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Si su empresa está obligada a reportar estados financieros de 2017 a la Superintendencia de Sociedades revise estos ocho puntos indicados por la entidad antes de enviarlos y evitará muchos errores.

• Revise que los datos del contador, el revisor fiscal y representante legal estén en la carátula
• Verifique que haya incluido todas las notas
• Diligencie el ECP del periodo anterior y luego el del periodo actual
• Diligencie el ESF periodo anterior y luego el del periodo actual.
• No olvide diligenciar los demás estados financieros
• Active siempre el ícono de sumatoria para que sea el aplicativo el que realice los cálculos
• Solo utilice el lápiz en periodos anteriores en la primera fila
• Revise que sus cifras estén en miles de pesos colombianos

No olvide que si tiene inconvenientes a la hora de enviar el reporte puede contactar a la mesa de ayuda en el teléfono (1) 2201000 ext 7177 o en el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Los vencimientos para el reporte comienzan este 3 de abril.

Un total de 829 empresas y personas domiciliadas en Colombia figuran actualmente en los registros de sancionados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU, por lo cual, la Superintendencia de Sociedades les advierte a los empresarios que deben conocer e identificar a sus clientes y proveedores, y verificar si se encuentran en esta u otras listas semejantes.

La mayor cantidad de reportados se encuentra en Cali (270), Bogotá (178), Medellín (118) y Barranquilla (63). Estas firmas están clasificadas en muy diversos sectores económicos. Por citar solo algunos, pueden mencionarse los de la construcción, la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, el transporte y la logística, la industria automotriz y las autopartes, el cambio de moneda, restaurantes y los textiles, entre otros.

Al cruzar la información, se verifica que algunas de esas empresas figuran también en los archivos de la Superintendencia de Sociedades, porque han sido sometidas a procesos de liquidación, después de ser intervenidas por las autoridades colombianas.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirmó que "el organismo en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control, está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo".

La llamada "Lista Clinton" es elaborada y administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC (por su sigla en inglés), organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

A través de este mecanismo, la OFAC se ocupa en aplicar las sanciones financieras e impone una especie de veto a las empresas o personas relacionadas con el narcotráfico y la financiación del terrorismo.

La Superintendencia expidió normas actualizadas a finales de 2017, en las que establece las pautas que deben cumplir las sociedades vigiladas para reportar movimientos sospechosos y evitar prácticas ilícitas.

Dichas normas están previstas en la más reciente versión de la Circular Básica Jurídica, que establece los deberes de los empresarios, para prevenir delitos y evitar que las sociedades se presten para el lavado de activos.

El Superintendente Reyes Villamizar agregó que "de acuerdo con las normas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Superintendencia de Sociedades les advierte a las compañías colombianas, a sus revisores fiscales y administradores el deber que tienen de efectuar una debida diligencia respecto de sus empleados, clientes y proveedores".

Las sociedades que están obligadas a implementar el capítulo X, de la circular Básica Jurídica sobre la prevención de lavado de activos son las que están vigiladas o sujetas a control de la Superintendencia de Sociedades, las que registran altos ingresos y las que están clasificadas en ciertos sectores económicos, de la siguiente manera:

1- Las sociedades dedicadas al comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios, con ingresos superiores a $101.000 millones hasta 31 de diciembre de 2017

2- Las constructoras de edificios con ingresos iguales o superiores a $78.100 millones de pesos.

3-Las del sector inmobiliario y de explotación de minas y canteras que obtuvieran ingresos totales o superiores a $46.800 millones a diciembre de 2017.

4- Aquellas de cualquier otro sector, sujetas a la vigilancia o control permanente de la SuperSociedades y cuyos ingresos superen los $124.900 millones.

Se calcula que por su tamaño y volumen de negocios, más de 1.200 empresas en Colombia están obligadas a adoptar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como de reporte operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Un total de 148 sociedades de todos los tamaños y sectores, entraron en procesos de liquidación judicial durante el año 2017, de acuerdo con el reporte consolidado de la Delegatura para los Procedimientos de Insolvencia, de la Superintendencia de Sociedades.

El Superintendente, Francisco Reyes Villamizar, informó que “la cifra representa 28 casos menos con respecto a las 176 empresas que iniciaron liquidación en el año 2016, es decir, hubo una reducción cercana al 20%”.

