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El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el proyecto de decreto “Por el cual se reglamentan los artículos 206, 336, 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 7 y 8 de la Ley 2277 de 2022 y los artículos 365, 367 y 386 del Estatuto Tributario, se adiciona el parágrafo 2 al artículo 1.2.4.1.4. y el artículo 1.2.4.1.42., se sustituye el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6., el inciso 1 del parágrafo 2 del artículo 1.2.4.1.14. y el parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17. del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionado con la retención en la fuente provenientes de rentas de trabajo”.

El Ministerio recibirá comentarios sobre este proyecto de decreto hasta el 13 de mayo.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios hasta el 12 de abril de 2023, el proyecto de decreto “Por el cual se reglamentan los artículos 35, 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1 y 118 del Estatuto Tributario y se sustituyen unos artículos del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, sobre el interés presunto y el componente inflacionario”.

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El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Grupo Bicentenario; y Banca de las Oportunidades, anunció que promoverá la colocación de un millón de operaciones de crédito para colombianos que no tienen acceso a financiación formal.

Se trata de la estrategia de inclusión crediticia de la economía popular (EP) “CREO, un crédito para conocernos”, que apunta a atender las necesidades de financiamiento de las unidades productivas de baja escala, tradicionalmente desatendidas, a lo largo del país y en todos los sectores de la economía, y a reemplazar las onerosas fuentes informales que prevalecen.

“CREO, un crédito para conocernos, diseñado con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se erige como la estrategia más inclusiva jamás ejecutada en Colombia y que apunta a cerrar desigualdades históricas y generar financiación accesible y flexible, como una palanca clave para potenciar la generación de capacidades, el bienestar financiero y la transformación de las condiciones de vida de la economía popular”, precisó el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo.

El reto es apremiante. Según la encuesta de Micronegocios (EMICRON) del DANE, al cierre del 2022, de los 5,3 millones de micronegocios en el país, apenas el 30% cuenta con financiación formal. Además, uno de cada cuatro micronegocios que solicitó un crédito lo hizo a través del “gota a gota”. Este número ha venido creciendo desde la pandemia.

“Los negocios ambulantes, tenderos, recicladores y productores agropecuarios de bajos ingresos necesitan acceder a financiación y desarrollar capacidades financieras para hacer crecer sus negocios o proyectos productivos. Muchos de ellos están a merced del ‘gota a gota’. Por esta razón, buscamos ofrecer diferentes alternativas que se conviertan en la puerta de entrada al sistema financiero”, señaló Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades.

La piedra angular de la estrategia es la banca pública, que hace parte del Grupo Bicentenario. Bancóldex, Finagro-FAG y FNG, de manera articulada y coordinada, activarán un paquete de servicios financieros y no financieros para apalancar créditos productivos populares través de la red de proveedores de servicios financieros. El Banco Agrario de Colombia liderará la colocación de financiación para la Economía Popular. Por su parte, el sector financiero cooperativo, dada su vocación y cercanía a la población, será un aliado clave de esta estrategia, es por eso que desde el Gobierno se viene trabajando, junto con el sector, en un programa de fortalecimiento.

Para fomentar la participación de más entidades en el segmento de la Economía Popular, la estrategia se enfocará en fortalecer y ampliar la red de proveedores de servicios financieros, en especial de las cooperativas, las Fintech, los bancos de nicho, las ONG microcrediticias y los bancos comerciales. Así mismo, en impulsar metodologías innovadoras y disruptivas; y acelerar iniciativas gubernamentales, como los esquemas de finanzas y datos abiertos, buscando que las nuevas tecnologías apalanquen la irrigación de créditos para la EP.

“El Grupo Bicentenario tiene dentro de sus objetivos apoyar al Gobierno nacional a identificar y corregir fallas de mercado, tales como la falta de cobertura de servicios financieros en las regiones más apartadas o la ausencia de información que restringe el acceso el crédito para los sectores más vulnerables. Esta estrategia, a través de las empresas participantes, propenderá por acercar a las personas de la EP a cumplir sus sueños, contribuyendo con el desarrollo del país.”, precisó Adriana Mazuera, representante legal del Grupo Bicentenario.

