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La Ley 1823 del 4 de enero de 2017, sancionada por el Presidente, “adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones".

 

Esta Ley adopta la estrategia Sala Amigas de la Familia Lactante, que tendrá aplicación en todas las entidades públicas y en las empresas privadas con capitales superiores a los 1.500 salarios mínimos o que tengan más de 50 empleadas.

 

La normativa sancionada busca que las mujeres en periodo de lactancia dispongan de un espacio digno que cuente con todas las especificaciones técnicas de higiene y salubridad en sus lugares de trabajo, donde puedan extraer la leche materna durante la jornada laboral para luego transportarla a sus hogares.

 

Tal estrategia permitirá que la ausencia temporal de la madre trabajadora no afecte en absoluto la alimentación del bebé, además contribuye a la dignificación de esta actividad fundamental.

 

La norma establece plazos para que tanto las entidades públicas como las empresas privadas hagan las adecuaciones necesarias para la creación de las Salas Amigas y ordena la realización de campañas de capacitación para incentivar la lactancia.

 

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El Gobierno emitió la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.

 

Esta Ley, que establece un aumento del IVA del 16% al 19%, contempla que la medida se aplicará a partir del 1 de febrero.

 

Para conocer la Ley 1819 de la reforma tributaria 2016, haga clic aquí.

El gobierno sancionó la Ley 1793 del 7 de julio de 2016, por medio de la cual se dictan normas en materia de costos de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones.

 

De ahora en adelante, los usuarios de cuentas de ahorro podrán disponer de todo el dinero depositado sin la obligación de dejar un saldo mínimo.

 

Para conocer la Ley 1793 completa, haga clic aquí.

El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1788 del 7 de julio de 2016, por medio de la cual los trabajadores y trabajadoras dedicadas a tareas domésticas en el país, tienen derecho a prima de servicios.

 

Según la nueva norma el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social que corresponde a 30 días de salario por año, es decir, se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre.

 

Es de precisar, que el reconocimiento que cobija a trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar, laburantes por días o de fincas, y en general a los que cumplan con las condiciones de empleado dependiente, se hará por todo el semestre o proporcionalmente al tiempo trabajado.

 

"Esta es una excelente noticia y un gran avance gracias al Congreso de la República y la Corte Constitucional, puesto que la medida beneficiará a cerca de 730 mil trabajadores, según cálculos del Ministerio del Trabajo, y también porque estamos dando cumplimiento a lo consagrado en Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, convenio ratificado por el Gobierno colombiano en 2012", afirmó la ministra de Trabajo, Clara López.

 

La Ley 1788, consagra la creación de una mesa de seguimiento a la implementación del convenio 189 de la OIT, la cual se reunirá periódicamente y tendrá por objeto formular y desarrollar de manera concertada entre el Gobierno, los empleadores y las organizaciones de trabajadores políticas públicas con la finalidad de promover el empleo decente en este sector.

 

Otras normas garantistas

Con la expedición del Decreto 2616 de 2013, afiliación de trabajadores dependientes por semanas y el Decreto 721 de 2013, acceso a subsidio familiar, se ha avanzado en facilitar el acceso a los trabajadores del servicio doméstico a los beneficios de la Seguridad Social.

 

En efecto, a febrero de 2016, más de 19 mil personas cotizan a seguridad social de acuerdo a sus ingresos. Y según la Superintendencia de Subsidio Familiar a marzo de 2016, el número de trabajadores del servicio doméstico afiliados a las Cajas de Compensación Familiar ascendió a más de 104 mil personas.

 

DATO
Se considera como trabajador del servicio doméstico a toda persona natural, que presta sus servicios a los hogares en tareas como aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, jardinería, conductor de familia, y demás labores propias del hogar.

 

A febrero de 2016, más de 19 mil personas pagan baja la modalidad de cotización por semanas, de acuerdo a sus ingresos.

 

Según Supersubsidio a marzo de 2016, el número de trabajadores del servicio doméstico afiliados a las Cajas de Compensación Familiar ascendió a más de 104 mil personas.

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la Ley que promueve el empleo y el emprendimiento juvenil y busca que sean superadas las barreras de acceso al mercado de trabajo.

 

La firma la hizo el Jefe de Estado y el ministro del Trabajo, Lucho Garzón, en la casa del Marqués, en el centro histórico y en el marco de la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que se adelanta en Cartagena, con la participación de los Ministros del Trabajo, viceministros y delegaciones de más de 20 países miembros de Iberoamérica.

