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El Gobierno Nacional, por medio del ministerio del Trabajo y La DIAN en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, promueven una mayor igualdad de género para reconocer e incentivar tributariamente a las empresas que contraten mujeres víctimas de violencia.

Así lo resaltó, la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez Ríos, quien explicó que la deducción es del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagadas durante el año o periodo gravable.

Para la titular de la cartera laboral: “empoderar económicamente a las mujeres, en especial a las que han sufrido diferentes tipos de violencias, contribuye directamente a la igualdad de género, erradicación de la pobreza y crecimiento económico inclusivo”, de tal forma que promover la empleabilidad de esta población, permite contribuir a su empoderamiento para erradicar ciclos de violencia que han permeado la vida de estas mujeres.

Según el último reporte del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género-SIVIGE, correspondiente al año 2021, en Colombia se identificaron 50.911 casos de violencias de género. Situaciones que requieren del acompañamiento del Estado colombiano, entre otras acciones como promover y proteger la empleabilidad de las mujeres que han sido víctimas.

Para la identificación de las mujeres víctimas, el ministerio del Trabajo acompañará a las empresas para que a través del ministerio de la igualdad y los mecanismos de género en todo el país se identifiquen a las mujeres objeto de este incentivo.

Así mismo, en alianza con la Junta Central de Contadores de Colombia, se activarán canales virtuales para asesorar a los empleadores interesados en esta iniciativa tributaria.

Durante la jornada se reconoció además a 23 empresas y organizaciones del Sello Equipares, por la labor que han realizado para el cierre de brechas de género, mediante la implementación del programa y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma del Sello.

¿Cómo será el incentivo?

a). Deberá solicitarse a partir del período gravable que corresponda a la vinculación directa de la trabajadora víctima de violencia comprobada y hasta por un término máximo de tres (3) años por cada trabajadora vinculada, si la relación laboral perdura tal como lo dispone la ley;

b). El monto de la deducción será del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable a partir del inicio de la relación laboral y hasta por un término máximo de tres (3) años si esta se mantiene;

c). La deducción no se aceptará sobre los pagos realizados a trabajadores/as a través de empresas de servicios temporales;

d). Es necesario que las decisiones y medidas en favor de la mujer víctima de la violencia, señaladas en el literal a) del artículo 3° del presente decreto, hayan sido dictadas con posterioridad a la expedición de la Ley 1257 de 2008 y que la vinculación laboral se haya iniciado después de la adopción de las mismas.

Al ratificarse el Convenio 190, los países integrantes de la OIT se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión. Este instrumento impone la obligación de adoptar la legislación que garantice el derecho a la igualdad y no discriminación en el empleo.

El Convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia doméstica afecta la participación de las mujeres en el campo laboral, su productividad, acceso al empleo y su salud.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, se mostró optimista por el avance de este importante convenio.

“Celebramos un paso importante, hacia el cumplimiento de los sueños de muchas mujeres, trabajadoras, empresarias, emprendedoras y sus organizaciones y el mío, por tener un trabajo sin miedo, sin violencias de género y sin discriminaciones”, dijo la Ministra.

La relevancia de este convenio es que se generan entornos de trabajos seguros y libres de violencia de género para lograr equidad en el trabajo y se salda una deuda histórica con las mujeres trabajadoras en prevención del acoso laboral.

“Ratificar este convenio significa que vamos a avanzar en combatir, prevenir y sancionar las violencias de género que viven las mujeres y personas de las diversidades sexuales, en el ámbito laboral”, puntualizó la jefa de la cartera laboral.

El acuerdo sobre la violencia y el acoso de la OIT fue adoptado en junio de 2019 en la Conferencia del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo uno de los primeros instrumentos internacionales que reconocen específicamente el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, introduciendo aspectos garantistas y novedosos con un ámbito de aplicación amplio.

Con la reactivación de la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad, promover el proceso para la ratificación del convenio 190 con la OIT sobre acoso laboral y violencia contra las mujeres, y aprobación del cronograma del calendario y su dinámica para la concertación del salario mínimo y auxilio de transporte para 2024, sesionó de manera oficial, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales – CPCPSL.

