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El Ministerio del Trabajo publicó el Decreto 2451 del 27 de septiembre de 2018, por medio del cual fija el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2019, establecido en ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos ($ 828.116).

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A través del Decreto 2452 del 27 de diciembre de 2018, el Ministerio del Trabajo estableció el subsidio de transporte para 2019, fijado en noventa y siete mil treinta y dos pesos ($97.032).

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A partir del mes de octubre de 2018, el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social de los trabajadores independientes y contratistas debe pagarse mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, es decir, el mes anterior.

Así lo establece el decreto 1273 de 2018, lo que indica que los aportes correspondientes al mes de septiembre deben pagarse en el mes de octubre en los plazos establecidos en el Decreto 1990 de 2016 de acuerdo con los dos últimos dígitos de su documento de identificación.

Durante el mes de septiembre las EPS y ARL no podrán negar la prestación de los servicios.

De otra parte, se aclara, que la retención y el pago de aportes por parte de las entidades contratantes, iniciará a partir del 1 de junio de 2019.

Al respecto, la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, señaló: “Estamos totalmente complacidos con la entrada en operación de la medida adoptada sobre el pago al Sistema de Seguridad Social por parte de los trabajadores independientes y contratistas, que le permitirá antes de pagar la Seguridad Social, contar con los honorarios respectivos”.

El Ministerio de Transporte emitió el Decreto 2229 del 27 de diciembre de 2017, por el cual se adiciona un Título a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con las condiciones, términos, y requisitos para autorizar la internación temporal de vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula del país vecino, a los residentes en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo.

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La ministra del Trabajo, Clara López Obregón, firmó el Decreto 639 de 2017 por medio del cual se reglamenta el artículo 3 de la Ley 1780 de 2016, Ley Projoven y establece la exención del pago de la matrícula mercantil y la primera renovación para las pequeñas empresas jóvenes, que hayan iniciado su actividad económica principal a partir del 2 de mayo de 2016.

El Decreto se construyó entre los Ministerios del Trabajo; Comercio, Industria y Turismo; la Superintendencia de Industria y Comercio y las Cámaras de Comercio en cabeza de Confecamaras, con base en los aportes de la sociedad civil a través de los ejercicios de democracia participativa.

La jefa de la cartera laboral explicó que la nueva norma establece que los emprendedores que deseen acceder a los beneficios deberán tener entre 18 y 35 años, contar con un máximo de 50 trabajadores y activos totales que no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Estas condiciones deberán mantenerse para conservar la exención del pago al momento de la primera renovación de la Matrícula.

“Para acceder a los beneficios los emprendedores deberán acercarse a las Cámaras de Comercio donde recibirán orientación sobre el procedimiento y soportes que se deberán entregar. Las empresas que hayan registrado su matrícula mercantil, por primera vez después del 2 de mayo del 2016, podrán acceder de forma retroactiva a los beneficios si cumplen los requisitos establecidos por la Ley, en consecuencia, las Cámaras de Comercio deberán devolver a dichas empresas los dineros pagados por concepto de la matrícula mercantil”, puntualizó la alta funcionaria.

Así mismo, López Obregón afirmó que la gratuidad de la matrícula mercantil facilitará la creación de nuevas empresas por parte de jóvenes emprendedores y promoverá la formalización empresarial de pequeñas iniciativas, que hoy enfrentan en la informalidad una barrera para acceder a oportunidades de negocios que los vinculen con circuitos económicos más dinámicos. Adicionalmente, en la medida que reducirá los costos para la creación de nuevos emprendimientos, el nuevo beneficio representa un complemento a todos los servicios de desarrollo empresarial o apoyo al emprendimiento que ofrece el Gobierno Nacional y que hará parte de las estrategias de generación de oportunidades dirigidas a las zonas rurales afectadas por el conflicto armado, donde podrá beneficiar a productores rurales, víctimas de la guerra o a combatientes en procesos de reincorporación que cuenten con iniciativas empresariales.

La Ley 1780 de 2016 o Ley Projoven, fue expedida con el objeto de promover la generación de empleo para jóvenes entre 18 y 28 años de edad, eliminando las barreras de acceso al mercado de trabajo que impiden mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias, e impulsando herramientas para el diseño y la ejecución de políticas de empleo y emprendimiento.

La Ministra del Trabajo, Clara López Obregón, firmó el Decreto 600 de 2017, por medio del cual, según precisó, se busca la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado con el aporte del Presupuesto General de la Nación, PGN.

“Esta iniciativa constituye un importante avance en la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto armado, en especial a su reparación integral, con el fin de atender los retos del postconflicto”, afirmó MinTrabajo tras la expedición del Decreto que se encuentra vigente a partir del 6 de abril.

La Ministra explicó que el Decreto fija un reconocimiento de prestación económica, el cual asciende a un (1) salario mínimo mensual vigente de manera vitalicia.

La Jefa de la cartera laboral indicó que los recursos están dirigidos a los nacionales que estén incluidos en el Registro Único de Víctimas, que hubieren sufrido el 50% de pérdida de capacidad laboral en un hecho en el marco del conflicto armado, que carezcan de pensión o posibilidades pensionales, y que no perciban subsidios de subsistencia o ingresos.

Para garantizar la adecuada focalización de los recursos hacia las víctimas del conflicto armado el Ministerio del Trabajo hará un reconocimiento de la calidad de beneficiario de la prestación humanitaria periódica, es decir, que la persona que aspire al reconocimiento de este beneficio debe cumplir con los requisitos y presentar la documentación requerida para tal fin.