“CREO, un crédito para conocernos” se cimienta en cuatro columnas o ejes centrales: i) oportunidades de acceso al crédito para aquellos que tradicionalmente han estado desatendidos, ii) promoción de metodologías de financiamiento grupal y asociativo, iii) gestión y acompañamiento en territorio de la población y iv) generación de capacidades financieras de la EP.

La primera columna estratégica se centra en brindar acceso al crédito a aquellos ciudadanos que, hasta el momento, no han sido partícipes del sistema financiero. La meta es visibilizar a la economía popular, promoviendo su inclusión financiera.

Las entidades del Grupo Bicentenario, alineadas con este propósito, ofrecerán una gama de instrumentos inclusivos: en primer lugar, garantías silenciosas destinadas a perfeccionar la gestión de riesgos; en segundo lugar, financiamiento concesional, cuyo propósito es fomentar innovaciones operativas que impulsen el acceso a recursos en condiciones favorables; y finalmente, un incentivo al buen pago, que promueva hábitos financieros saludables y responsables entre los beneficiarios.

Los dos primeros incentivos adoptarán un enfoque territorial y de género, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional con la igualdad y equidad en todos los ámbitos de la sociedad.

A lo largo de este primer año se llevará a cabo la implementación progresiva de incentivos en 100 mil operaciones crediticias. La estrategia reconoce la importancia del sector agropecuario para el aparato productivo y en la vida de las comunidades rurales. Por ello, se han asignado incentivos específicos para 34 mil operaciones adicionales en este sector.

Mientras las entidades financieras terminan de adelantar los desarrollos tecnológicos y operativos, se estima que los primeros créditos agropecuarios se comenzarían a colocar de manera progresiva a partir de mayo del presente año.

La segunda arista promueve el financiamiento grupal popular como una pieza clave para acceder a recursos que potencien las actividades productivas de la EP, activando el tejido social de su comunidad y de grupos que comparten intereses y objetivos comunes. Finagro cuenta hasta con $7 billones para movilizar en las diferentes líneas de crédito para el 2023, entre estas se incluyen los esquemas asociativos y de integración.

El tercer pilar busca acercar a los proveedores de servicios financieros con la población. Para esto, el Gobierno espera lanzar en abril las ferias de la economía popular, que acercan la oferta de productos y servicios y llevan asesoría y acompañamiento financiero a los colombianos que viven en las zonas más apartadas del país.

La cuarta columna, apunta a crear los círculos virtuosos de la inclusión financiera y del desarrollo sostenible de las capacidades financieras de la EP. Desde el Grupo Bicentenario lanzará un programa de sensibilización para promover el crédito formal y dar a conocer las desventajas de los mecanismos informales de financiación, los beneficios de crecer por medio de los productos de créditos del sistema financiero formal y los nuevos productos que abrirán las puertas de la inclusión financiera a la EP.

En el engranaje y como factor habilitante de esta estrategia, en este cuatrienio, el Gobierno liderará la implementación de un esquema de datos abiertos, tendientes a facilitar la disponibilidad y el intercambio de la información de las personas. Esta información, fundamental para reducir fricciones relacionadas con el conocimiento, vinculación y perfilamiento del cliente, reposa en un amplio espectro de entidades tanto del sector financiero como del sector real y del gobierno. Contar con un esquema de datos abiertos permitirá fortalecer modelos de análisis de riesgo alternativos en el país, basados en información transaccional de las personas y provenientes de diversas fuentes.

Según el más reciente informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público), la reforma pensional radicada por el Gobierno Nacional el pasado 22 de marzo puede reducir entre 7 y 12 puntos porcentuales del PIB el valor presente de los déficits de los pilares contributivo y semicontributivo.

