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a. La declaratoria de nulidad de un acto ilegítimo no restablece per se el daño ocasionado y en ese caso se debe restablecer el derecho mediante una reparación integral ya sea in natura o por equivalente del daño.

Síntesis del caso: Un Banco en su calidad de contribuyente del impuesto sobre la renta, le presentó a la DIAN una solicitud para acogerse al régimen de estabilidad tributaria previsto en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario por un término de 10 años. La DIAN aceptó suscribir el acuerdo de estabilidad por lo que restaba del año 2000. El Banco ante la manifestación de la administración tributaria de no estar interesada en suscribir el acuerdo por el término solicitado, procedió a protocolizar mediante escritura pública, el silencio administrativo positivo y en consecuencia pagó los dos puntos porcentuales del impuesto sobre la renta de los años 2011 y 2002 según lo exigía el artículo 240-1 del E.T. para hacer efectivos los derechos del régimen. La DIAN revocó el acto ficto positivo y ordenó la cancelación de la escritura pública. Contra ese acto de revocatoria, el Banco interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho que fue decidida por el Consejo de Estado mediante fallo inhibitorio. Sin embargo mediante recurso extraordinario de súplica, una Sala Especial transitoria de la misma Corporación, declaró que el Banco tenía derecho al régimen de estabilidad tributaria por un término de 10 años a partir del año 2001. En cumplimiento de la anterior sentencia, el 4 de julio de 2008, el demandante pagó el incremento del impuesto sobre la renta por los años gravables 2001 a 2007 y a su vez le solicitó a la DIAN la devolución de $ 565.044.000 y $ 565.043.000 cancelados el 23 de mayo y 23 de septiembre de 2004 por concepto de la primera y segunda cuota del impuesto al patrimonio de ese año. Respecto de esa petición, la DIAN accedió a devolver las sumas solicitudes pero en el mismo acto administrativo compensó $ 565.004.000 y $ 439.783.000 como saldo pendiente del incremento del impuesto sobre la renta de los años 2001 a 2007 y los intereses de mora causados sobre ese mayor impuesto.

Extracto: “...De otra parte, habida cuenta de que el restablecimiento del derecho puede implicar la reparación de perjuicios, debe tenerse en cuenta que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 previó que dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales. De manera que, conforme con el modelo de reparación integral a que alude el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el Estado debe reparar el daño causado y, para el efecto, el derecho de la persona que lo haya padecido debe ser restablecido a un punto cercano al que se encontraba antes de la vulneración del derecho y de la ocurrencia del daño. Ahora bien, cuando el daño se deriva de actos administrativos ilegítimos, la declaratoria de nulidad, generalmente, no restablece per se el daño infligido. Es posible que sea necesario que el juez emita un acto constitutivo y, por lo mismo, se reitera, está facultado para estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas. En este entendido, el acto o providencia de anulación no se limita a hacer una simple declaración de ilegalidad, sino que establece una situación jurídica análoga a al que se tenía. Las sentencias que anulan actos administrativos de carácter particular y concreto tienen, entonces, efectos retroactivos en la medida en que, procuran restablecer el derecho a un punto cercano al que se encontraba antes de la vulneración y de la ocurrencia del daño. Ahora bien, a partir del establecimiento de una nueva situación jurídica, también se ha propugnado porque el restablecimiento del derecho sea in natura, esto es, que se restablezca la situación jurídica que tenía el sujeto afectado con el acto, no a la situación previa que tenía antes de dicho acto, sino a la situación jurídica en que estaría el sujeto, si ese acto no se hubiera expedido. En esa medida, son varios los mecanismos que se pueden utilizar para restablecer el derecho in natura. La doctrina ha precisado que “(...) la reparación in natura admite variedad de mecanismos, como restituir o reponer un bien perdido, deshacer una acción realizada indebidamente, retirar de la circulación los ejemplares de una publicación que afecte la honra de una persona, etc. (...) una de las formas particulares de llevar a cabo la reparación in natura es la restitución de cosas o bienes, particularmente cuando éstos se han perdido y se encuentran en poder de terceros. Es decir, (...) la reparación es un término genérico y (...) la restitución es una de las formas de reparar in natura.”. La doctrina también ha precisado que para lograr la reparación del daño in natura se debe remover la causa que lo ha generado, y luego de que ello ocurra, se debe procurar realizar las actividades necesarias para que el sujeto afectado con el hecho dañoso quede en una situación similar a la que tendría si el hecho no se hubiere realizado. Ahora bien, cuando no se puede restablecer el derecho in natura procede restablecer el derecho por equivalente.

