En el segundo debate de la Plenaria del Senado de la República, se aprobaron los primeros 58 artículos del proyecto de ley de reforma pensional de los 94 que contiene la iniciativa, entre ellos, la creación de un Fondo de Ahorro para proteger el pago de las pensiones y se estableció el umbral de 2.3 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para cotizar a Colpensiones.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, expuso 10 puntos de la reforma pensional:

1. Se construye un único Sistema Integral de Protección a la Vejez, cuyo administrador será Colpensiones. Se establecer una rectoría robusta del Sistema con un mecanismo de monitoreo permanente que permita evaluar los parámetros y recomendar periódicamente al Ejecutivo y al Congreso ajustes a los mismos de ser necesario.
2. Resuelve el problema que existe de competencia entre dos regímenes pensionales lo que ha generado desequilibrio en el Sistema, primero, por cuanto concede mesadas pensionales muy diferentes para personas con las mismas condiciones de cotización y de edad. Segundo, porque los fondos privados, que reciben mayoritariamente los recursos de las cotizaciones, no están pensionando, y el régimen público es quien está asumiendo el pago de las pensiones, cumpliendo con su objeto social, pero sin los ingresos suficientes por cotizaciones. Esta última situación ha llevado a un desequilibrio financiero que ha obligado a la Nación a hacer un gasto adicional.
3. El proyecto de reforma pensional además resuelve el problema de los grandes subsidios a las altas pensiones en el sistema público (Colpensiones), al limitar el subsidio para todos los que cotizan sobre más de 2.3 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
4. Incrementa la cobertura en protección real a la vejez, a través de tres mecanismos: renta solidaria, renta vitalicia, y pensión. Principalmente, el mecanismo de la prestación anticipada optimiza la cobertura pensional. En el primer año de la reforma se pasa de una cobertura del 24 % al 53.73 % (4.662.000 personas aproximadamente) y al 2052 una cobertura del 87 % (más de 13 millones 700.000 personas mayores).
5. Elimina la pobreza extrema en la población mayor en Colombia. La renta solidaria corresponde al valor por debajo del cual se considera en pobreza. 2 millones 600 mil adultos mayores serán beneficiarios hasta que fallezcan.
6. La iniciativa de ley amplia un 22 % la probabilidad de que una mujer en Colombia logre la pensión. Reconoce la dedicación de la mujer al cuidado de los hijos, acoge las sentencias de la Corte Constitucional, tiene enfoque de género y elimina las diferencias que existen hoy, en las mesadas entre hombres y mujeres (que cotizaron sobre los mismos tiempos) en los fondos privados. Da un mayor subsidio a la mujer (30%) en la construcción de una renta vitalicia, en caso de no lograr una pensión.
7. Con el umbral dispuesto en la reforma, es decir, 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se contribuye a la sostenibilidad del Sistema Pensional, que hoy no existe.
8. Garantiza la solidaridad para todos, la universalidad y la eficiencia, principios del artículo 48 de la Constitución Nacional los cuales hoy no se están cumpliendo.
9.Fortalece e incentiva el ahorro individual pensional. Todo colombiano logrará cobertura de algún tipo en función de su ahorro y los más vulnerables tendrán un mayor apoyo del Estado.
10. El proyecto de ley protege el ahorro pensional ya existente (aproximadamente 405 billones) y construye nuevo ahorro. Se frena la caída del ahorro que hoy existe en el Fondo de Ahorro Individual debido a los traslados masivos de los fondos privados hacía Colpensiones. La totalidad del mismo seguirá administrada por los fondos privados. Se construye un nuevo ahorro colectivo público (Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. art. 24) que será la garantía de la pensión de los que hoy son jóvenes.

Durante la presentación del cuarto informe ante el comité de empleo y asuntos sociales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en París, el embajador de Colombia ante ese organismo internacional, Luis Fernando Medina, resaltó los avances del Gobierno Nacional en materia de empleabilidad y explicó el contenido de las reformas pensional y laboral, así como la reducción de la tasa de informalidad.

