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La Superintendencia de Sociedades cuenta a partir de ahora con un nuevo instrumento legal, que modifica y simplifica trámites en aras de agilizar los procesos de insolvencia a los que ingresan las empresas que se encuentran en crisis financiera o en dificultades para cumplir sus obligaciones con sus acreedores.

A través del decreto 991 del 12 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, se busca que la entidad pueda actualizar algunos aspectos relacionados con el modelo de gestión de los procesos de insolvencia e intervención, que se adelantan ante la Superintendencia de Sociedades, con el fin de hacerlos más eficientes y de garantizar de mejor manera los derechos de los distintos sujetos involucrados en ellos.

Con la nueva norma también se pretende regularizar los flujos de información en los procesos concursales, y concentrar las actuaciones de los auxiliares de la justicia a través de instrumentos que permitan una adecuada administración de la información de los procesos.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirmó que, con este nuevo marco legal, "se busca darles mayor celeridad a los procesos de insolvencia. De hecho, la justicia concursal se caracteriza por su agilidad y oportunidad, si se tiene en cuenta que importantes procesos se han llevado a cabo en menos de un año".

Reyes Villamizar destacó que "los tiempos de los procesos de insolvencia, a cargo de la entidad son incluso, sustancialmente inferiores a los de otros países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE".

Entre las modificaciones que contempla esta nueva norma para liquidaciones y reorganizaciones empresariales está la posibilidad de que las oficinas regionales de la Superintendencia puedan adelantar procesos de insolvencia, previo el cumplimiento de ciertas condiciones que garanticen la idoneidad e independencia de las decisiones que se tomen.

En uno de los artículos del decreto se establecen mecanismos para facilitar la consulta de los expedientes.

Por lo demás, se facilitan mecanismos electrónicos y se autoriza para que los memoriales que se envíen por mensaje de datos, sean incorporados al expediente cuando hayan sido remitidos al buzón de la Superintendencia de Sociedades, desde la dirección electrónica provista por el sujeto procesal respectivo.

Otro aspecto relevante se relaciona con los deberes y responsabilidades de los denominados auxiliares de la justicia. A partir de la vigencia del decreto, tanto los liquidadores como los promotores deberán colaborar activamente con la Superintendencia, para que el trámite sea lo más expedito posible. Por ello, se prevé la presentación de estos funcionarios, de informes periódicos, que den cuenta del avance de estos procesos.

A partir de la entrada en vigencia del decreto sobre procesos de insolvencia, las partes podrán presentar memoriales en las oficinas de radicación del juez del concurso, incluso en aquellas distintas de la sede donde se adelanta el proceso.

Las nuevas normas que rigen los procesos concursales están, además, orientadas a armonizar los procedimientos de insolvencia con el Código General del Proceso. El decreto 911 de 2018 está vigente desde el pasado 12 de junio.

Para conocer el Decreto 991 completo, haga clic aquí.

Un total de 148 sociedades de todos los tamaños y sectores, entraron en procesos de liquidación judicial durante el año 2017, de acuerdo con el reporte consolidado de la Delegatura para los Procedimientos de Insolvencia, de la Superintendencia de Sociedades.

El Superintendente, Francisco Reyes Villamizar, informó que “la cifra representa 28 casos menos con respecto a las 176 empresas que iniciaron liquidación en el año 2016, es decir, hubo una reducción cercana al 20%”.

El reporte indica que en los últimos 10 años se han ido a liquidación más de 1.500 compañías. En esta década, el 2010 se constituyó como el año en el que más empresas se extinguieron, con un total de 186 casos de liquidación.

Reyes Villamizar explicó que “estos procesos procuran la liquidación pronta y ordenada de la empresa y buscan el aprovechamiento del patrimonio del deudor. No hay que olvidar que al aplicar el régimen de insolvencia, la Superintendencia de Sociedades busca proteger la buena fe en las relaciones comerciales y garantizar la protección de los acreedores”.

Por sectores, el mayor número de liquidaciones registradas entre 2007 y 2017, periodo en el que ha estado vigente la ley de insolvencia, corresponde a empresas pertenecientes al comercio, a los servicios, a la industria manufacturera y a la construcción. La mayoría de las empresas liquidadas están ubicadas en Bogotá en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.

Entre las causas más frecuentes que originan la liquidación de compañías con la intervención de la Superintendencia de Sociedades figuran las siguientes: el fracaso o incumplimiento de los acuerdos de reestructuración y reorganización, el abandono de los negocios, la solicitud directa del deudor o de sus acreedores o las órdenes judiciales, entre otras.

En cuanto al tamaño, las empresas clasificadas como micro, pequeñas y medianas son las que más se someten a liquidación por problemas de insolvencia. En efecto, de las 1.500 liquidaciones adelantadas en los últimos 10 años, 1300 comprenden a estas tres categorías.

Procesos de reorganización
Según el reporte consolidado hasta diciembre 31 de 2017, se adelantaron 358 procesos de reorganización, la mayor cifra de procesos de este tipo desde que entró en vigencia la ley de insolvencia.

Lo anterior representa un aumento de 70 procesos, con respecto a los registrados durante todo el año 2016, cuando la cifra de reorganizaciones fue de 288 sociedades.

El comercio, la industria manufacturera, los servicios y la construcción, son los sectores a los que pertenece el mayor número de sociedades sometidas a reorganización.

Procesos de insolvencia iniciados en lo corrido del 2018.

Durante los dos primeros meses del presente año (con corte a febrero 28), la Superintendencia de Sociedades ha admitido en proceso de reorganización a 56 compañías.

Más del 90% de estos procesos se iniciaron por petición de la sociedad deudora.

Entre tanto, este año se han iniciado cinco procesos de liquidación judicial. Cabe recordar que en los últimos 10 años, la Superintendencia de Sociedades ha culminado alrededor de 1.100 procesos de liquidación, permitiendo el aprovechamiento de los activos en favor de los acreedores.