b. El restablecimiento por equivalente se concreta en el reconocimiento de obligaciones pecuniarias mutuas que a su vez pueden extinguirse por cualquiera de los medios legales.

Extracto: “...la Sala considera que los actos administrativos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas particulares y concretas de carácter tributario son actos constitutivos y que, por lo mismo, su nulidad puede dar lugar al restablecimiento del derecho mediante la reparación in natura o por equivalente, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Así por ejemplo, si se anula una liquidación oficial de revisión de impuestos nacionales, el derecho in natura se restablece mediante la declaración de firmeza del denuncio privado. Si se anula un acto administrativo que impone una sanción, el derecho in natura se restablece declarando que el contribuyente no está obligado a pagar la sanción impuesta. Ahora bien, si se anula el acto administrativo que niega el derecho a gozar de un beneficio tributario, la sentencia puede declarar que el contribuyente tiene derecho al beneficio, y, en ese entendido, la sentencia ejecutoriada constituye una situación jurídica que permitiría gozar del beneficio tributario desde que éste se creó. De ahí que, en casos como el planteado o en otros anteriores, es posible que el juez tenga que precisar las condiciones en que puede hacerse efectivo el derecho. En ese entendido, las ordenes que emita el juez pueden implicar un restablecimiento del derecho mediante la reparación in natura, pero también por equivalente, si aquel no es posible....En ese entendido, para la Sala, de la sentencia que declara que el contribuyente goza del régimen de estabilidad tributaria se deriva un restablecimiento del derecho que se repara por equivalente, porque se concreta expresa o tácitamente en el reconocimiento de las obligaciones pecuniarias mutuas que se originan en ese régimen de estabilidad tributaria y en el reconocimiento de que esas obligaciones pueden extinguirse mediante el pago, la devolución e incluso la compensación u otro medio de extinguir este tipo de obligaciones. El restablecimiento del derecho no puede entenderse concretado a lo pretendido en la demanda ni su reconocimiento puede condicionarse a si el juez ordenó expresamente la devolución, el pago o la compensación de las obligaciones pecuniarias mutuas. No debe perderse de vista que en el interregno de los 10 años de estabilidad tributaria se crearon nuevos impuestos que, al momento de interponerse las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho o de expedirse la sentencia que decidió el litigio, aún no existían. En consecuencia, independientemente de que la sentencia que declara la existencia del régimen de estabilidad tributaria no haya dictado una orden de condena en concreto o en abstracto, lo cierto es que esas sentencias tienen un componente económico: el pago mutuo de obligaciones pecuniarias.

c. En sentencias de contenido económico donde se ordena restablecer las obligaciones pecuniarias mutuas no hay lugar a reconocer los intereses legales del Código Civil sino que se aplica la indexación de condenas con base en el IPC a que se refiere el Código Contencioso Administrativo.

