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La Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de lo dispuesto en los artículos 11.2.5.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, expidió el 29 de septiembre de 2022 la Resolución No. 1327 por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para los siguientes periodos y modalidades de crédito:

Consumo y Ordinario: entre el 1 de octubre y el 31 de octubre de 2022
Microcrédito: entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022
Consumo de Bajo Monto: entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023.

Con la mencionada Resolución se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 24.61%, lo cual representa un aumento de 111 puntos básicos (1.11%) en relación con la anterior certificación (23.50%).

Se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de microcrédito en 36.95%, lo cual representa una disminución de 252 puntos básicos (-2.52%) en relación con la anterior certificación (39.47%).

Adicionalmente, se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo de bajo monto en 29.37%, lo cual representa una disminución de 98 puntos básicos (-0.98%) en relación con la anterior certificación (30.35%).

Interés remuneratorio y de mora
En atención a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, es decir, 36.92% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, 55.43% efectivo anual para la modalidad de microcrédito y 44.06% para la modalidad de crédito de consumo de bajo monto.

Usura
Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos.

Para la modalidad de crédito de consumo y ordinario se sitúa en 36.92% efectivo anual, resultado que representa un aumento de 167 puntos básicos (1.67%) con respecto al periodo anterior.

Para la modalidad de microcrédito es de 55.43% efectivo anual, una disminución de 378 puntos básicos (-3.78%) con respecto al periodo anterior.

En la modalidad de consumo de bajo monto se sitúa en 44.06%, es decir, una disminución de 147 puntos básicos (-1.47%) con respecto al periodo anterior.

Para conocer la Resolución 1327, haga clic aquí.

La Superintendencia financiera emitió la Resolución 1126 del 31 de agosto de 2022, por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.

Certifica en un 23.50% efectivo anual el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. La tasa certificada regirá para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2022.

Para conocer la Resolución 1126, haga clic aquí.

La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 022 del 22 de agosto de 2022 el cual tiene como Referencia: Instrucciones relacionadas con la reserva de enfermedad laboral.

El siguiente es el texto de la Circular 022:

Apreciados señores:

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.31.4.4.8 del Decreto 2555 de 2010, corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia determinar si, atendiendo el monto cotizado o el saldo alcanzado de la reserva de enfermedad laboral, las entidades aseguradoras deben continuar con su constitución, o pueden proceder a su liberación parcial. Asimismo, el citado parágrafo faculta a esta Entidad para establecer la información que las administradoras de riesgos laborales deben recolectar para contar con estadísticas sobre el comportamiento de la siniestralidad de la enfermedad laboral.

En virtud de lo anterior, esta Superintendencia, atendiendo la dinámica que viene presentando el ramo de riesgos laborales y los recobros entre las administradoras y, en desarrollo de las facultades del parágrafo del artículo 2.31.4.4.8 del Decreto 2555 de 2010, así como de las consagradas en el numeral 4 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010 y el literal a) del numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece la metodología de cálculo de los montos mínimo y máximo de la reserva de enfermedad laboral, para lo cual imparte las siguientes instrucciones:

PRIMERA: Modificar el subnumeral 3.4.3 del Capítulo II del Título IV de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, relacionado con las reglas aplicables al seguro de riesgos laborales, para señalar la metodología de cálculo de los montos mínimo y máximo de la reserva de enfermedad laboral, así como los lineamientos aplicables para el intercambio de la información sobre siniestros y afiliación.

SEGUNDA: Crear el Anexo 16 del Título IV de la Parte II de la Circular Básica Jurídica denominado “Información estadística sobre el comportamiento de la siniestralidad de la enfermedad laboral”.

TERCERA: Sin perjuicio del régimen de transición previsto en la instrucción quinta, a partir de la expedición de la presente Circular las entidades aseguradoras deben adoptar las medidas necesarias para intercambiar información con el fin de identificar las prestaciones por enfermedad laboral y los valores objeto de recobro, de conformidad con lo señalado en el subnumeral 3.4.3.2 del Capítulo II del Título IV de la Parte II de la Circular Básica Jurídica.

