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En un fallo reciente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaro que es nulo el artículo 7 del Acuerdo 0357 de 2013 del municipio de Santiago de Cali, en cuanto fijó la tarifa del impuesto de industria y comercio para los servicios integrales de aseo y cafetería, vigilancia y servicios temporales en el 16% de la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidades).

 

Síntesis del caso: Se anuló el artículo 7 del Acuerdo 0357 de 2013, expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, en cuanto a la fijación de la tarifa del impuesto de industria y comercio para los servicios integrales de aseo y cafetería, vigilancia y servicios temporales en el 16% de la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidades), por exceder el rango legal de la tarifa previsto en la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986 para las actividades de servicios. La Sala condicionó la nulidad a que respecto de las actividades de servicios previstas en la norma parcialmente anulada se aplicará la tarifa del diez (10) por mil, -otras actividades de servicios-, prevista en el artículo 8 del mismo Acuerdo.

 

Problema jurídico: ¿Se ajustó a la legalidad la frase “la tarifa será del 16% en la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad)”, contenida en el artículo 7 del Acuerdo 0357 de 2013, expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, que fue anulada en la sentencia apelada?

 

Tesis: “[L]a tarifa establecida en el aparte de la norma demandada (…) debe ser anulada, puesto que la Ley 1607 de 2012, solo autorizó la imposición de una base gravable especial para los servicios ahí descritos. En efecto, conforme al precepto trascrito (artículo 33 de la Ley 14 de 1983), las tarifas del impuesto de industria y comercio que los municipios pueden imponer a sus contribuyentes para las actividades comerciales y de servicios deben estar en el rango del dos (2) al diez (10) por mil. Teniendo en cuenta que la obligación tributaria en el impuesto de industria y comercio es ex-lege, los presupuestos para su nacimiento son imperativos y requieren la correspondencia y coincidencia, entre otros elementos, de la tarifa determinada dentro del rango prescrito por la ley. En ese orden, como la facultad impositiva del municipio de Cali se restringe por lo dispuesto en la ley, es claro que la entidad territorial, al momento de fijar la tarifa del impuesto de industria y comercio para las actividades descritas en el artículo 7 del Acuerdo 0357 de 2013, debió respetar los límites impuestos por el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, en concordancia con el artículo 196 del Decreto 1333 de 1986. En suma, el municipio solo podía imponer una tarifa dentro del rango del dos (2) al diez (10) por mil para los servicios de aseo y cafetería, de vigilancia y de servicios temporales. En consecuencia, debido a que el aparte de la norma acusada expedida por el Concejo Municipal de Santiago de Cali gravó los mencionados servicios con el impuesto de industria y comercio a la tarifa del 16% en la parte correspondiente al AIU, sin tener en cuenta los rangos fijados por la ley, resulta evidente que el precepto demandado trasgredió el ordenamiento superior al cual debió ajustarse, lo que lleva a declarar la nulidad parcial, en cuanto a la tarifa se refiere. Comoquiera que la anulación de la tarifa en cuestión (16%) deja desprovisto de ese elemento al gravamen, se declarará la nulidad de la misma, condicionada a que respecto de las actividades de servicios previstas en el citado artículo 7 del Acuerdo 0357 de 2013 del Concejo Municipal de Santiago de Cali se aplicará la tarifa del diez (10) por mil, «otras actividades de servicios», prevista en el artículo 8 del mismo acuerdo”.

 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 19 de marzo de 2019, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, radicación: 76001-23-33-000-2014-00464-01 (21896).

“Las zonas rurales son una prioridad para el Ministerio del Trabajo y para el sector trabajo”, así lo reiteró la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, durante su participación en la Cumbre de Ministros por el Campo, en el marco de Agroexpo 2019, en Corferias.

 

Resaltó: “que el 44% de los trabajadores en el campo que no ganan 1 salario mínimo están desprotegidos. Es decir, entre menos se gana, menos derechos y esto trabajadores tiene que correr con el pago de protección social”.

