La Superintendencia de Sociedades estableció un periodo de transición hasta el 31 de mayo de 2025 para que las Cámaras de Comercio y ESALES ajusten e implementen un SAGRILAFT y un PTEE, en los términos dispuestos en los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de esta Entidad.

Durante el periodo de transición, la Superintendencia de Sociedades dispondrá de los mecanismos de atención, capacitación, pedagogía y acompañamiento permanente que estime necesarios, a fin de orientar a los nuevos Sujetos Obligados para que puedan dar cumplimiento a esta directriz.

Es importante precisar que durante ese lapso no se exigirá el cumplimiento de las obligaciones inherentes al SAGRILAFT y un PTEE, sin perjuicio de que estas entidades dispongan su implementación antes de la fecha en mención – 31 de mayo de 2025 -.

La Superintendencia de Sociedades procura que los Sujetos Obligados sean quienes asuman directamente las disposiciones de la nueva Circular Externa, sin incurrir en costos o gravámenes adicionales que impacten sus propias finanzas y capacidad patrimoniales y en el entendido en que la implementación no debe generar costos significativos para los nuevos Sujetos Obligados.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades Billy Escobar señaló que, “las cámaras de comercio del país deben ser un referente de excelencia para las empresas en la lucha contra la corrupción, con lo cual además se contribuye a la sostenibilidad de los entes camerales y ESALES. Por esta razón, nuestra misión será la de acompañar y orientar gratuitamente a estas entidades en el periodo de transición para la preparación e implementación de los procedimientos tendientes al cumplimiento de estas disposiciones”.

Las anteriores previsiones se encuentran contempladas en la Circular Externa 100-000003 del 23 de abril de 2024.

Para conocer la Circular 100-000003, haga clic aquí.

A través de la Circular Externa 100-000009 del 2 de noviembre de 2023, publicada en el Diario Oficial No. 52.567 del 2 de noviembre de 2023, la Superintendencia de Sociedades profirió la Circular Única de Requerimiento de Información Financiera – CURIF.

En el ejercicio de las atribuciones de inspección, vigilancia y control, esta Entidad pudo dar cuenta de la necesidad de unificar diversos cuerpos reglamentarios dispersos en un único acto administrativo que diese las directrices a diferentes supervisados en lo que a la presentación de información financiera respecta. Así pues, la mencionada circular agrupa diez (10) reportes de informes financieros diferentes y deroga las circulares que solicitaban los informes 16 y 28, entre otras.

Esta Circular agrupa entre otros, la solicitud de información financiera aplicable a entidades empresariales en marcha y Cámaras de Comercio en marcha, estados financieros consolidados o combinados y documentos adicionales, información financiera para entidades empresariales en acuerdo de reestructuración (Ley 550 de 1999), información financiera para entidades empresariales en proceso de reorganización, información financiera para entidades empresariales que no se encuentren en marcha, información financiera de sujetos intervenidos, entre otros.

Al respecto el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló “este acto administrativo de carácter general se convierte en el único referente en materia de requerimiento de información financiera para las entidades en marcha y aquellas que no se encuentren en marcha, agrupando en uno lo que antes representaba el envío de diez diferentes reportes. Consideramos que condensar estos requerimientos de información financiera facilitará enormemente el trabajo de los administradores, empresarios y comerciantes y permitirá un diálogo más fluido y cercano con la Superintendencia”.

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La Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa No. 100- 000003 de 11 de septiembre de 2023, que además de crear el Informe 75 que integra los Informes 50 y 52, señala los parámetros de presentación de los informes 42-PRACTICAS EMPRESARIALES, 58- OFICIALES DE CUMPLIMIENTO y 75-SAGRILAFT y PTEE.

En los próximos días se comunicará mediante oficio de requerimiento cuáles empresas deben presentar estos informes y también, las fechas y horas de los eventos de capacitación sobre cómo remitir los informes mencionados.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, agrega “con esta integración facilitamos el reporte de la información de los sistemas de prevención de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo, corrupción y soborno transnacional, por parte de las empresas obligadas, optimizando la labor de las áreas de cumplimiento y directivas, y fortaleciendo nuestro rol de supervisor al poder conocer cómo se comportan las empresas respecto a sus deberes en la prevención de estos fenómenos”.

Para conocer la Circular 100-000003, haga clic aquí.

La Superintendencia de Sociedades informa que se expidió el Decreto 390 del 21 de marzo de 2024 por parte del Gobierno Nacional, el cual reglamenta el procedimiento para conceder los beneficios por colaboración en materia de soborno transnacional y responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por actos de corrupción, con los que puede obtenerse hasta la exoneración total y parcial de la sanción, cuando a cambio, la persona jurídica entregue oportunamente información relevante sobre los aspectos de comisión de las conductas y beneficios obtenidos en estos esquemas ilegales.

Al respecto el señor Superintendente de Sociedades, Doctor Billy Escobar manifestó: “con esto estamos dándole fuerza a nivel de decreto a la posibilidad de que encontremos mecanismos que permitan la resolución exitosa de casos y que beneficien a esas compañías que desean mantenerse en los mercados nacionales e internacionales, a cambio de reconocer los propios hechos de soborno transnacional o corrupción y adquirir importantes compromisos para fortalecer sus mecanismos de prevención y cumplimiento, como así ha ocurrido en el escenario mundial.

Sabemos que la imposición de una multa tan alta, como ocurre en estos casos, de hasta 200.000 SMMLV, puede llevar a la liquidación de las sociedades, siendo estos beneficios por colaboración una opción para lograr una salida más eficiente que permita continuar con el desarrollo del objeto social y preservar el empleo de muchos trabajadores”.

Con esta herramienta fortaleceremos aún más nuestras competencias generales y exclusivas sobre personas jurídicas para investigar y sancionar casos de soborno transnacional en el marco de la Ley 1778 de 2016.

La Superintendencia de Sociedades se permite informar que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1167 de 2023, el cual contiene las principales modificaciones realizadas en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, para mejorar y agilizar los procesos de insolvencia e intervención con el objeto de salvar empresas.

Estas modificaciones buscan que los procesos concursales y de intervención sean más expeditos, eficientes y efectivos desde el rol de los Auxiliares de la Justicia, así como los requisitos y procedimientos necesarios para su participación en los distintos procesos.

A continuación se detallan las principales modificaciones que entrarán en vigencia próximamente:

- Clasificación de procesos de intervención: A partir de ahora, los procesos de intervención se clasificarán únicamente en las categorías A y B, dependiendo del número de personas afectadas. Si existen más de 50 afectados, el proceso se clasificará como categoría A; si existen hasta 50 afectados, se clasificará como categoría B.

- Inscripción en una o varias jurisdicciones: Los aspirantes y Auxiliares de la Justicia podrán inscribirse en una o varias jurisdicciones, lo cual brinda mayor flexibilidad y oportunidades para aquellos que deseen expandir su alcance y participación en diferentes áreas legales.

- Experiencia profesional específica: La experiencia profesional específica en uno o varios sectores se acreditará de acuerdo a la categoría para la cual se inscriba el aspirante. Para acceder a la categoría A, se deberá acreditar al menos diez (10) años de experiencia; para la categoría B, se requerirán al menos cinco (5) años de experiencia; y para la categoría C, se exigirán al menos tres (3) años de experiencia.

- Antecedentes penales, fiscales o disciplinarios: Aquellos aspirantes y Auxiliares de la Justicia que tengan antecedentes penales, fiscales o disciplinarios personales no podrán formar parte de la lista de inscritos. Se busca garantizar la integridad y confianza en el sistema legal mediante esta medida.

- Requisitos para la lista de Auxiliares de la Justicia: No será necesario acreditar la aprobación del curso de formación en insolvencia e intervención para hacer parte de la lista de Auxiliares de la Justicia. No obstante, se otorgará un puntaje adicional a aquellos aspirantes que hayan aprobado dicho curso.

- Requisitos específicos por categoría: Los requisitos específicos para acceder a cada una de las categorías (A, B, C) se dividirán por cargos (promotor - liquidador e interventor). Además, el número de procesos necesarios para acceder a las distintas categorías se reducirá, lo que permitirá una mayor participación y oportunidades para los aspirantes.

- Ascenso automático: Los Auxiliares de la Justicia que cumplan los requisitos para una categoría superior a la que se encuentren inscritos podrán ascender automáticamente, a menos que manifiesten expresamente su deseo de no hacerlo. Esto facilitará el reconocimiento y la promoción de aquellos profesionales que demuestren una mayor cualificación.

- Toma de posesión del cargo: En un plazo de cinco (5) días hábiles, el Auxiliar de la Justicia designado dentro de un proceso deberá manifestar si acepta o no el cargo y, en caso de aceptarlo, deberá tomar posesión del mismo. Esto garantiza una respuesta oportuna y una rápida incorporación al proceso.

- Dilatación injustificada del proceso: La dilación injustificada del proceso por parte de un Auxiliar de la Justicia se incluye como una nueva causal de incumplimiento de sus funciones, evitando así retrasos innecesarios y garantizando la eficiencia en el sistema.

- Nuevas causales de relevo: Se crearon cinco nuevas causales de relevo de los Auxiliares de la Justicia dentro de los procesos, con el objeto de evitar perturbaciones, demoras y dilaciones innecesarias.

- Pago del subsidio al liquidador: El pago del subsidio al liquidador en procesos de insolvencia ya no se realizará por etapas ni porcentajes. En su lugar, se efectuará una vez que la providencia que aprueba la rendición final de cuentas de su gestión se encuentre en firme.

Sobre el particular, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señala “Las modificaciones al régimen de los Auxiliares de la Justicia están enfocadas en democratizar la lista para contar con perfiles que tengan experiencia empresarial en diferentes sectores que permita salvar empresas, proteger el empleo y que puedan ser atractivas para la inversión y el crédito, innovar para aportar al desarrollo económico y social del país con una visión de fortalecer el tejido empresarial a nivel nacional y regional”.

Para conocer el Decreto 1167, haga clic aquí.

Con el fin de contar con información relevante sobre el sector empresarial del país, las Superintendencia de Sociedades presenta los resultados del informe de 1.000 empresas más grandes, realizado teniendo en cuenta la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2023, el cual permite identificar tendencias del estado de la situación financiera con respecto al activo, pasivo, patrimonio, estado de resultado integral e índices financieros.

“En este informe se destaca el comportamiento del rubro de utilidades al cierre del año 2023, al presentarse ganancias en todos los macrosectores, al igual que lo advertido para los años 2022 y 2021.

En relación con los ingresos operacionales, se evidencia un crecimiento del 7,9% entre las 1000 empresas catalogadas como las más grandes para el año 2022 y las 1000 empresas catalogadas como las más grandes para el año 2023.

Sin llegar afectar el comportamiento de las ganancias en relación con el ejercicio anterior, en el Macrosector servicios están concentradas el 64% de las pérdidas, acumuladas principalmente en los subsectores de salud y telecomunicaciones.

Por otro lado, el Macrosector Minero e Hidrocarburos se vio afectado por la disminución del precio del barril del petróleo que fue de un 17% menos que el promedio registrado en el año 2022, así como por el efecto de la revaluación, lo que ocasionó una disminución de sus ingresos y patrimonio por efecto del reconocimiento de la diferencia por conversión. No obstante, en dicho Macrosector se mantuvieron las ganancias” aseguró el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.

Consulte el informe, aquí.

Consulte la base de 1000 empresas aquí.

El Congreso de la República aprobó de manera unánime el Proyecto de Ley 106 de 2023 Senado y 365 de 2024 de Cámara, por medio del cual se adoptó de manera permanente las medidas establecidas en los Decretos Leyes 560 y 772 de 2020. Esta decisión trascendental representa un compromiso crucial para proteger las empresas, preservar los empleos y salvaguardar el crédito, especialmente en el contexto del impacto económico generado por la pandemia del COVID-19.

Esta es una propuesta liderada por la Superintendencia de Sociedades con el apoyo de todas las bancadas del Congreso, que la presentaron como iniciativa parlamentaria. La incorporación de estos decretos en la legislación permanente marca un punto de inflexión en el régimen de insolvencia de Colombia, brindando la estabilidad y previsibilidad que tanto necesitan las empresas que navegan por entornos económicos desafiantes.

Esta decisión se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales como las de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico, enfatizando la importancia de armonizar los marcos de insolvencia con los estándares globales.

Las medidas aprobadas abarcan una amplia gama de disposiciones diseñadas para el salvamento empresarial, la protección de los empleos y la promoción de la reactivación económica. Entre las medidas aprobadas se encuentran:

1. Acceso Expedito y Alivio Financiero: Se establecen mecanismos simplificados para facilitar la reorganización empresarial, ofreciendo plazos de pago flexibles y alivio financiero para las cargas financieras que enfrentan las empresas.

