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Para generar, analizar y divulgar información y conocimiento acerca de la oferta y la demanda laboral del país con un enfoque regional, sectorial y poblacional, el Servicio Público de Empleo, SPE, lanzó su Observatorio Laboral.

 

Los observatorios laborales son una herramienta necesaria para realizar seguimiento, monitoreo, análisis y prospectivas de la dinámica del mercado de trabajo, aportando así a la toma de decisiones de política pública.

 

"Este observatorio es una fuente de consulta para entender la dinámica del mercado laboral en los territorios y apostarle al cierre de brecha. Si contamos con un diagnóstico de la oferta y la demanda por sectores y regiones, será más fácil tomar las decisiones que redunden en una mayor efectividad del Servicio de Empleo", anotó la directora del SPE, Claudia Camacho Corzo.

 

La subdirectora de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral, de MinTrabajo, Diana Hernández, quien participó en el conversatorio 'Importancia del Observatorio Laboral del SPE', anotó, "el Ministerio de Trabajo considera que esta nueva herramienta brinda información de la demanda laboral del orden territorial, que permite aterrizar las políticas desde esa perspectiva, articulada con la Red de Observatorios regionales del mercado de trabajo, ORMET".

 

Este nuevo observatorio a diferencia de los ya existentes consolida información de demanda laboral y basa sus reportes en estadísticas e investigaciones propias, que surgen del registro diario de vacantes de todos los prestadores autorizados del Servicio de Empleo.

 

Igualmente, adelantará informes estadísticos y estudios sobre las características de los buscadores de empleo registrados en el sistema de información del SPE, lo que significa que por primera vez el país podrá contar con información de oferta y demanda laboral con este nivel de detalle, lo que se convertirá en una fuente de consulta permanente para hacedores de política, instituciones de formación, universidades, gremios, Centros de Empleo y público en general.

 

Como productos del Observatorio Laboral del Servicio Público de Empleo, están: el Boletín de Oportunidades, el anexo estadístico de la oferta y la demanda laboral, el boletín y las notas de coyuntura regional, los documentos técnicos, estudios e indicadores de gestión, entre otros. Por otra parte, se encargará de llevar a cabo evaluaciones sobre la prestación del servicio que contribuyan a fortalecer el SPE.

La ministra del Trabajo, Clara López Obregón, radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República que busca aprobar el 'Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social' que permitirá tanto a los trabajadores colombianos como de cada uno de estos países, acumular semanas de cotización en seguridad social para obtener su pensión.

 

López Obregón, al pedirle a los congresistas prioridad y aprobación de esta iniciativa, calificó este proyecto de profundo calado social, y explicó que "de esta manera le estamos ampliando la cobertura de seguridad social en pensiones a esos trabajadores que han laborado en Colombia y en otro u otros países; si se aprueba el Convenio se le permitirá a los trabajadores conservar sus derechos adquiridos permitiendo la totalización de los pedidos cotizados para obtener su pensión".

 

De llegarse aprobar en el Congreso de la República, permitiría:

  • Garantiza la igualdad de trato de los trabajadores iberoamericanos con independencia de la nacionalidad cuando trabajen en un país diferente al suyo.
  • Podrá establecer la totalización de los periodos de cotización a pensión en los distintos Estados Parte, garantizándose la conservación de los derechos en curso de adquisición.
  • Permitirá garantizar la conservación de los derechos adquiridos, no perdiéndose las prestaciones por trasladarse a otro país.
  • Se aplicarán las disposiciones más favorables al trabajador en el caso de que existan otros Convenio bilaterales.
  • Establece la colaboración administrativa y técnica entre las Instituciones gestoras para facilitar la aplicación de los derechos de los beneficiarios.
  • No modifica las legislaciones de los países, las coordina para evitar la pérdida de derechos contributivos

La ministra del Trabajo, Clara López, desmintió rumores que vienen circulado a través de las redes sociales y en otras instancias, en el sentido de que en Senado de la República se estudia y avanza un proyecto de ley para imponerle impuestos a los pensionados con el objeto de financiar el posconflicto.