El reporte indica que en los últimos 10 años se han ido a liquidación más de 1.500 compañías. En esta década, el 2010 se constituyó como el año en el que más empresas se extinguieron, con un total de 186 casos de liquidación.

Reyes Villamizar explicó que “estos procesos procuran la liquidación pronta y ordenada de la empresa y buscan el aprovechamiento del patrimonio del deudor. No hay que olvidar que al aplicar el régimen de insolvencia, la Superintendencia de Sociedades busca proteger la buena fe en las relaciones comerciales y garantizar la protección de los acreedores”.

Por sectores, el mayor número de liquidaciones registradas entre 2007 y 2017, periodo en el que ha estado vigente la ley de insolvencia, corresponde a empresas pertenecientes al comercio, a los servicios, a la industria manufacturera y a la construcción. La mayoría de las empresas liquidadas están ubicadas en Bogotá en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.

Entre las causas más frecuentes que originan la liquidación de compañías con la intervención de la Superintendencia de Sociedades figuran las siguientes: el fracaso o incumplimiento de los acuerdos de reestructuración y reorganización, el abandono de los negocios, la solicitud directa del deudor o de sus acreedores o las órdenes judiciales, entre otras.

En cuanto al tamaño, las empresas clasificadas como micro, pequeñas y medianas son las que más se someten a liquidación por problemas de insolvencia. En efecto, de las 1.500 liquidaciones adelantadas en los últimos 10 años, 1300 comprenden a estas tres categorías.

Procesos de reorganización
Según el reporte consolidado hasta diciembre 31 de 2017, se adelantaron 358 procesos de reorganización, la mayor cifra de procesos de este tipo desde que entró en vigencia la ley de insolvencia.

Lo anterior representa un aumento de 70 procesos, con respecto a los registrados durante todo el año 2016, cuando la cifra de reorganizaciones fue de 288 sociedades.

El comercio, la industria manufacturera, los servicios y la construcción, son los sectores a los que pertenece el mayor número de sociedades sometidas a reorganización.

Procesos de insolvencia iniciados en lo corrido del 2018.

Durante los dos primeros meses del presente año (con corte a febrero 28), la Superintendencia de Sociedades ha admitido en proceso de reorganización a 56 compañías.

Más del 90% de estos procesos se iniciaron por petición de la sociedad deudora.

Entre tanto, este año se han iniciado cinco procesos de liquidación judicial. Cabe recordar que en los últimos 10 años, la Superintendencia de Sociedades ha culminado alrededor de 1.100 procesos de liquidación, permitiendo el aprovechamiento de los activos en favor de los acreedores.

La Superintendencia de Sociedades anuncia el inicio de la tercera fase del proyecto de desmaterialización de títulos de depósitos judiciales que permitirá la transformación de los títulos físicos en electrónicos.

La nueva etapa comienza este 12 de marzo de 2018 y abarca los procesos de liquidación judicial y liquidación obligatoria.

Gracias a la transformación de los títulos judiciales, los trámites de conversión, fraccionamiento y pago, serán mucho más ágiles. Por otro lado, ya no será necesario el desplazamiento de los beneficiarios a las instalaciones de la entidad, pues bastará con acercarse al Banco Agrario de Colombia.

Estas son los procesos de la entidad que ya cuentan con títulos electrónicos:

• Procesos societarios de la Delegatura para los Procedimientos Mercantiles
• Procesos especiales de la Delegatura para los Procedimientos de Insolvencia
• Reorganización
• Liquidación por adjudicación
• Validación de un acuerdo de reorganización extrajudicial

La SuperSociedades informará oportunamente al público en general sobre el avance de implementación gradual para los demás procesos.

A partir de la puesta en marcha del proyecto no se expedirán nuevos títulos de depósito judicial en físico.

Ante la proximidad de los vencimientos de los plazos para presentar los estados financieros del 2017, la Superintendencia de Sociedades les recuerda a los empresarios la obligación de remitir sus balances oportunamente y evitar sanciones.

En el 2017, un total de 2.556 empresas no enviaron sus estados financieros correspondientes al ejercicio del año anterior, dentro del plazo establecido por la Superintendencia, cifra que representa cerca del 10% del universo de las empresas que vigila esta entidad.

