En julio el recaudo bruto de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, fue de $12,30 billones, representando una variación nominal de 7.8% en relación con los ingresos obtenidos en el mismo período de 2017, que fueron de $11,38 billones.

Este crecimiento se explica principalmente por el desempeño del recaudo de retención en la fuente a título de renta, IVA y timbre que aumentó 14.0% al pasar de $3,94 billones en 2017 a $4,49 billones en 2018. Le sigue IVA cuyo recaudo en el mes de julio sumó $4,51 billones, correspondiente al impuesto al valor agregado de las ventas del bimestre mayo-junio, mientras que los tributos al comercio exterior llegaron a $1,79 billones.

Enero-julio
En el período enero – julio de 2018, el recaudo bruto acumulado de los impuestos administrados por la DIAN alcanzó la cifra de $86,64 billones: $30,5 billones por concepto de retenciones en la fuente; $22,1 billones de IVA; $14,6 billones en Renta y $12,1 billones de tributos al comercio exterior.

El recaudo del período enero-julio refleja el efecto de los alivios tributarios, cercanos a los $4 billones, por concepto de Impuesto de Renta otorgados a los empresarios en la Reforma Tributaria de 2016 (Ley 1819), tales como: la disminución de la tarifa de la sobretasa al Impuesto de Renta y Complementarios en dos puntos porcentuales (del 6% al 4%), y la deducción del 100% del IVA pagado en la adquisición o importación de bienes de capital a la tarifa general, que a su vez se traduce en menores ingresos tributarios para la DIAN, por concepto de Impuesto de Renta por un monto de $2,1 billones.

En el caso del Impuesto de Renta, vale señalar que la información de las 445 mil declaraciones de renta presentadas, permite inferir un buen desempeño de la actividad económica de las empresas, toda vez que el Impuesto de Renta declarado aumentó 17.4%, en comparación con el impuesto de renta del año anterior, incluidos los recaudos del impuesto CREE.

Así mismo, se dejó de percibir el recaudo del Impuesto a la Riqueza de personas jurídicas por valor de $1,7 billones, que para las empresas finalizó en el año 2017 según lo dispuesto en la Ley 1739 de 2014, así como el recaudo proveniente del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria por $1,5 billones.

Otros factores que influyen el recaudo de los impuestos nacionales, lo constituyen: el menor valor de las importaciones, así como el valor de la tasa de cambio del dólar. Los tributos asociados al comercio exterior (arancel e IVA) aumentaron 2.9%, con un recaudo cercano a los $12,1 billones.

Si bien se resalta el crecimiento de las importaciones en dólares de 5.1%, determinante del recaudo entre enero y julio de 2018 frente al mismo período de 2017, la revaluación del peso frente al dólar de 2.5% redujo el monto de las importaciones en pesos que es la base de la liquidación de los tributos aduaneros. La tasa de cambio del período en consideración pasó de $2.937 en 2017 a $2.863 en 2018 reflejando una diferencia de $75.

Complementariamente a los factores explicados, en el período enero – julio el recaudo con títulos de devoluciones de impuestos (TIDIS) ascendió a $5,1 billones, producto de las devoluciones de saldos a favor a los contribuyentes, que se efectúan mediante títulos entregados en períodos anteriores. El pago de impuestos con estos papeles fue superior en $1,5 billones frente a las cifras contempladas en las estimaciones del recaudo realizadas en diciembre, disminuyendo en ese valor el recaudo en efectivo.

Recaudo por Gestión
Desde enero, vienen ejecutándose en las diferentes seccionales de la DIAN, el Plan Nacional de Cobro 2018, así como las jornadas mensuales de cobro y control “Al día con la DIAN, le cumplo al país", que, con corte a 31 de julio, han coadyuvado a lograr un recaudo por gestión de $5,1 billones, mediante la realización de aproximadamente 182 mil acciones de gestión de cobro; de control extensivo; de fiscalización, entre las que se destacan: 32.431 visitas a morosos; 45.653 citaciones a oficinas de cobranzas de la DIAN; 43.612 embargos a cuentas bancarias; 2.774 embargos de bienes inmuebles; 37.419 títulos de depósito judicial gestionados, producto de los embargos a las cuentas bancarias de los morosos; 585 diligencias de remates, más de 18.000 censos a establecimientos de comercio y cerca de 2.000 visitas de control de fiscalización a responsables del Impuesto al Valor Agregado -IVA e Impuesto Nacional al Consumo.