 

Al respecto la titular de la cartera laboral expresó que esta clase de comentarios sólo tienen el ánimo de engañar a los votantes del plebiscito que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre: "hoy quiero hacer claridad ante la opinión pública, ante el Senado de la República y la Cámara de Representantes, que esa es una absoluta falsedad de fuerzas oscuras que tienen la intención de engañar a la opinión pública en este polémico debate alrededor del sí y el no".

 

López Obregón agregó que, "puedo decir con claridad que no hay tal proyecto en curso, que no existe ninguna intención del Gobierno Nacional ni de ningún miembro de este Congreso de impulsar un proyecto en tal sentido".

 

La precisión la hizo la titular de la cartera laboral en el salón elíptico del Capitolio Nacional, atendiendo la citación para continuar con el estudio del Proyecto de Ley 040 de 2016 de Cámara y 060 de 2016 de Senado, por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 al 31 de diciembre de 2017.

 

En este escenario, la Ministra López expuso que su cartera lleva una ejecución presupuestal adecuada y que se viene cumpliendo con las metas de desempeño de la presidencia de la República.

 

Informó que con corte a agosto 30, el sector Trabajo está en los primeros lugares en cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en 2016.

 

Así mismo, hizo un llamado al Ministerio de Hacienda y a Planeación Nacional, para que se aumenten las partidas destinadas a proyectos misionales que para 2017 no tienen asignación presupuestal.

El Ministerio del Trabajo revisa en la actualidad el Decreto 583 sancionado en abril pasado, y que en uno de sus apartes habla de las condiciones que deben tener en cuenta los inspectores de la cartera laboral al evaluar si una tercerización es ilegal, el cual ha sido motivo de debates y demandas por parte de algunos sectores, entre estos, las centrales obreras.

 

El pronunciamiento lo hizo la Ministra del Trabajo, Clara López Obregón, en el marco de un Cabildo Laboral que se adelantó en Medellín, al referirse a las diferentes acciones que adelanta su cartera en contra de la tercerización ilegal: "estamos evaluando, de pronto va a ser necesario modificar este decreto porque allí hay una mezcla de temas de derecho laboral y comercial que tienen enredados a nuestros inspectores de trabajo; en este momento tenemos preparadas unas circulares al respecto porque no vamos aplicar ninguna norma vaya en contra de la ley y la Constitución".

 

En otras temáticas, López Obregón también se pronunció en este Cabildo Laboral sobre la necesidad de que ahora en el posconflicto, gran parte de las acciones del Estado estén encaminadas a la recuperación del campo, y en lo laboral destacó que una de las prioridades es la de establecer mecanismos que permitan una mayor protección social para los trabajadores rurales del país, teniendo en cuenta las altas tasas de informalidad que prevalece en estas zonas.

 

"Dentro de una canasta de recursos y mecanismos que se evaluamos con el fin de poder mejorar los niveles de acceso a la seguridad social en el campo lo cual cuesta mucha plata, contemplamos aspectos como la parafiscalidad en algunos gremios, expandir el programa de BEPs o ahorro voluntario, ampliar la cobertura del programa Colombia Mayor, y recursos del propio presupuesto nacional, aunque por el momento son opciones que se están analizando y mirando su viabilidad", sostuvo MinTrabajo.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende establecer las jornadas de trabajo diurno y nocturno, en la franja horaria comprendida entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m. y trabajo nocturno realizado entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

 

Este miércoles, la Ministra del Trabajo, Clara López Obregón, al expresar su concepto favorable al proyecto durante el debate, manifestó la importancia al beneficiar a la clase trabajadora "Es necesario este proyecto a favor de la igualdad social".

 

En ese sentido, el proyecto busca tumbar la reforma que propició el gobierno de Álvaro Uribe que terminó con las horas extras, argumentando bajar costos laborales a los empleadores y como consecuencia generar más empleo.

 

El proyecto que pasará a plenaria de la Cámara de Representantes, con la ponencia y autoría del Representante Oscar de Jesús Hurtado, busca además modificar la remuneración del trabajo en los días domingos y festivos, quedando un recargo del cien por ciento sobre el salario ordinario.

 

La ministra del Trabajo anunció el acompañamiento para realizar una audiencia pública, propuesta por la Comisión Séptima, con el propósito de escuchar a los diferentes sectores del país, antes del debate en sesión plenaria de la Cámara.