CUARTA: Con el objetivo de que las entidades aseguradoras estimen el impacto y adopten las medidas pertinentes para cumplir las instrucciones de la presente Circular respecto de los montos mínimo y máximo de la reserva de enfermedad laboral en la fecha prevista en la instrucción quinta, deben remitir a esta Superintendencia el 31 de julio de 2023 un documento que contenga la siguiente información:

i. El cálculo de los montos mínimo y máximo de acumulación a que se refiere el subnumeral 3.4.3.3 con la información con corte a 31 de diciembre de 2022.

ii. Un plan para alcanzar el monto mínimo, detallando las acciones que se adoptarán y el plazo de ejecución, en caso de que aplique.

iii. Una cuantificación de los recursos en exceso del monto máximo de acumulación de la reserva de enfermedad laboral, en caso de que aplique. Las entidades podrán liberar dicho exceso previa no objeción de esta Superintendencia.

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades aseguradoras deben continuar la constitución de la reserva de enfermedad laboral con el 2% de las primas devengadas mensualmente, de conformidad con el parágrafo del artículo 2.31.4.4.8 del Decreto 2555 de 2010.

En el evento en que con posterioridad al 31 de julio de 2023 una entidad aseguradora cuente con información adicional de siniestros, afiliados y recobros efectivamente pagados y recibidos, y con base en dicha información evidencie que el saldo acumulado de la reserva a la fecha de cálculo es inferior al monto mínimo estimado con los nuevos datos, deberá informar a esta Superintendencia y remitir un plan para alcanzar el monto mínimo o el plan actualizado incluyendo los ajustes previstos para alcanzar dicho monto. Este plan debe enviarse dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha en que se cuantificaron los cambios en el monto mínimo.

QUINTA. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. El subnumeral 3.4.3. del Capítulo II del Título IV de la Parte II de la Circular Básica Jurídica entra en vigencia a partir del 31 de marzo de 2024. Para el primer cálculo de los montos mínimo y máximo de la reserva de enfermedad laboral se debe tomar la información con corte al 31 de diciembre de 2023. Adicionalmente, a partir del 31 de marzo de 2024 debe mantenerse a disposición de esta Superintendencia la información del Anexo 16 que se crea mediante la instrucción segunda de la presente Circular.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación.

Se anexan las páginas objeto de modificación.

Cordialmente,

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Superintendente Financiero

La Superintendencia Financiera de Colombia presentó su estrategia de finanzas verdes y cambio climático “Hacia el enverdecimiento del sistema financiero colombiano”, una hoja de ruta que brinda transparencia sobre las acciones que realizará el supervisor durante los próximos años.

El documento, elaborado con base en lo definido por la Entidad en 2019, constituye una herramienta que busca asegurar una implementación organizada y progresiva de las diferentes acciones previstas con el fin de, no sólo promover el financiamiento verde, sino de incorporar en el ADN del sistema financiero los riesgos y oportunidades del cambio climático como un imperativo estratégico.

Así, además de facilitar la movilización de capital hacia los objetivos de crecimiento sostenible y facilitar la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono, la estrategia presentada por la SFC busca mejorar la capacidad del sistema financiero para identificar, medir y gestionar los riesgos socioambientales y climáticos.

“Hemos dado ya los primeros pasos hacia el enverdecimiento del sistema y con la definición de este plan de acción seguimos siendo un referente en la materia. En 2018 fuimos el primer supervisor de la región en realizar una encuesta a las entidades financieras vigiladas para identificar las estrategias y políticas adoptadas frente a las oportunidades y riesgos ambientales. En 2021 fuimos pioneros en medir el impacto del cambio climático en la estabilidad financiera y, en 2022, nos convertimos en el primer país de América en desarrollar una Taxonomía Verde”, destacó el Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez.

La estrategia de finanzas verdes y cambio climático de la SFC “Hacia el enverdecimiento del sistema financiero colombiano” está desarrollada en cinco dimensiones: taxonomía verde; innovación financiera; data, métricas e información; incorporación de los asuntos ASG y herramientas de medición y supervisión de riesgos climáticos y de la naturaleza, cada una de las cuales contiene su hoja de ruta específica.

Adicionalmente, incluye capítulos específicos con las acciones previstas por el supervisor para el sector asegurador y los establecimientos de crédito para los próximos años. Progresivamente, la SFC definirá hojas de ruta particulares para otras industrias, de acuerdo con la evolución del mercado y las necesidades emergentes del ecosistema de finanzas verdes con el fin de nivelar la gestión de estos.