“Las reformas sociales que avanzan en el Congreso de la República, buscan mejorar la inequidad, fortalecer los derechos laborales y garantizar una vejez digna para cerca de 3 millones de adultos mayores que hoy viven en pobreza extrema. Con estas iniciativas queremos dejarle a las y los colombianos herramientas para el mejoramiento en la calidad de vida”, explicó el embajador.

Por su parte, la OCDE solicitó varias medidas al Gobierno colombiano, entre ellas, reforzar el marco jurídico, según proceda, para prohibir todas las formas de subcontratación abusiva. Además, exigir a las empresas que formalicen a los empleados que trabajan en régimen de subcontratación mediante contratos de trabajo regulares que den acceso a todos los derechos laborales básicos, prohibir los pactos colectivos y regular la huelga en servicios esenciales, entre otros.

Para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, los contenidos de las reformas laboral y pensional buscan cumplir con los estándares internacionales y de esta manera acatar las recomendaciones de la OCDE.

Durante la presentación del cuarto informe ante el comité de empleo y asuntos sociales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en París, el embajador de Colombia ante ese organismo internacional, Luis Fernando Medina, resaltó los avances del Gobierno Nacional en materia de empleabilidad y explicó el contenido de las reformas pensional y laboral, así como la reducción de la tasa de informalidad.

“Las reformas sociales que avanzan en el Congreso de la República, buscan mejorar la inequidad, fortalecer los derechos laborales y garantizar una vejez digna para cerca de 3 millones de adultos mayores que hoy viven en pobreza extrema. Con estas iniciativas queremos dejarle a las y los colombianos herramientas para el mejoramiento en la calidad de vida”, explicó el embajador.

Por su parte, la OCDE solicitó varias medidas al Gobierno colombiano, entre ellas, reforzar el marco jurídico, según proceda, para prohibir todas las formas de subcontratación abusiva. Además, exigir a las empresas que formalicen a los empleados que trabajan en régimen de subcontratación mediante contratos de trabajo regulares que den acceso a todos los derechos laborales básicos, prohibir los pactos colectivos y regular la huelga en servicios esenciales, entre otros.

Para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, los contenidos de las reformas laboral y pensional buscan cumplir con los estándares internacionales y de esta manera acatar las recomendaciones de la OCDE.

“El Gobierno Nacional decreta un incremento del salario mínimo para 2024 a un monto de 1 millón 300 mil pesos, es decir, un aumento aproximado del 12 por ciento, y un incremento al auxilio del transporte a 162 mil pesos, el cual corresponde aproximadamente a un 15 por ciento en relación con la cifra acordada para el año 2023”.

Así lo anunció la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, durante una rueda de prensa ofrecida conjuntamente con el presidente Gustavo Petro Urrego en el Aeropuerto Militar de Catam en Bogotá.

De acuerdo con el presidente Petro, “dos millones y medio de familias vulnerables obtienen un beneficio neto con este decreto del gobierno, y seguramente millones de familias más podrán ser arrastradas a un mejor nivel de vida gracias a este decreto” de aumento del salario mínimo y el auxilio de transporte para 2024.

Destacó que aunque el incremento se tomó mediante decreto, “no estuvo muy distante el punto de vista del empresariado, en su mayoría agremiado, con excepción de Fenalco, de la posición de los trabajadores”, ya que “fueron solo 0.5 décimas de distancia”.

“Con un poco más de tiempo, quizás se hubiera llegado a la concertación, pero hay un límite legal que la ministra de Trabajo acaba de describir y, por tanto, el gobierno ha tomado su decisión”, sostuvo.

El jefe de Estado afirmó que la decisión del gobierno sobre salario mínimo para 2024 es “acercarnos a la posición trabajadora”, puesto que “hemos tomado una posición similar a la del movimiento obrero en Colombia, a la de las y los trabajadores”.

El presidente previó que en el 2024 habrá un crecimiento del salario real en términos del salario mínimo, lo cual significa que “el nivel de vida de los colombianos que están ligados al salario mínimo va a crecer”.

“En el año entrante creemos que la inflación va a bajar aún más. Ojalá se ubique en 6 – 5 puntos, ese es el objetivo, y aquí estamos aumentando el salario mínimo en cerca de 12 por ciento, un poquito más de 12 por ciento”, explicó.