 

El Representante a la Cámara y autor del proyecto, Oscar Hurtado, resaltó el respaldo del gobierno: "Esta es una iniciativa social que beneficia a la clase trabajadora. La ministra Clara López ha contribuido en la jornada que hoy terminó en forma exitosa, para avanzar con el trabajo decente".

Para erradicar el trabajo infantil en todas sus formas el Ministerio del Trabajo y la Federación Nacional de Cafeteros, a través de una política de colaboración conjunta, realizarán acciones en la prevención del trabajo infantil y en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la agricultura del café en Colombia.

 

Es así como en el marco del acuerdo, el Servicio Público de Empleo-SPE pondrá a disposición la Red de Centros de Empleo en los municipios priorizados por la Federación de Cafeteros, con el fin de apoyar la búsqueda de trabajo para la temporada de cosecha entre septiembre y octubre, y así promover las labores de recolección de café.

 

La ministra del Trabajo, Clara López, insistió en el compromiso de concientizar a la comunidad y erradicar este flagelo en nuestro país y pidió acciones específicas a los empresarios, contratistas y a las cadenas de abastecimiento a "No contratar niños y niñas para trabajar".

 

Así mismo, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo reiteró el compromiso de las 560 mil familias cafeteras "Estar encima de este tema de la prohibición del trabajo infantil, ya que es en tema muy sensible para el gremio y constituye un pilar en el trabajo social de la FNC".

 

La Federación aprovechó la ocasión para invitar al Gobierno Nacional a perfeccionar una normatividad que, a la vez que rechace el trabajo infantil en la caficultura –lo cual reafirma de manera imperativa–, permita vincular a los niños de familias caficultoras a ser parte de las tradiciones y procesos que hacen del café colombiano un producto especial en el mundo y del cual derivan su sustento directa e indirectamente unos 2,2 millones de colombianos.

 

A la rueda de prensa también asistieron el presidente de Telefónica en Colombia, Alfonso Gómez y la directora de la fundación Aviatur, Sandra Aguilera; quienes forman parte de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil, alianza público-privada entre el Ministerio del Trabajo, la Red Local del Pacto Global en Colombia, 32 empresas de diferentes sectores económicos y 10 aliados.

 

Esta iniciativa se pone en marcha en el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil que se conmemora el próximo 12 de junio y que tiene como propósito impulsar la política pública con La Red Colombia contra el Trabajo Infantil como referente regional de alianzas público– privadas en la política de prevención y erradicación del trabajo infantil, que evidencie con acciones concretas el liderazgo que tiene el Gobierno Nacional de la mano de los gremios y la empresa privada para la difusión de buenas prácticas y el diseño de estrategias para prevenir y erradicar progresivamente el trabajo infantil tanto en sus cadenas de abastecimiento o suministro como en el área de influencia de sus operaciones.

 

DATOS:
En 2015, 21 mil menores dejaron de trabajar, cifra que descendió del 9,3 al 9,1 por ciento.
El 9,1 por ciento de menores de edad que están trabajando en el país representa a 1 millón 18 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que fueron víctimas de este flagelo el año pasado.

El Proyecto de Ley que aprobó el Congreso de la República y que pasará a ser Ley de la República cuando la sancione el Presidente, Juan Manuel Santos, se creó pensando en los jóvenes y las dificultades que enfrentan para ingresar al mercado laboral.

 

Es una iniciativa del Ministerio del Trabajo que busca promover la generación de empleo y el emprendimiento juvenil a través del desarrollo de mediadas para la eliminación de las barreras que impide que los jóvenes accedan al mercado laboral e inicien su vida productiva.

 

"La Ley ProJoven apoyará a los jóvenes en emprendimiento, les permitirá realizar prácticas en el Estado, vincularse a empresas en el sector privado, pero logra algo muy importante y supera una barrera que han tenido por muchos años y es que por no tener la libreta militar no podían encontrar un empleo ni en el sector público ni en el sector privado", señaló el viceministro de Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Gómez.