Las acciones de servicio adelantadas, que demandan orientación, acompañamiento para la declaración y pago de las obligaciones tributarias administradas por la DIAN, gestionadas en los siete primeros meses del año suman 2.182.657, discriminadas en: 1.425.872 personas atendidas en los 61 Puntos de Contacto; 441.175 llamadas telefónicas atendidas en el Call Center; 239.218 interacciones vía chat y 72.392 en redes sociales.

El recaudo por retención en la fuente a título de renta, IVA y timbre fue el que mostró el mejor comportamiento en el período observado presentando un incremento de 9.5%, al pasar de $27,90 billones en 2017 a $30,53 billones en 2018.

Los ingresos por concepto de impuesto al valor agregado IVA, fueron de $22,08 billones, creciendo 8,9%, en relación con el período enero-julio de 2017 en el que se obtuvieron ingresos por $20,28 billones.

De modo agregado, el recaudo bruto de los tributos asociados a la actividad económica interna alcanzó la cifra de $74,50 billones superior en 1.0% a los obtenidos en 2017 cuando fueron de $73,75 billones. Por su parte, los tributos asociados al comercio exterior (arancel e IVA), mostraron un incremento de 2.9% con respecto a 2017, al registrar un valor de $12,13 billones.

El índice de desempeño logístico -LPI, ubicó a Colombia en el puesto 58 de un total de 160 países del mundo en este 2018, demostrando así los importantes avances que ha hecho el país en factores determinantes, y teniendo en cuenta que en el año 2016 ocupamos el puesto 94, dando así un salto de 36 lugares en el desempeño logístico mundial.

Así lo informó la Directora de Aduanas de la DIAN, Claudia Gaviria Vásquez, al precisar que, en todos los factores clave, Colombia mejoró su posición; el mayor impulso en la evolución del desempeño logístico del país lo generaron: el factor 3. Facilidad para organizar envíos a precios competitivos, que subió 57 puestos al pasar del 81 en 2016 al 56 en 2018; y el factor número 1. Eficiencia del proceso de autorización (velocidad, simplicidad y previsibilidad de las formalidades) por los organismos de control fronterizo, incluidas las aduanas, pasó del lugar 129 en 2016 al puesto 75 en 2018, reportando un avance de 49 puestos en el concierto mundial.

La funcionaria exaltó que la Aduana, como principal organismo de control fronterizo, demuestra con esta medición los notorios avances en procedimientos ágiles que se asocian a la implementación de medidas de facilitación comercial, que no son incompatibles con los esfuerzos de control que se realizan a las prácticas ilegales de comercio exterior.

“La nueva legislación aduanera adoptada en 2016 y que se encuentra en proceso de desarrollo ha jugado un papel decisivo en la mejora del desempeño logístico del país, aunado a las mejoras en infraestructura y a la implementación de técnicas modernas de control aduanero como la inspección no intrusiva, las declaraciones anticipadas y la aplicación de un modelo moderno de perfilamiento y administración de riesgos", afirmó Gaviria Vásquez.

Este índice de desempeño logístico fue creado para ayudar a los países a identificar los desafíos y las oportunidades que enfrentan en su desempeño en logística comercial y lo que pueden hacer para mejorar su desempeño.

Puntuación Internacional
El puntaje internacional utiliza seis dimensiones o factores clave para medir el desempeño de los países, y se construye como el rendimiento logístico promedio ponderado de los puntajes del país en las seis dimensiones o factores clave:

• Eficiencia del proceso de autorización (es decir, velocidad, simplicidad y previsibilidad de las formalidades) por los organismos de control fronterizo, incluidas las aduanas;
• Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte (por ejemplo, puertos, ferrocarriles, carreteras, tecnología de la información);
• Facilidad para organizar envíos a precios competitivos;
• Competencia y calidad de los servicios de logística (por ejemplo, operadores de transporte, agentes de aduanas);
• Capacidad de rastrear y rastrear envíos;
• Puntualidad de los envíos para llegar al destino dentro del tiempo de entrega programado o previsto.