En el caso particular de los establecimientos de crédito se busca fomentar la innovación en productos e instrumentos de financiación y fondeo que faciliten la movilización de recursos para la transformación de la economía y propiciar la incorporación de los asuntos ambientales y climáticos en sus decisiones de negocio.

Con respecto a la industria aseguradora, el objetivo de la estrategia verde de la SFC es fortalecer y potenciar su rol en el desarrollo resiliente y de adaptación frente al cambio climático con miras a mantener dichos riesgos en niveles tolerables para las entidades, los consumidores financieros y el país, promoviendo la sostenibilidad del modelo de aseguramiento frente a estos riesgos.

Al igual que con los establecimientos de crédito, las acciones focalizadas en las entidades aseguradoras están encaminadas al desarrollo innovador en la oferta de productos que ofrezcan soluciones de transferencia de riesgo que atiendan las necesidades emergentes de la población y las economías frente a los riesgos relacionados con asuntos ambientales.

El sector financiero, parte de la solución
Organismos internacionales han hecho diversas estimaciones sobre los recursos económicos que deberán destinarse para cumplir los acuerdos globales firmados frente a la lucha contra el cambio climático en los próximos años y varían entre US$3 y US$5 billones anuales.

En el caso de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación -DNP- estimó que para lograr una reducción del 20% de los gases de efecto invernadero al año 2030, nuestro compromiso anterior frente al acuerdo de Paris, se necesitarán 3,1 billones de pesos anuales.

En ese contexto, el sector financiero y el mercado de capitales desempeñan un papel fundamental en la asignación de recursos para cumplir con los compromisos de financiamiento climático y de la biodiversidad.

“Como sector vemos esta gran oportunidad que tiene el sistema financiero para contribuir a esa transición, financiando proyectos y actividades verdes que permitan tener una economía inclusiva, sostenible, biodiversa, baja en carbono y resiliente”, puntualizó el Superintendente Financiero.

Para conocer el documento: Hacia el enverdecimiento del sistema financiero colombiano: Estrategia de Finanzas Verdes y Cambio Climático de la Superintendencia Financiera de Colombia, haga clic aquí.

La Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de lo dispuesto en los artículos 11.2.5.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, expidió el 29 de julio de 2022 la Resolución No. 0973 por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para el siguiente periodo y modalidad de crédito:

• Consumo y Ordinario: entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2022.

Con la mencionada Resolución se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 22.21%, lo cual representa un aumento de 93 puntos básicos (0.93%) en relación con la anterior certificación (21.28%).

Interés remuneratorio y de mora
En atención a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, es decir, el 33.32% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.

Usura
Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos, cifra que para el período señalado se sitúa en 33.32% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, resultado que representa un aumento de 140 puntos básicos (1.40%) con respecto al periodo anterior (31.92%).

Para conocer la Resolución 0973, haga clic aquí.

La Superintendencia Financiera de Colombia –SFC– y Banca de las Oportunidades –BdO– presentaron el Reporte de Inclusión Financiera (RIF) 2021, en el que se evidencian los avances del país en los indicadores de acceso y uso de los productos financieros.

En 2021 el 90,5% de los adultos contaba con al menos un producto financiero, cifra superior al 81,4% de 2018. De esta manera, el indicador se ubica 5,5% por encima de la meta fijada por el Plan Nacional de Desarrollo para 2022 de 85%, registrando un total de 33,5 millones de adultos con al menos un producto de depósito o crédito y 1,5 millones de nuevos consumidores financieros.

El Reporte incluye además el número de productos digitales y de operaciones monetarias realizadas por telefonía móvil e internet entre enero y diciembre del año inmediatamente anterior. Por su parte, los depósitos de bajo monto, entre los que están productos como las billeteras virtuales, los depósitos electrónicos y las cuentas de trámite simplificado, tuvieron la mayor penetración en 2021 llegando a 23,8 millones de productos activos en el país, de los cuales el 67,2% pertenecen a mujeres y 32,8% a hombres.

