Reactivar la economía, financiar programas sociales, incrementar el empleo formal y la inversión, generar mayor formalización y mayor equidad son los objetivos de la Ley de Financiamiento que el gobierno del presidente Iván Duque Márquez radicó ante el Congreso de la República.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, resaltó que esta Ley de Financiamiento partió de la necesidad de obtener los $14 billones que hacen falta en el presupuesto del 2019 para financiar los programas sociales, dentro de los cuales están Familias en Acción, alimentación escolar, construcción de infraestructura, créditos del Icetex, inversión en el sector agrícola, los subsidios en los servicios públicos y la reinserción de los antiguos combatientes de la subversión, entre muchos otros.

“Colombia requiere generar una gran transformación para la equidad, crear muchos empleos, tener un crecimiento económico más robusto y atender y reforzar los prioritarios programas sociales con los que se benefician millones de ciudadanos. Hacia allá apunta esta ley”, dijo el ministro Carrasquilla Barrera. “Se trata de una ley progresiva que busca que aquellos colombianos que reciben más ingresos contribuyan en mayor medida para el funcionamiento del Estado y la redistribución de la riqueza”, expresó.

El proyecto de Ley de Financiamiento es un completo conjunto de normas de carácter tributario, de reducción del tamaño del Estado, de mejoramiento de la administración tributaria, de modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de enajenación de activos y de ahorros adicionales.

El proyecto propone reducir gradualmente la tarifa del IVA hasta el 17%, conservando los beneficios para productos y servicios relacionados con aspectos fundamentales como salud, educación, transporte, servicios públicos, arrendamientos y servicio doméstico, entre otros.

El IVA hoy
Actualmente, las exenciones y exclusiones benefician más al 10% de la población con mayores ingresos. Ellos se ahorran $27 de cada $100 que se dejan de pagar por los bienes excluidos de IVA, mientras que el 10% más pobre de los colombianos solo se beneficia con $4 de cada $100.

Adicionalmente, los hogares más pobres destinan el 30% de su gasto a adquirir bienes que tienen una tarifa del 19%, sin recibir compensación alguna. “La estructura actual, con tarifas diferenciadas y tratos desiguales es muy injusta con los sectores más vulnerables”, sostuvo el ministro Carrasquilla.

Para corregir esa desigualdad, el Gobierno espera destinar $2,6 billones de pesos para compensar al 30% de los colombianos, 4,3 millones de hogares con menores ingresos, por lo que pagaron por IVA. Así el Estado comenzará a generar un verdadero proceso de redistribución del ingreso, y solucionará uno de los grandes problemas del país.

“El coeficiente de desigualdad del país, además de que sigue siendo muy alto, no cambia después de que el Gobierno recauda y ejecuta los impuestos. Eso quiere decir que no estamos cumpliendo con nuestra obligación de hacer que estos recursos lleguen a la población más vulnerable. Eso lo vamos a empezar a cambiar con esta compensación”, explicó Carrasquilla Barrera.

Adicionalmente, con la Ley de Financiamiento, el Gobierno cumple con una de las promesas del Presidente Iván Duque Márquez de bajar la carga tributaria a los colombianos, mejorar la competitividad de las empresas e impulsar el empleo. El objetivo, aseguró el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es mejorar el sistema tributario, de manera que sea más simple, más efectivo y menos costoso y que beneficie el desarrollo empresarial. Para esto, entre otras medidas, se plantea reducir paulatinamente la tarifa de renta corporativa, que quedaría en 32% en el 2020, 31% en 2021 y 30% a partir del 2022.

Igualmente, se propone descontar de renta el IVA pagado por la importación de bienes de capital y la eliminación paulatina de lo que pagan las empresas por renta presuntiva. Adicionalmente, en la declaración de renta se podrá descontar el 50% de lo que las empresas pagan por ICA y la mitad de lo que pagan por el Gravamen de Movimientos Financieros (GMF), más conocido como 4 x 1000. A partir del 2022 se podrá descontar el 100% de dichos impuestos.

Con el fin de impulsar la inversión en sectores fundamentales para el desarrollo del país, se propone una exención del impuesto de renta por 5 años a quienes hagan inversiones efectivas en empresas de la llamada economía naranja y por 10 años para los nuevos empresarios del campo.

De otro lado, el Gobierno ha propuesto en la Ley de Financiamiento una nueva estructura del Impuesto de Renta a personas naturales. Esta reforma unificará las llamadas cédulas tributarias y gravará con una tarifa mayor a los contribuyentes de ingresos más altos; es decir, a aquellos que ganen más de $33 millones al mes.