La Superintendencia ha establecido que más de 1.600 empresas, que no cumplieron oportunamente con la entrega de los estados financieros correspondientes al 2016, están localizadas en Bogotá. De estas sociedades, 1.250 fueron requeridas con pliegos de cargos.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recordó a los empresarios "su obligación de reportar a tiempo los balances contables debidamente auditados por revisoría fiscal en el mes de abril, para evitar sanciones que de acuerdo con la ley, pueden llegar hasta los 200 salarios mínimos legales vigentes, dependiendo del incumplimiento en cada caso".

En cumplimiento de sus competencias de control y vigilancia, durante el último año la Superintendencia también multó a más de 600 empresas, por incumplir con esta obligación.

Cabe recordar que el periodo de transición para el envío de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF ya se cumplió. Por consiguiente, a partir de este año todas las compañías del sector real que tienen esta obligación, deben reportar su situación contable bajo estos parámetros.

Cabe recordar que la Circular Externa 201-00004, expedida por el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar, fijó los plazos para el envío de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017, comenzando el 3 de abril y hasta el 16 del mismo mes de acuerdo con los últimos dos dígitos del NIT.

A instancias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la Superintendencia de Sociedades planteará las nuevas herramientas con las que las autoridades colombianas enfrentan fenómenos de corrupción que involucran a empresas privadas, como el soborno transnacional.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, presentará los avances del País en los últimos meses para prevenir, detectar y sancionar conductas ilícitas en las que puedan incurrir compañías domiciliadas en Colombia que tengan negocios en el exterior.

En un conversatorio con el máximo representante de la OCDE para la lucha contra el Soborno transnacional, Drago Kos, el Superintendente, Francisco Reyes Villamizar, revelará los avances tecnológicos y normativos en esta materia, como la consolidación del laboratorio forense y la implementación de la ley 1778, recientemente aprobada por el Congreso.

Este instrumento legal establece, entre otras medidas, sanciones para "cualquier persona jurídica, que por medio de empleados, contratistas, administradores o asociados, dé, ofrezca, o prometa, a un servidor público extranjero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario a cambio de que éste realice, omita o retarde un acto relacionado con sus funciones".

Durante el evento, que se realizará este lunes 12 de febrero en el Auditorio de la Superintendencia de Sociedades, se dará a conocer los sectores económicos que están expuestos a mayores riesgos de corrupción empresarial o prácticas ilícitas como el soborno transnacional.

La Superintendencia de Sociedades ordenó un total de 210 intervenciones administrativas contra empresas y personas, dentro de los procesos e investigaciones que adelanta por captación ilícita y habitual de recursos del público.

El Superintendente de Sociedades Francisco Reyes Villamizar informó que "la cifra de intervenciones ordenadas el año pasado es la más alta, desde que se desplomaron las pirámides DMG y DRFE entre 2008 y 2009".

Las cifras consolidadas hasta el 31 de diciembre pasado implican que el número de intervenciones aumentó un 76% con respecto a los casos registrados en 2016.

El reporte anual consolidado señala que de las 210 intervenciones ordenadas, 51 corresponden a personas jurídicas y 159 a personas naturales. Con estas actuaciones, la cifra de intervenciones por captación ilícita asciende a 724 en los últimos 9 años.

Reyes Villamizar explicó que "si bien la captación ilícita ha adoptado mecanismos sofisticados como las falsas libranzas y se vale del desarrollo de la Internet y de las redes sociales, todavía subsisten paralelamente las tradicionales pirámides de esquina o de garaje, según casos reportados a la Superintendencia en 2017, especialmente en municipios pequeños o intermedios como Caloto en el Cauca".

La Superintendencia de Sociedades reitera el llamado a la comunidad para que se abstenga de invertir en negocios que prometen abultadas ganancias, que están por fuera de la lógica del mercado financiero.

Además, la entidad insiste en la necesidad de atender señales de alerta y desconfiar de negocios que utilicen como "gancho", el pago de ganancias desproporcionadas solo por vincular a nuevos inversionistas, sin que medie la compra o venta de un producto o servicio tangible.

Cabe recordar que la captación ilícita, no solo da pie para la intervención administrativa de la Superintendencia de Sociedades, con embargos de bienes a quienes incurran en esta actividad, sino que también puede dar pie para investigaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación, que pueden terminar en condenas hasta de 20 años de prisión.

