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Lucero Téllez Hernández

Abogada con Maestría en Gerencia Tributaria, especialista en Administrativo y en Derecho Probatorio Público

Catedrática en la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arboleda, Colegio Colombiano de Contadores Públicos, Cámaras de Comercio, Fenalco y DIAN.

Servidora Pública en la DIAN con más de 33 años de experiencia en materia tributaria.

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Mauricio Olivera:

 

Economista con máster y candidato a doctor en economía. Ejecutivo orientado a resultados. Presidente de tres empresas con importantes resultados en transformación e innovación. Convirtió Colpensiones, administradora de pensiones, en la empresa número 1 en el Top of Mind de pensiones. Posicionó a Famisanar, en un año, entre las 3 primeras EPS del Top of Mind. En 2016 ganó el premio Profesión Líder de El Espectador y estuvo entre los 5 nominados al Premio Líder Empresarial de Portafolio, entre otras distinciones. Actualmente es Vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de Los Andes. Miembro de Juntas Directivas.

Funcionario en el sector público: viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo. Profesor en varias universidades (Los Andes, Rosario, GW University, entre otras) y columnista del diario La República.

 

Mauricio Toro Bridge:

 

Administrador de Negocios de EAFIT y máster en Dirección y Gestión de Sistemas y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá (España). Fue director general de Sufinanciamiento, gerente general de Susalud, gerente de la Zona Norte de la Corporación Financiera Suramericana y vicepresidente de Seguridad Social (suramericana).

Del 2006 hasta el 2016, fue presidente en Protección S. A. y en 2009 es elegido presidente del Consejo Directivo de Asofondos. Desde 2019 es integrante del Consejo de Administración (Junta) de la AFP SIEMBRA de República Dominicana. 

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Colombia continúa consolidando su agenda de integración económica con Venezuela con la instalación de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Alcance Parcial en materia Comercial No. 28, un espacio clave para reactivar el diálogo institucional, ordenar la relación comercial y avanzar en la construcción de condiciones más estables y previsibles para el intercambio binacional.

Este paso representa mucho más que el cumplimiento de un protocolo. Permite acompañar, con mayor capacidad institucional, una relación económica que viene retomando dinamismo y que, por su propia naturaleza, está llamada a profundizarse, tanto en el intercambio comercial como en la construcción de una integración productiva más sólida entre ambos países.

Durante la jornada, realizada en Caracas junto a la ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy, y las delegaciones técnicas de ambos países, se definieron como prioridades la agilización en los pasos fronterizos, la reducción de costos logísticos y la armonización de requisitos sanitarios y fitosanitarios, con el objetivo de facilitar el flujo de bienes y fortalecer las condiciones del intercambio comercial, especialmente en sectores con alto potencial de encadenamiento, como el agroindustrial.

En ese contexto, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, señaló que la instalación de esta Comisión permite consolidar una relación comercial que viene recuperando dinamismo, dotándola de un marco institucional más claro, estable y permanente. “El comercio entre Colombia y Venezuela no es circunstancial: es una relación que se sustenta en una historia compartida y, sobre todo, en el potencial de consolidarse como una economía complementaria”, afirmó.

Explicó que el trabajo adelantado a través de este mecanismo busca acompañar esa dinámica con instrumentos que le den mayor orden y previsibilidad, priorizando aspectos como la operación en frontera, los costos logísticos y los requisitos sanitarios y fitosanitarios.

“Estos son, en últimas, los factores que determinan en qué condiciones se compite y cómo se integra el valor agregado nacional en los intercambios entre ambos países. Por eso son centrales en cualquier proceso de integración económica, porque es ahí donde se define la posibilidad real de construir encadenamientos productivos y generar mayor valor”, señaló.

En esa línea, subrayó que avanzar en estos frentes permite que la relación trascienda el intercambio de bienes. “De lo que se trata es de que el comercio no solo crezca en volumen, sino en calidad, en valor agregado y en integración productiva, de manera que ambos países puedan articular mejor sus capacidades y fortalecer sus estructuras económicas”, indicó.

La Ministra también destacó que este proceso abre una agenda más amplia de integración. “Aquí hay una oportunidad de construir una relación económica más profunda, que no se limite al intercambio comercial, sino que avance hacia la articulación de cadenas de valor, el desarrollo de servicios y la cooperación entre sectores estratégicos de nuestras economías”, afirmó.

Finalmente, enfatizó que la integración que se impulsa entre Colombia y Venezuela tiene un propósito claro. “Esta es una apuesta por el desarrollo compartido, por el fortalecimiento del valor agregado nacional y por una relación más equilibrada, en la que la complementariedad se traduzca en oportunidades concretas de crecimiento, especialmente en las regiones de frontera”, concluyó.

Además de estos avances, ambos países acordaron proyectar una agenda de mediano plazo que incorpore nuevos frentes de trabajo en servicios y cooperación institucional, así como el intercambio de experiencias en instrumentos de facilitación de inversión y estrategias de posicionamiento internacional.

Adicionalmente, en el marco de la Comisión, se avanzó en un ejercicio técnico orientado a identificar oportunidades de complementariedad productiva, a partir del análisis de bienes que Colombia actualmente importa desde otros mercados de la región. Este trabajo permitirá evaluar, bajo criterios de competitividad y calidad, la posibilidad de fortalecer a Venezuela como proveedor estratégico de insumos y materias primas para la industria nacional.

Los Gobiernos de Colombia y Perú informan a los usuarios de comercio exterior que ha concluido satisfactoriamente el período de pruebas en producción controlada del intercambio de Certificados de Origen Digitales (COD) entre ambos países, desarrollado conforme a la Resolución 2457 de 2024 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), relacionada con el intercambio de certificados de origen entre los Países Miembros.

El período de pruebas, iniciado el 11 de febrero de 2026, permitió verificar el adecuado funcionamiento de los procesos de emisión, transmisión, recepción y validación de los certificados de origen digitales, así como la atención de eventuales incidencias técnicas.

Modalidades de emisión
Colombia: Operará principalmente mediante la emisión digital de los certificados de origen. La emisión en formato físico firmado y sellado se empleará únicamente en casos de contingencia debidamente justificados ante la autoridad competente.
Perú: Mantendrá un esquema mixto que combina la emisión digital y la emisión física firmada y sellada, considerando que algunos operadores aún se encuentran en proceso de digitalización.

Criterios para la calificación de origen
Las declaraciones juramentadas que respalden los certificados de origen en el marco del Acuerdo de la CAN y cuyo destino sea Perú, deberán ser calificadas en el Servicio Informático de Certificados de Origen bajo el esquema 55, seleccionando la norma de origen aplicable a las mercancías objeto de exportación.

Inicio de operación plena
A partir del lunes 9 de marzo de 2026, entrará en operación plena el intercambio digital de certificados de origen entre Colombia y Perú, contribuyendo al fortalecimiento de la facilitación del comercio y a la modernización de los procedimientos de certificación de origen en el comercio intracomunitario

A partir del 1 de marzo, el Gobierno de Ecuador subió los aranceles a todos los productos provenientes de Colombia al 50%, después de haberlo subido un mes atrás al 30%, en una secuencia de medidas unilaterales con el fin de presionar que Colombia tome medidas en la frontera para enfrentar los grupos criminales.

Colombia había respondido a la primera decisión de Ecuador aumentando los aranceles al 30% a una lista de 30 productos provenientes del país vecino. Ahora, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que subirán los aranceles también al 50% y ampliarán la lista de productos afectados con la medida.

De acuerdo con un informe presentado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, Ecuador se mantiene como un socio estratégico para Colombia. En 2025, Ecuador fue el sexto comprador de las exportaciones colombianas, al sumar USD FOB $1.846,7 millones, frente a USD FOB $1.921,7 millones en el 2024, lo que representó una contracción de -3,9% (una caída absoluta cercana a USD FOB $74,4 millones). Este ajuste se explica, en buena medida, por la disminución de energía eléctrica, que pasó de USD FOB $318,1 millones a USD FOB $133,8 millones, con una variación de -57,9%, evidenciando que el componente energético puede generar alta volatilidad en el agregado del intercambio.

Al aislar los bienes no minero-energéticos, que representaron 90,2% del total exportado a Ecuador, el panorama es más dinámico. En 2025, estos productos sumaron USD FOB $1.666,2 millones, frente a USD FOB $1.556,1 millones en 2024, equivalente a un crecimiento de 7,1% (un aumento absoluto cercano a USD FOB $110,0 millones). Este desempeño confirma que Ecuador no solo es un destino relevante, sino que se consolida como el segundo comprador de la canasta no minero-energética colombiana, reforzando la importancia de preservar condiciones estables y previsibles de acceso para el comercio formal.

Desde la perspectiva ecuatoriana, Colombia también ocupa un lugar destacado. En 2024, Colombia fue el noveno destino de las exportaciones de Ecuador, con un valor de USD FOB $850,2 millones y una participación de 2,5% del total exportado. Adicionalmente, como origen de las importaciones ecuatorianas, Colombia se ubicó en la tercera posición, con 7,3% de participación y un valor importado de USD CIF $2.161,9 millones, solo por debajo de Estados Unidos y China. Este doble posicionamiento evidencia que el vínculo bilateral trasciende un intercambio marginal: se trata de una relación con peso en ambos sentidos, donde cambios arancelarios pueden afectar de manera directa el acceso a mercado, los encadenamientos productivos y el bienestar del consumidor en ambos países.