 

También estuvieron presentes el director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, la secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño, y el secretario General del Organismo Internacional de Juventud, OIJ, Max Trejo, entre otros.

 

Con esta Ley, el Gobierno Nacional está cumpliendo con la promesa que le hizo a los jóvenes del país hace 6 meses y que les encomendó a los ministros del Trabajo y Defensa para hallan una salida para que la libreta militar no fuera una barrera para que los jóvenes pudieran acceder a un empleo formal, explicó el Jefe de Estado.

 

Más de 565 mil jóvenes que, por no tener su libreta militar no podían acceder en condiciones decentes al mercado de trabajo, ahora no tendrán esa barrera.

 

Santos agregó: "La Ley un componente de jóvenes para la paz, que además de permitirle a esta población entrar a trabajar sin tener la libreta, establece reducciones de hasta un 90% de las multas y un 60% de la cuota de compensación militar, con facilidades de pago, como el pago a cuotas, algo que actualmente no se permite. Adicionalmente, se reduce la edad de incorporación al servicio militar de 28 a 24 años de edad".

 

El ministro del Trabajo, Lucho Garzón también destacó que la Ley cuenta con un paquete de medidas para jóvenes emprendedores, a través de la creación de un fondo para promoción del emprendimiento, que contará con recursos iniciales de cerca de 120 mil millones de pesos. "Aquí los jóvenes podrán acceder a recursos de capital semilla, y créditos con tasas de interés más bajas que las del mercado y que incluso pueden llegar a ser condonables. También para que los jóvenes empiecen con el pie derecho su vida empresarial, se estableció una exención del pago del registro mercantil y su renovación por el primer año para empresas de jóvenes", aseguró el titular de la Cartera Laboral.

 

Adicionalmente, se generan incentivos para que las empresas del sector privado contraten a jóvenes, y a cambio obtendrán por un año, el no pago de los aportes a Cajas de Compensación Familiar por los nuevos empleados menores de 18 años que contraten.

 

También permitirá promover que los jóvenes talentos hagan sus prácticas laborales en el sector público, con auxilios de sostenimiento y prestaciones sociales de Ley. Igualmente, se estableció que al menos el 10% de los nuevos empleos generados en las entidades no requiera experiencia para facilitar ingreso a jóvenes. También se propone la creación de un plan de carrera acelerado en grandes empresas del Estado como Ecopetrol, ETB, UNE, entre otras.

 

Finalmente, con el componente de jóvenes trabajando en el campo, se habilita a las Cajas de Compensación Familiar para financiar y operar programas de empleo y emprendimiento como el desarrollo de obras, la generación de ingresos, el impulso y financiamiento de las actividades agropecuarias, la promoción de la asociatividad y el desarrollo de proyectos productivos en las zonas rurales, haciendo que nuestros jóvenes se queden en el campo apoyando su desarrollo.

El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1777 del primero de febrero de 2016, por medio de la cual se definen y regulan las cuentas abandonadas y se les asigna un uso eficiente a estos recursos.

 

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El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la Ley 1778 del 2 de febrero de 2016, que tiene como objetivo combatir la corrupción transnacional.

 

La nueva ley, impulsada por la Superintendencia de Sociedades y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, establece un régimen administrativo sancionatorio para las personas naturales y jurídicas que participen en la conducta de soborno transnacional y complementa el tipo penal de cohecho contenido en Código Penal.

 

En ese sentido, la norma señala que las personas naturales que incurran en soborno transnacional tendrán prisión de entre nueve y 15 años y multa de entre 650 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

 

En el caso de las personas jurídicas que incurran en este delito, la Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas hasta de 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando éstas, por medio de uno o varios de sus empleados o administradores, sobornen a un servidor público.

 

“El proyecto establece una serie de beneficios que pueden ser concedidos a quienes colaboren eficazmente en la sanción del soborno transnacional y señala los medios de asistencia jurídica a los cuales pueden acudir las superintendencias”, resaltó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.

 

El mencionado régimen sancionatorio queda a cargo de la Superintendencia de Sociedades para todas las personas jurídicas, así como las personas naturales que actúen en beneficio de las mismas, a excepción de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

 

Así mismo, el proyecto señala las entidades que pueden ser sancionadas, así como las multas que pueden ser impuestas, los criterios para graduarlas y el procedimiento a aplicar.

