Buscando atacar la informalidad del 90 por ciento que afecta al campo, la baja remuneración de los trabajadores campesinos y los índices de pobreza en esta población que están por el orden del 40 por ciento, El Gobierno colombiano y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, suscribieron hoy aquí un memorando de entendimiento en el que se sientan las bases para, desde hoy y durante cuatro años, hacer esfuerzos conjuntos para avanzar en el empleo decente en el sector rural colombiano.

Para ello adelantarán acciones que impulsen el desarrollo sostenible, la generación de puestos de trabajo decentes para consolidar el campo colombiano como motor de crecimiento y la reparación a las víctimas del conflicto armado y a sus comunidades son acciones indispensables en un escenario de restablecimiento de los ingresos, la dignidad, la confianza y la esperanza de los trabajadores rurales.

El Memorando de Entendimiento se suscribió entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Organización Internacional del Trabajo, representada por la Oficina Internacional del Trabajo.

El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, destacó el hecho de que "El campo, que ha sido centro de confrontación, de la guerra, del olvido, la tragedia y el dolor, sea hoy visto con optimismo y con posibilidades de sacarlo adelante". Resaltó también que esta alianza esté centrada en los trabajadores, el campesino raso, el jornalero, lo que permitirá hacer frente a las ausencias las ausencias que tiene campo, donde las mujeres mantienen una forma de trabajo feudal, los jóvenes tienen que desertar por falta de oportunidades y el trabajo infantil es una práctica normal bajo el pretexto de que la sociedad familiar está anclada en la lógica del trabajo.

El jefe de la Cartera Laboral explicó que todas las centrales obreras y los empresarios a través de la Andi acompañaron y están de acuerdo con la suscripción de este memorando de entendimiento y anunció que otras instituciones estarán siendo invitadas a formar parte de esta alianza, porque "Esto es una minga por la paz en el campo", concluyó.

El objetivo principal del MdE es promover la cooperación entre la OIT y las instituciones colombianas que lo suscriben, para el diseño e implementación de una iniciativa integral compuesta de varias líneas estratégicas, entre las cuales están la inclusión en la vida productiva, el trabajo decente en el campo, el fortalecimiento de las políticas integradas dirigidas a mejorar las condiciones de los trabajadores rurales y sus organizaciones, y el unir esfuerzos, recursos y capacidades para fortalecer, desarrollar e implementar las áreas de cooperación, mediante proyectos específicos, en las regiones del país que se determine y en las áreas técnicas y temáticas inherentes a los Ministerios de Trabajo y de Agricultura y Desarrollo Rural, al SENA y al DPS, como organismos rectores de las políticas de empleo y desarrollo social rural.

Los firmantes se apoyarán mutuamente para promover el fortalecimiento del desarrollo rural, especialmente en las siguientes áreas:

1. Política pública de trabajo decente en el campo - Formalización y promoción del empleo rural, para propiciar la generación de ingresos y empleos decentes, aumento de la productividad y formalización en la economía rural, con particular atención a los grupos con enfoque diferencial: comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, desplazadas y víctimas del conflicto armado, entre otros.

2. Promoción y respeto de los principios y derechos fundamentales del trabajo, en especial (a) la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; (c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

3. Formalización laboral y Protección Social, mediante el establecimiento de pisos de protección social, cuando no existan, y la extensión de la cobertura de la seguridad social, adaptada a la economía rural y a la agricultura, así como el cubrimiento de los riesgos ambientales.

4. Asociatividad y emprendimiento, mediante el apoyo a las organizaciones comunitarias y asociaciones, para la gestión y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo rural y agropecuario con enfoque territorial que fortalezcan las habilidades de los trabajadores rurales en términos de organización, comercialización y mejoramiento de la competitividad, con énfasis en aquellos que tienen sistemas productivos de agricultura familiar.

5. Empleo juvenil rural y equidad de género, que promueva la permanencia de los jóvenes en el campo y el relevo generacional, así como el desarrollo de políticas activas de mercado de trabajo con enfoque diferencial para mujeres del campo.

6. Promoción del diálogo social tripartito, mediante el fomento de una cultura de cumplimiento y de aplicación de los derechos sociales, económicos y laborales y el fortalecimiento de la administración del trabajo.

7. Promoción de un entorno favorable para las empresas sostenibles, en el desarrollo de cadenas de valor y el fortalecimiento de servicios financieros y no financieros en el desarrollo empresarial adaptado al contexto rural, teniendo en cuenta el enfoque territorial.

8. Formación para el Trabajo. Programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades a la población rural y la ampliación de oportunidades de acceso al mercado laboral o actividades de emprendimiento a través del Servicio Público de Empleo.

9. Propiciar el desarrollo económico y social local, mediante la promoción de una economía verde y la diversificación productiva entre actividades agrícolas y no agrícolas y el mejoramiento de la productividad en las pequeñas empresas y emprendimientos rurales.

