El Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP – compartió el anteproyecto de reglamentación de la profesión contable, una propuesta normativa a través de la cual se pretende, por la vía legislativa, modificar el marco regulatorio de la profesión de contador público, se expide el Código de Ética y se dictan otras disposiciones.

El documento de tres títulos desarrollados en 55 artículos responde al rezago de la Ley 43 de 1990, expedida incluso antes de la promulgación de la Constitución Política de Colombia, la necesaria adaptación de la profesión a las nuevas realidades socio económicas y sus demandas de servicios de los contadores públicos, las oportunidades de mejora señaladas por el Banco Mundial en su actualización del Informe ROSC (versión 2021) y la voluntad de fortalecer el gobierno (de la profesión) para impulsar iniciativas que incrementen su valor estratégico, sus condiciones laborales y el proceso registro, inspección, vigilancia y control sobre sus actuaciones.

El documento final, que será entregado oficialmente a las direcciones de regulación de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y Hacienda y Crédito Público, es el resultado del trabajo conjunto de los profesionales de la contaduría pública en las regiones del país (consolidado en el Comité Nacional para la Reglamentación de la Profesión Contable, los aportes constructivos de diferentes organizaciones gremiales y, en general, los comentarios de los grupos de interés). Con estos insumos, el CTCP adelantó el análisis necesario respecto de la viabilidad jurídica y técnica y la conveniencia para la profesión. Este es un proceso que se extendió por más de dos años.

El proyecto está estructurado en tres títulos que definen las líneas temáticas principales abordadas, los cuales condensan los aportes que a nivel nacional hicieron los contadores públicos que atendieron el llamado a su estudio de manera directa o mediante comentarios. Dichos aportes fueron evaluados y ajustados por el CTCP respecto de lo que se ha creído necesario para un conocimiento básico en el ejercicio de la profesión contable del futuro y lo que se estima debe aportar en la lucha contra la corrupción para el bienestar y crecimiento socio económico del país.

El Título Primero aborda ocho capítulos, dentro de los cuales se encuentran las definiciones y conceptos claves, así como la contextualización que facilita comprender el alcance de la normativa propuesta; las actividades que le deben ser propias y la competencia; el registro, la inscripción y el mantenimiento de su actualización profesional; su campo de acción; derechos y deberes que le son propios; la estipulación del Código de Ética al cual deben ajustarse todas sus actuaciones y conducta profesional, en concordancia con el código reconocido a nivel internacional para la profesión contable; al igual que las inhabilidades e incompatibilidades para un ejercicio generador de confianza pública para la sociedad en general, el estado y el empresariado nacional o extranjero.

El Título Segundo aborda lo relacionado con los órganos de la profesión de la contaduría pública, se determina la continuidad temporal del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Unidad Administrativa Especial Junta Centra de Contadores hasta que se cumpla la condición dispuesta en el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, respecto de la organización de la profesión.

De esta forma, el CTCP mantendrá la función de normalización técnico contable en temas de contabilidad, información financiera, aseguramiento de la información y revisoría fiscal, pero verá incrementado su presupuesto de funcionamiento a partir de los aportes provenientes de la JCC. Esta capacidad presupuestal permitirá la ampliación a cinco del número de consejeros del organismo, con el propósito de atender los requerimientos que en materia de sostenibilidad se definan para el futuro en el mediano plazo y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026.

La JCC mantendrá las funciones de registro, inspección, vigilancia y control. Sin embargo, respecto de la función disciplinaria, se modifica su estructura actual con el propósito de garantizar el debido proceso a los disciplinados y brindarles los recursos derivados de los nuevos instrumentos jurídicos.

El Título Tercero corresponde al proceso disciplinario. Este se desarrolla dentro del respeto al debido proceso, las conductas a investigar, las etapas y los recursos que le son propios. Se define claramente la prescripción y caducidad de los procesos y la tipología de las faltas, las sanciones y los recursos a los que tiene lugar el investigado que incumpla el Código de Ética o falte a la confianza recibida en la fe pública que les otorga el Estado para su actuar en materia contable y financiera.

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El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo para la vigencia 2023.

El documento contempla un informe de los resultados macroeconómicos y fiscales de 2022, el Plan Financiero actualizado para 2023 y 2024, y la estrategia macroeconómica y fiscal de mediano plazo, con las metas de superávit primario que la administración se propone alcanzar en línea con el objetivo de sostenibilidad de la deuda pública.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo está alineado con el objetivo del Gobierno nacional de adelantar la transformación social y económica del país a través de un conjunto de políticas y medidas estructurales con base en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia, potencia mundial de la vida”.

Este cambio contempla una transformación productiva y una agenda amplia de reformas económicas y sociales, que incluye la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, y las reformas pensional “Cambio por la Vejez”, laboral “Trabajo por el Cambio” y la Reforma Estructural al Sistema de Salud, que permitirán saldar la deuda histórica con la sociedad colombiana en el marco de la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, dando pleno cumplimiento a la Regla Fiscal.