La jefe de la cartera laboral, Gloria Inés Ramírez aclaró: “Hemos tenido una agenda de trabajo muy importante y en primera instancia reactivamos la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad que habíamos creado el año anterior y sobre ella acordamos hacer análisis y reflexiones en cuanto a la situación económica que está viviendo el país y hacer los aportes desde la Comisión para lo cual se trabajará para darle propuestas al Gobierno Nacional”.

De igual manera, “hemos acordado un procedimiento claro, para llegar al consenso y elegir a la persona que llevará la responsabilidad ante la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, Cetcoit, que es el mecanismo que tenemos de intermediación y conciliación de los procesos y querellas que se llevan ante la OIT”, agregó.

Finalmente, dijo: “de manera unánime, toda la mesa acogió que el convenio 190 frente a las violencias contra las mujeres y el acoso laboral, vamos a trabajarlo para darle trámite en el Congreso de la República en la Comisión Segunda”.

El presidente de la CUT, Fabio Arias, anotó: “Estamos contentos al haber llegado a la ratificación de un convenio muy especialmente para las mujeres, y es que los espacios del trabajo sean libres de violencia y acoso laboral y sexual, esto nos da optimismo y muestra que evidentemente gobierno, empresarios y trabajadores podemos hacer cosas más significativas”.

“No nos negamos a la concertación y haremos el mejor de los esfuerzos desde el Comando Nacional Unitario para que podamos llegar a un acuerdo del salario mínimo”, finalizó Arias.

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master anotó: “Esperamos tener la sabiduría y poder tomar la mejor decisión para lo cual nos pusimos de acuerdo en toda la información para esta decisión, como decía la Ministra, en la semana del 13 y 14 de diciembre”.

Las fechas acordadas para las próximas reuniones quedaron establecidas tripartitamente de la siguiente manera:

30 de noviembre las cifras del DANE en torno a la tasa de desempleo y el 1 de diciembre sesionará la Subcomisión de Productividad.
4 de diciembre, se reunirá nuevamente la mesa para trabajar los datos concretos del mercado laboral, el informe de la Subcomisión de Productividad a cargo del DANE y el contexto macroeconómico en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El 7 sesionará la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad
El 11 de diciembre, se analizará la inflación y el PIB a cargo del DANE y la proyección de la inflación por parte del Banco de la República.
El 12, presentación de ofertas de incremento del salario mínimo para 2024.
13 y 14 serán las jornadas de concertación.

El 15 de diciembre, es el primer plazo para llegar a un acuerdo, según lo establecido en la Ley 278 de 1996, artículo 8, parágrafo Inc. 1.

En el encuentro tripartito participaron delegados de gremios, centrales sindicales y Gobierno, y fue presidido por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, junto con los viceministros de Relaciones Laborales, Edwin Palma y de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, y de la Secretaría Técnica de la CPCPSL.

Tras más de 3 años de una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Gobierno Nacional y las tres centrales sindicales, CUT, CTC y CGT se reunieron para conciliar de manera voluntaria, una reclamación ante la OIT presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución, por incumplimiento de los convenios 03, 12, 17, 24, 25 y 144 por la expedición del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019- Plan Nacional de Desarrollo, sobre Piso de Protección Social y el decreto reglamentario 1174 del año 2020.

Para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, este acuerdo es una oportunidad para mejorar las condiciones de las y los trabajadores en Colombia en torno a la seguridad social y el derecho a una pensión digna.

“Hemos llegado a un acuerdo con presencia de la OIT, de una conciliación voluntaria por primera vez ocurrida en el continente americano, en torno a que se retira esta querella y el Gobierno Nacional se compromete expresamente a derogar el decreto 1174 del Piso de Protección Social, que ya estaba inactivo sobre la base de la sentencia 276 de la Corte Constitucional. Este Gobierno se compromete a seguir avanzando, continuaremos teniendo reuniones periódicas para la realización del monitoreo y hacer seguimiento del decreto derogatorio y sobre todo, de las medidas que favorezcan a las y los trabajadores de Colombia”, puntualizó la Ministra.

