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La Agencia de Renovación del Territorio (ART) publicó el Banco de Proyectos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de Obras por Impuestos - Opción Fiducia y Convenio, en el cual se encuentran más de 120 proyectos por valor de $ 1,017 billones, que buscan la transformación económica y social de los territorios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).

La invitación a las empresas es a revisar los proyectos de interés y presentar su vinculación antes del 01 de abril de 2024 a través de la plataforma en línea dispuesta por la ART en su página web, en el siguiente enlace: https://obrasporimpuestos.renovacionterritorio.gov.co/ObrasImpuestos

Según explicó el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado Guerrero, esta es una fuente de financiación que permite al sector privado del país destinar hasta el 50% de su impuesto de renta en proyectos que contribuyen al cierre de brechas socioeconómicas y a la transformación de los territorios que más han sufrido las consecuencias de la violencia y la pobreza.

Vale recordar que, para este mecanismo, el Gobierno del Cambio aumentó su cupo CONFIS de $500.000 millones en 2022 a un billón de pesos en 2024, una cifra histórica desde su creación en 2018. “Buscamos que el empresariado se vincule más a la construcción de paz y que las entidades públicas del orden territorial y nacional gestionen más proyectos para beneficio de las comunidades”, afirmó.

Entre los sectores más dinámicos del Banco de Proyectos de Obras por Impuestos se destacan: infraestructura vial, educación, salud, energía, agua potable y saneamiento básico, tecnologías de la información, pagos por servicios ambientales y gestión del riego, entre otros.

Vale recordar que existen dos opciones para presentarse al mecanismo:
La opción FIDUCIA: a través de la cual el empresario pude realizar proyectos invirtiendo hasta el 50% de su impuesto de renta a cargo en sectores como educación, transporte, energía, vivienda, ciudad y territorio y salud. Los proyectos se ejecutan a través de una fiduciaria, que es la encargada de administrar los recursos de los proyectos y realizar el proceso de contratación de los diferentes actores que se requieren para desarrollarlos (interventoría, gerencia, contratistas de obra, etc.), bajo la coordinación e instrucción del empresario, quien es el responsable de la ejecución del proyecto hasta entregarlo terminado y a satisfacción.

En este caso, los interesados deben aplicar a través del siguiente enlace (https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/152/obras-por-impuestos-opcion-fiducia)

Y la opción CONVENIO: por este mecanismo el contribuyente realiza los proyectos con recursos propios a través de un convenio que firma con el ministerio competente a los sectores antes mencionados, más proyectos referentes a infraestructura productiva, cultural, bienes públicos rurales, tecnologías de la información, gestión del riesgo y pago por servicios ambientales.

En este caso el contribuyente contrata directamente a los actores que requiera para ejecutar el proyecto, lo entrega terminado y recibe en contraprestación Títulos para la Renovación del Territorio – TRT, con los cuales podrán pagara hasta el 50% del impuesto de renta a cargo y/o negociarlos en el mercado. En este caso, los interesados deben aplicar a través del siguiente enlace: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/173/obras-por-impuestos-opcion-convenio).

Para ambos casos tenga en cuenta los requisitos y formatos detallados en los enlaces relacionados.

Con el propósito de crear mecanismos contundentes para poner fin al flagelo del ‘gota a gota’, el Gobierno nacional lanzó el 28 de marzo del año pasado la iniciativa “CREO: un crédito para conocernos”, enfocada en otorgar créditos a pequeños empresarios que no han accedido al sector financiero formal. Actualmente, el país ya cuenta con 15.779 beneficiados y desembolsos por $28.649 millones con corte al 31 de enero de 2024.

“CREO busca ser la puerta de entrada para la población con actividades productivas que actualmente está desatendida financieramente. Además, tiene como objetivo generar confianza entre las partes, comprender mejor el comportamiento y la capacidad de pago de los deudores, y establecer procesos responsables para la graduación hacia una amplia gama de canales y servicios en el sector financiero formal”, dijo la directora de Banca de las Oportunidades, Paola Arias.

La ejecución de esta iniciativa ha estado liderada por el Fondo Nacional de Garantías (FNG), el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), y el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancóldex), principalmente para atender a las unidades económicas de baja escala que forman parte de la economía popular.

Desde su lanzamiento, CREO ha logrado los siguientes hitos:

Finagro: Se puso en marcha el 10 de mayo con un monto de $102.000 millones, y hasta el 31 de diciembre de 2023 se realizaron 3.318 desembolsos por un total de $9.858 millones.

Inició el 18 de mayo con un monto inicial de $17.500 millones. Hasta la fecha, se han desembolsado 11.672 créditos entre doce (12) entidades financieras, con un total desembolsado de $17.430 millones.