“Es decisión unánime de la Comisión de Concertación mantener las políticas de desindexación que empezamos a trabajar el año pasado, donde se logró desatar 116 artículos de 204 bienes y servicios que estaban caracterizados”, señaló la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al termino de una nueva sesión de la negociación del incremento del salario mínimo para los colombianos y colombianos en el 2024.

“Para este año”, dijo, “tomamos la decisión de mantener esta desindexación en los 88 bienes y productos que aún faltan, y de esta manera consolidar las medidas para protección del valor adquisitivo del salario”.

Ramírez Ríos, agregó: “Hoy se han discutido las medidas para la protección del poder adquisitivo del salario; lo segundo, es que tanto las centrales como el sector empresarial presentaron las propuestas en torno a cuáles deberían ser los criterios para el ajuste salarial. Las centrales presentaron además de 7 criterios, una propuesta de que la cifra debería ser del 18% incluido el auxilio de transporte”.

El sector empresarial como la SAC, ANDI, Acopi y Asobancaria, dejaron una proposición en el sentido de tener unos criterios técnicos a la hora de construir la cifra, e hicieron una serie de reflexiones que serán importantes a la hora de decidir.

La titular de la cartera laboral, anotó: “Dentro del debate se dejaron dos constancias, una que ha dejado Fenalco, fundamentalmente diciendo que esta mesa no se debe llevar a cabo, mientras en el Congreso se debate el proyecto de reforma laboral, la cual respetamos, que tomamos nota de ella, pero dejamos una vez más claro y reiteramos que el Congreso tiene su autonomía y que aquí ya habíamos hecho un acuerdo, que el próximo 15 de enero de 2024, esta mesa de concertación será convocada para mirar en conjunto que proposiciones podemos trabajar y llevaremos a la plenaria de la Cámara de Representantes”.

En representación de los gremios, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, se mostró optimista frente a un salario concertado y que la construcción se haga en medio de la diferencia.

Aseguró, “que en medio de un entorno económico que es complejo y retador y con el ánimo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, también de cuidar la generación de empleo formal de la economía, consideramos que la hoja de ruta nos debería llevar como acordamos con la Ministra y los amigos de las centrales obreras, a sentarnos de manera bilateral para tratar de encontrar esa concertación que ojalá permita darle una buena noticia al país”.

Bedoya concluyó: “Por supuesto para nosotros, esto no es solamente el tema del salario mínimo sino que está conectado con lo que pueda ocurrir con la economía colombiana el año entrante y entregamos unas variables para tenerlas en cuenta”.

Por su parte, el presidente de la CUT, Fabio Arias, presentó la propuesta del incremento para el salario mínimo del 18 %, dijo: “el incremento tiene que ver fundamentalmente con las cifras macroeconómicas del país, que nos dice que hay que reactivar la economía y los índices significativos son la reducción de las tasas de interés, las tarifas de servicios públicos, regular el precio de los combustibles y medicamentos; y con los salarios, que generan una reactivación del consumo de los trabajadores".

El Gobierno Nacional, por medio del ministerio del Trabajo y La DIAN en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, promueven una mayor igualdad de género para reconocer e incentivar tributariamente a las empresas que contraten mujeres víctimas de violencia.

Así lo resaltó, la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez Ríos, quien explicó que la deducción es del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagadas durante el año o periodo gravable.

Para la titular de la cartera laboral: “empoderar económicamente a las mujeres, en especial a las que han sufrido diferentes tipos de violencias, contribuye directamente a la igualdad de género, erradicación de la pobreza y crecimiento económico inclusivo”, de tal forma que promover la empleabilidad de esta población, permite contribuir a su empoderamiento para erradicar ciclos de violencia que han permeado la vida de estas mujeres.

Según el último reporte del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género-SIVIGE, correspondiente al año 2021, en Colombia se identificaron 50.911 casos de violencias de género. Situaciones que requieren del acompañamiento del Estado colombiano, entre otras acciones como promover y proteger la empleabilidad de las mujeres que han sido víctimas.

Para la identificación de las mujeres víctimas, el ministerio del Trabajo acompañará a las empresas para que a través del ministerio de la igualdad y los mecanismos de género en todo el país se identifiquen a las mujeres objeto de este incentivo.