 

También establece los beneficios que pueden ser concedidos a quienes colaboren eficazmente en la sanción del soborno transnacional y señala los medios de asistencia jurídica a los cuales pueden acudir las superintendencias.

 

La entrada en vigencia de la Ley de soborno transnacional representa un paso fundamental hacia el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 

Mediante la Ley 1573 de 2012, el Congreso de la República aprobó la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, como parte de los compromisos asumidos con la OCDE.

 

Esta convención impone una serie de obligaciones al Estado colombiano, entre las cuales se encuentra, justamente, complementar el ordenamiento jurídico para sancionar efectivamente a las personas naturales y jurídicas que incurran en actos de soborno transnacional.

 

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El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1762 del 06 de julio de 2015, mediante la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.

 

La presente ley tiene por objeto modernizar y adecuar la normativa existente a la necesidad de fortalecer la lucha contra la competencia desleal realizada por personas y organizaciones incursas en operaciones ilegales de contrabando, lavado de activos y defraudación fiscal.

 

La ley moderniza y adecua la normativa necesaria para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, la defraudación fiscal y el favorecimiento de esas conductas; para fortalecer la capacidad institucional del Estado; para establecer mecanismos que faciliten que los autores y organizaciones dedicadas o relacionadas con este tipo de actividades sean procesadas y sancionéldas por las autoridades competentes; y para garantizar la adopción de medidas patrimoniales que disuadan y castiguen el desarrollo de esas conductas.

 

Para conocer la Ley 1762 del 6 de julio de 2015 completa, haga clic aquí.

El gobierno sancionó la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 

Para conocer la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, haga clic aquí.

El gobierno sancionó la Ley 1753 que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, que se basa en los pilares de paz, equidad y educación, los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la visión de planificación de largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo post 2015.

 

Educación
Dentro de las estrategias del Gobierno en el tema educativo, se encuentra la obligatoriedad de la educación media, para lo cual el Estado adelantará las acciones tendientes a asegurar la cobertura hasta el grado once en todos los establecimientos educativos.

 

Así mismo, la educación inicial es primordial para lograr los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, para ello el Gobierno Nacional reglamentará su implementación como servicio educativo obligatorio en el marco de la Atención Integral.

 

De igual manera, El Gobierno Nacional consolidará la implementación de la política de primera infancia y desarrollará una política nacional para la infancia y la adolescencia, en armonía con los avances técnicos y de gestión de la estrategia De Cero a Siempre, con énfasis en la población con amenaza o vulneración de derechos.

 

Los beneficiarios de créditos de Educación Superior que se encuentren registrados en el Sisbén, dentro de los puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, y que terminen su programa, sólo pagarán el capital prestado durante su periodo de estudios, más la inflación causada de acuerdo con los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, correspondientes al periodo de amortización.

 

Infraestructura
El sector de la infraestructura será fortalecido a través de los denominados Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (Pines), por medio de los cuales se harán más eficientes los trámites de aprobación de licencias ambientes y la compra de predios para la ejecución de proyectos viales de alto impacto regional y nacional.

 

El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES), será administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional y/o la entidad que defina el Gobierno Nacional. El objeto de este fondo será la inversión y financiamiento de proyectos de infraestructura.

 

Crecimiento Verde

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaborará una política nacional de lucha contra la deforestación de bosques naturales, que contendrá un plan de acción dirigido a acabar la pérdida de bosques naturales para el año 2030. Esta política incluirá previsiones para vincular de manera sustantiva a los sectores que actúan como motores de deforestación, incluyendo las cadenas productivas que aprovechan el bosque y sus derivados.

 

La inversión del Gobierno Nacional Central (GNC) para las políticas y estrategias incluidas en el Plan nacional de Desarrollo ascenderá a $160,3 billones, acorde con la nueva realidad fiscal del país en medio del descenso en los precios internacionales del petróleo.

 

Esto representa una disminución de $17 billones en comparación con los montos aprobados en noviembre pasado por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

 

En 2015 las apropiaciones para inversión ascenderán a $44,6 billones, en tanto para 2016 serán de $37,3 billones, para 2017 de $38,5 billones y para 2018 de $39,8 billones.

La visión de paz del Gobierno Nacional tiene tres prioridades: la finalización del conflicto; la garantía de los derechos; y el fortalecimiento de las instituciones desde un enfoque territorial.

 

 

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