 

Los motivos que llevaron a esta Cartera a liderar ese proyecto, obedecen a que en Colombia uno de cada cuatro personas es un joven menor de 28 años; porque a pesar de haber sido beneficiados con mayor cobertura educativa y más acceso a las tecnologías no logran insertarse adecuadamente en el mercado de trabajo.

 

Así mismo, son los que más sufren el desempleo, se enfrentan a trabajos precarios y son los que primero se ven afectados en épocas de crisis.

 

Componentes
Para los jóvenes emprendedores se destinarán recursos para fomentar, financiar y dar asistencia técnica empresarial al desarrollo de emprendimientos; se instaurará una exención del pago del registro mercantil y su renovación para empresas de jóvenes y se crearán oportunidades de empleo y emprendimiento para aquellos que se encuentran en los centros de cuidado y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

 

Para incentivar la creación de trabajo en el sector privado, se reducirá el 4% de los aportes a Cajas de Compensación Familiar para aquellas empresas que contraten este tipo de población; se establecerán las condiciones para la realización de prácticas laborales tanto en el sector privado y público y se promoverá la homologación de experiencia adquirida en escenarios de práctica en los dos sectores.

 

Para que los jóvenes talentosos trabajen en el Estado se facilitarán los escenarios de prácticas remuneradas en la administración pública y cuando se realice una modificación de las plantas de personal de entidades del Estado, se establecerá que al menos el 10% de los nuevos empleos no requieran experiencia para facilitar ingreso a jóvenes.

 

Igualmente, se creará un plan de carrera acelerado en grandes empresas del Estado como Ecopetrol, ETB, UNE, entre otras.

 

De otra parte, se promocionará los programas de empleo en las zonas rurales y de posconflicto, para promover su desarrollo económico; se habilitará a Cajas de Compensación Familiar para financiar y operar programas y proyectos relacionados, con la promoción de empleo y el emprendimiento, el desarrollo de obras en los territorios, la generación de ingresos, el impulso y financiamiento de las actividades agropecuarias, la promoción de la asociatividad y el desarrollo de proyectos productivos.

 

Finalmente, se eliminará la exigencia de la libreta militar para empezar a trabajar y a cambio se reducirá las multas de los remisos hasta por un 90 por ciento y la cuota de compensación militar hasta por un 60%, al tiempo que se darán facilidades de pago y se reducirá la edad máxima para ser incorporado al servicio militar.

El ministro del Trabajo, Lucho Garzón pidió al sector solidario no especular sobre una eventual creación de impuestos en la anunciada reforma tributaria.

 

Aclaró que el Gobierno Nacional no ha tomado ninguna decisión al respecto y que de momento lo que se conoce son las recomendaciones de la comisión de expertos que están siendo estudiadas pero que no son de obligatorio acatamiento.

 

El pronunciamiento lo hizo el Ministro Garzón en el marco de un foro de economía solidaria que realizó el Congreso de la República para analizar el tema de los posibles gravámenes al sector.

 

El jefe de la Cartera Laboral manifestó también su complacencia con los voceros de las Organizaciones Solidarias que aceptaron su propuesta de promover un censo a nivel nacional para tener claro cuántas de ellas existen en todo el territorio.

El Ministro del Trabajo, Lucho Garzón lanzó una gran cruzada nacional por la vida de los trabajadores, tras insistir que más de 540 muertes en un año en accidentes laborales "No pueden ser vistas como un tema marginal. Ni la guerra genera una situación tan dramática", expresó el ministro Garzón.

 

Garzón fue testigo del juramento que como defensores del derecho a la vida de los trabajadores hicieron 150 aprendices del SENA que recibieron capacitación para fomentar las buenas prácticas en protección de riesgos laborales, en el que anunció para el próximo 28 de julio un gran evento nacional donde se van a visibilizar los primeros resultados de esta cruzada nacional que comenzó en Medellín con los 150 primeros "Los Salvadores de Vidas" formados por el SENA, Entidad de la cual dijo: "Será un gran aliado en este proceso".

 

Estos técnicos y tecnólogos en salud ocupacional del SENA se convertirán en los primeros defensores del derecho a la vida de los trabajadores, en donde realicen sus prácticas. El objetivo de conformar esta red de líderes es generar cambios al interior de las empresas y lograr disminuir la accidentalidad y prevenir las muertes. El año pasado la tasa de muertes laborales fue de 5,86 con respecto a 2014 de 6,37.