 

Por ello, el Gobierno del presidente Duque está interesado en que estos trabajadores tengan una protección social con acceso a los servicios de salud y protección para la vejez a través del piso de protección social. “Esto significa, que un trabajador en el campo tendrá la posibilidad, que su empleador, le consigne mensualmente el 15 por ciento de su salario para protección social, y adicionalmente, el gobierno le otorga el 20 por ciento sobre lo ahorrado, para que pueda tener una vejez tranquila”, aseguró.

 

Así mismo, podría ahorrar voluntariamente a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y así ir aumentando el ahorro para la sostenibilidad de su vejez. Esto es relevante en el sector rural, dada la estacionalidad de las actividades agropecuarias.

 

También la ministra Arango, resaltó que se debe aumentar la formalización para que haya protección social: “estamos construyendo un sistemas más equitativo y que tengan la oportunidad de formarse con pertinencia, es decir, capacitarlos de acuerdo a las necesidades de las empresas y para que puedan acceder a los mercados y tener un ingreso sostenible”.

 

En la cumbre de ‘Ministros por el Campo’, organizada por la cartera de Agricultura, participaron siete ministros del gabinete del presidente Iván Duque, que de alguna manera tienen que ver con el sector rural y quienes presentaron el trabajo integral y articulado del gobierno para transformar el campo, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Además, hablaron sobre los retos y desafíos en materia laboral, de seguridad, agrícola, educación, transporte, comercio y de tecnologías.

 

La titular de la cartera laboral, finalmente hizo un llamado para eliminar el trabajo infantil en el campo: “el trabajo no es cuestión de niños”. Manifestó que en sectores de la palma y de flores se adelantan acciones para disminuir el trabajo de menores en el campo.

 

Agregó que el programa Colombia Mayor actualmente atiende más de 1 millón 500 mil beneficiarios, de los cuales 500 mil son del campo y puntualizó: “estamos haciendo un aumento significativo para el año 2020 para que cuenten con una ayuda del Estado”.

 

La ministra finalmente precisó: “estamos adelantando conversaciones con la Cajas de Compensación Familiar para que los trabajadores del campo y sus familias pueden recibir los beneficios de recreación y capacitación”.

Miércoles, 17 Julio 2019 15:13

Proyecto de Decreto modifica estructura de la UIAF

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El Ministerio de Hacienda publicó el Proyecto de Decreto para comentarios hasta el 31 de julio 2019, “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF y se determinan las funciones de algunas dependencias”.

 

Para conocer el proyecto de decreto completo, haga clic aquí.

La Contaduría General de la Nación pone a discusión de los interesados y del público en general, el proyecto de Resolución por la cual se incorpora, en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con los planes departamentales de agua y saneamiento básico, la cual será de carácter obligatorio, una vez se emita el acto administrativo, para efectos del registro de los hechos económicos relacionados con los planes departamentales de agua y saneamiento básico.

 

La entidad recibirá comentarios hasta el 31 de octubre. Para conocer el proyecto de resolución completo, haga clic aquí.

Los excesos de regulación y trámites afectan particularmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), razón por la que es uno de los sectores que más se beneficia de la campaña “Estado Simple, Colombia Ágil”.


Los costos indeseados por regulaciones obsoletas, inconsistentes o repetitivas, son particularmente onerosos para dicho segmento. Esto, en muchas ocasiones, lleva a promover la informalidad en un grupo que es fundamental para el desempeño económico del país. Las Pymes, junto con las microempresas, representan el 96% del tejido empresarial de Colombia y concentran más del 83% del empleo.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, señaló que a través de esta campaña, en la cual se ha enfocado parte de su gestión, “se puede incidir positivamente para lograr acercarnos a las mejores prácticas internacionales en lo que se refiere al entorno de las Pymes”.

Según el funcionario, un estudio comparativo de 7 países latinoamericanos ubicó a Colombia por debajo del promedio en lo que tiene que ver con simplificación de procedimientos para las Pyme.

Precisamente, con el propósito de incidir de manera acertada en ese entorno, “Estado Simple, Colombia Ágil” trabaja para suprimir o simplificar trámites y barreras, eliminar normas obsoletas e intervenir normas de alto impacto.