Bancóldex: El 24 de noviembre de 2023, se puso en marcha la línea de crédito Creo Economía Popular. La línea cuenta con un monto total de $15.000 millones y hasta el momento se han otorgado préstamos por aproximadamente $1.361 millones en 789 operaciones.

Tanto en el caso del FNG como de Bancóldex, la región Caribe ha sido la más beneficiada al recibir $7.130 millones y $380,7 millones en desembolsos respectivamente. En cuanto a Finagro, el Centro Oriente del país obtuvo un capital de $3.152 millones en créditos.

Hasta el 15 de marzo de 2024, el Ministerio de Hacienda recibirá comentarios sobre el proyecto de decreto “Por el cual se reglamentan los artículos 2, 5 y 7 de la Ley 2344 de 2023 y modifica el numeral 2 del artículo 1.6.1.30.1. del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 y sustituye el Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 8 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionados con la Copa mundial femenina Sub-20 FIFA 2024”.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios hasta el 5 de marzo de 2024, el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifican los artículos 2.6.5.5, 2.6.5.8 y 2.6.5.15 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público en relación con el manejo y administración de los recursos de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto”.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

Tras su aprobación por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, presentó la actualización del escenario macroeconómico, el cierre fiscal preliminar de 2023 y el Plan Financiero de 2024.

De acuerdo con las proyecciones del Ministerio, la economía colombiana habría crecido 1,2% en 2023. Al crecimiento de 2023 habrían contribuido principalmente los sectores de administración pública, actividades artísticas y actividades financieras, así como el dinamismo de las exportaciones.

Como se proyectó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023 (MFMP), la desaceleración del crecimiento económico corresponde a un proceso de ajuste gradual que le ha permitido a la economía reducir su vulnerabilidad a importantes desequilibrios macroeconómicos, en particular a una elevada inflación y déficit de cuenta corriente. Las proyecciones del Ministerio apuntan a una reducción de ambos indicadores en el futuro cercano.

En 2024 la economía colombiana empezaría una senda sostenida de recuperación, con un crecimiento de 1,5% impulsado por una política monetaria menos restrictiva, una corrección gradual de la inflación local y una menor percepción del riesgo. Estos factores impulsarían la recuperación de la demanda interna a lo largo del año.

Con información de cierre preliminar, el déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2023 se ubicó en 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB), un punto porcentual por debajo de lo observado al cierre de 2022. Este resultado representa un sobrecumplimiento de la regla fiscal de 0,1% del PIB y una mejora de la misma magnitud frente a lo proyectado en el MFMP. Frente a 2022, en 2023 los ingresos del GNC aumentaron en 2,4 puntos porcentuales del PIB, mientras que los gastos fiscales aumentaron en 1,4 puntos porcentuales. Por su parte, la deuda neta del GNC se redujo en 5,1 puntos porcentuales a 52,8% del PIB.

En 2024 el Gobierno planea mantener los mismos principios en el diseño y el ejercicio del Plan Financiero. En específico, el Gobierno busca continuar con el ajuste del balance primario neto estructural en línea con los límites establecidos por la regla fiscal y mantener el uso activo del gasto público como herramienta de reactivación económica y de atención de las demandas sociales.

En respuesta a un entorno macroeconómico desafiante, el Gobierno planea usar el espacio que otorga la regla fiscal para aumentar el gasto fiscal en 1,4 puntos porcentuales adicionales. Con ello, el déficit proyectado del GNC sería en 2024 de 5,3% del PIB. El déficit estaría en línea con el espacio contracíclico que otorga la regla fiscal, y llevaría la deuda neta del GNC a 57%.

Estos resultados consolidan los avances logrados en materia de sostenibilidad fiscal y reflejan el uso que ha dado el Gobierno a la estrategia fiscal como parte de las herramientas de reactivación económica: un aumento del gasto fiscal que busca impulsar el crecimiento de la economía y una estrategia fiscal que ha sido diseñada en respuesta a múltiples factores que han afectado las perspectivas fiscales.

Frente a lo proyectado en el MFMP, el ingreso se ha revisado a la baja por menores recursos del arbitramento de litigios tributarios, condiciones macroeconómicas menos favorables y un menor recaudo frente a lo proyectado en 2023.

En línea con un manejo responsable de las finanzas públicas, el gasto presenta una revisión a la baja para compensar los menores ingresos que se derivan de la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con la deducibilidad de regalías y haciendo uso de medidas condicionales para un manejo prudente de liquidez. Las proyecciones de deuda se mantienen en línea con la estrategia proyectada en el MFMP y se garantiza el cumplimiento de la meta establecida por la regla fiscal.