La Superintendencia de Sociedades tramitó un total de 438 pleitos y disputas empresariales, la cifra más alta de los últimos 5 años según el reporte de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, destacó el aumento significativo en el número de demandas y litigios entre empresarios que llegan a la entidad, para ser dirimidos por la justicia societaria. Mientras en 2013 la cifra fue de 15 procesos en promedio al mes, durante el 2017 el promedio aumentó a 37 casos mensuales.

Reyes Villamizar manifestó que "estas cifras muestran un auge importante de la jurisdicción de la Superintendencia. El año pasado se profirió un total de 3.406 providencias, entre sentencias y autos judiciales relacionados con conflictos societarios".

El Superintendente subrayó que "no son solamente las sentencias finales las que tienen importancia acá. También los autos que se profieren con medidas cautelares, que normalmente ponen fin a un litigio porque llevan a las partes a hacerse conscientes de las posibilidades que tienen dentro del proceso, de predecir los resultados del litigio y llegar a una conciliación amigable".

En el marco de la conmemoración de los 10 años de existencia del modelo de sociedades por acciones simplificadas, conocido como S.A.S, Reyes Villamizar destacó la eficacia y prontitud del sistema de la justicia societaria que opera en la Superintendencia de Sociedades.

Esta jurisdicción no solamente resuelve pleitos relacionados con la ineficacia de las decisiones de asambleas de accionistas y juntas directivas. También dirime conflictos que se dan entre accionistas, problemas relacionados con disolución y liquidación de compañías, situaciones de abuso del derecho, problemas con administradores, entre otra gran cantidad de materias que han ampliado el espectro jurisdiccional.

Finalmente y con motivo del décimo aniversario de las S.A.S, Reyes recordó que los empresarios no pueden refugiarse en sociedades para evadir el cumplimiento de las normas y sostuvo que quien utilice las sociedades en fraude o en perjuicio de terceros, responde solidariamente por las obligaciones originadas en tales actos.

La Superintendencia de Sociedades anuncia al público general la actualización de la plataforma SIRFIN para la presentación de los estados financieros. La actualización permitirá un mejor desempeño de la herramienta y facilitará el proceso de reporte.

Para facilitar la puesta en marcha de la actualización, SIRFIN estará fuera de servicio entre las 5:00 de la tarde del viernes 19 de enero y las 11:00 pm del domingo 21 de enero.

Los demás aplicativos web de la Superintendencia de Sociedades continuarán operando con normalidad durante el periodo mencionado.

Sobre SIRFIN
El Sistema Integrado para la Presentación de Informes Financieros (SIRFIN) es un aplicativo creado por la Superintendencia de Sociedades para la recepción de información financiera en lenguaje XBRL.

La Superintendencia de Sociedades intervino cinco nuevos trámites para hacerlos más ágiles para sus usuarios. Todos estos trámites son completamente gratuitos y puede iniciarlos en cualquier horario desde cualquier conexión a Internet:

1. Conciliación
Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual las partes involucradas en una controversia de carácter transigible, gestionan por si mismas su solución, a través de un trámite informal, rápido y gratuito, con la colaboración de un tercero neutral, calificado y especializado, llamado conciliador, inscrito en el centro de conciliación

2. Investigación para determinar situación de control o de grupo empresarial
Quien inicia este trámite busca que la entidad realice una investigación administrativa para determinar si una sociedad declaró o no la situación de control sobre una o más compañías. Si la superintendencia concluye que sí existe una situación de este tipo puede ordenar la inscripción en las cámaras de comercio e incluyo multar a las compañías.

3. Orden para reforma de las cláusulas o estipulaciones de los estatutos sociales que violen normas legales
Quien inicia este trámite pretende que la Superintendencia de Sociedades emita la orden para que se reformen las clausulas o estipulaciones de los estatutos sociales que violen normas legales contra los socios de sociedades.

4. Autorización para la normalización del pasivo pensional
Las sociedades que comienzan este trámite buscan obtener un oficio de normalización del pasivo pensional, que se obtiene aproximadamente en 15 días- hábiles. Antes de comenzar el trámite debe tener el visto bueno del Ministerio del Trabajo y sus cálculos actuariales al día.

5. Convocatoria a reuniones extraordinarias de asamblea general de accionistas o junta de socios
Quien inicia este trámite busca obtener acto a la convocatoria emitida por la superintendencia a la reunión en junta de socios o asamblea general ordinaria una vez al año por lo menos en la época fijada en los estatutos y en silencio de estos, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio.