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El Superintendente de Sociedades Dr. Juan Pablo Liévano en compañía de delegados y asesores, socializó la metodología y el plan de trabajo, mediante el cual se busca construir y proponer una reforma legislativa al Régimen General de Sociedades y al Régimen de Insolvencia.

Esta propuesta, sin duda alguna, en caso de ser aprobada, le permitirá al sector empresarial afrontar con mejores herramientas los retos que se están presentando y que vendrán durante el Siglo XXI. El documento presentado será el resultado de un trabajo minucioso por parte de destacados expertos, los cuales se reunirán en torno a cinco mesas de trabajo que abordarán los siguientes temas:

1 Administradores, régimen de responsabilidad y temas afines
2 Accionistas minoritarios, buen gobierno corporativo, beneficiario real; y temas afines
3 De la supervisión externa (inspección, vigilancia y control) e interna (revisor fiscal, normas de aseguramiento); y temas afines
4 Disolución y liquidación voluntaria, sociedades fachadas, cumplimiento normativo, contabilidad (normas de información financiera); y temas afines.
5 Insolvencia: Reorganización, liquidación judicial; y temas afines

Para el Superintendente de Sociedades Dr. Juan Pablo Liévano: "Este esfuerzo marcará la diferencia para lograr una propuesta de un nuevo y mejor marco normativo que genere seguridad jurídica, emprendimiento y legalidad, en procura de la equidad, con instrumentos más idóneos y ajustados a las dinámicas empresariales.", afirmó el Superintendente.

Con esta actividad, la cual se da en el marco de la conmemoración de los ochenta años de la Superintendencia de Sociedades, la Entidad continúa adelante en su propósito de aportar y apoyar el "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" propuesto por el Presidente Iván Duque, a través de estrategias que permitan generar más empresa y más empleo, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país y contar con empresas competitivas, productivas y perdurables.

La Comisión Tercera del Senado, aprobó en primer debate, el Proyecto de Ley número 2 de 2017, por medio del cual se establecen reglas en materia de sociedades y se busca modernizar las normas que regulan a las empresas en asuntos tales como la responsabilidad de los administradores y la protección de los accionista minoritarios.

La iniciativa se orienta a proteger a las minorías frente a posibles maniobras que tiendan al menoscabo de sus derechos. Para ese efecto, se le otorgan, a la Superintendencia de Sociedades, facultades jurisdiccionales, es decir esta entidad pueda actuar como juez para la defensa de los derechos de los afectados.

El Proyecto, de origen parlamentario, que cuenta con el apoyo dela la Superintendencia de Sociedades, incluye normas que promueven una modernización del sistema de registro mercantil de las compañías, para que todos los trámites y consultas puedan hacerse ante una Ventanilla Única Empresarial por medios electrónicos.

Al respecto el superintendente de Sociedades, Francisco reyes Villamizar, afirmó que este tipo de reformas está en consonancia con las tendencias internacionales y con las recomendaciones hechas por de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial.

Reyes Villamizar explicó además que al cumplirse los 10 años de la exitosa ley sobre Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), es necesario que continúe el proceso de modernización de la legislación comercial colombiana.

Colombia ha sido pionera en América Latina en introducir un régimen moderno en materia de sociedades que ya ha sido imitado por países de la región. Además, en junio de 2017 la Organización de Estados Americanos aprobó la propuesta colombiana de sobre una ley modelo en materia de SAS.

El proyecto de ley, aprobado en la Comisión Tercera, contiene importantes disposiciones que actualizan en régimen de responsabilidad de administradores e introduce mecanismos excepcionales de protección de accionistas minoritarios. Además, incluye disposiciones sobre las funciones y facultades administrativas de la Superintendencia de Sociedades.

En la iniciativa se introduce el novedoso concepto de la "deferencia al criterio empresarial", que consiste en que los administradores no pueden ser sancionados por la simple adopción de decisiones de negocios que resulten fallidas, siempre que hayan obrado de buena fe.