El funcionario recalcó que esta herramienta se relaciona directamente con la legalidad y el emprendimiento, los cuales, junto con la equidad, conforman los tres pactos estructurales del Plan Nacional de Desarrollo.

A mayo de 2019, se realizaron 615 intervenciones, de las cuales 450 corresponden a entidades nacionales y 165 a territoriales.

Facultades extraordinarias
El Ministro invitó a los colombianos a participar en el proceso que otorga facultades extraordinarias al Presidente, para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos del Estado.

 

La información sobre cómo integrarse a la campaña se encuentra en la página gov.co, y en la web de Función Pública.

 

Restrepo hizo su exposición durante “Bogotá, Ciudad Digital”, evento organizado por la Alcaldía de Bogotá, para presentar los avances en sistematización de la ciudad y para destacar cómo estos han favorecido la relación de ciudadanos y empresarios con las autoridades.

Bogotá aportó $2.160 millones de los $20.000 millones ahorrados por los colombianos, gracias a las 615 intervenciones de la estrategia.

El Ministro aseguró que Bogotá se integró desde un principio a Estado Simple, Colombia Ágil, lo que motivó que otras regiones también lo hicieran.

El jefe de la cartera de Comercio, se refirió a los logros de la capital colombiana en asuntos relacionados con acceso a historias clínicas y automatización de servicios a través del Supercade virtual.

“Copias de los recibos públicos, el RUT, los impuestos distritales y otros servicios están al alcance de la ciudadanía sin necesidad de desplazarse ni hacer filas y esperar”, enfatizó.

“Estado Simple, Colombia Ágil” es una campaña dirigida por la Presidencia de la República, en la que integran esfuerzos de coordinación Función Pública, Planeación Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La información sobre cómo integrarse a la campaña se encuentra en la página gov.co, y en la web de Función Pública.

En un reciente fallo de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, las empresas dedicadas a la refinación de hidrocarburos y/u otros combustibles están sujetas al impuesto de alumbrado público, siempre y cuando tengan sede o establecimiento en la jurisdicción del municipio que establece el tributo.

 

Síntesis del caso: Se declaró la legalidad condicionada del literal b.5) del artículo 184 del Estatuto Tributario del Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias (Acuerdo 041 de 21 de diciembre de 2006), que estableció la base gravable del impuesto de alumbrado público para las empresas dedicadas a la refinación de hidrocarburos y/u otros combustibles, en el entendido de que quedan sujetas al tributo, siempre y cuando tengan sede o establecimiento en la jurisdicción del mencionado Distrito.

 

Problema jurídico: ¿Las disposiciones demandadas del Acuerdo 041 del 21 de diciembre de 2006, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T., violan los artículos 16 del Código de Petróleos, 1 del Decreto Reglamentario 850 de 1965 y 27 de la Ley 141 de 1994 al gravar con el impuesto de alumbrado público la actividad de refinación de hidrocarburos y/u otros combustibles?

 