En cuanto al resto del portafolio, éste mantiene señales de resiliencia y crecimiento en varias líneas de valor agregado. Se observan avances relevantes en productos farmacéuticos con un crecimiento de 9,4% y una participación del 3,4% de la canasta no minero energética hacia este país, otros productos referidos al café como los demás cafés sin tostar y café liofilizado presentan crecimientos relevantes de 47,4% y 14,9% respectivamente. Estos movimientos sugieren una mayor tracción de productos con demanda relativamente estable y ventajas logísticas por cercanía.

En manufacturas destaca bastante las exportaciones de vehículos para el transporte de mercancías con un valor adquirido en el 2025 por USD FOB $27,9 millones presentando un crecimiento de 31,7% respecto al 2024 donde se realizaron exportaciones por USD FOB $21,2 millones.

El comercio bilateral con Ecuador no solo se refleja en los montos, sino también en la amplitud del tejido exportador y la diversidad de la canasta. En el 2025 hubo 2.810 exportadores colombianos enviando mercancías al Ecuador registradas en 3.118 subpartidas, lo que confirma que se trata de un mercado con una base empresarial amplia y atomizada, donde participan tanto grandes compañías como pymes con envíos recurrentes o puntuales.

Para leer el informe completo de Analdex, haga clic aquí.

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El Ministerio de Minas y Energía de Colombia expresó su rechazo la decisión adoptada por gobierno de Ecuador de incrementar en más de 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano, pasando de una tarifa de 2,5 dólares por barril a más de 30 dólares por barril para usuarios extranjeros.

“Esta decisión del gobierno ecuatoriano es una nueva agresión al pueblo. Ahora elevan unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos, violando nuevamente compromisos previamente adquiridos, como el acuerdo del 13 de febrero de 2011, y afectando principalmente a pequeños productores de crudo", afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Agregó que esta medida, adoptada de manera unilateral y desproporcionada, no responde a criterios técnicos ni económicos y afecta directamente la viabilidad de la producción petrolera en el sur del país, particularmente en el departamento del Putumayo, donde operan pequeños y medianos productores que sostienen empleo, encadenamientos productivos y estabilidad social en una región históricamente excluida.

El incremento tarifario se presenta, además, en un contexto de caída del precio internacional del crudo, lo que reduce sustancialmente los márgenes de rentabilidad y expone a las empresas a pérdidas significativas, cierres operativos y suspensión de producción, con impactos directos sobre el empleo y la economía regional.

El Ministerio consideró que esta decisión desconoce el espíritu del Acuerdo Binacional para promover y facilitar el transporte y exportación de hidrocarburos, así como los principios de integración, cooperación y libre tránsito que rigen las relaciones entre países miembros de la Comunidad Andina.

“Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones, basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir. Confiamos en que la diplomacia y el diálogo franco sirvan para retornar a la normalidad en beneficio de nuestros pueblos", manifestó el jefe de la cartera de Minas y Energía.

El titular de la cartera de Minas y Energía reiteró la “voluntad de diálogo, negociación y solución concertada" del Gobierno colombiano, “privilegiando los mecanismos diplomáticos y comunitarios, con el fin de restablecer condiciones de previsibilidad, proporcionalidad y no discriminación en el transporte de hidrocarburos".

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En desarrollo de lo anunciado previamente, el Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, informa que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios (Triple A) aprobó el listado de productos cobijados por las medidas arancelarias transitorias adoptadas para restablecer el equilibrio de las condiciones de intercambio con Ecuador.

La decisión contempla la aplicación de un arancel ad valorem del 30 % para 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes a productos originarios de Ecuador.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que la medida se adopta, en términos del comercio internacional, como un instrumento en defensa de la seguridad nacional. Lo anterior por cuanto el arancel impuesto por Ecuador, desconociendo sus compromisos comerciales en el marco de la Comunidad Andina, además de generar un ambiente de tensión, impacta el sistema económico del país.

Estas medidas dan continuidad a la respuesta institucional del Estado colombiano frente al anuncio unilateral del Gobierno ecuatoriano de imponer, a partir del 1 de febrero de 2026, un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el crimen organizado.

Las importaciones provenientes de Ecuador objeto de la medida se concentran principalmente en productos pesqueros y agrícolas, como preparaciones de pescado, aceite de palma y arroz, seguidos por productos químicos, plásticos y manufacturas de metal. Entre enero de 2023 y octubre de 2025, el volumen importado de estos productos alcanzó 683.825,8 toneladas.