Así, con la implementación de la reforma pensional, el valor presente neto a 2070 de los déficits se podría reducir de 67,5% (en un escenario sin reforma), a 55,2% del PIB.

Este efecto favorable, según el reporte, se deriva de:

(i) Los nuevos flujos de recursos que obtendrá Colpensiones con la reforma

(ii) La eliminación de los subsidios a las pensiones relativamente altas y

(iii) La implementación de un fondo de ahorro, con las respectivas rentabilidades, como parte de un manejo responsable a los recursos del sistema pensional.

La creación del pilar solidario permite triplicar el monto de la transferencia mensual dirigida a los adultos mayores y llegar a cerca de 450 mil nuevos beneficiarios. Más de 2,3 millones de adultos mayores harán parte de esta iniciativa.

Lo anterior permitirá reducir en más de 50% la incidencia de la pobreza moderada, y en más de 85% la incidencia de la pobreza extrema en la población mayor de 65 años, con un costo fiscal neto de $3,8 billones a precios de 2023 (0,24% del PIB).

Respecto al fondo de ahorro, gracias a su funcionamiento, se acumularán recursos por $124 billones al 2030 (a precios de 2023), dado el flujo de cotizaciones adicionales que obtendrá Colpensiones y los traslados desde los fondos de pensiones. Este instrumento evita que el ahorro nacional se deteriore, y permite mantener el dinamismo del mercado de deuda pública. Se trata de un compromiso clave de la política macroeconómica del país.

Para conocer el documento completo del Ministerio de Hacienda, haga clic aquí.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifican los artículos 11.2.5.1.1. y 11.2.5.1.2. del Decreto 2555 de 2010 para determinar las modalidades de crédito cuyas tasas de interés deben ser certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y se dictan otras disposiciones”.

La entidad recibirá comentarios de este proyecto de decreto hasta el 25 de marzo de 2023 hasta las 12 de la noche.

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El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios hasta el 21 de marzo de 2023, el Proyecto de Decreto “Por medio del cual se establece el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia de aduanas, así como el procedimiento aplicable”.

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El Ministerio de Hacienda publicó el proyecto de decreto para comentarios hasta el 10 de marzo, “Por el cual se reglamentan los artículos 242, 242-1, 245 y 246 del Estatuto Tributario, modificados respectivamente por los artículos 3, 12, 4 y 13 de la Ley 2277 de 2022, se sustituye el inciso 1, numerales 1 y 2 y el parágrafo 1 del artículo 1.2.1.10.4., el inciso 1, numerales 1 y 2 y el parágrafo 1 del artículo 1.2.1.10.5., del Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 2, el inciso 1, numerales 1, 2 y 3 del artículo 1.2.4.7.3., el inciso 1, numerales 1 y 2 y parágrafo 1 del artículo 1.2.4.7.8. y el inciso 1, numerales 1 y 2, parágrafos 1, 3 y 4 del artículo 1.2.4.7.9., del Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria relacionados con el tratamiento aplicable a los dividendos y participaciones”.

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El Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. Para que se convierta en ley, el legislativo tiene hasta el 7 de mayo para analizar, estudiar, debatir y aprobar el documento.

El articulado del Plan estima una inversión de $1.154 billones para los próximos cuatro años: $136,5 billones para la Convergencia regional; $114 billones para la transformación productiva y acción climática; $744 billones para temas relacionados con la Seguridad Humana y la justicia social; $47 billones para el Derecho Humano a la alimentación; y $28 billones para el Ordenamiento del Territorio alrededor del agua.

Entre sus metas se destacan: actualizar el Catastro Multipropósito en un 70%; llevar la pobreza extrema a un dígito; utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética, y llegar a cerca de 3 millones de hectáreas entregadas.

Para conocer el proyecto del Plan Nacional de Desarrolllo, haga clic aquí.