Tesis: “[P]ara el caso de las empresas dedicadas a actividades relacionadas con la industria del petróleo o transporte y distribución productos naturales no renovables, la Sala ha considerado que el impuesto de alumbrado público no recae sobre tales actividades, por lo que su imposición no transgrede la exención prevista en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 y reglamentado por el Decreto 850 de 1965, ni tampoco la prohibición de gravamen sobre la explotación de recursos naturales a que se refiere el artículo 27 de la Ley 141 de 1994, toda vez que, lo que grava ese tributo, es el hecho de ser usuario potencial del impuesto de alumbrado público. Por lo anterior, la Sala observa que, en este caso, el literal b.5) del artículo 184 del Acuerdo 041 del 21 de diciembre de 2006 no viola el artículo 16 del Código de Petróleos ni el artículo 27 de la Ley 141 de 1994, porque toman como referente a las plantas refinadoras de hidrocarburos y/u otros combustibles, no con el fin de gravar la actividad como tal, sino de hacer determinable al sujeto pasivo. (…) Debe tenerse en cuenta que, desde la sentencia del 11 de marzo de 2010, a la cual se ha hecho referencia en este fallo y que ha sido reiterada en varias providencias, la Sala ha condicionado la legalidad de las normas que imponen la calidad de sujeto pasivo a las empresas dedicadas a la exploración, explotación y transporte de recursos no renovables, a las siguientes premisas: i) Que sean usuarios potenciales del servicio en tanto hagan parte de la colectividad que reside en el municipio que administra el tributo. Es decir, que tengan establecimiento en esa jurisdicción municipal. ii) Que por tal motivo, resulten beneficiadas directa o indirectamente, de forma transitoria o permanente con el servicio de alumbrado público. Entonces, en el presente asunto, la calidad de sujeto pasivo del tributo de las empresas a las que se refiere el literal b.5) del artículo 184 del Acuerdo 041 de 2006, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, está supeditado a que sean usuarios potenciales del servicio de alumbrado público lo cual solo se verifica en la medida en que tengan establecimiento en la jurisdicción municipal y, por ende, sean beneficiarias del servicio. Por tanto, el literal b.5) del artículo 184 del Acuerdo 041 de 2006, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C., que establece la sujeción pasiva de las empresas dedicadas a la refinación de hidrocarburos y/u otros combustibles, debe entenderse en el sentido que quedarán sujetas al impuesto siempre y cuando tengan sede o establecimiento en la jurisdicción de dicho municipio, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia”.

 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 8 de marzo de 2019, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, radicación: 13001-23-31-000-2007-00638-02 (22963).

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó el proyecto de resolución por la cual se prescribe el formulario para la Declaración de Equipaje, de Dinero en Efectivo y de Títulos Representativos de Dinero - Viajeros de acuerdo a las disposiciones contempladas en el Decreto 1165 de 2019.

 

Por lo anterior, se recibirán comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución hasta el 18 de julio de 2019, a través del siguiente buzón: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Para conocer el proyecto de resolución completo, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, recordó a la opinión pública que el próximo lunes 15 de julio de 2019 vence el plazo para la recepción de comentarios sobre el documento de discusión pública que se refiere a la Aplicación de la NIA 701 – Comunicación de las cuestiones claves de auditoría independiente emitida por un auditor independiente.


El documento contiene cuatro preguntas relacionadas con la modificación del alcance de la aplicación de la norma en comento. El plazo máximo para la recepción de comentarios es del lunes 15 de julio de 2019. Estos se recibirán en las direcciones de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y/o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

La NIA 701 fue incorporada al Anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 mediante el Decreto 2170 de 2017.

Para conocer el documento completo, haga clic aquí.

Durante el primer semestre de 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, cumplió con las metas de recaudo establecidas para la Entidad. En este período el recaudo bruto de los impuestos nacionales fue de $82,01 billones, lo que representa un crecimiento del 10.3% en relación con el mismo período de 2018, cuando se alcanzó la suma de $74,37 billones.

 

Este resultado se explica, en primer lugar, por el comportamiento del recaudo por Retención en la Fuente a título de Renta, el cual sumó $25,83 billones que, comparado con el mismo período de 2018, en el que se lograron $22,86 billones, representa un incremento del 13.0% y una contribución de 4.0% a la variación.

 

En segundo lugar, se ubicó el crecimiento del recaudo por concepto de tributos aduaneros, mostrando un crecimiento de 18.0% con respecto al mismo período de 2018, en el que se logró un recaudo de $10,34 billones, mientras que en 2019 fue de $12,20 billones, con una contribución a la variación de 2.5%.

 

También se destaca el desempeño del recaudo del Impuesto de Renta y Complementarios para Personas Jurídicas, pues, aunque la tarifa general pasó de 34% en el año gravable 2017 a 33% en el año gravable 2018, presentó un incremento de 3.2% en comparación con el mismo período de 2018, en donde se lograron ingresos por $14,35 billones, mientras que en 2019 fueron de $14,80 billones.