Para las centrales obreras, el decreto 1174 del Piso de Protección Social, recortaba los derechos de las y los trabajadores en Colombia, que, por no tener un salario mínimo, se les negaba el acceso a la pensión.

“Nos parece muy positivo este ánimo de concertación con el Gobierno y lo celebramos ante la OIT”, dijo Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

“Celebramos que el acuerdo que hemos suscrito con el Gobierno pone punto final a una queja formulada ante la OIT, pero adicionalmente es un logro de un punto que estuvo en la mesa durante el paro nacional, que era la derogatoria del decreto 1174, eso ha sido posible en este Gobierno del Cambio”, expresó Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT.

“Este es un acuerdo muy importante, puesto que es una reclamación que hemos venido haciendo las tres centrales obreras ante la OIT por el decreto 1174 y hoy llegamos a un feliz acuerdo de conciliación, gracias a la buena gestión del Gobierno del Cambio y su Ministerio del Trabajo”, subrayó Jorge Peña, ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC.

Las partes acordaron:

Derogar expresamente el decreto 1174 de 2020 (Piso de Protección Social), aunque el precitado decreto no se esté aplicando, en virtud de la Sentencia C-276 de 2021 de la Corte Constitucional.
El Gobierno, promoverá y apoyará iniciativas normativas que posibiliten que los trabajadores y trabajadoras que laboran al servicio de otra persona (natural o jurídica), a tiempo parcial o de menores ingresos, sean afiliados obligatorios en calidad de dependientes, del Sistema de Seguridad Social Integral.
El Gobierno impulsará iniciativas que garanticen el trabajo decente y la justicia social a través del rediseño del sistema de protección social, para asegurar la oferta necesaria, pertinente y de calidad, que garantice una protección universal frente a los riesgos en salud, desempleo y la vejez.
El Gobierno con la asistencia de la OIT, adoptará medidas para que los trabajadores informales, tengan derecho a la seguridad social, incluido el reconocimiento de prestaciones económicas relacionadas con incapacidades de salud de origen común y de riesgos laborales, maternidad y paternidad, que pueda surgir.
A este respecto, el Gobierno se compromete a que cualquier iniciativa gubernamental, cambio normativo y medidas adoptadas serán consultadas de manera tripartita.
Las partes acuerdan adoptar una hoja de ruta que contemple medidas de divulgación y campañas de sensibilización para avanzar en la protección social de los trabajadores.
Las partes de este acuerdo de conciliación se reunirán al menos cada dos meses, durante el siguiente año, para hacer seguimiento al cumplimiento de lo aquí estipulado.
Con la suscripción de este documento, las partes acuerdan el cierre de la reclamación objeto de esta conciliación, una vez se publique el decreto señalado en el literal a) del acta, en consecuencia, se comprometen a dar cumplimiento de buena fe a lo establecido en los acuerdos.

El Gobierno nacional presentó la nueva versión del ‘Protocolo prácticas seguras para los trabajadores que usan la motocicleta como herramienta de trabajo’ para el país.

Este importante documento busca fortalecer la protección de la vida de todos los trabajadores y trabajadoras que usan la moto y busca entregar lineamientos a las organizaciones para sus procesos de gestión del riesgo vial, relacionados al Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo y Planes Estratégicos de Seguridad Vial.

Para la implementación del Protocolo la industria podrá identificar los riesgos en la vía, evaluar y definir los mecanismos de control. También establecer que en el corto plazo se implementen programas de capacitación periódicos para todos los actores viales en la organización, así como la entrega y seguimiento al uso de elementos de protección personal para motociclistas trabajadores.

En el caso de los trabajadores en motocicletas, establecer la importancia del uso de los elementos de protección personal para mitigar la gravedad de las lesiones ante la ocurrencia de un siniestro vial. Conducir a velocidades adecuadas, acatando las señales y normas de tránsito. Y realizar revisión preoperacional y el mantenimiento preventivo periódico de la motocicleta.