Extracto: En las sentencias del 9 de julio [Exp. 15923] y 23 de julio [Exp. 16785], ambas de 2009, se concluyó que si bien era cierto que había que aplicar el artículo 863 del E.T., se consideró que también era procedente aplicar el artículo 1617 del C.C. para reconocer los intereses legales del 6% a efectos de compensar la desvalorización monetaria que se habría causado entre la fecha en que se pagó el impuesto no debido y la fecha en que se notificó el acto administrativo que negó la devolución. Esto, por razones de equidad. En esta oportunidad, la Sala unifica su criterio y, para el efecto, precisa que, en casos como el analizado, no es procedente aplicar la tarifa del 6% anual prevista en el artículo 1617 del C.C. La norma que se debe aplicar es el artículo 178 del C.C.A. porque en el caso analizado se parte de la existencia de una sentencia que reconoce el régimen de estabilidad tributaria y esta sentencia tiene contenido económico pues ordena restablecer las obligaciones pecuniarias mutuas al estado en que se encontrarían si el régimen de estabilidad tributaria se hubiera reconocido desde un principio. Dado que el restablecimiento del régimen de estabilidad tributaria implica el pago de los dos puntos porcentuales del impuesto de renta, de una parte, y la devolución de los impuestos no debidos, de otra, la sentencia adquiere la condición de sentencia condenatoria y, por tanto, se rige por las leyes que gobiernan ese tipo de sentencias. Así, el artículo 178 del C.C.A. dispone que la liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deberán ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor. El ajuste de las condenas se fundamenta en el principio de reparación integral que, en casos como el analizado, en los que se privó al contribuyente de un régimen tributario especial que habría obtenido lícitamente, el daño infligido por esa privación se debe reparar de manera total. Y una forma de reparar ese daño es por equivalente que, se reitera, tiene como finalidad, el reintegro del dinero actualizado a valor presente. El artículo 1617 del Código Civil, además, regula los intereses civiles que se deben reconocer en toda relación contractual de índole civil y, como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, no tienen por objeto compensar la pérdida de la valorización monetaria ni incluyen per se esa desvalorización.

d. La sentencia que reconoce el régimen de estabilidad tributaria implica que la DIAN devuelva indexado el impuesto al patrimonio pagado por el contribuyente y a su vez que éste pague los dos puntos porcentuales del impuesto de renta actualizados.

Extracto: Puede ocurrir, entonces, que al momento en que se expida la sentencia que declara la existencia de ese régimen de estabilidad tributaria el contribuyente no haya pagado los dos puntos porcentuales adicionales del impuesto de renta. En esos casos, es pertinente que la DIAN exija el pago de ese mayor impuesto. Ahora bien, ¿en qué condiciones se deben pagar los dos puntos porcentuales adicionales del impuesto de renta? La Sala considera que para entender satisfecho el pago de la tarifa especial del impuesto de renta del régimen de estabilidad tributaria, el contribuyente debe pagar los dos puntos porcentuales del impuesto de renta debidamente actualizados, pues no es lo mismo que el Estado recaude el impuesto, por ejemplo, en el año 2001, a que lo reciba, años después. Eso es así en virtud del efecto retroactivo de la sentencia que reconoce el derecho al régimen de estabilidad tributaria que, como se precisó anteriormente, implicó el restablecimiento de obligaciones pecuniarias mutuas, concretamente, que el contribuyente asumiera el deber de pagar la tarifa especial del impuesto de renta y la DIAN la de devolver los impuestos pagados y que se habrían estabilizado a instancia de la aplicación del régimen de estabilidad tributaria (...)La Sala, en esta oportunidad, revoca la condena impuesta por el a quo a la DIAN, en cuanto ordenó pagar el interés legal del 6%. Conforme con lo expuesto en la parte considerativa de la sentencia, debe entenderse que, en virtud del restablecimiento del derecho derivado de la sentencia del 7 de abril de 2008, que profirió la Sala Transitoria 4C del Consejo de Estado, la DIAN debió devolver la primera y segunda cuota del impuesto al patrimonio debidamente indexada, esto, es, en los términos del artículo 178 del C.C.A. Y aunque la DIAN tiene la razón en cuanto a que en las pretensiones de la demanda el Banco Colpatria siempre pretendió el reconocimiento de los intereses corrientes y moratorios del artículo 863 E.T., más no los intereses legales, no se viola el principio de congruencia ni se incurre en la expedición de un fallo ultra petita, por el hecho de definir el restablecimiento del derecho en las condiciones que conforme con la ley corresponde. Para el efecto, es menester partir de lo resuelto en los actos administrativos que fueron demandados en cada uno de los expedientes acumulados...”.