 

De manera agregada, se resalta que el recaudo bruto de los tributos asociados a la actividad económica interna alcanzó la cifra de $69,82 billones, lo que representa una variación nominal de 9.0% frente al 2018 en el que ingresaron $64,0 billones.

 

Junio
Durante el mes de junio se obtuvo un recaudo bruto de $14,15 billones, lo que representa un crecimiento del 9.6% frente al mismo período de 2018, en el que se alcanzaron ingresos por $12,88 billones.

 

Este comportamiento se explica principalmente por el desempeño del recaudo de Retención en la Fuente a título de renta, que alcanzó la suma de $4,49 billones, representando un incremento de 18.9% en relación con 2018, y una contribución a la variación de 5.6%.

 

De igual manera se destaca el desempeño del recaudo de los tributos asociados a la actividad económica externa, que para el período observado mostró un aumento del 11.4% en relación con 2018, en el que se recaudaron $1,86 billones mientras que en 2019 fueron $2,07 billones.

 

El 86.8% del recaudo bruto obtenido en el mes de junio se concentró en tres conceptos: Impuesto de Renta y Complementarios con el 40.4%, Retención en la Fuente a título de Renta con 31.8% y tributos aduaneros con el 14.6% de participación.

 

Recaudo por Gestión
En junio se adelantó la sexta jornada “Al día con la DIAN le cumplo al país", en cuyo desarrollo se adelantaron acciones del Plan de Cobro sobre cartera vencida en cuantía de $3.8 billones y de Fiscalización en cuantía de $47.165 millones.

 

La ejecución del Plan de Cobro de 2019, ha coadyuvado para que en el semestre enero – junio se haya alcanzado un recaudo por gestión de $5,58 billones, lo que representa una variación de 23.9% en relación con el mismo período de 2018, en el que habían obtenido ingresos por $4,50 billones.

“Necesitamos cotizar por horas. Todas las personas que trabajan en Colombia deben tener derecho a cotizar a salud y a pensión, hasta los que ganan menos de 1 salario mínimo legal vigente”, dijo la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, durante la rueda de prensa que ofreció en su despacho.

Agregó: “el presidente Iván Duque y desde el Ministerio del Trabajo, estamos dispuestos a luchar por los trabajadores más vulnerables y esto incluye el 44% de ellos que no alcanzan a devengar 1 salario”.

 

El pronunciamiento lo hizo a propósito de las aclaraciones con respecto a la situación de las personas que prestan servicios a domicilio a través de la plataforma Rappi, la cual aclaró: “es un tema difícil y delicado, que tiene varias aristas”.

 

La titular de la cartera laboral, anotó: “Los contratos con Rappi son independientes, y los hace el trabajador con la empresa o con la plataforma, lo que no implica por parte de ellos el pago de seguridad social y pensión, ese es el primer problema que hay, pero es legal lo que están haciendo”.

 

Segundo, “Colombia no ha reglamentado legalmente las plataformas digitales. Tenemos la obligación de hacerlo este año como quedo en el artículo 205 del PND, lo que se hará con un proyecto de Ley que haga curso en el Congreso y donde se incluyan todas las plataformas que ofrecen diferentes servicios”.

 

Piso de Protección Social
La ministra, Alicia Arango, expuso que en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, en primera instancia se sacó el Piso de Protección Social, con el que se brinda un mínimo de garantías en seguridad social para las personas sin capacidad de pago.

 

Añadió, que podrán hacer parte del Piso de Protección Social diversos tipos de trabajadores que devengan menos 1 SMMLV. En caso de dependientes o independientes contratistas el aporte deberá ser asumido por el empleador o contratante.

 

Permitirá, dijo, que muchos trabajadores de tiempo parcial que ganan menos de 1 salario mínimo tengan una renta vitalicia, donde el empleador tiene que pagar el 15%, el gobierno pone el 20% sobre lo ahorrado y el trabajador no pone un peso.

 

Y nuevamente insisto, concluyó la Ministra: “Colombia tiene que tener mayor flexibilidad en la contratación, porque con el modelo que existe actualmente se violentan los derechos de los trabajadores más pobres y lo que se requiere es que ellos tengan mejores condiciones”.

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