Con relación a la manipulación y traslado de paquetes, los lineamientos contemplan las buenas prácticas del traslado de cargas en la moto, sin exceder el peso descrito por los fabricantes del vehículo entre el paquete, cajones o aditamentos para el cargue y peso del motociclista.

Mariantonia Tabares, directora general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial agradeció a las empresas por unirse a esta iniciativa, a los aliados, a los colectivos, a los gremios, a Fedemoto, la Federación Internacional de Motociclismo, y a toda la ciudadanía. “No es solo un envío, no es solo un paquete, es la vida nuestra y de todas las personas que compartimos la vía, la cual tenemos que cuidar y proteger; hoy me siento muy orgullosa de este compromiso de país con quienes día a día se montan en una moto para llevar el sustento a su casa, los motociclistas son motor de desarrollo en nuestro país, mujeres y hombres trabajadores”, concluyó.

Este año, en Colombia han fallecido más de 3.800 motociclistas a causa de siniestros viales, en un alto porcentaje hombres trabajadores en moto, entre 20 y 35 años.

Por su parte, Diana Carolina Galindo, directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo le envió un mensaje a los empresarios y a los motociclistas del país que “si logramos salvar vidas desde las empresas, formar a nuestros trabajadores como actores viales conscientes, estamos formando sociedades más justas y equitativas. No queremos más muertes en nuestras vías, cada persona que fallece significa una pérdida para su familia; no veamos la moto como un arma, sino como una herramienta para preservar la vida”.

Las empresas y personas interesadas en acceder al Protocolo pueden hacerlo ingresando aquí.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, anunció que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde se inicia el proceso de negociación para el incremento del salario mínimo para 2024, se convocará para el 28 de noviembre.

La titular de la cartera laboral es muy optimista frente a lo que será la negociación del salario mínimo de las y los colombianos para el año 2024 y dijo: “Esperamos concertar un salario mínimo para mantener el poder adquisitivo de las y los colombianos”.

Los parámetros económicos a tener en cuenta en esta negociación serán: el IPC y el PIB causado y el proyectado para el próximo año, el índice de productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

“Trabajamos con la estadística de la inflación del 30 de noviembre, pero desde luego empezaremos antes para ir haciendo con la mesa de concertación los estudios preliminares, que nos permitan tener unas reflexiones mucho más profundas, allí tendremos la posibilidad de escuchar la propuesta de los empresarios, sus análisis, lo mismo la de los trabajadores, llevaremos la academia y desde luego el Gobierno también hará sus análisis y desde allí esperamos concertar un salario mínimo que nos permita mantener el valor adquisitivo que este año ha sido una muy buena apuesta y avanzar para que efectivamente Colombia no sea tan impactada ni por la inflación ni por las tasas de interés”, explicó Ramírez Ríos.

La ministra recordó que gracias a las medidas adoptadas en la negociación del salario mínimo para el presente año se ha logrado mantener un incremento real de más del 4%, mientras que en el año 2022 esta cifra fue negativa y afectó el bolsillo de las y los colombianos.

“La desindexación fue una medida que nosotros tomamos para preservar el valor adquisitivo del salario y eso es lo que ha ocurrido. Hoy nuestro salario tiene 4 puntos de aumento real y esto lo que significa es que no ha sido consumido por el costo de la inflación y por eso hoy todavía tenemos un valor adquisitivo protegido y esperamos que esta experiencia tan buena de la mesa de concertación que fue unánime, podamos trabajarla para el próximo año”, aclaró la Ministra.

Es de recordar que el año inmediatamente anterior por decisión unánime durante la sesión tripartita de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, se crearon las Subcomisiones de Reforma Laboral, Reforma Pensional, de Empleo y Empleabilidad, y de Análisis de decretos y convenios de la OIT.

El 15 de diciembre de 2023, será el primer vencimiento legal para concertación del salario mínimo de 2024

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, se mostró optimista frente a la negociación del salario mínimo de las y los colombianos para el año 2024.