2. Estímulo a la Financiación y Salvamento Empresarial: Se fomentan las iniciativas para la financiación del deudor y se establecen mecanismos de rescate para empresas al borde de la liquidación, previniendo su desaparición y protegiendo su viabilidad.

3. Negociación de Acuerdos de Reorganización y Procedimientos de Recuperación: Se implementan marcos sólidos para guiar la negociación de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación, priorizando la cobertura y la atención a los deudores, asegurando soluciones justas y equitativas para todas las partes involucradas.

4. Régimen de Insolvencia y Protección Empresarial: Se establecen directrices claras para definir un régimen de insolvencia efectivo, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas e implementando mecanismos robustos para proteger las empresas y los empleos, salvaguardando el tejido empresarial y el bienestar de los trabajadores.

5. Recuperación de Valor en Procesos de Liquidación: Se priorizan estrategias efectivas para la recuperación de valor en los procesos de liquidación, enfatizando la adjudicación en bloque o como unidad productiva, maximizando el retorno de activos y minimizando las pérdidas para acreedores y deudores.

6. Fortalecimiento de los Auxiliares de la Justicia: Se amplía la lista de auxiliares de la justicia para atender de manera eficaz el creciente volumen de procedimientos de insolvencia, garantizando una atención oportuna y especializada a las empresas en dificultades.

7. Procesos Expeditos de Reorganización y Liquidación Judicial Simplificada: Se establecen procedimientos simplificados para agilizar la resolución de casos de insolvencia de menor tamaño, optimizando los recursos y brindando soluciones más rápidas y eficientes a las empresas afectadas.

8. Aplicación Subsidiaria de la Ley 1116 de 2006: Se establece la aplicación subsidiaria de la Ley 1116 de 2006 para los procesos de reorganización expedita y liquidación judicial simplificada, brindando un marco legal sólido y coherente para este tipo de procedimientos.

9. Armonización Internacional: Colombia se alinea con los estándares internacionales en materia de insolvencia, asegurando el cumplimiento de los compromisos internacionales del país y promoviendo la integración del marco legal nacional con las mejores prácticas globales.

10. Beneficios Legales Específicos para Pequeñas Empresas: Se implementa legislación a medida para atender las necesidades particulares de las pequeñas empresas, empleando mecanismos menos intervencionistas que facilitan la búsqueda de soluciones justas y equitativas entre acreedores y deudores, fomentando su crecimiento y sostenibilidad.

11. Competitividad y Confianza de los Inversores: Se reconoce la importancia de los marcos legales y regulatorios sólidos para la inversión, enfatizando la necesidad de proteger las inversiones y mejorar la competitividad del país, creando un entorno más atractivo para la inversión nacional y extranjera.

12. Impulso al Desarrollo Económico y la Economía Popular: El Plan Nacional de Desarrollo enfatiza el impulso a la Economía Popular y Comunitaria, reconociendo su papel fundamental en la generación de empleo y el dinamismo económico, y promoviendo medidas para fortalecer este sector vital.

13. Eficiencia en los Procedimientos Concursales: Se establecen regulaciones para fortalecer la economía popular, especialmente las pequeñas y microempresas.

Al respecto el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló “Esto es un hito muy importante para el salvamento empresarial, recogiendo las bondades de los Decretos 560 y 772 de 2020, que apoyaron a las empresas en las dificultades que sufrieron durante la pandemia, lo cual nos permite construir sobre lo construido, fortaleciendo el ecosistema empresarial colombiano y el impulso a la recuperación económica.

La Superintendencia de Sociedades ha sido reconocida como Autoridad Central por las Naciones Unidas para el ejercicio de las facultades general y exclusivas en materia de investigación y sanción de personas jurídicas que incurran en soborno trasnacional conforme lo dispuesto en la Ley 1778 de 2016.

Lo anterior según las Notas Verbales S-GTAJI-23-23262 del 6 de diciembre de 2023 y S-EATVN-24-52 del 30 de enero de 2024, proferidas por la Misión Permanente de la República de Colombia ante las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Viena, siendo hoy parte nuestra Entidad del Directorio de Autoridades Centrales colombianas junto con la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y los Ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia y Derecho, entre otras autoridades nacionales.