Sentencia de 4 de febrero de 2016. Exp acumulados 25000-23-27-000-2009-00233-01 (19.045), 25000-23-27-000-2009-00235-01 y 25000-23-27-000-2009-00278-01 (18.551) y 25000-23-27-000- 2009-00275-01 (18.962) M.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho .

Como parte del desarrollo de estrategias y programas en materia de educación y cultura tributaria, la Universidad Santo Tomás y la DIAN en cabeza de su Director General, Santiago Rojas Arroyo, junto con la Directora de Gestión de Ingresos, Cecilia Rico Torres, inauguraron el primer Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal – NAF- en Colombia, proyecto que tiene como principal propósito acercar la DIAN con los contribuyentes y la ciudadanía, a través de la promoción del mejoramiento en la prestación del servicio.

Este acercamiento involucra desde el comienzo al sector académico en la creación de espacios de atención permanente donde los estudiantes y maestros (previamente capacitados), ofrezcan de manera gratuita asesoría tributaria en el ámbito normativo o técnico según se parametrice el alcance de la asistencia ofrecida por cada institución. Además de generar confianza con la ciudadanía y mejorar la imagen institucional, se busca generar centros aliados de investigación y producción de conocimiento a partir del ensamble Estado-Academia.

La iniciativa surge como producto de la asistencia brindada por el Programa para la Cohesión Social en América Latina- EUROsociAL, por medio de la metodología de cooperación sur-sur. De esta forma la DIAN busco experiencias exitosas y buenas prácticas en el ámbito internacional que pudieran ser aplicadas en Colombia para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por medio de estrategias de educación fiscal.

Los NAF
Los Núcleos de Asistencia Fiscal –NAF- son una iniciativa de responsabilidad social diseñada e implementada por la Receita Federal, administración tributaria de Brasil. Actualmente se encuentran en operación más de un centenar de NAF en Universidades de Brasil, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México y Chile.

El objetivo de los NAF es aprovechar la infraestructura existente de los consultorios jurídicos de las universidades, como parte de sus principios de responsabilidad social, con el fin de prestar asistencia o asesoría fiscal a contribuyentes de baja renta. Además se pueden generar espacios para que los estudiantes interesados en temas tributarios, adquieran experiencia por medio de la práctica.

En el evento, organizado por el grupo de Cultura de la Contribución de la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente en conjunto con la Universidad Santo Tomás se contó con la presencia del rector de la Universidad, Fray Juan Ubaldo López; los vicerrectores académico y administrativo, el Director del Consultorio Jurídico y un equipo de 12 estudiantes que harán la labor social en el NAF.

Fueron presentados ante la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera los resultados del Plan Anual Antievasión correspondiente a la vigencia 2015. La sesión fue presidida por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público y contó con la participación del Director General y Directores de Gestión de la DIAN, la Defensora del Contribuyente y Usuario Aduanero y representantes de los gremios ANDI, Asobancaria, Fitac, Analdex y Camacol.

Para el año 2015 se fijó en el Plan de Choque contra la Evasión una meta efectiva por fiscalización de $3.5 billones de pesos, la gestión lograda de enero a diciembre de 2015 fue de $ 3.763.865 millones con un cumplimiento del 107,54% frente a la meta anual asignada.

Durante el año 2015 se realizaron los siguientes programas y acciones de control integral (involucran más de un tipo de obligación y/o impuesto), logrando un cumplimiento del 100%:
• Acción decontrolperceptiva RENTA yCREE.
• Acción decontrolaimportadoresdeproductosagrícolas.
• Acción de control a empresas transportadorasde encomiendas y giros.
• Programadeindiciosdeinexactitud RentayCREE.
• Programa control a responsables de la contribución de espectáculos públicos de las artes escénicas y del impuesto sobre la renta.