“Trabajamos con la estadística de la inflación del 30 de noviembre, pero desde luego empezaremos antes para ir haciendo con la mesa de concertación los estudios preliminares, que nos permitan tener unas reflexiones mucho más profundas, allí tendremos la posibilidad de escuchar la propuesta de los empresarios, sus análisis, lo mismo la de los trabajadores, llevaremos la academia y desde luego el Gobierno también hará sus análisis y desde allí esperamos concertar un salario mínimo que nos permita mantener el valor adquisitivo que este año ha sido una muy buena apuesta y avanzar para que efectivamente Colombia no sea tan impactada ni por la inflación ni por las tasas de interés”, explicó la titular de la cartera laboral.

La ministra recordó que gracias a las medidas adoptadas en la negociación del salario mínimo para el presente año se ha logrado mantener un incremento real de más del 4%, mientras que para el año 2022 esta cifra fue negativa y afectó el bolsillo de las y los colombianos.

“La desindexación fue una medida que nosotros tomamos para preservar el valor adquisitivo del salario y eso es lo que ha ocurrido. Hoy nuestro salario tiene 4 puntos de aumento real y esto lo que significa es que no ha sido consumido por el costo de la inflación y por eso hoy todavía tenemos un valor adquisitivo protegido y esperamos que esta experiencia tan buena de la mesa de concertación que fue unánime, podamos trabajarla para el próximo año”, puntualizó, Ramírez Ríos.

Actualmente la inflación para el mes de septiembre según el DANE se ubicó en 10,9% lo que significa una tendencia a la baja luego de iniciar el año con un dato de 13.2%, sin embargo, el salario mínimo fue concertado para el 2023 con un incremento del 16%, lo que ha significado una mayor protección de los salarios y del poder adquisitivo de las y los colombianos.

El concepto de impacto fiscal de la ponencia para segundo debate, del proyecto de ley de reforma pensional, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, manifiesta que la iniciativa permite alcanzar los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional como son: mejorar la sostenibilidad, la cobertura y la suficiencia que implica una pensión digna para las y los trabajadores colombianos y una mayor equidad.

Para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, el concepto fiscal es un respaldo contundente a un trabajo juicioso y responsable entre todos los sectores económicos, expertos y academia.

“Es muy importante resaltar el mensaje de responsabilidad fiscal y buen diseño técnico que esta propuesta de reforma trae consigo. Las y los colombianos pueden estar tranquilos sobre la sostenibilidad fiscal que plantea. El Ministerio de Hacienda en su concepto así lo manifiesta. La viabilidad fiscal de la reforma pensional respalda la sostenibilidad de esta iniciativa”, puntualizó la Ministra.

El concepto del Ministerio de Hacienda es claro al resaltar que:

“La implementación de la propuesta de reforma consistente con las disposiciones del articulado de la ponencia para segundo debate, implicaría un impacto fiscal neto que se acoge a las posibilidades financieras de la Nación, en el marco de las restricciones fiscales actuales y proyectadas. Todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles, manteniendo la sostenibilidad del Sistema de Protección a la Vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo, de modo que pueden incorporarse en la planeación financiera del Gobierno Nacional, en línea con las restricciones presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y en estricto cumplimiento de la regla fiscal”.

El mencionado concepto también ratifica lo que el Gobierno del Cambio ha planteado en todos los escenarios, que es la mayor cobertura en protección integral a la vejez que la propuesta ofrece. Esta mayor cobertura es generada por el esquema de pilares y los elementos progresistas que incorpora, entre los que están:

a) La protección a toda la población mayor de 60 años mujeres y 65 años hombres, que se encuentren en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, recibirán una renta correspondiente, al menos al umbral de pobreza extrema (aproximadamente $223.000 para el año 2024).

b) La población que será objeto del pilar semicontributivo, que corresponde a población que cotizó al sistema contributivo, al menos 300 semanas y que no logra el mínimo de semanas necesarias para la pensión, recibirá una renta vitalicia subsidiada, que será un ingreso permanente en la vejez.

También, la reforma propuesta plantea en el artículo 75 la creación de una Comisión Técnica de Protección Social Integral para la Vejez que monitoree y haga seguimiento al gasto fiscal en pensiones, entre otras funciones, de forma que se podrán hacer los ajustes necesarios periódicamente para impedir que situaciones de alto impacto puedan llegar a presentarse.