La Junta Central de Contadores y la Contaduría General de la Nación emitieron la Circular Conjunta 001 del 29 de julio de 2018, por medio de la cual emiten los aspectos que deben tener en cuenta las entidades y organismos del Estado; entidades privadas en ejercicio de funciones públicas para la contratación de profesionales de la ciencia contable como contadores y organizaciones que presten servicios propios de la ciencia contable.

Para conocer la Circular Conjunta 001 completa, haga clic aquí.

La Contaduría General de la Nación emitió la Guía de instrucciones que le facilitarán la instalación, manejo y envió de información a través del CHIP Local para las categorías administradas por la entidad.

Para conocer el documento completo de la Contaduría General de la Nación, haga clic aquí.

La Superintendencia de Sociedades acaba de expedir la Guía contra el soborno internacional, que deben adoptar las compañías colombianas para prevenir y controlar conductas ilícitas relacionadas con la corrupción empresarial.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirmó que "la entidad ha puesto en marcha un estricto plan de ética empresarial, para combatir prácticas ilícitas como el cohecho o soborno por parte de compañías domiciliadas en Colombia, que ofrecen o dan beneficios a funcionarios públicos en el exterior, para sacar ventaja en licitaciones o contratos con entidades públicas".

En línea con la política de combate y prevención del soborno, la Superintendencia expidió este manual, que se constituye como un instrumento útil y práctico, para que las empresas tengan claridad sobre la conducta y puedan adaptar sus procesos para establecer mejores prácticas preventivas, controles y actuar de manera coordinada con las autoridades para prevenirlo.

A través de este instrumento, la Superintendencia de Sociedades también advierte a los empresarios sobre el deber que tienen de blindar a las compañías frente a conductas como el tráfico de influencias, la solicitud y pago de "coimas" o la supervisión e interventoría desleal.

Además, la guía enumera las modalidades más frecuentes de soborno internacional a saber:

-Pagos en efectivo: hace referencia a la entrega de sumas de dinero a servidores públicos extranjeros como retribución por la comisión de una conducta relacionada con soborno internacional.

- Pagos de gastos de entretenimiento: Implica erogaciones que hace la persona jurídica al servidor público extranjero por concepto de viajes o cualquier tipo de entretenimiento, sin que guarden relación directa con los bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece tal funcionario.

- Entrega de regalos: comprende objetos de valor pecuniario que la persona jurídica le promete o entrega al servidor público extranjero, sin que éstos guarden relación directa con los bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece tal funcionario.

- Contribuciones políticas: abarca los pagos en dinero o en especie que la persona jurídica realiza a campañas políticas en el país extranjero, sin que guarden relación directa con los bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece tal funcionario.

El Superintendente Reyes Villamizar recordó que "la Ley Antisoborno otorgó amplias facultades a la Superintendencia de Sociedades para investigar y sancionar conductas relacionadas con el cohecho. Las sanciones que pude imponer están definidas en la Ley 1778 de 2016".

En efecto, cuando se determina la existencia de responsabilidad de las personas jurídicas por actos de soborno internacional y dependiendo de la gravedad de los hechos, la entidad puede imponer multas de hasta 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la inhabilidad para contratar con el Estado colombiano por un término de hasta 20 años, entre otras sanciones.

Para conocer la Guía de la Supersociedades, haga clic aquí.

Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia presentaron el séptimo Reporte de Inclusión Financiera (RIF) con información correspondiente a 2017, en el que se destacan importantes avances de los indicadores de inclusión financiera durante los últimos años como resultado de las políticas, estrategias y programas del Gobierno Nacional y del sistema financiero.

Así, luego de alcanzar la cobertura del 100% de los municipios del país en 2015, los indicadores de acceso han seguido mejorando. Entre 2015 y 2017 se pasó de tener 1.322 a 1.574 puntos de acceso por cada 100 mil habitantes y se redujo el número de municipios de cobertura frágil (sin sucursales financieras o sólo con 1 ó 2 corresponsales) de 52 a 3, profundizando así la presencia del sector financiero en todo el territorio nacional.