De acuerdo con el Ministro, Ricardo Bonilla, este Marco Fiscal de Mediano Plazo hace explícita la estrategia plurianual del Gobierno para alcanzar ese objetivo y saldar así la deuda social histórica con la población vulnerable del país, preservando la estabilidad macroeconómica y fiscal.

Señaló que la economía colombiana atraviesa un proceso de ajuste gradual. “El elevado crecimiento de la economía en 2022, que permitió avances significativos en materia de desempleo y pobreza multidimensional, se desaceleraría a lo largo de 2023 y 2024 antes de converger a su tendencia de mediano plazo por encima del 3%”.

Además, destacó que la estrategia fiscal de corto plazo de esta administración en respuesta a esos retos sigue de cerca cuatro principios: i) la necesidad de financiar reformas y programas sociales y económicos para alcanzar una mayor justicia social; ii) la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas; iii) el cumplimiento estricto de la regla fiscal; y iv) la preservación de la estabilidad macroeconómica.

Así, se proyecta una reducción del déficit fiscal en 2023 de 1pp del PIB (4,3% frente al 5,3% del 2022). Este ajuste permitiría un equilibrio primario por primera vez desde 2019, apalancado en el mayor recaudo tributario de las reformas tributarias de los últimos dos años y de los altos precios del petróleo, que llevarían a ingresos históricamente altos.

En 2024 se espera un ligero aumento del déficit fiscal a 4,5% del PIB. Si bien se espera un aumento del déficit frente a 2023, ello se debe a los pagos de servicio de deuda vigente y a un mayor gasto en intereses que resultaría de las mayores necesidades de financiamiento de 2023 y 2024 y de las condiciones de mercado proyectadas, manteniendo así el equilibrio primario.

Gracias a la estrategia del Gobierno con relación a los precios de los combustibles, el déficit del FEPC estaría cerca a 0 en 2024, resolviendo de forma definitiva el desafío que este fondo ha representado por años para la estabilidad fiscal. Se liberarían recursos fiscales que podrían ser destinados a financiar otros programas sociales más alineados con los objetivos de mayor justicia social y ambiental.

Para el mediano plazo se proyecta una recuperación del crecimiento económico hacia su tendencia de largo plazo (3,2%). El Gobierno mantendría una estrategia de superávits primarios que permitirían simultáneamente que la deuda converja a su nivel ancla hacia el final del horizonte de este Marco y que se alcance la estabilización de los pasivos externos de la economía.

La inflación convergería al rango meta en 2025 y el déficit de cuenta corriente alcanzaría 2,5% en 2034, permitiendo la estabilización de los pasivos externos netos.

La transformación productiva, que recoge la política de reindustrialización y la transición energética, serían tanto los motores de crecimiento como de ajuste externo en el mediano plazo.

El Gobierno nacional reafirma así su apuesta por los objetivos establecidos en el PND, priorizando la política social y los requerimientos que imponen la regla fiscal y la responsabilidad en la administración de las finanzas públicas. Este compromiso continuará sirviendo de base para el diseño de la estrategia fiscal.

Fuentes y usos del GNC en 2023
Para 2023, se estiman necesidades de financiamiento del GNC por $122,7bn (7,7% del PIB), de los cuales el 4,3% del PIB se destina a cubrir el déficit fiscal explicado por el pago de intereses.

Desde la perspectiva de las fuentes, se contemplan desembolsos por $70,7bn (4,4% del PIB), de los cuales el 39% corresponde a deuda externa, y el 61% a deuda interna. Igualmente, estos desembolsos son superiores en cerca de $10bn a los proyectados en la Actualización del Plan Financiero de diciembre, resultado de la estrategia de prefinanciamiento de las necesidades del año 2024, cuyo mayor valor se mantendrá en la disponibilidad final de caja de este año.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó el proyecto de resolución por la cual se adiciona un parágrafo a los artículos 8 y 10 de la Resolución 000164 del 27 de diciembre de 2021, sobre el Registro Único de Beneficiarios Finales.

La entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución hasta el 24 de junio de 2023, a través del siguiente buzón de correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Para conocer el proyecto de resolución, haga clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) alerta a la ciudadanía acerca del envío de correos electrónicos falsos a nombre de la entidad, en los que personas inescrupulosas invitan a revisar una supuesta factura electrónica emitida a nombre del ciudadano.

La comunicación contiene enlaces fraudulentos que no corresponden a la entidad, además de incluir el mensaje pendiente de pago, induciendo a acceder a dichos enlaces. Sumado a lo anterior, es evidente que la dirección electrónica no corresponde al dominio GOV.CO

La DIAN realiza el correspondiente estudio de los mensajes para proceder con el reporte y envío de toda la evidencia digital a los entes de ciberseguridad del país, para su análisis y tratamiento.

Es necesario que los ciudadanos estén atentos ante mensajes como estos, ya que los delincuentes cibernéticos utilizan la identidad de organizaciones legítimas como la DIAN, para realizar diferentes delitos.