Quienes hoy no pagan, no van a pagar y quienes ganen menos de $33 millones mensuales pagarán lo mismo.

La Junta Directiva decidió, de manera unánime, mantener la tasa de interés de intervención en 4,25%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos:

• En septiembre la inflación anual se situó en 3,23%, y el promedio de las medidas de inflación básica bajaron nuevamente (3,28%).
• Las expectativas de inflación registraron leves cambios y se mantienen por encima del 3%. Las de los analistas se sitúan en 3,3%, y las derivadas de los papeles de deuda pública alrededor de 3,5%.
• El crecimiento promedio de los socios comerciales del país ha sido algo más débil que lo estimado. El precio internacional del petróleo y los términos de intercambio continúan en niveles que favorecen el ingreso nacional.
• La aversión al riesgo global se ha incrementado. En este entorno, las medidas de prima de riesgo de países emergentes, entre los cuales se incluye Colombia, han aumentado levemente y sus monedas se han depreciado frente al dólar.
• Los indicadores de actividad económica para el tercer trimestre sugieren que la economía habría continuado con un crecimiento similar al registrado en primera mitad del año. El equipo técnico estima que persiste la sub-utilización de la capacidad productiva de la economía.
• Para todo 2018 se proyecta un déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB similar al registrado en 2017.

Con base en esta información, la Junta ponderó los siguientes factores en su decisión:

• La debilidad de la actividad económica y la incertidumbre sobre la velocidad de su recuperación.
• La inflación observada y su convergencia esperada a la meta del 3%.
• Los efectos sobre la economía colombiana derivados de las cambiantes condiciones financieras internacionales.
• En este entorno, al evaluar el estado de la economía y el balance de riesgos, la Junta consideró conveniente mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%.

La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo del comportamiento de la inflación y las proyecciones de la actividad económica y la inflación en el país, así como de la situación internacional. Finalmente, reitera que la política monetaria dependerá de la nueva información disponible.

La decisión de mantener la tasa de interés en 4,25% contó con la aprobación unánime de los miembros de la Junta.

El Presidente Iván Duque afirmó que el proyecto de Ley de Financiamiento, que presentará al Congreso, busca mayor formalización que pueda traducirse en más equidad, y descartó que se trate de una iniciativa para favorecer al gran capital.

El Jefe del Estado explicó que la propuesta busca, entre otros objetivos, “bajar la tasa efectiva de tributación a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para que tengan mejores condiciones para generar empleos estables y a largo plazo”.

Recordó que la Constitución se refiere a la función social de la empresa y subrayó que esa función social es la generación de puestos de trabajo.

Así mismo, indicó que la iniciativa persigue “facilitar la deducción del IVA sobre las inversiones que se hacen en bienes de capital, para que podamos hacer reconversión tecnológica, transformación Industrial”.

El Mandatario recalcó que “aquí lo que queremos, es tener un régimen empresarial simplificado para esas micro y pequeñas empresas”, agregó que con el desarrollo empresarial gana el país.

Con respecto a las llamadas “apretadas de tuercas”, el Jefe del Estado señaló que “he sido muy claro en términos de personas naturales. Nosotros no podemos afectar a la clase media emergente en un momento donde está empezando a recuperarse la economía”

En ese orden de ideas indicó que por eso “quienes hoy declaran renta y no pagan, no van a pagar. Quienes hoy pagan renta hasta 35, 40 millones de pesos, no van a pagar más de lo que ya pagan”.

Advirtió que “hemos detectado que por encima de esos ingresos –sin espíritu populista ni persecutorio– se puede propiciar un mayor pago y ese mayor pago, que puede ser superior a los 3 billones de pesos, nos permite articular muchas de las reducciones”.

Puso de presente, que “no podemos seguir propiciando impuestos que generan inequidad, porque las personas de mayores ingresos son las que más se benefician” de los productos exentos del IVA.

Así mismo, el Presidente recordó que se proponen incentivos tributarios tanto para las empresas que inviertan en zonas rurales y generen empleos, así como para las denominadas empresas creativas.

Agregó, por último, que esa dirección correcta es “tener un sistema tributario más simple, más efectivo, que beneficie el desarrollo empresarial, que no castigue la clase media, que permita corregir las inequidades y la falta de progresividad en algunos tributos para que tengamos el recaudo que nos permita a nosotros hacer de esta agenda la gran agenda de país”.

El Ministerio de Hacienda, publicó para comentarios hasta el 14 de noviembre de 2018 el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria”, referente a la factura electrónica.

Para conocer el proyecto de decreto completo, haga clic aquí.