El Superintendente de Sociedades, Doctor Billy Escobar, manifestó: “celebramos esta admisión como autoridad central, que hace eco a la realidad de las relevantes competencias que posee esta Superintendencia en la materia, con esto se facilita la cooperación internacional en la lucha contra el soborno transnacional, lo que nos llevará a adelantar con mayor éxito nuestros casos para efectivamente sancionar a las personas jurídicas que se vean involucradas en esquemas de corrupción, alterando las oportunidades en los mercados internacionales mediante pagos indebidos a funcionarios públicos extranjeros. Este reconocimiento nos permitirá luchar de manera eficiente y contundente contra la corrupción como fenómeno mundial”.

La Superintendencia de Sociedades presentó un estudio con fundamento en la información reportada a las cámaras de comercio del suroccidente del país (Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo) en materia de inscripciones de grupos empresariales y control de sociedades, de acuerdo con lo señalado en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.

En el suroccidente colombiano existen registrados 66 grupos empresariales, esto demuestra una significativa presencia de este tipo de organizaciones como agentes importantes para el desarrollo económico. Estos grupos involucran 560 subordinadas, de las cuales 108 se encuentran en el exterior, principalmente en Latinoamércia.

Estos datos demuestran que un número muy representativo de personas en el suroccidente del país han cumplido la obligación de que trata el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, de solicitar la inscripción en el registro mercantil de los grupos empresariales y situaciones de control. Es así como, se identificaron un total de 13.780 matrices inscritas.

El suroccidente es una región de especial interés para los inversionistas extranjeros que controlan empresas. En el registro mercantil aparecen 118 matrices extranjeras inscritas.

En la región suroccidente sobresalen conglomerados con una historia significativa, incluso algunos que fueron fundados en el siglo XIX, que han logrado crecer a lo largo de varias generaciones e inspiran a los empresarios colombianos a desarrollar estrategias que contribuyan efectivamente a la perdurabilidad y al éxito empresarial.

Las diez matrices personas jurídicas colombianas más grandes del suroccidente registraron en el año 2022 ingresos por $ 14.312.995.794.449 y activos por $14.614.309.883.237

En el estudio encontrarán los rankings de matrices por ingresos, matrices por número de subordinadas y matrices por número de subordinadas en el exterior, tanto para los grupos empresariales como para las situaciones de control.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que "la revelación en el registro mercantil de los grupos empresariales y las situaciones de control, es uno de los efectos más importantes que establece el régimen de matrices y subordinadas contenido en la Ley 222 de 1995, teniendo en cuenta que garantiza el principio de transparencia en el que se fundamentan las relaciones entre las sociedades con los diferentes grupos de interés que interactúan con ellas”.

Para conocer detalles del informe, haga clic aquí.

En el marco de la estrategia de cooperación nacional y asistencia recíproca, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez y el Director General de la UIAF, Luis Ignacio Llinás Chica, suscribieron un convenio interadministrativo de cooperación bilateral a fin de desarrollar acciones conjuntas que ayuden a la prevención y detección de conductas contrarias al orden público económico y la transparencia.

El convenio suscrito entre la Superintendencia y el organismo de inteligencia financiera permite avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de organismos intergubernamentales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los estándares del Grupo Egmont que propugnan por el intercambio seguro e inmediato de conocimientos e información de inteligencia financiera para combatir ilícitos. Así pues, el acuerdo suscrito entre las dos Entidades es una apuesta para el cumplimiento de recomendaciones internacionales y una medida concreta de seguimiento de las directrices establecidas en el Programa de Gobierno 2022-2026 y el Plan Nacional de Inteligencia en donde la lucha contra la corrupción es pilar fundamental para la Colombia potencia mundial de la vida.

De acuerdo con el Superintendente de Sociedades, Doctor Billy Escobar Perez “La suscripción del Convenio con UIAF tiene como objeto proteger la economía nacional de la penetración de dineros de origen ilícito en defensa de la productividad, la libre competencia, la inversión, el desarrollo del comercio exterior y el crecimiento económico sostenible tan amenazados por las dinámicas cambiantes del crimen organizado trasnacional, es también un convenio único en la región porque agrupa a la Entidad de Inteligencia Financiera miembro del Grupo Egmont y a la Entidad de supervisión del sector real que juega un rol trascendental para los compromisos internacionales del Estado”.

Con este nuevo acuerdo, ambas Entidades pretenden contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y el soborno trasnacional a través del intercambio de información de inteligencia, las acciones conjuntas, la capacitación recíproca de funcionarios, y el establecimiento de mesas técnicas de expertos.