 

Así mismo, el Jefe de la Cartera Laboral recordó que hay que lograr en el menor tiempo posible cero accidentalidad, denunciar, poner el tema como prioridad en todo y en el trabajo de todos. "Tenemos que preocuparnos todos por la calidad de vida del trabajador", puntualizó.

 

En Colombia se accidentan 7 de cada 100 trabajadores y aun cuando esta tasa disminuyó en 2015 con respecto a 2014, al pasar de 7.7 a 7.4, se mantiene la cifra de 7 trabajadores accidentados desde hace más de 5 años.

Las empresas públicas y privadas deben dotar de uniformes y calzado a todos los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos, con el fin de cumplir sus actividades laborales de manera segura y efectiva.

 

Así lo señala el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 230) y el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015).

 

La entrega de dotación debe realizarse tres veces al año, es decir, cada cuatro meses y de forma gratuita: El (30 de abril), el (31 de agosto) y el (20 de diciembre) para los trabajadores del sector privado. Para los del sector público solo varía la fecha de diciembre, la cual se realiza el 30 de diciembre.

 

También tienen derecho a esta prestación, los trabajadores del servicio doméstico y choferes de familia, como el trabajador que lleve más de tres meses laborando.

 

"Esta prestación no es salario, ni se sumará como factor del mismo en ningún caso", explicó el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Enrique Borda Villegas.

 

Aclaró: "No tienen derecho los trabajadores transitorios y pierden el beneficio quienes le den una destinación diferente o no hagan uso de dicha dotación".

 

¿Qué elementos o implementos incluyen la prestación?
El personal tiene derecho a un par de zapatos y un vestido de labor, acorde para desempeñar una función o actividad determinada, es decir; deben ser adecuados a la naturaleza del trabajo ejecutado y al medio ambiente en que este se desarrolla.

 

Una vez entregados al trabajador, los elementos pasan a ser de su propiedad y no se puede exigir su devolución ni cuando finalice la relación laboral.

 

En el sector público las entidades definirán el tipo de calzado y vestido de labor correspondiente, teniendo en cuenta aspectos como: la naturaleza y tipo de actividad que desarrolla la entidad; la función que desempeña el trabajador; el clima, medio ambiente, instrumentos, materiales y factores vinculados directamente con la labor desarrollada, así lo precisa el Decreto 1978 de 1989.

 

El trabajador que reciba dicha prestación está obligado a utilizarlo en sus labores y no se puede compensar en dinero, pues está prohibido por la Ley.

 

Elementos de protección personal
En lo que tiene que ver con una actividad riesgosa, estos elementos de protección personal (EPP), adecuados se deben suministrar según la naturaleza del riesgo como cascos, botas, guantes y demás componentes que protejan al trabajador.

 

Igualmente, deben cumplir con los estándares de resistencia y duración, conforme a las normas de calidad que garanticen la seguridad del personal en los puestos o centros de trabajo que lo requieran, los cuales deben ser suministrados a todos los trabajadores del sector público y privado que los requieran sin perjuicio del salario que estén devengando.

 

Se entregarán desde el momento en que se desarrolle la actividad que implique el riesgo. Así mismo, se cambiarán cada vez que sea necesario, sin atender una periodicidad específica, siempre garantizando su debido funcionamiento.

 

En caso de que el derecho haya sido causado, por tratarse de una obligación indiscutible del empleador y esta no haya sido suministrada en las fechas establecidas por la norma, procederá en forma extemporánea su reconocimiento y pago directo de la misma en especie, siempre y cuando la obligación no haya prescrito y el empleado continúe laborando al servicio del empleador. En caso que el trabajador, por el contrario ya no esté al servicio del empleador, este y solo en este caso en particular, podrá reconocer tal prestación y será indemnizado.

 

DATO
El Ministerio del Trabajo podrá sancionar hasta con 5.000 salarios mínimos mensuales a las empresas privadas que incumplan con el reconocimiento de la dotación. Para las entidades públicas, los responsables del tema pueden ser objeto de procesos disciplinarios.

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