Así mismo, en alianza con la Junta Central de Contadores de Colombia, se activarán canales virtuales para asesorar a los empleadores interesados en esta iniciativa tributaria.

Durante la jornada se reconoció además a 23 empresas y organizaciones del Sello Equipares, por la labor que han realizado para el cierre de brechas de género, mediante la implementación del programa y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma del Sello.

¿Cómo será el incentivo?

a). Deberá solicitarse a partir del período gravable que corresponda a la vinculación directa de la trabajadora víctima de violencia comprobada y hasta por un término máximo de tres (3) años por cada trabajadora vinculada, si la relación laboral perdura tal como lo dispone la ley;

b). El monto de la deducción será del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable a partir del inicio de la relación laboral y hasta por un término máximo de tres (3) años si esta se mantiene;

c). La deducción no se aceptará sobre los pagos realizados a trabajadores/as a través de empresas de servicios temporales;

d). Es necesario que las decisiones y medidas en favor de la mujer víctima de la violencia, señaladas en el literal a) del artículo 3° del presente decreto, hayan sido dictadas con posterioridad a la expedición de la Ley 1257 de 2008 y que la vinculación laboral se haya iniciado después de la adopción de las mismas.

Al ratificarse el Convenio 190, los países integrantes de la OIT se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión. Este instrumento impone la obligación de adoptar la legislación que garantice el derecho a la igualdad y no discriminación en el empleo.

El Convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia doméstica afecta la participación de las mujeres en el campo laboral, su productividad, acceso al empleo y su salud.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, se mostró optimista por el avance de este importante convenio.

“Celebramos un paso importante, hacia el cumplimiento de los sueños de muchas mujeres, trabajadoras, empresarias, emprendedoras y sus organizaciones y el mío, por tener un trabajo sin miedo, sin violencias de género y sin discriminaciones”, dijo la Ministra.

La relevancia de este convenio es que se generan entornos de trabajos seguros y libres de violencia de género para lograr equidad en el trabajo y se salda una deuda histórica con las mujeres trabajadoras en prevención del acoso laboral.

“Ratificar este convenio significa que vamos a avanzar en combatir, prevenir y sancionar las violencias de género que viven las mujeres y personas de las diversidades sexuales, en el ámbito laboral”, puntualizó la jefa de la cartera laboral.

El acuerdo sobre la violencia y el acoso de la OIT fue adoptado en junio de 2019 en la Conferencia del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo uno de los primeros instrumentos internacionales que reconocen específicamente el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, introduciendo aspectos garantistas y novedosos con un ámbito de aplicación amplio.

Con la reactivación de la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad, promover el proceso para la ratificación del convenio 190 con la OIT sobre acoso laboral y violencia contra las mujeres, y aprobación del cronograma del calendario y su dinámica para la concertación del salario mínimo y auxilio de transporte para 2024, sesionó de manera oficial, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales – CPCPSL.

La jefe de la cartera laboral, Gloria Inés Ramírez aclaró: “Hemos tenido una agenda de trabajo muy importante y en primera instancia reactivamos la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad que habíamos creado el año anterior y sobre ella acordamos hacer análisis y reflexiones en cuanto a la situación económica que está viviendo el país y hacer los aportes desde la Comisión para lo cual se trabajará para darle propuestas al Gobierno Nacional”.

De igual manera, “hemos acordado un procedimiento claro, para llegar al consenso y elegir a la persona que llevará la responsabilidad ante la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, Cetcoit, que es el mecanismo que tenemos de intermediación y conciliación de los procesos y querellas que se llevan ante la OIT”, agregó.

Finalmente, dijo: “de manera unánime, toda la mesa acogió que el convenio 190 frente a las violencias contra las mujeres y el acoso laboral, vamos a trabajarlo para darle trámite en el Congreso de la República en la Comisión Segunda”.

El presidente de la CUT, Fabio Arias, anotó: “Estamos contentos al haber llegado a la ratificación de un convenio muy especialmente para las mujeres, y es que los espacios del trabajo sean libres de violencia y acoso laboral y sexual, esto nos da optimismo y muestra que evidentemente gobierno, empresarios y trabajadores podemos hacer cosas más significativas”.