América Latina y el Caribe se unirán en búsqueda de una mayor justicia tributaria global, que beneficiará a los países de la región, especialmente para financiar el desarrollo económico y social y poder eventualmente disminuir la carga impositiva de los contribuyentes.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, explicó que la iniciativa, que se denomina “Hacia una tributación global más incluyente, sostenible y equitativa”, busca que Latinoamérica y el Caribe aporten de manera más eficaz al debate de la política de impuestos global, que no ha contado con espacios de colaboración efectiva para los países de esta región y que comparten una tradición tributaria.

“El interés compartido de la región por un sistema tributario global incluyente, sostenible y equitativo requiere de una voz consolidada que tenga un verdadero impacto a nivel global, para lo cual es necesario abrir un espacio oficial de discusión y coordinación y eso es lo que estamos presentando hoy”, expresó el Ministro.

De acuerdo con Ocampo, tener un sistema tributario global incluyente, sostenible y equitativo permitirá que los países en desarrollo puedan contar con recursos para invertir en la recuperación postpandemia, reducir la desigualdad y enfrentar escenarios de alta inflación; así como disminuir la evasión, elusión y planeación agresiva, aumentando el recaudo y la movilización de recursos de inversión extranjera en la región.

“Lo que buscamos con esta iniciativa es recaudar los recursos que las grandes multinacionales y los ultrarricos dejan de pagar, para que nuestra región y, en general, el sur global, tengan la posibilidad de acceder a mayores recursos para financiarse”, explicó el jefe de la cartera de Hacienda.

Sobre la iniciativa
El objetivo es crear un espacio inclusivo y transparente de cooperación tributaria en el que los países de la región puedan alinear sus posturas frente al debate tributario global, al tiempo que se coordinan medidas regionales para disminuir la competencia fiscal, agilizar y aprovechar mejor el intercambio de información financiera, y gravar de manera más justa las utilidades de la economía digital.

La iniciativa busca ser lo más transparente posible y por eso se escuchará a los académicos, sociedad civil, sector privado y gobiernos para identificar los problemas que deben resolverse en el ámbito de la política fiscal internacional. Por eso, habrá tres escenarios para reunir los temas y formalizar una agenda de asuntos prioritarios por resolver:

- Conferencia abierta “Rethinking Global Taxation”. Bogotá, Colombia. 2 y 3 de mayo. En este evento se compilarán los temas clave por resolver, escuchando a los actores representativos en materia tributaria y fiscal.
- Precumbre de Gobernanza. Santiago de Chile, Chile. 15 y 16 de mayo. En este escenario continuarán las discusiones sobre la gobernanza de la nueva plataforma de cooperación.
- Cumbre Ministerial. Cartagena de Indias, Colombia. 27 y 28 de julio. Identificados los temas por resolver y con la estructura de gobernanza decidida, los líderes políticos de América Latina y el Caribe se reunirán para priorizar los asuntos más urgentes que den inicio a la discusión global y encontrar soluciones sostenibles que le darán al sistema tributario internacional la estabilidad y flexibilidad necesaria para hacer frente al entorno de negocios y movilidad global que cambia rápidamente.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifican los artículos 1.6.1.13.2.1., 1.6.1.13.2.5., el inciso 1, el parágrafo 2 y se adiciona el parágrafo 3 al artículo 1.6.1.13.2.11., se modifica el parágrafo 3 y se adiciona el parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.12., se modifica el artículo 1.6.1.13.2.25., se modifica y numera el parágrafo del artículo 1.6.1.13.2.26. y se adiciona el parágrafo 2 al mismo artículo, se modifica el inciso 4 del artículo 1.6.1.13.2.31., se modifica el inciso 1 y el parágrafo 5 del artículo 1.6.1.13.2.33., y se sustituyen los artículos 1.6.1.13.2.53., 1.6.1.13.2.54. y 1.6.1.13.2.55. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”, que modifica el decreto de plazos.

La entidad recibirá comentarios sobre este proyecto de decreto hasta el 19 de enero de 2023.

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