En desarrollo del proyecto de Modernización de la Regulación Contable Pública en Colombia, el 20 de marzo de 2015 se firmó la II fase del Acuerdo Marco suscrito entre el Banco Mundial (BM) y la Contaduría General de la Nación (CGN).

En función de ella, se llevó a cabo la primera misión del 13 al 17 de abril del año en curso, con el fin de conocer experiencias internacionales en la aplicación de los criterios definidos en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), (IPSAS por su sigla en Inglés) para el reconocimiento, medición y revelación de activos propios del gobierno y para contrastar diferentes posibilidades de implementación y aplicación de la normativa en relación con dichos activos.

En esta primera misión, se realizaron las presentaciones por parte del doctor Andreas Bergmann, presidente del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - IPSASB (International Public Accounting Estandar Board), sobre las experiencias de países como Austria, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suiza y Kazajstán, en cuanto al tratamiento específico de activos de infraestructura pública (bienes de uso público), bienes históricos y culturales, y recursos naturales. Luego de dichas exposiciones, se realizó un trabajo técnico mediante el desarrollo de talleres interactivos.

Durante el desarrollo de estos talleres, se presentaron y analizaron aportes importantes respecto de los temas abordados, por parte de las siguientes entidades contables públicas: Agencia Nacional de Minas, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Aeronáutica Civil, Ministerio de Cultura, Agencia Nacional de Infraestructura e Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. Además, se trató el detalle particular de los registros contables inherentes a los temas tratados y lo relativo a valoraciones y revelaciones.

Una conclusión importante de estos talleres, liderados por el presidente del IPSASB y los expertos del BM, es que Colombia se destaca en el concierto mundial por registrar y reconocer, en función de lo regulado en el Régimen de Contabilidad Pública, los recursos naturales no renovables del subsuelo (minas y yacimientos de petróleo) en los activos del Balance General de la Nación.

Para ello, existe una base constitucional desarrollada a través de leyes, decretos y resoluciones, que determinan los soportes técnicos de reconocimiento y valuación de las reservas probadas de los recursos mineros y de los hidrocarburos. Estas reservas se contabilizan para reconocer su incremento producto de nuevos hallazgos y su disminución producto de la explotación.

La medición de dichas reservas se basa en los porcentajes asignados para las regalías que es el ingreso neto del Gobierno a valor presente. Solamente se registran reservas probadas, las cuales corresponden a las explotadas a través de concesiones y no se reconocen reservas contingentes.

En cuanto a las experiencias analizadas de los países (Australia, Nueva Zelanda y Kazajstán), ninguno de ellos registra las reservas de recursos naturales no renovables (yacimientos petroleros y mineros). Nueva Zelanda registra solamente el otorgamiento de derechos de pesca (recurso renovable) y Kazajstán registra únicamente los derechos de explotación de los recursos no renovables, pero sólo en el momento de la factura (cuentas por cobrar). La falta de reconocimiento de las reservas de recursos naturales no renovables se puede explicar por la dificultad que existe de estimar confiablemente su valor y la inexistencia de una norma internacional que regule la materia.

Otra de las conclusiones destacadas es que las condiciones de reconocimiento de las reservas de recursos naturales no renovables como activo, previstas en la norma nacional expedida por la CGN, guarda consistencia con los criterios establecidos en las NICSP. El Banco Mundial, producto del trabajo llevado a cabo durante la primera misión, ha recomendado que el Gobierno Colombiano haga conocer, a los organismos internacionales como el FMI, el BID y la OCDE por intermedio del ente rector que regula la contabilidad pública colombiana, la nueva norma nacional una vez emitida, como ejemplo de buena práctica de gobierno, respecto de las cuentas públicas.