“No nos negamos a la concertación y haremos el mejor de los esfuerzos desde el Comando Nacional Unitario para que podamos llegar a un acuerdo del salario mínimo”, finalizó Arias.

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master anotó: “Esperamos tener la sabiduría y poder tomar la mejor decisión para lo cual nos pusimos de acuerdo en toda la información para esta decisión, como decía la Ministra, en la semana del 13 y 14 de diciembre”.

Las fechas acordadas para las próximas reuniones quedaron establecidas tripartitamente de la siguiente manera:

30 de noviembre las cifras del DANE en torno a la tasa de desempleo y el 1 de diciembre sesionará la Subcomisión de Productividad.
4 de diciembre, se reunirá nuevamente la mesa para trabajar los datos concretos del mercado laboral, el informe de la Subcomisión de Productividad a cargo del DANE y el contexto macroeconómico en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El 7 sesionará la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad
El 11 de diciembre, se analizará la inflación y el PIB a cargo del DANE y la proyección de la inflación por parte del Banco de la República.
El 12, presentación de ofertas de incremento del salario mínimo para 2024.
13 y 14 serán las jornadas de concertación.

El 15 de diciembre, es el primer plazo para llegar a un acuerdo, según lo establecido en la Ley 278 de 1996, artículo 8, parágrafo Inc. 1.

En el encuentro tripartito participaron delegados de gremios, centrales sindicales y Gobierno, y fue presidido por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, junto con los viceministros de Relaciones Laborales, Edwin Palma y de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, y de la Secretaría Técnica de la CPCPSL.

Tras más de 3 años de una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Gobierno Nacional y las tres centrales sindicales, CUT, CTC y CGT se reunieron para conciliar de manera voluntaria, una reclamación ante la OIT presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución, por incumplimiento de los convenios 03, 12, 17, 24, 25 y 144 por la expedición del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019- Plan Nacional de Desarrollo, sobre Piso de Protección Social y el decreto reglamentario 1174 del año 2020.

Para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, este acuerdo es una oportunidad para mejorar las condiciones de las y los trabajadores en Colombia en torno a la seguridad social y el derecho a una pensión digna.

“Hemos llegado a un acuerdo con presencia de la OIT, de una conciliación voluntaria por primera vez ocurrida en el continente americano, en torno a que se retira esta querella y el Gobierno Nacional se compromete expresamente a derogar el decreto 1174 del Piso de Protección Social, que ya estaba inactivo sobre la base de la sentencia 276 de la Corte Constitucional. Este Gobierno se compromete a seguir avanzando, continuaremos teniendo reuniones periódicas para la realización del monitoreo y hacer seguimiento del decreto derogatorio y sobre todo, de las medidas que favorezcan a las y los trabajadores de Colombia”, puntualizó la Ministra.

Para las centrales obreras, el decreto 1174 del Piso de Protección Social, recortaba los derechos de las y los trabajadores en Colombia, que, por no tener un salario mínimo, se les negaba el acceso a la pensión.

“Nos parece muy positivo este ánimo de concertación con el Gobierno y lo celebramos ante la OIT”, dijo Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

“Celebramos que el acuerdo que hemos suscrito con el Gobierno pone punto final a una queja formulada ante la OIT, pero adicionalmente es un logro de un punto que estuvo en la mesa durante el paro nacional, que era la derogatoria del decreto 1174, eso ha sido posible en este Gobierno del Cambio”, expresó Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT.

“Este es un acuerdo muy importante, puesto que es una reclamación que hemos venido haciendo las tres centrales obreras ante la OIT por el decreto 1174 y hoy llegamos a un feliz acuerdo de conciliación, gracias a la buena gestión del Gobierno del Cambio y su Ministerio del Trabajo”, subrayó Jorge Peña, ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC.

