del mercado laboral.

Está previsto que el Departamento Nacional de Planeación, DNP presente la cifra de productividad y su aporte al crecimiento de la economía, la cual es determinante para los parámetros económicos que se tienen en cuenta para definir el salario mínimo. También intervendrá el Banco de la República y el DANE.

Otros de los parámetros económicos fijados para la negociación del salario mínimo es el IPC del año causado (2017) y su proyección para el año siguiente (2018); y el PIB del presente año y su proyección para el año siguiente año. De igual forma, en los análisis económicos se tiene en cuenta la meta de la inflación fijada por el Banco de la República para el próximo año.

Las ofertas de centrales sindicales como de los gremios económicos sobre el incremento del salario mínimo se conocerán este jueves 7 de diciembre.

En el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales (CPCPLS), que sesionó en las instalaciones del Ministerio del Trabajo, la titular de la cartera laboral Griselda Janeth Restrepo Gallego dio a conocer el cronograma y la agenda prevista para la negociación del salario mínimo 2018.

Según lo definió la CPCPLS, el 21 de noviembre de 2017 en la sede de MinTrabajo, empezó la discusión en relación con la productividad, una de las variables económicas que se tienen en cuenta para la fijación del salario mínimo. El análisis sobre este tema se llevará a cabo en el transcurso de la presenta semana y se podría extender sí así lo definen los miembros de la Subcomisión integrada con este objetivo.

Posteriormente, a partir del 5 de diciembre en las instalaciones de Compensar de la calle 68, se da inicio a las discusiones en torno al salario mínimo, con la exposición por parte de las entidades del Gobierno: Ministerios del Trabajo, Hacienda, Banco de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Dane, de las respectivas valoraciones de la situación económica del país, teniendo en cuenta los aspectos fijados para este incremento: Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año causado y su proyección para el siguiente; PIB del presente año y su proyección; y el aporte de la productividad al crecimiento de la economía.

Para el 7 de diciembre está previsto que sector empresarial y organizaciones sindicales presenten sus ofertas. Las negociaciones sobre salario mínimo en la etapa inicial podrían extenderse hasta el 15 de diciembre, fecha del primer vencimiento para que las partes lleguen a un acuerdo. El plazo máximo legal para la expedición del decreto con el incremento del salario mínimo es el 30 de diciembre.

Al término del encuentro, la Ministra Griselda Janeth Restrepo Gallego, en compañía del presidente de la CUT, Alejandro Pedraza, en representación de las centrales obreras, y Alberto Echavarría, vocero de la ANDI y en representación de los gremios de la producción, expresó que, “todas las partes que conforman esta Comisión estamos optimistas: el Gobierno Nacional, el sector sindical y los gremios económicos, tenemos la responsabilidad de encontrar una fórmula que nos permita llegar a un consenso respecto al salario mínimo para el 2018, y vamos hacer todos los esfuerzos para que sea a través del diálogo social y la concertación que podamos llevar a cabo esta discusión tan trascendental para los trabajadores colombianos”.

Presidida por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección (e), Liliana Ojeda Tirado; y el viceministro de Empleo y Pensiones, Fredys Socarrás Reales, se adelantó una reunión con las líderes de los diferentes sindicatos de las trabajadoras domésticas del país, las cuales expusieron una ‘Agenda Sindical del Sector Doméstico’, iniciativa que será incorporada a los diferentes temas de análisis de la Mesa de seguimiento a la implementación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadores domésticos.

Es de recordar que el Gobierno Nacional expidió la Ley 1788 del 7 de julio de 2016 que ordena el pago de la prima de servicios para estos trabajadores, tema sobre el cual ayer ante la comisión séptima de la Cámara de Representantes, el viceministro Socarrás expuso los avances y retos del Gobierno en materia de formalización para este renglón.

Entre los temas de la ‘Agenda Sindical del Sector Doméstico’, las voceras de los sindicatos destacaron la erradicación de la discriminación racial y de género, la promoción de procesos de capacitación para las organizaciones sindicales de este rubro, jornada máxima para las trabajadoras domésticas internas, regulación del trabajo doméstico interno y la adecuación de las normas sobre acoso laboral, entre otros.