Principales resultados en materia de otras acciones propuestas
• Se enviaron 119.305 oficios, aprovechando la vigencia del beneficio tributario establecido en el parágrafo 4 del artículo 56 de la Ley 1739 de 2014.
• Se efectuaron 5 procesos de actualización masiva del RUT, sin presencia del contribuyente en Puntos de Contacto, actualizando de oficio el registro a 324.855 clientes a quienes se les habían detectado responsabilidades de acuerdo con la Ley 1739 de 2014.
• Parael casodelas campañas de omisos e inexactos, las acciones se orientaron en dos aspectos:
- Los contribuyentes beneficiarios del Parágrafo 4° del Artículo 56 de la Ley 1739 de 2014: Se identificaron quienes diligenciaron las declaraciones, pero no habían realizado la presentación de las mismas ante las entidades financieras, se enviaron 19.397 correos de invitación a los cuales se presentaron 7.230 declaraciones para una efectividad del 37.3%.
- Se enviaron 62.263 cartas por correo electrónico y medio físico, invitando al cumplimiento de esta obligación a contribuyentes potenciales del impuesto de renta y complementarios de personas naturales, presentándose 5.343 declaraciones para una efectividad del 8.6%

Para conocer el informe completo, haga clic aquí.

Continuando con la misión de recaudar $130 billones, la DIAN viene ejecutando el Plan de Cobro 2016, que pretende recaudar $5.4 billones por concepto de gestión de cobro y $ 2.1 billones de gestión efectiva de fiscalización. Hoy, se realizó el balance de las acciones masivas de cobro ejecutadas durante esta semana en las ciudades de Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Popayán y Pasto.

La ejecución del Plan de Cobro 2016 incluye una estrategia integrada y sistemática. En la parte persuasiva, el pasado 4 de marzo empezó a operar el Centro Nacional de Cobro de la DIAN, en el que se contacta al moroso invitándolo a que pague sus obligaciones y, o se le orienta para que normalice su situación previamente al inicio del cobro coactivo y disposición legal de los bienes de los deudores.

No pagar las obligaciones con la DIAN tiene un alto costo, tanto para el país, como para el moroso por tres (3) razones:
1. Se priva al país de recursos para la obtención de bienes públicos que demandan todos los ciudadanos, incluido el moroso.

2. Tiene un alto costo financiero por la tasa de interés aplicable, que está contemplada en el Estatuto Tributario y corresponde a la más alta permitida legalmente (del 1 de abril al 30 de junio) rige una tasa del 30.81%.

3. Se expone a que observando el debido proceso, se decreten medidas cautelares (embargo de cuentas y bienes), que en casos extremos pueden llegar hasta el remate. Para los morosos de retención en la fuente e IVA, dada su condición de auxiliar de la tributación que recauda dineros de un tercero, la consecuencia del no pago puede ser aún más grave por cuanto puede cerrarse el establecimiento de comercio o lugar donde ejerza la actividad; incurrir en pena privativa de la libertad de 4 a 9 años; así como la imposición de una sanción equivalente al doble del valor no consignado, más el monto adeudado y sus intereses.

Desde el mes de enero viene ejecutándose en las diferentes Seccionales de la DIAN el Plan de Cobro Nacional 2016, que permitió recaudar en el primer mes del año la suma de $840.637 millones.

Actualmente el número de morosos es de 380.345, de los cuales 188.311 son personas jurídicas y 192.034 son personas naturales, cuya cartera suma $4.6 billones gestionables; el 65% de ésta corresponde a actos administrativos producidos por las dependencias de fiscalización, liquidación, jurídica y el 35% restante a declaraciones presentadas por contribuyentes que no pagaron el impuesto autoliquidado o lo hicieron parcialmente.

Gestión en Cali
Entre el 28 de marzo y el 1 de abril en la ciudad de Cali, se adelantaron 850 acciones de cobro que incluyeron 2 cierres de establecimientos de morosos de IVA y Retención en la Fuente; el envío de 33 comunicaciones en las que se informa al deudor que de no ponerse al día de manera inmediata se procederá a imponer sanción de clausura o cierre del establecimiento; y el envío de 76 insumos para denuncia penal por omisión del agente retenedor o recaudador.

Así mismo, producto del embargo de cuentas bancarias a morosos, se aplicaron 652 depósitos judiciales a las obligaciones en mora por valor de $2.444 millones; se tomaron en administración 55 bienes y se realizaron 32 avalúos de bienes.