Las partes acordaron:

Derogar expresamente el decreto 1174 de 2020 (Piso de Protección Social), aunque el precitado decreto no se esté aplicando, en virtud de la Sentencia C-276 de 2021 de la Corte Constitucional.
El Gobierno, promoverá y apoyará iniciativas normativas que posibiliten que los trabajadores y trabajadoras que laboran al servicio de otra persona (natural o jurídica), a tiempo parcial o de menores ingresos, sean afiliados obligatorios en calidad de dependientes, del Sistema de Seguridad Social Integral.
El Gobierno impulsará iniciativas que garanticen el trabajo decente y la justicia social a través del rediseño del sistema de protección social, para asegurar la oferta necesaria, pertinente y de calidad, que garantice una protección universal frente a los riesgos en salud, desempleo y la vejez.
El Gobierno con la asistencia de la OIT, adoptará medidas para que los trabajadores informales, tengan derecho a la seguridad social, incluido el reconocimiento de prestaciones económicas relacionadas con incapacidades de salud de origen común y de riesgos laborales, maternidad y paternidad, que pueda surgir.
A este respecto, el Gobierno se compromete a que cualquier iniciativa gubernamental, cambio normativo y medidas adoptadas serán consultadas de manera tripartita.
Las partes acuerdan adoptar una hoja de ruta que contemple medidas de divulgación y campañas de sensibilización para avanzar en la protección social de los trabajadores.
Las partes de este acuerdo de conciliación se reunirán al menos cada dos meses, durante el siguiente año, para hacer seguimiento al cumplimiento de lo aquí estipulado.
Con la suscripción de este documento, las partes acuerdan el cierre de la reclamación objeto de esta conciliación, una vez se publique el decreto señalado en el literal a) del acta, en consecuencia, se comprometen a dar cumplimiento de buena fe a lo establecido en los acuerdos.

El Gobierno nacional presentó la nueva versión del ‘Protocolo prácticas seguras para los trabajadores que usan la motocicleta como herramienta de trabajo’ para el país.

Este importante documento busca fortalecer la protección de la vida de todos los trabajadores y trabajadoras que usan la moto y busca entregar lineamientos a las organizaciones para sus procesos de gestión del riesgo vial, relacionados al Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo y Planes Estratégicos de Seguridad Vial.

Para la implementación del Protocolo la industria podrá identificar los riesgos en la vía, evaluar y definir los mecanismos de control. También establecer que en el corto plazo se implementen programas de capacitación periódicos para todos los actores viales en la organización, así como la entrega y seguimiento al uso de elementos de protección personal para motociclistas trabajadores.

En el caso de los trabajadores en motocicletas, establecer la importancia del uso de los elementos de protección personal para mitigar la gravedad de las lesiones ante la ocurrencia de un siniestro vial. Conducir a velocidades adecuadas, acatando las señales y normas de tránsito. Y realizar revisión preoperacional y el mantenimiento preventivo periódico de la motocicleta.

Con relación a la manipulación y traslado de paquetes, los lineamientos contemplan las buenas prácticas del traslado de cargas en la moto, sin exceder el peso descrito por los fabricantes del vehículo entre el paquete, cajones o aditamentos para el cargue y peso del motociclista.

Mariantonia Tabares, directora general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial agradeció a las empresas por unirse a esta iniciativa, a los aliados, a los colectivos, a los gremios, a Fedemoto, la Federación Internacional de Motociclismo, y a toda la ciudadanía. “No es solo un envío, no es solo un paquete, es la vida nuestra y de todas las personas que compartimos la vía, la cual tenemos que cuidar y proteger; hoy me siento muy orgullosa de este compromiso de país con quienes día a día se montan en una moto para llevar el sustento a su casa, los motociclistas son motor de desarrollo en nuestro país, mujeres y hombres trabajadores”, concluyó.

Este año, en Colombia han fallecido más de 3.800 motociclistas a causa de siniestros viales, en un alto porcentaje hombres trabajadores en moto, entre 20 y 35 años.

Por su parte, Diana Carolina Galindo, directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo le envió un mensaje a los empresarios y a los motociclistas del país que “si logramos salvar vidas desde las empresas, formar a nuestros trabajadores como actores viales conscientes, estamos formando sociedades más justas y equitativas. No queremos más muertes en nuestras vías, cada persona que fallece significa una pérdida para su familia; no veamos la moto como un arma, sino como una herramienta para preservar la vida”.

Las empresas y personas interesadas en acceder al Protocolo pueden hacerlo ingresando aquí.