Conozca las recomendaciones de seguridad de la información en el sitio web: https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Seguridad-de-la-Informacion/Paginas/Inicio.aspx

El Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 0927 que permite a la DIAN tener un sistema de carrera de acuerdo con los requerimientos de la autoridad tributaria, aduanera y cambiaria. Con la norma, los concursos de mérito anuales para ingresar y ascender en posiciones dentro de la entidad serán obligatorios. Esto quiere decir, que todos los años se podrá concursar.

“Con este Decreto, la DIAN dará un giro de 180 grados en su sistema de carrera administrativa, con una planta de personal que permitirá reducir la evasión y el contrabando", indicó el director general de la DIAN, Luis Carlos Reyes Hernández.

Las 10.207 nuevas vacantes, que se crearon el Decreto 419 de 2023, serán ocupadas por funcionarios que ingresarán a la carrera por concurso de méritos, garantizando que lleguen los mejores funcionarios para cumplir con la misión de la entidad mejorando la capacidad institucional para aumentar el recaudo y el cierre de la brecha fiscal.

Además, la norma establece por primera vez en un sistema de carrera administrativa del Estado colombiano, que el acoso sexual será causal para no poder aspirar a cargos directivos. Es así como la DIAN adopta una política clara de cero tolerancia con el acoso.

Para conocer el Decreto 0927, haga clic aquí.

El Ministerio de Hacienda publicó el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifican los artículos 2.6.5.5, 2.6.5.8 y 2.6.5.15 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en relación el manejo y administración de los recursos de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto”.

La entidad recibirá comentarios sobre este proyecto de decreto hasta el 24 de junio. Para conocer el documento, haga clic aquí.

Hasta el 23 de junio, el Ministerio de Hacienda recibirá comentarios sobre el Proyecto de Decreto “Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los fondos de inversión colectiva y se dictan otras disposiciones”.

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El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, destacó la decisión de la firma calificadora de riesgo Moody’s de reafirmar la calificación de Colombia en Baa2 con perspectiva estable.

La decisión de la calificadora de reafirmar la calificación responde principalmente a:

o El marco institucional, que opera como un sistema de pesos y contrapesos, apoyando la calidad de las instituciones, la gobernabilidad del país y la continuidad de la política macro prudencial.

o Las métricas fiscales de Colombia que permanecen en línea con las de sus pares de calificación, y la expectativa de una consolidación fiscal que está respaldada por un aumento estructural en los ingresos del gobierno y una disminución de la deuda.

Moody’s también anticipa un descenso en la inflación, una reducción en los desequilibrios externos y un estricto cumplimiento con la regla fiscal.

“La ratificación de la calificación del país de dos escalones por encima del grado de inversión demuestra la confianza por parte del mercado y de los inversionistas en este Gobierno”, destacó el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla.

Este, agregó el jefe de la Cartera de Hacienda, es un espaldarazo a la fortaleza institucional y a la política macroeconómica y fiscal sólida que se mantiene en el país, a pesar de los desafíos económicos globales.

La calificadora resaltó como aspectos positivos el flujo libre de capitales y la independencia del Banco de la Republica en la política monetaria.

La perspectiva estable, según Moody’s, incorpora la expectativa de que la fortaleza institucional seguirá respaldando el marco actual de políticas de Colombia y que la formulación de políticas resultará de un proceso de creación de consenso efectivo para equilibrar la necesidad de abordar las presiones sociales mientras se preserva una postura fiscal prudente.

La agencia calificadora Moodys ha resaltado acciones concretas del país como el incremento de los ingresos tributarios y el cumplimiento de la regla fiscal, concluyó Bonilla.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 920 del 6 de junio de 2023, con el que se establece el nuevo régimen sancionatorio, de decomiso de mercancías y procedimiento en aduanas. Lo hizo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso de la República mediante el artículo 68 de la Ley 2277 de 2022.

Con ese Decreto Ley 1- se amplían las garantías para los usuarios aduaneros en materia sancionatoria y de decomiso de mercancías, 2- se reducen las causales de aprehensión de mercancías, 3- se garantiza el cumplimiento de las normas aduaneras actuales y se sientan las bases para que el régimen aduanero responda a las dinámicas e innovaciones permanentes que exige el comercio exterior. Es decir, la normativa al servicio del cambio.

Este Decreto Ley es el resultado de un dialogo constante entre el Gobierno Nacional, la ciudadanía, el Congreso de la República, el sector privado y la academia.

Tras más de 10 horas de discusiones en la comisión séptima del Senado de la República, fue aprobada con 7 votos a favor la ponencia positiva del proyecto de ley “Cambio por la Vejez”, que busca unificar el sistema pensional en Colombia, fortalecer a Colpensiones y otorgar una renta mensual de $223.800 a cerca de 3 millones de adultos mayores.

Para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, esta iniciativa debe ser un acto de justicia social con las y los colombianos que no tienen la posibilidad para acceder a una pensión.

La ponencia que se discute en el congreso está basada en el sistema de pilares, pilar solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro individual.

Uno de los puntos de mayor debate es el pilar contributivo donde los colombianos deberán cotizar hasta 3 salarios mínimos en Colpensiones y el restante pasará a los fondos privados.

El próximo martes 13 de junio, continuará el debate del articulado del proyecto de ley en la comisión séptima de senado.