“Todas las inquietudes propuestas van a ser tenidas en cuenta. Además del cumplimiento de la normatividad para el pago de la prima de servicios que se debe cumplir en junio y diciembre, buscamos que se le respeten todos los derechos laborales a esta población y el mejoramiento de las condiciones en su sitio de trabajo”, afirmó Ojeda Tirado.

En igual sentido, la presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico en Colombia, UTRASD, María Roa, indicó que “en este encuentro hicimos énfasis en la problemática que atravesamos como víctimas de discriminación racial y de género; llamamos la atención no solo del Gobierno sino de todos los colombianos, de los empleadores en general, para que se nos respeten nuestros derechos, para erradicar la explotación y el acoso laboral que tanto nos afecta”.

Por su parte el viceministro Socarrás Reales expuso que “esta reunión fue el preámbulo de otra que adelantaremos el próximo 18 de octubre en la que también participará por parte del empresariado la Andi, para la cual se acordaron compromisos claros en aspectos como el de comunicaciones y divulgación por el respeto de sus derechos. Establecimos una ruta de trabajo y en síntesis lo que buscamos es que el trabajo doméstico se inscriba dentro de los parámetros del trabajo decente, una de las políticas prioritarias del Ministerio del Trabajo”.

En la reunión participaron además otras agremiaciones sindicales y entidades, tales como Intersindical, Sintraimagra, Escuela Nacional Sindical, Fundación Bien Humano, Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, Red Nacional de Formalización Laboral de MinTrabajo y otros directivos de la cartera laboral.

El viceministro de Empleo y Pensiones, Fredys Socarrás Reales, dirigió la reunión de acercamiento entre los gobiernos de Colombia y Perú, que busca establecer un acuerdo binacional de Seguridad Social en Pensiones.

El objeto es dar mayor alcance, equidad e inclusión en materia pensional a los trabajadores que hayan aportado al Sistema Pensional en los dos países.

Para el caso, se beneficiaría a los más de 53.000 colombianos que según cifras del Instituto Nacional e Información Peruano, se habrían trasladado a dicho país para el periodo 2004 a 2013.

A la reunión, también asistieron la directora para América del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricia Cortés Ortiz; la directora de Pensiones y otras Prestaciones del Ministerio del trabajo, Diana Arenas, y delegados del Ministerio de Hacienda y de la embajada de Perú en Colombia.

En la mesa intersectorial de pensiones y beneficios económicos, la Ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego lideró la reunión donde se aprobaron los incentivos de la vigencia 2017-2018 para los ciudadanos ahorradores que están vinculados al programa Beneficios Económicos Periódicos-BEPS que adelanta Colpensiones.

Se trata del estímulo que se les otorgará a las personas que han ahorrado en el programa BEPS, cuyo objetivo es mejorar el nivel de ahorro de los vinculados y activar el ahorro en los afiliados que no han realizado la primera transacción.

Al respecto, la titular de la cartera hizo un llamado: “este es un programa muy importante que le está dando oportunidad a los ciudadanos que no han tenido la posibilidad de tener un aporte efectivo para pensión, y que a través de un ahorro van a poder reactivar los recursos que han aportado…por cada peso que usted aporte, el Estado a través de Colpensiones, entrega el 20% de lo que se ahorre. De la misma manera hizo un llamado a los colombianos para que el ahorro se convierta en un hábito de vida para el futuro.

La ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, recordó a los empleadores y demás personas que empleen trabajadores domésticos que, antes que termine el presente mes de junio, deberán pagar la prima de servicios que corresponde a la mitad del salario mensual por el semestre trabajado, según la Ley 1788 del 7 de julio de 2016.

En el grupo de trabajadores domésticos se encuentra toda persona natural que presta sus servicios a los hogares en tareas como aseo, cocina, lavado, planchado, jardinería, conductor de familia y trabajadores de finca, entre otros.