En el proyecto de decreto sobre medidas arancelarias, el Gobierno Nacional evalúa incluir disposiciones adicionales como la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, en particular arroz, y la restricción a la importación de materiales o insumos que puedan ser utilizados para la fabricación de fentanilo, medidas que estarán sujetas a la definición de los textos y su sustento técnico y legal por parte de la DIAN, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, en coherencia con la normativa vigente y los compromisos internacionales del país.

El Gobierno de Colombia reiteró que estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre ambos países, y que se mantendrá abierto el diálogo a través de los canales diplomáticos e institucionales, con el objetivo de restablecer un marco de reglas compartidas y condiciones justas y previsibles de intercambio.

Consulte el listado con partidas y subpartidas haciendo clic aquí.

El Gobierno de Colombia aplicará un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral adoptada por ese país de imponer un arancel del 30% a productos colombianos a partir del mes de febrero.

Así lo anunció la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, quien precisó que la medida se adopta como un instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio, luego de que el Gobierno ecuatoriano anunciara de manera unilateral la imposición del arancel, argumentando razones asociadas a una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad.

“En el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos fortalecido la capacidad institucional del Estado para actuar de manera técnica, proporcional y conforme a la normativa vigente cuando se alteran las reglas que han regido el comercio entre los países. Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”, señaló la ministra Morales.

La Ministra explicó que, si bien entre Colombia y Ecuador ha existido históricamente una relación basada en la cooperación, el diálogo y el respeto por reglas compartidas, la decisión adoptada por el Gobierno ecuatoriano introduce una alteración significativa de ese marco, lo que obliga al Estado colombiano a activar los mecanismos previstos en su ordenamiento jurídico para preservar condiciones de intercambio equilibradas.

“La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”, agregó.

La Ministra subrayó que la adopción del gravamen es proporcional, transitoria y revisable, y tiene como propósito mitigar los efectos económicos derivados de la decisión ecuatoriana, sin que ello implique renunciar al diálogo ni a la búsqueda de una solución negociada en el marco de los canales diplomáticos e institucionales.

“Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre los países. Son instrumentos legítimos para corregir desequilibrios y preservar condiciones justas y previsibles de intercambio, mientras se restablece un marco de reglas compartidas”, puntualizó.

Las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos objeto de la medida ascienden aproximadamente a US$250 millones, lo que refleja la magnitud del intercambio comercial impactado por la alteración de las condiciones del comercio bilateral.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que a partir del 1 de febrero impondrá un arancel del 30% para todos los productos que lleguen desde Colombia.

Esta medida se debe, según explicó, a que Colombia no está ayudando lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico. Y por eso, lo recaudado se irá al gasto en seguridad en Ecuador.

De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Fedexpor, los principales productos que se importan a Ecuador desde Colombia, son: cosméticos, plásticos, vehículos y partes, productos farmacéuticos y químicos, maquinaria, prendas de vestir y alimentos. Además, Colombia vende el 10% de la energía que se consume en Ecuador.

El Presidente de Ecuador señaló que esta medida se tendrá hasta que Colombia brinde un verdadero apoyo a la lucha contra el narcotráfico.

Colombia y Venezuela firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para la conformación de una zona económica especial, que se llamará ‘Zona de Paz, Unión y Desarrollo’.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmaron el Memorando en el que se señala que esa zona se establecerá en Táchira y Zulia, por el lado del vecino país, y Norte de Santander, por el lado colombiano, sin embargo, el área específica está por definirse.

“Nos proponemos avanzar en un trabajo conjunto que nos permita, a través de esta zona económica especial, impulsar la diversificación productiva, generar valor agregado y fomentar un desarrollo económico inclusivo y sostenible”, dijo la ministra Morales.

Uno de los objetivos de esta zona es promover la cooperación entre las autoridades de los dos países, con especial énfasis en los temas relacionados con comercio, turismo, cultura, educación y salud.

Asimismo, se impulsarán proyectos en materia de producción agroalimentaria para lo cual se aprovechará el potencial de productos como el café, las frutas tropicales, cacao, caña de azúcar, tubérculos ganadería y lácteos, entre otros.

El Memorando establece que las autoridades de los dos países, y en aras de potencializar la zona, facilitar la toma de decisiones e identificar oportunidades, podrán intercambiar información relevante sobre estadísticas, políticas sectoriales, investigaciones y estudios técnicos.

Con el propósito de avanzar en esta iniciativa, se creará un grupo de trabajo que adelantará planes de acción anuales, cronogramas de actividades, intercambiará información técnica y estadística, necesaria para la toma de decisiones, y presentará informes periódicos de avances y resultados.

Finalmente, establece que este memorando tendrá vigencia de 5 años, prorrogables por un periodo igual y no crea obligaciones vinculantes.

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