Ante la aparición de un nuevo mensaje fraudulento allegado por un contribuyente, al correo de la Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones Jurídicas de la División de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, reitera la alerta a los ciudadanos a hacer caso omiso de estas informaciones dado que todas las comunicaciones de la Entidad cuentan con un código alfanumérico de verificación que permite validar su autenticidad.

Esta vez, el falso correo, registra un enlace: www.dian.gov.co/casos/180345, (inexistente). Aviso Importante: Invitación a pagar de manera urgente sus obligaciones, con fecha 18 de marzo de 2016.

El mensaje invita al contribuyente para que se acerque a la DIAN, con el fin de realizar el pago de cobro pre jurídico y que de no hacerlo, se procederá a realizar los debidos procesos judiciales, dentro de los 7 días siguientes al recibo del comunicado, suscrito por el “Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria, doctor Jorge Alberto Bravo Rubiano”, quien no labora en la Entidad.

Este mensaje que presenta errores de ortografía y redacción, pretende informar al contribuyente acerca de la generación de una alerta debida al vencimiento de sus obligaciones. Es fundamental validar la información emitida por la Entidad para no ser afectado por una conducta fraudulenta.

Para contrarrestar estos fines fraudulentos y delictivos por parte de los inescrupulosos, la DIAN ha dispuesto en su página Web el siguiente enlace: http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/FC22BC5CF1AB7BFA05257030005C2805/95CF0812DCF2AB9E05257EF300585DC1?OpenDocument

También, en el hashtag #YoMepilloElPhishing el usuario puede hacer seguimiento a este tipo de comunicados fraudulentos, mediante las redes sociales de la Entidad: Twitter, @DIANColombia; Fan Page, Diancol; y en el canal de Youtube DIAN.

El procedimiento de verificación se puede realizar en la página www.dian.gov.co Ícono ‘Verificar Autenticidad Correos DIAN’.

Se recomienda:
1. Descargar la versión más reciente del navegador para asegurar que esté actualizado.
2. Ignorar los correos electrónicos que solicitan hacer clic en cualquier enlace.
3. No responder mensajes que pidan información personal o financiera.
4. No abrir mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos.
5. Usar programas que verifiquen automáticamente si una URL que aparece en el correo es legítima.

La DIAN invita a los ciudadanos a seguir usando el servicio de PQRS y Denuncias a través de www.dian.gov.co 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó que hay lugar a la sanción por no enviar información en medios magnéticos cuando la información presentada en los estados financieros del contribuyente no satisface los requerimientos de los datos solicitados por la DIAN.

Síntesis del caso: En el año 2000, la DIAN Seccional Cúcuta envió a un contribuyente persona jurídica (centro comercial) un requerimiento ordinario de información y luego le inició investigación por los años 1997 y 1998. Posteriormente le profirió pliegos de cargos por cada uno de esos años, ante lo cual al sociedad no dió respuesta, lo que provocó que la administración tributaria expidiera resoluciones sanción por no enviar información en los términos del artículo 651 del Estatuto Tributario. En la demanda manifiesta que para un sociedad en proceso de disolución y liquidación, la sanción resulta injusta, inequitativa e impagable y además que la información no suministrada no generó daño a la entidad demandada y la sanción no fue proporcional al perjuicio. Aseveró que no cumple con los montos de egresos por concepto de costos, deducciones e impuestos descontables y que tampoco compró activos fijos o movibles ni suscribió créditos a que se refiere el artículo 631 del Estatuto Tributario. En la contestación la DIAN afirma que el contribuyente no presentó la información requerida, no aportó documento o prueba que demostrara que no tenía la obligación de informar, ni desvirtuó la sanción.