Un comité Directivo, de cual forman parte todas las instituciones firmantes, se encargará de proporcionar directrices para promover el diseño y realización de programas y actividades dirigidas a promover el trabajo decente en el campo, definir conjuntamente con la OIT la selección de las zonas de intervención, de la población beneficiaria y de los enfoques adoptados, así como, entre otras tareas, procurar la consecución de los recursos financieros para la implementación del MdE, previa disponibilidad presupuestal, mediante la suscripción de convenios de cooperación.

Entre las tareas de la OIT están el brindar el acompañamiento, asesoría y apoyo técnico a las instituciones gubernamentales nacionales (ministerios e instituciones públicas adscritas), regionales y locales, así como las organizaciones de empleadores y trabajadores, organizaciones comunitarias y de la economía social y solidaria y otras organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados con el objeto de este MdE.

Esto incluye la difusión de información y asesoramiento en materia de legislación, programas de formación y capacitación, identificación de necesidades, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos e intervenciones en materia de desarrollo rural, metodología de trabajo e intercambio de buenas prácticas. Así mismo, asegurará la transferencia de competencias de sus metodologías y herramientas.

Además, la OIT implementará proyectos de cooperación técnica con fondos de las instituciones del Gobierno o de terceras partes, de acuerdo con la previa suscripción de convenios de cooperación específicos, en el marco del presente MdE.

Al fallar una acción de nulidad, la Sección Cuarta del Consejo de Estado indicó que las amnistías tributarias no pueden crear situaciones de desigualdad entre los destinatarios del beneficio que se encuentren en la misma situación de hecho.

Síntesis del caso: Mediante el Acuerdo 0013 de 2011, el Concejo Distrital de Barranquilla otorgó una exención de los impuestos predial unificado, contribución de valorización y delineación urbana para los predios ubicados en ciertas zonas de alto riesgo del Distrito, declaradas de calamidad pública, beneficio que extendió, con ocasión de la ola invernal ocurrida en el 2010, a la valorización autorizada por el Acuerdo 6 de 2004 y pendiente de pago al publicarse el Acuerdo 0013, así como al impuesto predial de la vigencia 2010, inclusive.

En el parágrafo 1 del artículo 6 el Acuerdo 0013 prohibió la devolución o compensación de tales tributos a quienes cumplieron con su pago. Se estudia la legalidad del parágrafo en mención.

Extracto: “El hecho objetivo al que responde el tratamiento preferencial otorgado por el parágrafo primero del artículo 6o del Acuerdo 0013 de 2011 a los deudores de impuesto predial y contribución de valorización de las vigencias 2010 y 2011, es igualmente predicable de quienes pagaron dichos gravámenes respecto de inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo con declaratoria de calamidad pública.

Sin duda alguna, el pago efectivo de tales tributos no evitó ni contrarrestó los efectos dañinos sobre los predios de quienes pagaron; esos efectos, se insiste, fueron los determinantes de la política social que acompasó la exoneración del impuesto y la contribución señalados. Siendo ello así, considera la Sala que la denegación de devolución y/o compensación de los tributos pagados constituye una medida violatoria del principio de igualdad entre quienes pagaron los tributos señalados y quienes, a la fecha de publicación del Acuerdo 0013 de 2011 estaban pendientes de hacerlo.

Es así, porque unos y otros resultaron afectados por la misma situación de hecho que motivó la acción solidaria de la Administración Distrital, de manera que tales obligados, sin distingo alguno, merecen que se les mitigue el impacto causado por la calamidad pública en la que declararon las zonas donde se asentaban sus respectivas viviendas.

Un sistema tributario justo y equitativo no puede admitir el beneficio de quienes faltan a sus obligaciones tributarias, con el otorgamiento de un tratamiento preferencial, opuesto al gravamen que cobija a los contribuyentes cumplidores de las mismas obligaciones, estando en igual situación de hecho a la de los primeros, máxime cuando las situaciones consolidadas de los pagos operan individualmente en cada caso particular.

Además, la mera existencia del deudor moroso tampoco podría justificar aisladamente la exoneración contemplada en el parágrafo primero del artículo 6o del acuerdo referido, porque, según lo ha dicho la Corte Constitucional, ese simple presupuesto contravendría el orden constitucional.

Basta lo dicho para concluir que el aparte demandado se aparta de los parámetros de legalidad y que, por tanto, previa revocatoria de la sentencia apelada, debe accederse a la declaratoria de nulidad pedida, pero sólo respecto de la expresión “en ningún caso”, en orden a cambiar su sentido y dotar de efectos prácticos a la presente decisión judicial, en coherencia con los motivos que la asisten, de modo que las solicitudes de devolución y compensación de todos los afectados que hubieren pagado los tributos previstos en el artículo 6o del acuerdo demandado, también puedan ser examinadas y aceptarse o rechazarse dependiendo de si corresponden a situaciones jurídicas consolidadas [...]”.

Sentencia de 12 de marzo de 2015, Exp. 08001-23-31-000-2012-00116-01 (20309), M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Acción de nulidad