El concepto fiscal muestra un aumento al año 2100 del pasivo pensional de la Nación, correspondiente a 40 puntos del PIB aproximadamente.

“Este costo adicional debe ser analizado a la luz de un importante aumento de cobertura en protección a la vejez, de un impacto social mayor y sobre todo, del alto impacto económico que va a generar el que las y los colombianos mayores tengan unas pensiones equitativas, suficientes y subsidios dignos para esta población extremadamente pobre y vulnerable”, subrayó la Ministra del Trabajo.

Adicional, es importante señalar que en el escenario actual el gasto al que se expone la Nación si no se hace la reforma y por consiguiente el monto del pasivo pensional, no solamente corresponde a las obligaciones pensionales que se puedan generar con la población beneficiaria del Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, sino que debe contemplar también la presión que genera en el sistema los traslados de los afiliados de los fondos privados hacia Colpensiones, así como la carga fiscal que compromete al Estado, por cuenta del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, hoy administrado por los fondos privados.

Para beneficiar a las doce comunidades que conforman el Resguardo Indígena Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, se está capacitando en seguridad y salud en el trabajo a 100 familias de esta población.

El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, quien visitó el resguardo, en el municipio de Atanquez, Cesar, anotó: “estamos aquí para explorar y compartir las mejores alternativas en materia de extensión y garantía de protección social del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y todo el ámbito de estándares del trabajo decente”.

En la actividad convocada por la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector agropecuario, se realizó en simultáneo una feria de servicios con entidades del orden Nacional.

Durante la iniciativa, que se adelantó en el salón de la comunidad conocido como: “Oscar Carillo Luquez”, del municipio de Atanquez, participaron trabajadores del sector panelero, mujeres artesanas, trabajadores de productos pan coger, de los cabildos menores del Resguardo Indígena Kankuamo.

En Colombia, según el último reporte el número de trabajadoras y trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales es de 12.4 millones, cifra que aumentó con respecto a 2021 cuando fue de 11.4 millones.

Desde la pandemia por la COVID-19 en 2020 se han venido afiliando por año, en promedio 1 millón de nuevos trabajadores.

Las empresas también registran un aumento al pasar de 1 millón 15.000 en 2021 a 1 millón 81.000 en 2022 es decir, 66 mil nuevas compañías se vincularon al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), que confirman la efectividad del sistema robusto con el que el Gobierno del Cambio continúa trabajando por el bienestar integral de las y los trabajadores.

Los interesados en aplicar a los incentivos económicos otorgados por el Ministerio del Trabajo con la estrategia ‘Empleo para la Vida’, recibirán orientación para la postulación a través del formulario: https://acortar.link/3vUQMq

Esta estrategia que se extenderá hasta agosto del 2026 busca promover, generar y proteger los nuevos empleos con aportes directos a la nómina por la contratación de jóvenes, mujeres y hombres. El incentivo mensual calculado sobre el SMLV representa:

- Jóvenes entre 18 y 28 años el 25 %: $290.000
- Mujeres mayores de 28 años el 15 %: $174.000
- Hombres mayores de 28 años el 10 %: $116.000

‘Este incentivo tiene una aplicación muy fácil, unos requisitos mínimos de documentación muy flexibles y podrán postularse a finales de noviembre para un único pago en el mes de diciembre de 2023. Requisitos y demás, que hayan vinculado a este tipo de poblaciones en los últimos 6 meses, dándole opotunidad a los jóvenes de tener una experiencia mínima laboral y sobre todo fomentando el empleo y la formalización laboral que es núcleo central de nuestra reforma laboral’, explicó la directora de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar, Mónica Naranjo

Los documentos requeridos para acceder al beneficio son:

- Formulario de solicitud de la entidad financiera, firmado por empleador/a, representante legal. Aplica también para el caso de las cooperativas.
- Certificación firmada por empleador/a, representante legal, contador/a o revisor fiscal, que indique estar al día en salarios y pagos de seguridad social de trabajadores.
- RUT.
- Contrato laboral mínimo de 6 meses.