Extracto: “…Teniendo en cuenta que en la respuesta al requerimiento ordinario la sociedad solamente informó que no había tenido movimientos por concepto de servicios, honorarios y comisiones y dividendos y participaciones, la Sala considera, contrario a lo que estimó el Tribunal, que en la mencionada oportunidad, la sociedad actora no cumplió con el deber de suministrar la información cuya omisión originó la sanción que ahora se discute. Lo anterior, porque la información que de manera global se presentó en los balances generales, únicamente sirvió para tener certeza del valor de los ingresos brutos de cada vigencia, dato relevante para establecer si la demandante estaba obligada a presentar la información de que trata el artículo 631 del E.T…La Sala no comparte la apreciación del Tribunal acerca de que el contribuyente suministró la información con ocasión de la respuesta al requerimiento, pues, como puede observarse, en esa oportunidad no reportó valor alguno en relación con los costos y deducciones y solamente informó que no había tenido movimientos por los conceptos de ingresos (literal f) del artículo 631 del E.T.) atrás reseñados (honorarios, comisiones y servicios y dividendos y participaciones). Así las cosas, no puede entenderse cumplida la obligación de informar en medios magnéticos, que exige un detalle sobre la identificación completa de los beneficiarios de los pagos, así como de aquellos de quienes se recibieron ingresos y de los deudores y acreedores, con discriminación de cada una de las cuantías, al suministrar una información que de manera global se presentó en los balances generales, balances que únicamente brindaron, como información útil para los fines perseguidos, la correspondiente al patrimonio de cada vigencia. De otra parte, en el requerimiento ordinario sólo le solicitó información correspondiente al año 1997, y cuando recibió los pliegos de cargos no respondió ni presentó la información de ninguno de los dos años de que se trata, lo que evidencia que no adelantó actividad alguna de colaboración para suplir la omisión en que había incurrido. La Sala ha indicado que la falta de entrega de información entorpece las facultades de fiscalización y control que tiene la DIAN para la correcta determinación de los tributos. En efecto, ha sostenido que la falta de entrega veda en magnitud considerable la oportunidad de la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de las mismas.

Sentencia del 29 de septiembre de 2015 Exp. 54001-23-31-000-2001-01606-01 (20.285) M.P. CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó matriz de riesgos de corrupción, con el fin de que las empresas tengan mecanismos de prevención y alerta.

La matriz de riesgos de corrupción publicada por la DIAN está basada en las matrices elaboradas con la metodología de la Presidencia de la República y de acuerdo al instructivo IN-IC-0059.

Para conocer la matriz de riesgos de corrupción, haga clic aquí.

Se divulga el proyecto de decreto "Por medio del cual se reglamenta el artículo 126-4 del Estatuto Tributario y el artículo 2º de la Ley 1114 de 2006.” dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se recibirán comentarios, observaciones y sugerencias sobre este proyecto de decreto del 18 de marzo al 8 de abril de 2016, en el correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

Se divulga el proyecto de resolución "Por la cual se reglamenta unos artículos del Decreto 390 del 7 de marzo del 2016.” dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se recibirán comentarios, observaciones y sugerencias sobre este proyecto de resolución del 18 al 30 de marzo de 2016, en el correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Para conocer el proyecto de resolución, haga clic aquí.

A través de investigaciones adelantadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante acciones de fiscalización a empresas que realizan sus actividades en sectores económicos como la construcción y la publicidad, se pudo detectar que algunas de estas compañías utilizan la modalidad de venta de facturas a otras empresas, que las aprovechan para soportar ante la autoridad tributaria, costos y deducciones en sus operaciones, y por consiguiente disminuir la base gravable para declarar impuestos.

Las empresas que venden las facturas, en su mayoría organizaciones de papel o inexistentes, cobran a las grandes compañías que las compran, una tarifa del 5%.

Mediante esta investigación la DIAN ha establecido hasta el momento en la ciudad de Bogotá, que cinco grandes organizaciones empresariales han comprado facturas por más de 10 mil millones de pesos y en la ciudad de Cali, por más de 52 mil millones de pesos.

La investigación que adelanta la Entidad, por medio de la Dirección de Fiscalización, tiene cubrimiento nacional y busca dejar en evidencia a este tipo de empresas, para proceder a instaurar las denuncias por falsedad y a sancionar a las empresas que utilizan este tipo de documentos.