De acuerdo con el Plan Financiero se contempla una estrategia de financiamiento para 2024 con los siguientes elementos:
• La Nación contempla desembolsos por un total de $75.828mm, 4.5% del PIB que corresponden a financiamiento de la vigencia 2024.
• La Nación prevé desembolsos externos por US$5.500 millones ($22.391 mm, 1,3% del PIB), lo cual le permitirá a la Nación financiar el déficit fiscal en
complemento a los desembolsos internos.
• De las fuentes externas se prevé que cerca del 55% provenga de préstamos con organismos multilaterales y bilaterales y el restante 45% del mercado internacional de capitales, incluyendo emisión de bonos sociales en el mercado internacional.
• Se contemplan emisiones de Títulos de Tesorería TES por $53.437 mm (3,2% del PIB), de los cuales $37.000 mm se obtendrán a través de subastas y sindicaciones, $1.000 mm a través de la emisión de TES Verdes en el mercado local, y $5.000 mm provendrán de inversiones de entidades públicas.
• Con respecto a la composición por moneda, el financiamiento para la vigencia 2024 provendrá en un 70% de operaciones en moneda local y en un 30% de instrumentos en moneda extranjera.
• Por metodología fiscal, dentro del déficit a financiar por $89.345 mm (5,3% del PIB) se incluyen ajustes fiscales por causación de $25.916 mm (1,5% del PIB), que no generan presiones de financiamiento de caja.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el Proyecto de Decreto “Por el cual se sustituyen los artículos 1.2.4.10.12. del Capítulo 10 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 y el artículo 1.2.6.8. del Título 6 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, correspondientes a las tarifas de retención y autorretención del impuesto sobre la renta”.

La entidad recibirá comentarios sobre el proyecto de decreto hasta el 14 de febrero de 2024 hasta las 12 de la noche.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

El Gobierno, en el marco del CONFIS, encabezado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla y el Director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, aprobó el mayor cupo para el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite que el sector empresarial pague hasta el 50% de sus impuestos en proyectos de inversión en municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas más afectadas por el Conflicto).

El billón de pesos aprobado para la vigencia 2024, es el mayor cupo desde la creación de la implementación del mecanismo en 2018.

Entre el 2018 y el 2023 se han aprobado 297 proyectos por 2.1 billones de pesos beneficiando a 238 municipios y vinculando a 160 empresas. Los sectores con mayor inversión son infraestructura, transporte, educación, vivienda, ciudad y territorio, y energía.

Del total de proyectos aprobados entre el 2018 y el 2023, más de la mitad de las inversiones (1,1 billones de pesos) se logró en el primer año del Gobierno del Cambio con mayor número de proyectos (157) y mayor número de contribuyentes vinculados (108).

Para la 2024, el CONFIS dejó abierta la posibilidad de ampliar el cupo de un billón de pesos con el propósito de impulsar proyectos que aceleren la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia, potencia mundial de la vida” priorizando proyectos en: transición energética, vías terciarias e integración digital.

La aprobación del cupo de un billón de pesos para el mecanismo de Obras por Impuestos en 2024, demuestra la voluntad del Gobierno del Cambio de fortalecer este mecanismo para posibilitar la necesaria vinculación del sector privado en la construcción de paz, como parte esencial del gran acuerdo nacional propuesto por el presidente Gustavo Petro.

Con el fin de proteger el poder adquisitivo de los hogares colombianos, el Gobierno Nacional continúa priorizando la desindexación de elementos de la economía, que actualmente están atados al incremento del salario mínimo, de la inflación y de la UVT para que sean cobijados con el valor de la UVB.

Con esta medida cerca de 100 elementos estarán atados al valor de la UVB, aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 -2026, y que será reajustada anualmente con base en la variación del IPC sin alimentos, ni regulados.

El valor de la UVB para 2024 será de $10.951. Esta cifra es el resultado del IPC sin alimentos ni regulados de octubre 2023, que publicó el Dane, y que registró una variación anual de 9.51%. La UVB para 2023 fue de $10.000.

De acuerdo con lo aprobado en el PND, todos los cobros; sanciones; multas; tarifas; requisitos financieros para la constitución, la habilitación, la operación o el funcionamiento de empresas públicas o privadas; requisitos de capital, patrimonio o ingresos para acceder y ser beneficiario de programas del Estado antes denominados y establecidos con base en salarios mínimos o en UVT, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la UVB de cada año.

En la medida también estarán atados a la UVB montos máximos establecidos para realizar operaciones financieras; montos mínimos establecidos para el pago de comisiones y contraprestaciones definidas por el legislador; cuotas asociadas al desarrollo de actividades agropecuarias y de salud; clasificaciones de hogares, personas naturales y personas jurídicas en función de su patrimonio y sus ingresos; incentivos para la prestación de servicio público de aseo; y honorarios de los miembros de juntas o consejos directivos.