“La incursión de la tecnología le dio una nueva dinámica a las transacciones que día a día realizan los emprendimientos y el comercio electrónico dada la seguridad y eficiencia que representan los canales digitales para el consumidor financiero. Realizar consultas, pagos o transferencias de forma digital ha simplificado el uso de los productos y servicios financieros, lo que contribuye además a generar bienestar en las personas; de ahí la importancia en avanzar hacia la consolidación de la inclusión financiera con los jóvenes, la población rural y migrante mediante el ahorro, los sistemas de pago y, por supuesto, el crédito”, dijo el Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez.

Dentro de los canales más utilizados para realizar pagos y transferencias, entre otros, se destaca el crecimiento anual del 71,9% que tuvo la telefonía móvil con más de 1.000 millones de operaciones monetarias. A su vez, las transacciones en internet alcanzaron los 703 millones con un aumento de 7,2% frente a 2020.

Número de productos activos sigue al alza
Entre 2018 y 2021 se pasó de tener 23,5 millones de adultos con al menos un producto financiero activo a 27,7 millones.

Los indicadores de uso pasaron del 66% en 2018 al 74,8% en el 2021, acercándose a la meta fijada en el Plan Nacional de Desarrollo para 2022 en 77%.

Los productos de depósito jugaron un papel fundamental en el crecimiento de ese indicador. El porcentaje de la población adulta que tenía como mínimo un producto de este tipo en 2021 fue del 89,1%, cifra que superó en 3,4 puntos porcentuales a la del 2020.

En cuanto a la cantidad de colombianos con algún producto de crédito vigente, en 2021 se llegó al 34%, cifra inferior en 1,1 puntos porcentuales a la presentada en 2020. Los créditos más usados continúan siendo los de consumo (21,3%) y las tarjetas de crédito (18,6%).

“El salto del último cuatrienio fue posible gracias a la alineación de las políticas públicas que impulsaron un mayor acceso al sistema como la implementación de ingreso solidario y el compromiso de las entidades financieras por la innovación en productos y canales pensados en las necesidades de sus usuarios, los cuales son cada vez más digitales”, dijo Freddy Castro, director de Banca de las Oportunidades

Transformación tecnológica, sinónimo de inclusión
La implementación de los corresponsales móviles y los digitales ha aportado a una mayor cobertura del sistema financiero a nivel nacional.

A diciembre de 2021 se contabilizaban más de 390.000 contratos de corresponsalía, de los cuales 957 eran móviles o puntos ambulantes que pueden prestar servicios financieros sin ubicarse en un lugar fijo, y 161 digitales (aplicación web o móvil que se conecta con la entidad financiera para realizar sus operaciones).

El informe resalta un aumento del 42% respecto al total de puntos de atención y prestación de servicios financieros (incluyendo datáfonos, corresponsales, oficinas, cajeros automáticos) frente a los registrados en 2020.

“Si bien los corresponsales bancarios tradicionales permitieron que el sector financiero llegara a todos los municipios del país, con los esquemas de corresponsalía móvil o digital será posible ofrecer alternativas a quienes viven en territorios alejados de cabeceras municipales. Este es un árbol que está dando los primeros frutos para la construcción de equidad”, precisó Freddy Castro.

A cierre de 2021 se registra un total de 919.751 datáfonos en todo el territorio, número superior en 34,4% al alcanzado en 2020.

Este tipo de terminales han tenido un crecimiento sostenido gracias a la adopción de tecnologías que agilizan su adopción por parte de los comercios con equipos más sencillos en cuanto a tamaño y necesidad de conexión, portátiles, con tecnologías QR y sin contacto.

Seguros, con grandes retos
El RIF revela que el indicador de penetración de seguros en Colombia (primas emitidas / PIB) se mantuvo en 3% entre 2020 y 2021.

Esa cifra se dio pese a que al crecimiento real de 9,8% registrado en las primas emitidas por esa industria. De estas cifras se desprende que el gasto en seguros por habitante alcanzó los $692.348, dato que es superior en $93.473 al de 2020.

Los microseguros continúan siendo uno de los grandes retos para el sector. En efecto, estas pólizas pensadas y diseñadas para cubrir riesgos de las poblaciones de menores ingresos y Mipymes representaron el 2,4% de las primas emitidas en 2021.

Respecto al mercado de seguros masivos, este mantiene una sólida expansión y representó el 36,4% de las primas emitidas en 2021, destacando que las principales líneas de negocio fueron vida grupo deudores y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Para conocer el Reporte de inclusión financiera 2021, haga clic aquí.

La Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de lo dispuesto en los artículos 11.2.5.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, expidió el 30 de junio de 2022 la Resolución No. 0801 por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para los siguientes periodos y modalidades de crédito:

• Consumo y Ordinario: entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2022.
• Microcrédito: entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2022.

Con la mencionada Resolución se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 21.28%, lo cual representa un aumento de 88 puntos básicos (0.88%) en relación con la anterior certificación (20.40%).

Adicionalmente, se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de microcrédito en 39.47%, lo cual representa un aumento de 150 puntos básicos (1.50%) en relación con la anterior certificación (37.97%).

Interés remuneratorio y de mora
En atención a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, es decir, el 31.92% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario y 59.21% efectivo anual para la modalidad de microcrédito.

Usura
Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos.

Para la modalidad de crédito de consumo y ordinario se sitúa en 31.92% efectivo anual, resultado que representa un aumento de 132 puntos básicos (1.32%) con respecto al periodo anterior.

Para la modalidad de microcrédito es de 59.21% efectivo anual, un aumento de 225 puntos básicos (2.25%) con respecto al periodo anterior.

El Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN – de Estados Unidos y la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC – firmaron un memorando de entendimiento de cooperación, asistencia e intercambio de información para la prevención de lavado de activos y la lucha contra la financiación del terrorismo - LA/FT.

El acuerdo permitirá a estas autoridades seguir fomentando – dentro del ámbito de sus competencias - la detección, protección y cumplimiento de los requisitos legales con respecto al LA/FT y así velar por la integridad de los sistemas financieros en ambas jurisdicciones.

Adicionalmente, este memorando facilitará la asistencia e intercambio de información relacionada con las responsabilidades de supervisión en materia de LA/FT de cada autoridad y contempla acciones de cooperación institucional en cuanto a recursos tecnológicos y analíticos para contribuir al cumplimiento de los objetivos misionales de las partes.

En desarrollo de este acuerdo se podrán compartir también aspectos relacionados con la gestión propia de FinCEN y de la SFC tales como hallazgos, estadísticas de informes, mejores prácticas y otros datos relacionados con la prevención de LA/FT con fines exclusivamente de supervisión y en aplicación de los marcos legales respectivos.

Sobre el Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN –
Es el despacho del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con competencia para administrar y hacer cumplir la Ley de Secreto Bancario y sus reglamentos. FinCEN también es responsable de la supervisión LA/FT de las instituciones financieras y demás entidades definidas por la Ley de Secreto Bancario y otras autoridades. Adicionalmente, es la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos.

La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 013 del 10 de junio de 2022, mediante la cual brinda instrucciones para el fortalecimiento y consolidación de la institución del Defensor del Consumidor Financiero.

El texto completo de la Circular 013 es el siguiente:

Apreciados señores:

El capítulo VI de la Ley 1328 de 2009 “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”, consagra la figura del Defensor del Consumidor Financiero (DCF) y establece como principios que rigen su actividad los de autonomía e independencia, e impone algunos requisitos que las entidades vigiladas deben tener en cuenta al momento de su designación.

Bajo esa premisa, la referida ley consagra al DCF como una institución orientada a la protección especial de los consumidores financieros, y faculta a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para impartir instrucciones en las siguientes materias: i) suministro de información al público respecto del DCF; ii) ejercicio de las funciones legales asignadas al DCF; y iii) criterios que deben atender las entidades vigiladas en la designación del DFC, entre otras.

Uno de los objetivos institucionales de esta Superintendencia es velar por la protección de los consumidores financieros, por lo que resulta necesario fortalecer la figura del DCF para que contribuya de manera activa con el adecuado desempeño de sus funciones y con la garantía de trato justo que las entidades vigiladas deben dar a los consumidores financieros.

De conformidad con lo anterior, la SFC considera necesario actualizar las instrucciones relacionadas con el DCF para consolidar la institución como una instancia de protección especial de los consumidores financieros, de conformidad con las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 1328 de 2009. Igualmente, encuentra procedente definir las obligaciones a cargo de las entidades vigiladas en materia de designación del DCF, específicamente respecto de sus calidades, la gestión de conflictos de interés, la evaluación de la labor del DCF por parte de las entidades vigiladas, el fortalecimiento del informe de gestión a cargo del DCF, la asignación de responsabilidades específicas de los órganos de administración frente al DCF, entre otras instrucciones.