Otro avance importante es que el indicador de inclusión financiera se ubicó en 80,1% en 2017 (vs. 76,3% en 2015). Los tres departamentos con el indicador más alto fueron Casanare (96,1%), Bogotá D.C. (96%) y Santander (89,1%). Por género, el indicador de inclusión se ubicó en 81,0% para los hombres y 79,1% en el caso de las mujeres.

Por rango de edad se observó que mientras para los adultos de entre 26 y 40 años y de entre 41 y 65 años el indicador se ubicó en niveles altos del 87,8% y 88,3%, respectivamente; para los adultos jóvenes entre los 18 años y los 25 años el indicador fue del 53,9%.

Se destacó también el crecimiento en el número de adultos con productos activos o vigentes. De los 27,1 millones de adultos con productos financieros, 23,2 millones los usaban, lo que equivale al 85,6% de la población con productos y al 68,6% de los adultos del país (vs. 64,5% en 2015).

La cuenta de ahorro sigue siendo el producto con mayor penetración entre los colombianos y ha sido tradicionalmente la puerta de entrada al sector financiero, dinamizando así los indicadores de inclusión. En 2017 había 25,2 millones de adultos con al menos una cuenta de ahorros (74,6% de la población adulta) y 59,3 millones de cuentas, las cuales representaron un aumento de 8,2% frente al número de cuentas de ahorro en 2016.

Por otro lado, los productos de depósitos basados en la telefonía móvil, creados para promover la inclusión financiera, también tuvieron un crecimiento importante. En 2017 se llegó a más de ocho millones entre depósitos electrónicos y cuentas de ahorro electrónicas (CAE), la mayoría de éstas en manos de mujeres.

Con relación al microcrédito, que es uno de los principales vehículos que contribuyen a la inclusión financiera, se destaca que durante 2017 los desembolsos alcanzaron los 2,2 millones de créditos, 2% más que en 2016. Las mujeres recibieron el 56% de estos desembolsos, los hombres el 43% y las empresas el 1%.

Algunas cifras del Reporte de Inclusión Financiera (oferta)

• 1,1 millones de adultos ingresaron por primera vez al sistema financiero.
• Cerca de 27,1 millones de colombianos mayores de 18 años cuentan con al menos un producto financiero.
• El número de municipios con cobertura financiera frágil (sin sucursales o sólo con 1 ó 2 corresponsales) se redujo significativamente: pasó de 52 en 2015 a 34 en 2016 y a 3 en 2017.
• El indicador de inclusión financiera se ubicó en 80,1%.
• De los 27,1 millones de adultos con productos financieros, 23,2 millones los usan activamente.
• La cuenta de ahorro sigue siendo el principal vehículo de entrada al sistema financiero: ingresaron 870.101 adultos a través de este producto.
• La mayoría de adultos con productos financieros -cerca de 11 millones- se encontraban entre los 41 años y los 65 años.
• 76% de los adultos del país tenía al menos un producto de depósito (cerca de 26 millones de colombianos).
• La cuenta de ahorro fue el producto con mayor penetración: 25,2 millones de adultos.
• Cerca de 15 millones de personas contaban con un producto vigente de crédito.
• 9,2 millones de adultos tenían al menos una tarjeta de crédito.
• Cerca de 8 millones de adultos contaban con un crédito de consumo vigente.
• 3,3 millones de adultos tenían un microcrédito vigente.
• El 87,2% de los adultos que tenía algún producto financiero (19,8 millones) residía en las ciudades.
• En los municipios intermedios el indicador de inclusión financiera se ubicó en 70% (3,9 millones de adultos) y en los municipios rurales y rurales dispersos en 65,1% (2,2 millones de adultos) y 54,7% (1,2 millones de adultos), respectivamente.
• Por género, el 50,7% de los adultos con al menos un producto financiero correspondió a mujeres (13,7 millones) y el 49,1% a hombres (13,3 millones).
• Los adultos entre los 26 años y los 40 años tenían el indicador de inclusión financiera más alto con el 87,8%.
• 935.880 empresas contaban con al menos un producto financiero formal. El producto financiero con mayor penetración entre las empresas colombianas fue la cuenta de ahorro: 641.227 tienen este producto.
• Existen 532.138 puntos de acceso al sistema financiero: 403.512 datáfonos, 105.104 corresponsales bancarios, 15.709 cajeros automáticos y 7.813 oficinas.
• Internet continuó siendo el canal de mayor participación en número de transacciones con 2.574 millones de transacciones.
• El canal que presentó la mayor dinámica positiva en número de transacciones realizadas al cierre de 2017 fue la telefonía móvil, con un aumento de 67,6% frente a 2016.
• En seguros para la inclusión, el 29,7% de la prima mensual a pagar por el asegurado tuvo un valor inferior a $20.000.
• Los canales con mayor crecimiento de asegurados fueron las empresas de servicios públicos y los medios electrónicos, dispositivos móviles e internet.
• Las entidades vigiladas y defensores del consumidor financiero recibieron 1.261.593 quejas, un 2% menos con respecto a 2016, la mayoría de ellas se asocia con tarjetas de crédito y cuentas de ahorro.
• Hubo un incremento en el número de demandas en contra del sistema financiero en los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño y Quindío.