“Esta es una Ley que busca reivindicar los derechos laborales de más de 730.000 trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres que se dedican a actividades caseras, y es justo reconocimiento en equidad, y nuestro llamado es para quienes contraten a estas personas cumplan sus obligaciones, para lo cual el Ministerio del Trabajo estará muy pendiente y atento a las quejas”, señaló la jefa de la cartera laboral.

La Ministra del Trabajo recordó que, de acuerdo con esta normatividad, el pago de la prima de servicios corresponde a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado.

No obstante, teniendo en cuenta que un amplio número de trabajadores domésticos en Colombia trabajan por periodos inferiores a un mes, MinTrabajo para facilidad del público ha establecido una regla para la liquidación de la prima de servicios, cuya fórmula es así:

Prima de servicios = valor del salario mensual x (número de días trabajados en el semestre) /360 (correspondiente a los días del año).

En cada caso hay que tener en cuenta que las circunstancias y el monto a pagar es diferente, pues por ejemplo, en la situación del trabajador de tiempo completo externo, se debe pagar la prima de servicios de acuerdo con el salario establecido más el auxilio de transporte; en relación con los trabajadores domésticos que residen en el lugar donde laboran, no tienen derecho a recibir el auxilio de transporte, por lo que no se incluye en la prima.

Los trabajadores de por días, debe incluírseles el auxilio de transporte en la medida en que devengan un salario diario superior a un salario mínimo, pero inferior a dos salarios mínimos.

La multa por el no pago de la prima de servicios a un empleado doméstico, es la misma que se aplica para cualquier trabajador en Colombia, contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que indica que daría lugar al pago de sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de retardo en el pago.

En la página web de la cartera laboral (www.mintrabajo.gov.co) se encuentra el documento ABC DE LA LEY 1788, donde podrá encontrar mayor información al respecto.

Para organizar una estrategia para las personas que están llegando al país, en temas de migración y formalización laboral, al Ministerio del Trabajo y específicamente a las direcciones de Empleo y Movilidad, le quedan unas tareas, señaló la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Mariella Barragán durante su intervención en la Comisión Séptima del Senado de la República.

En el debate de control político a las distintas entidades del Gobierno, en el que se analizó la problemática que hoy se vive en los departamentos colombianos en áreas geográficas de la frontera con Venezuela, la alta funcionaria acotó, que desde la entidad se pondrá en marcha la plataforma de certificación de trabajadores extranjeros en Colombia o Registro Único, Rutec, que permitirá que el empleador pueda realizar el registro automático vía web de sus trabajadores migrantes.

Desatacó el aporte de los grupos de asistencia técnica, Gatt y de los observatorios de marcado laboral, Ormet, en la formulación de políticas y proyectos que se diseñan en territorio de acuerdo a sus necesidades y según su especificidad.

En defensa de la Negociación Colectiva y el Diálogo Social para mejorar las condiciones laborales y la garantía de los derechos sindicales, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos expidió la normativa necesaria para materializar estos derechos fundamentales en el sector público. A partir de 2013, se han firmado dos acuerdos colectivos.

Siguiendo con este compromiso, el Gobierno Nacional inició la concertación de las condiciones laborales, entre otras, el incremento salarial para este año 2017. Sin embargo, en cumplimiento de un fallo de tutela, la negociación colectiva se encuentra suspendida debido a que las organizaciones sindicales no han concurrido en unidad de pliego, ni definido su representatividad en la mesa.

Para el Gobierno nacional reiniciar las negociaciones es una prioridad, pues como resultado de la concertación y el cumplimiento a los Acuerdos firmados en los años 2013 y 2015, se han generado beneficios importantes en las condiciones laborales de los empleados públicos dentro del marco jurídico y fiscal, entre ellos:

a. Se han creado 23.750 nuevos cargos para el fortalecimiento de las entidades públicas, de los cuales 19.857 son producto de formalización (antes contratos de prestación de servicios) y 3.893 nuevos cargos. Dentro de estos se fortalecieron las plantas de personal del SENA con 3.800, DIAN con 4.400 nuevos cargos e ICBF con 1.737 nuevos cargos, entre otras.
b. Se han reconocido primas y bonificaciones para los docentes, empleados de los entes territoriales y servidores de la Rama Judicial.
c. Se ha fortalecido el mérito como pilar fundamental para el ingreso al empleo público.
d. Se han consolidado mecanismos para la participación de los representantes sindicales en las decisiones de la administración.
e. Se avanza en el trámite para ratificar los Convenios de la OIT en materia de negociación sindical, para expedir un régimen laboral especial para los servidores públicos de las ESE.
f. Se radicó en el Congreso el proyecto de ley que permitirá que los servidores de salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuenten con un sistema propio de carrera administrativa y de estímulos.
g. Se impulsó y se aprobó la Ley 1780 de 2016 conocida como la Ley pro joven que permite a miles de jóvenes ingresar al empleo público sin experiencia previa.

Una vez se defina el incremento para los empleados del orden nacional, se determinarán los topes máximos de salario por los empleos del nivel territorial, con base en los cuales las autoridades competentes definirán las remuneraciones.

El Gobierno Nacional reitera que todos los servidores públicos recibirán su incremento para este año 2017 con retroactividad a 1º de enero, en lo posible de forma concertada.

Con el fin de que el Decreto 2733 de 2012, que hace referencia a la deducción de impuestos para aquellos empresarios que contraten a mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, sea una realidad y beneficie a un amplio número de afectadas, el Ministerio del Trabajo y la Dian adelantan en varias ciudades del país, jornadas de socialización de esta medida con empleadores para que conozcan las bondades y las ganancias que reconoce esta normatividad.

Esta gestión la lleva a cabo el Grupo de Equidad de Género de la cartera laboral, el cual realizó hoy una jornada en este sentido con funcionarios de la Alcaldía de Neiva (Huila): explicar al detalle los alcances de este Decreto y lograr que más mujeres víctimas de la violencia de género puedan acceder a más y mejores fuentes de empleo.

Al respecto la ministra Clara López recordó que, “los empleadores que ocupen a mujeres víctimas de distintas formas de violencia de manera comprobada, podrán reducir sus impuestos hasta en un 200% por concepto del valor de los salarios y prestaciones pagadas. Este es un Decreto muy significativo en la medida en que la autonomía económica es una de las vías más certeras para evadir el maltrato familiar, el maltrato de pareja que tanto feminicidio está generando en el país”.

Lilia Yaya, profesional del Grupo de Equidad de Género de MinTrabajo, explicó que, “con estas jornadas de socialización y campañas lo que buscamos en los territorios nacionales -alcaldías y gobernaciones-, es que los funcionarios conozcan el Decreto con el fin de que extiendan invitación a los empresarios que deseen acogerse a estos beneficios tributarios y articular la ruta a seguir para la vinculación de las mujeres víctimas”.

Por su parte, Herlinda Villareal, líder del programa de Género, sostuvo que es “necesario fortalecer esta iniciativa para las mujeres en Neiva con el fin de articular a las organizaciones y entidades en una agenda de trabajo, buscamos que se eliminen las brechas laborales y se promueva la equidad laboral con enfoque de género”. A esta reunión también asistió Ana Isabel Valencia, Gestora Social, de la administración municipal.

Según Villareal, en Neiva durante 2016, se presentaron 2040 casos de violencia, de los cuales 1.679 casos correspondieron a mujeres, razón por la que la administración municipal avanza en la iniciativa conocida como ‘Por la dignidad de la mujer’, que agrupa a varias organizaciones y entidades.

Esta tarea de socialización del Decreto 2733, la cual se realiza en conjunto entre MinTrabajo, Dian, Consejería Presidencial para la Equidad de Mujer, organizaciones de mujeres y autoridades locales, entre otros, se ha adelantado de igual forma con funcionarios de la Alcaldía de Cali, Ibagué y la Gobernación del Valle. La cartera laboral realizará esta gestión durante el segundo trimestre de 2017 en más de 10 departamentos del país, en un importante número de ciudades capitales.