En virtud de lo expuesto, en ejercicio de las facultades legales establecidas en el literal a) del numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los literales a) y u) del artículo 7, el artículo 16 de la Ley 1328 de 2009, en concordancia con el numeral 4° del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, este Despacho imparte las siguientes instrucciones:

PRIMERA. Modificar los subnumerales 2.2 al 2.5 del Capítulo II del Título III de la Parte I de la Circular Básica Jurídica “Instancias de atención al consumidor en las entidades vigiladas”.

SEGUNDA. Adicionar los subnumerales 2.6, 2.7 y 2.8 al Capítulo II del Título III de la Parte I de la Circular Básica Jurídica “Instancias de atención al consumidor en las entidades vigiladas”.

TERCERA. Las instrucciones contenidas en la presente circular rigen a partir del primero de enero de 2023.

CUARTA. Plan de implementación: los representantes legales de las entidades vigiladas deben remitir a esta Superintendencia, a más tardar el 15 de octubre de 2022, el plan de implementación para el cumplimiento oportuno de las instrucciones contenidas en la presente Circular, señalando responsables y cronograma de actividades.

Se anexan las páginas objeto de modificación.

Cordialmente,

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Superintendente Financiero de Colombia

La Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 011 del 20 de mayo de 2022, la cual tiene como referencia: Modificación de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

El texto completo de la Circular 011 es el siguiente:

Apreciados señores:

La Superintendencia Financiera de Colombia continúa realizando esfuerzos para que el país obtenga una recalificación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). De igual forma, evalúa de manera permanente los mecanismos para que las entidades vigiladas gestionen de forma adecuada y eficiente el riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (LAFT) asociado al desarrollo de sus operaciones.

Bajo este contexto, esta Superintendencia imparte instrucciones para: acoger integralmente las Recomendaciones del GAFI, así como la definición legal de beneficiario final prevista en el art. 631-5 del Estatuto Tributario, modificado el art. 16 de la Ley 2155 de 2021; reconocer las particularidades propias de la gestión del riesgo LAFT en el desarrollo de la actividad aseguradora; y ajustar las periodicidades de los informes del revisor fiscal y de la auditoría interna.

En virtud de lo anterior, este Despacho, en ejercicio de sus facultades, en particular, las conferidas en el parágrafo 1. del artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, en el literal a) del numeral 3. del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en los numerales 4. y 5. del artículo 11.2.1.4.2. del Decreto 2555 de 2010, imparte las siguientes instrucciones:

PRIMERA: Modificar el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica «Instrucciones relativas a la Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo», con el fin de: (i) incluir el concepto de alta gerencia en los procedimientos de conocimiento de las personas expuestas políticamente, (ii) reconocer el reporte de operaciones sospechosas previsto en la Recomendación 10 del GAFI; (iii) acoger la definición de beneficiario final prevista en el art. 631-5 del Estatuto Tributario y la de estructuras sin personería jurídica prevista en el numeral 6. del art. 1 de la Resolución 000164 del 2021 expedida por la DIAN; (iv) incorporar el concepto de vehículos de inversión; (v) excluir a los corredores de seguros del ámbito de aplicación; (vi) dictar disposiciones especiales para los procedimientos de conocimiento del cliente en los contratos de seguros y de capitalización; (vii) modificar las periodicidades de los informes del revisor fiscal y de la auditoría interna; y (viii) definir el medio de transmisión de información a esta Superintendencia sobre la designación del funcionario responsable principal y suplente.

SEGUNDA: Modificar el subnumeral 7.1.2. del Capítulo V del Título VI de la Parte III de la Circular Básica Jurídica «Distribución de Fondos de Inversión Colectiva» para renumerar la referencia realizada a la definición de «producto» prevista en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica «Instrucciones relativas a la Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo».

TERCERA. Régimen de transición: Las entidades destinatarias de la presente Circular tendrán hasta el 06 de enero de 2023 para ajustar su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT conforme a las instrucciones previstas en la presente Circular.

La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación.

Se anexan las páginas objeto de modificación.

Cordialmente,

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Superintendente Financiero de Colombia

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