En su última sesión, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de intervención en 4,25%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos:

En junio la inflación se incrementó ligeramente y se situó en 3,2%. Los alimentos y los bienes y servicios más afectados por la tasa de cambio fueron los grupos de mayor contribución al alza de la inflación. En el mismo mes, todas las medidas de inflación básica descendieron, y su promedio se situó en 3,33%.
Las expectativas de inflación registraron leves cambios y se mantienen por encima de la meta del 3%. Las de los analistas se sitúan en promedio en 3,37% y 3,33% para diciembre de 2018 y 2019, respectivamente. Aquellas derivadas de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años se ubican entre 3% y 3,4%.
El crecimiento de los socios comerciales sigue dinámico, jalonado por las economías desarrolladas y por las principales economías emergentes. Los precios del petróleo se mantienen en niveles que superan los promedios registrados en los últimos dos años. El aumento de los términos de intercambio y la mayor dinámica esperada de la demanda externa, continuarían favoreciendo la recuperación de los ingresos externos del país. En este entorno, la tasa de cambio ha estado relativamente estable.
Los resultados del PIB del primer trimestre y los indicadores de actividad económica para el segundo sugieren que la economía habría continuado con un crecimiento bajo, pero superior al registrado en 2017. Con estos resultados, el equipo técnico del Banco mantuvo su estimación de crecimiento para 2018 en 2,7%. No obstante, el equipo técnico del Banco estima que persiste la sub-utilización de la capacidad productiva y que esta se ampliaría en 2018.
Las nuevas cifras del sector externo para el segundo trimestre sugieren que el ajuste del balance externo estaría siendo algo más lento que lo esperado. No obstante, para todo 2018 se sigue proyectando un déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB menor que el registrado en 2017.

Con base en esta información, la Junta ponderó los siguientes factores en su decisión:

La incertidumbre sobre la velocidad de la recuperación de la actividad económica. Por una parte, se proyecta que los excesos de capacidad productiva se ampliarían en 2018. Por otra, si el precio del petróleo se mantiene en los actuales niveles por un período prolongado o persiste la tendencia creciente de la confianza, la dinámica de la demanda agregada podría ser mejor que la prevista. La incertidumbre al respecto es elevada.
La estabilidad de la inflación y sus expectativas por encima de la meta, y algunos riesgos que podrían presionar la inflación al alza y demorar la convergencia al 3%, entre ellos, una depreciación del peso más fuerte que la esperada, que se traspase a los precios internos. Nuevamente, la incertidumbre sobre estos factores es elevada.

En este entorno, al evaluar el estado de la economía y el balance de riesgos, la Junta consideró conveniente mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%.

La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo del comportamiento de la inflación y las proyecciones de la actividad económica y la inflación en el país, así como de la situación internacional. Finalmente, reitera que la política monetaria dependerá de la nueva información disponible.