Algunos de los productos que ya se encuentran desindexados del incremento del salario mínimo son la tarifa aplicada para quienes quieran participar en méritos de concurso a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil (maestros), los valores de matrícula y derechos pecuniarios para estudiantes del programa de formación complementaria de escuelas normales superiores oficiales y la convalidación de certificados obtenidos en otros países.

También se encuentra desindexado la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos y el costo correspondiente a la habilitación de empresas de transporte, entre otros.

La creación de esta nueva medida (UVB) se da no solo como respuesta al proceso de desindexación, sino con el objetivo de salvaguardar el poder adquisitivo de los colombianos, lo que muestra la decisión del Gobierno por buscar medidas para mitigar la inflación.

En 2024, la reforma al Sistema de Salud de Colombia tendrá un costo de $929 mil millones. Así lo señala el escenario de factibilidad realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en la ponencia para segundo debate del mencionado proyecto.

Sin reforma, los gastos del sector salud en 2024, según el reporte, alcanzan los $91,3 billones. El informe muestra, además, que con reforma esta cifra en el mismo año suma $92,2 billones. Para esta vigencia, el balance con reforma muestra un déficit de $3,2 billones.

Si bien la reforma al sistema de salud implica mayores gastos en el corto y mediano plazo, derivados de la ampliación en la atención primaria, la formalización del talento humano en salud, la construcción y recuperación de la infraestructura pública hospitalaria y la creación de licencias de maternidad universales, entre otros, en el largo plazo, se espera que el énfasis en la prevención se traduzca en menores gastos de atención en mediana y alta complejidad.

La siguiente gráfica compara el gasto en salud hasta 2050 en un escenario con y sin reforma. Como se observa, aunque durante los primeros años el gasto del escenario con reforma es superior, esta situación se invierte a partir de la vigencia 2036.

El informe del Ministerio de Hacienda y crédito Público destaca que, para garantizar el derecho fundamental a la salud, la iniciativa contempla la articulación del sistema alrededor del aseguramiento social, con enfoque basado en la estrategia de Atención Primaria en Salud.

Con la reforma renglones como el de Atención Primaria en Salud pasará de $16,5 billones a $17,5 billones.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, considerando que el país tiene alrededor de 16 mil sedes de baja complejidad, varias de las cuales ya funcionan como Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), los recursos requeridos para la construcción de nuevos CAPS se estiman en $500 mil millones por año.

El proyecto de reforma también establece como parte de la política de formación y educación superior en salud, la creación, por parte del Gobierno, de becas de matrícula para formación posgradual de profesionales de salud en áreas médico-quirúrgicas y de salud pública. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el gasto anual se estima en $120 mil millones a partir de 2025.

La iniciativa busca crear un fondo para la atención de catástrofes y epidemias. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, se requerirían alrededor de $50 mil millones por año de manera que, al cabo de una década, se cuente con una reserva de al menos $500 mil millones, gasto que se proyecta a partir de 2025.

Para conocer el informe del Ministerio de Hacienda, haga clic aquí.

Con el fin de autorizar el arbitraje para disputas tributarias, aduaneras o cambiarias entre los contribuyentes y la DIAN, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de arbitramento de litigios.

El objetivo es agilizar y mejorar la eficiencia en la resolución de estas disputas, en comparación con los procedimientos judiciales convencionales.

Y es que actualmente, el índice de congestión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Colombia es del 64%, lo que evidencia la pertinencia de esta iniciativa, al permitir el arbitraje como mecanismo alternativo que disminuye la saturación del sistema judicial.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, destacó que la base de datos de litigios del Estado revela que existen 7.112 procesos activos de la DIAN por un monto de $27,3 billones, con corte a mayo de 2023. Es así como con los mecanismos previstos en el nuevo proyecto de ley, se permitiría movilizar un mayor recaudo para financiar niveles de gasto social consistentes con la implementación del Plan de Desarrollo.

“La iniciativa crea una nueva alternativa de resolución de las disputas entre los contribuyentes y la administración, lo cual reduce el tiempo en el que incurren ambas partes en su resolución”, precisó.

Es así como gracias a las disposiciones de este proyecto de ley, es razonable esperar que buena parte de estos procesos se resuelvan en un término menor de 12 meses, considerando los procesos arbitrales que se realizan en otras áreas del derecho.

Así, la iniciativa es beneficiosa para los contribuyentes y contribuye a aumentar la eficiencia en la generación de recaudo por parte de la DIAN.

Para conocer el Abecé del proyecto, haga clic aquí.