En defensa de la Negociación Colectiva y el Diálogo Social para mejorar las condiciones laborales y la garantía de los derechos sindicales, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos expidió la normativa necesaria para materializar estos derechos fundamentales en el sector público. A partir de 2013, se han firmado dos acuerdos colectivos.

Siguiendo con este compromiso, el Gobierno Nacional inició la concertación de las condiciones laborales, entre otras, el incremento salarial para este año 2017. Sin embargo, en cumplimiento de un fallo de tutela, la negociación colectiva se encuentra suspendida debido a que las organizaciones sindicales no han concurrido en unidad de pliego, ni definido su representatividad en la mesa.

Para el Gobierno nacional reiniciar las negociaciones es una prioridad, pues como resultado de la concertación y el cumplimiento a los Acuerdos firmados en los años 2013 y 2015, se han generado beneficios importantes en las condiciones laborales de los empleados públicos dentro del marco jurídico y fiscal, entre ellos:

a. Se han creado 23.750 nuevos cargos para el fortalecimiento de las entidades públicas, de los cuales 19.857 son producto de formalización (antes contratos de prestación de servicios) y 3.893 nuevos cargos. Dentro de estos se fortalecieron las plantas de personal del SENA con 3.800, DIAN con 4.400 nuevos cargos e ICBF con 1.737 nuevos cargos, entre otras.
b. Se han reconocido primas y bonificaciones para los docentes, empleados de los entes territoriales y servidores de la Rama Judicial.
c. Se ha fortalecido el mérito como pilar fundamental para el ingreso al empleo público.
d. Se han consolidado mecanismos para la participación de los representantes sindicales en las decisiones de la administración.
e. Se avanza en el trámite para ratificar los Convenios de la OIT en materia de negociación sindical, para expedir un régimen laboral especial para los servidores públicos de las ESE.
f. Se radicó en el Congreso el proyecto de ley que permitirá que los servidores de salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuenten con un sistema propio de carrera administrativa y de estímulos.
g. Se impulsó y se aprobó la Ley 1780 de 2016 conocida como la Ley pro joven que permite a miles de jóvenes ingresar al empleo público sin experiencia previa.

Una vez se defina el incremento para los empleados del orden nacional, se determinarán los topes máximos de salario por los empleos del nivel territorial, con base en los cuales las autoridades competentes definirán las remuneraciones.

El Gobierno Nacional reitera que todos los servidores públicos recibirán su incremento para este año 2017 con retroactividad a 1º de enero, en lo posible de forma concertada.