La decisión de mantener la tasa de interés en 4,25% contó con la aprobación unánime de los miembros de la Junta.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció el final de la etapa de negociación de un acuerdo con Japón con el fin de evitar la doble tributación. “Este tratado va en la misma línea de los que ya hemos firmado con otros países de la OCDE como Francia, Reino Unido e Italia”, aseguró el ministro, quien aprovechó para destacar las buenas relaciones entre las dos naciones.

Cárdenas explicó que la doble tributación internacional se presenta cuando dos estados le cobran impuestos similares a un mismo contribuyente en relación con un mismo hecho o transacción. El caso más común es cuando una persona realiza una actividad económica en otro estado distinto a aquel donde reside y queda sometida al pago de impuestos en ambos lugares.

La doble tributación –aseguró el ministro Cárdenas- desestimula la inversión extranjera en los países. Es por eso que muchos estados, incluyendo Colombia, han decidido ofrecer alivio por medio de acuerdos bilaterales que buscan eliminarla, mediante la designación del estado que tiene la potestad de gravar las distintas rentas y la tarifa máxima a la que se pueden tasar esos tributos. “Esto, otorga mayor certeza jurídica a los inversionistas de ambos países en cuanto a las reglas aplicables en materia tributaria a sus inversiones y actividades”, explicó el titular de Hacienda.

En el caso del convenio con Japón, los fondos de pensiones pagarán 0% sobre los dividendos; 5% cuando el beneficiario de esos dividendos sea una sociedad que posea, al menos, el 20% de la firma que paga los dividendos y 10% en todos los demás casos; igualmente, se le aplicará un 15% a los dividendos que distribuyen las sociedades colombianas con cargo a utilidades que no estuvieran gravadas en cabeza de la empresa que distribuye los dividendos.

Cuando se trate intereses, se aplicará una retención en la fuente del 0% cuando el beneficiario sea alguno de los dos estados; 0%, si se trata de un fondo de pensiones reconocido y 10% en los demás casos. En el caso de las regalías, un 10% cuando se trate de pagos por explotación de propiedad industrial o intelectual y 2% en los pagos por el uso o el derecho a usar equipos industriales, comerciales o científicos.

Finalmente, en relación con las ganancias de capital, se han pactado las mismas condiciones que se encuentran en los tratados que el estado colombiano ha firmado con otros países europeos, por lo cual, por regla general, estas ganancias se grabarán en el país de residencia del inversionista. Sin embargo, la enajenación de acciones estará gravada en el país de la fuente (país receptor de la inversión) si el valor de éstas se deriva en más de un 50% de bienes inmuebles ubicados en el país receptor de la inversión o cuando el enajenante de las acciones haya tenido una participación mayor al 10% del capital de la sociedad.

Adicionalmente, destacó el ministro Cárdenas, el acuerdo incluye una serie de disposiciones destinadas a luchar contra el uso abusivo de los tratados con el fin de eludir o evadir impuestos, lo que se conoce como BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) entre las que se destacan una cláusula que especifica que si una transacción o estructura tiene como uno de sus objetivos principales sacar ventaja de este convenio se negarán los beneficios.

Colombia y Japón se comprometen a intercambiar información entre las autoridades competentes de los dos países con fines tributarios, pero también para ayudar en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, cumpliendo con las condiciones y estándares internacionales sobre la materia.

El ministro Mauricio Cárdenas resaltó la centenaria relación entre los dos países y agradeció al gobierno japonés su constante apoyo a Colombia en aspectos como el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la vinculación de una de las entidades financieras más importantes de ese país, la Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como socia de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

Recordó igualmente el ministro Cárdenas que con el gobierno japonés se firmó un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones y se está adelantando un convenio de cooperación económica, que ya ha producido un acuerdo marco de cooperación financiera que permitirá, entre otras cosas, que las entidades japonesas puedan ofrecer en Colombia sus servicios financieros sin restricción alguna.

Cárdenas confió en que estos convenios facilitarán el aumento del intercambio económico entre los dos países. El año anterior, aseguró el ministro, Colombia exportó USD557 millones al Japón e importó USD1.169 millones. “No somos un país mercantilista -anotó finalmente el ministro-. No creemos que debemos tener un superávit en todas nuestras relaciones, pero sí creemos que Colombia tiene pendiente un aumento de sus exportaciones a Japón y estos acuerdos nos van a ayudar mucho con eso”.

La Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de lo dispuesto en los artículos 11.2.5.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, expidió el 27 de julio de 2018 la Resolución No. 0954 por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para el siguiente periodo y modalidad de crédito:

Consumo y Ordinario: entre el 1 y el 31 de agosto de 2018.

Con la mencionada Resolución se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 19.94%, lo cual representa una disminución de 9 puntos básicos (-0.09%) en relación con la anterior certificación (20.03%).

Interés remuneratorio y de mora
En atención a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, es decir, el 29.91% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.

Usura
Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos, cifra que para el período señalado se sitúa en 29.91% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, resultado que representa una disminución de 14 puntos básicos (-0.14%) con respecto al periodo anterior (30.05%).

Para conocer la Resolución 0954 completa, haga clic aquí.

En desarrollo de las acciones del Plan de Cobro y Fiscalización previstas en las jornadas “Al Día con la DIAN, le cumplo al país", durante julio, fueron embargados más de 21.000 contribuyentes morosos que adeudan $1.1 billones a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Para ello, se realizaron 4.661 visitas para identificar todo tipo de bienes de propiedad de los morosos, con el fin de decretar medidas cautelares a todos aquellos que no atiendan el llamado y 1.711 visitas encaminadas al control de la obligación de expedir factura; control al cobro y recaudo del IVA y el Impuesto Nacional al Consumo, y reclasificación de contribuyentes del régimen simplificado al régimen común.

Además de esos $1.1 billones por concepto de cobro, en el mes que termina se gestionaron $160 mil millones por acciones de fiscalización, por corrección de las declaraciones generando una mayor tributación por presentación de las declaraciones de los periodos que estaban pendientes de declarar, o por aceptación de las sanciones propuestas debido al incumplimiento de obligaciones formales.

Actualmente, la entidad tiene 113.175 contribuyentes con cartera gestionable con obligaciones por valor de $4.3 billones, como resultado de una consulta masiva coordinada con la Superintendencia de Notariado y Registro que se adelantó en abril, en la cual se lograron identificar 139.767 bienes, propiedad de 21.440 morosos.

Respecto a los bienes identificados durante julio se decretará la correspondiente medida cautelar.

En las Direcciones Seccionales de Bogotá, Medellín y Cali se concentran el 68% de estos morosos así:

Bogotá: 52.535 bienes de propiedad de 11.010 morosos
Medellín: 35.440 bienes de propiedad 2.361 morosos
Cali: 4.790 bienes de propiedad 1.125 morosos

La entidad invitó a los deudores a ponerse al día en sus obligaciones fiscales, so pena de las medidas correspondiente que podrán llegar hasta el remate de los bienes.

Este mes la Entidad estará presente y aplicará controles a actividades relacionadas con el sector del Comercio, invitando a los contribuyentes a que se pongan al día en el pago de sus obligaciones. También se adelantarán acciones de control en carretera, a la movilización de mercancías despachadas desde Bogotá para ser comercializadas en otras regiones del país y viceversa, encaminadas a la verificación de su correcta facturación por parte del vendedor y su registro en los inventarios por parte del comprador.

Igualmente, y como es habitual en estas jornadas, en la presente semana la DIAN realiza más de 27.000 acciones en el país, tales como: visitas de cobro para identificar bienes de 4.661 contribuyentes morosos que adeudan a la Entidad más de $649.000 millones, más de 21.000 cruces de información con la Ventanilla Única de Registro VUR para embargos de bienes, y 1.711 visitas de control de la obligación de expedir factura; control al cobro y recaudo del IVA y el Impuesto Nacional al Consumo, y reclasificación de contribuyentes del régimen simplificado al régimen común.

Desde enero, vienen ejecutándose en las diferentes seccionales de la DIAN el Plan Nacional de Cobro 2018, que mediante 84.836 acciones conjuntas entre las áreas de Cobranzas y fiscalización han permitido recaudar, en lo corrido del año, la suma de $4.5 billones.