Frente a la pérdida de la prestación humanitaria periódica se precisa que ocurrirá en los siguientes eventos: muerte del beneficiario; comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar fraudulentamente la prestación humanitaria periódica; percibir una pensión; no acreditar los requisitos o condiciones establecidos; recibir algún subsidio, auxilio, beneficio o subvención de carácter económico de forma periódica para su subsistencia, con posterioridad al reconocimiento de la prestación humanitaria periódica; presentar variación de la pérdida de capacidad laboral con un porcentaje inferior al 50%, conforme a las evaluaciones periódicas que se realicen; desatender el llamado para someterse a las valoraciones periódicas de pérdida de capacidad laboral y, decisión en firme de exclusión del Registro Único de Victimas –RUV.

Por último, la titular de la cartera laboral reiteró que El Fondo de Solidaridad Pensional continuará con el pago de la pensión como víctimas de la violencia que actualmente se encuentra realizando y asumirá transitoriamente los que viene efectuando Colpensiones, hasta tanto el Ministerio del Trabajo adelante las acciones administrativas que se requieran para establecer el mecanismo que se adoptará para el giro de la pensión como víctimas de la violencia.

El Gobierno Nacional creó un bono de alimentación que complementa el apoyo que se brinda al desempleado a través del Mecanismo de Protección al Cesante o seguro de desempleo en $172.364 pesos mensuales.

El bono podrá ser reclamado por los beneficiarios a través de las Cajas de Compensación Familiar, a partir del próximo 15 de mayo.

"El Ministerio del Trabajo, interesado en continuar velando por bienestar de la población cesante en Colombia y buscando generar nuevas alternativas para hacer frente a la situación actual del mercado laboral, acaba de generar un nuevo esquema de beneficios en el marco del Mecanismo de Protección al Cesante, creado por la Ley 1636 de 2013, para contribuir a la estabilización de los ingresos por parte de las familias y mitigar los efectos negativos del desempleo. "Queremos que más personas puedan hacer uso de este beneficio, pues muchas no saben que tienen derecho y por eso no se acercan a las agencias de empleo a reclamar el seguro", manifestó el viceministro de Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Gómez Londoño.

Así, con el Decreto 582 de 2016, se reglamentan los bonos de alimentación en el marco del Mecanismo de Protección al Cesante. Estos bonos, definidos en el artículo 77 de la Ley 1753 de 2015, se suman a los aportes a salud y pensión, pago de cuota monetaria y el incentivo por ahorro de cesantías; fortaleciendo el conjunto de prestaciones ofrecidas a las personas que han perdido su empleo.

Este bono de alimentación se constituye en un beneficio que contribuye a la atención de las necesidades de los hogares durante el período de cesantía de alguno de sus miembros, en este caso particular el acceso a alimentos.

Los bonos de alimentación se definen como la prestación económica otorgada a la población cesante destinada exclusivamente a cubrir gastos asociados a alimentos, de acuerdo a las prioridades de consumo de cada beneficiario.

Los bonos de alimentación serán otorgados a través de las agencia de empleo de las Cajas de Compensación Familiar, por un máximo de 6 meses. Este bono tendrá un monto equivalente a 1.5 SMMLV que será dividido en 6 mensualidades iguales. Para este año el incentivo mensual es de $172.364.

Las personas que quieran acceder a este nuevo beneficio, deberán acreditarse ante las Cajas de Compensación Familiar presentando los siguientes requisitos:

1. Certificación de cesación laboral o terminación de su contrato laboral.
2. Inscribirse o actualizar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo
3. Diligenciar el Formulario Único de Postulación al Mecanismo de Protección al Cesante.

Las Cajas de Compensación Familiar deben realizar la verificación del siguiente requisito para ser beneficiario del Mecanismo de Protección al Cesante:

Si era dependiente, haber aportado a Caja de Compensación Familiar por mínimo un (1) año durante los últimos tres (3) años.
Si era independiente, haber aportado a Caja de Compensación Familiar por mínimo dos (2) años durante los últimos tres años.

El Viceministro Gómez señaló también que lo importante es saber si se cumple con los requisitos, reunir los documentos y en cuestión de 10 días hábiles se están haciendo efectivo los beneficios, "Las más de 80 mil personas que hoy están recibiendo el seguro por desempleo, también empezaran a recibir los bonos de alimentación a partir del próximo mes", puntualizo.

Adicionalmente, los beneficiarios deberán cumplir con la ruta de empleo diseñada por los orientadores laborales de las Cajas de Compensación Familiar.

Para mayor información sobre este nuevo beneficio, comunicarse a través de la línea 120 del Ministerio del Trabajo.

El Ministerio de Trabajo emitió el Decreto 171 del 01 de febrero de 2016, por medio del cual se modifica el articulo 2.2.4.6.37 del capitulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

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El Ministerio de Trabajo emitió el Decreto 2553 del 30 de diciembre de 2015, por medio del cual se establece el auxilio de transporte vigente para 2016, a que tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta dos (2) veces el Salario Mfnimo Legal Mensual Vigente, en la suma de setenta y siete mil setecientos pesos mensugales ($77.700.00).

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Tras no alcanzar un acuerdo entre empresarios y sindicatos, el Gobierno Nacional fijó el aumento del salario mínimo para 2016 en un 7%, a través del Decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015, lo que significa que se aumenta en 45.104 pesos. Así lo anunció el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, a través de su cuenta en la red social Twitter.

El aumento del 7% es un balance entre la propuesta de los empresarios que fue del 6,8 por ciento, mientras que los sindicatos proponían entre un 8,5 por ciento y un 11 por ciento.

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