La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución 483 del 30 de octubre de 2018, por la cual se solicita a las entidades contables públicas que reportan información financiera, a través de CHIP, el diligenciamiento del formato para efectos de actualizar la base de datos que administra la Contaduría General de la Nación.

 

Para conocer la Resolución 483 completa, haga clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó el proyecto de resolución por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario – UVT aplicable para el año 2019.

 

La entidad recibirá observaciones y comentarios por parte de los usuarios y partes interesadas a través de la dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. hasta el 08 de noviembre de 2018, después del último día de publicación estos comentarios no serán tenidos en cuenta.

 

Para ver el proyecto de resolución completo, haga clic aquí.

Hasta el 9 de noviembre estará disponible para comentarios el proyecto de resolución publicado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por la cual se adopta la utilización de la firma electrónica en los actos administrativos generados a través del Servicio Informático Electrónico en la gestión de solicitudes de devolución y/o compensación

 

La entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución a través del correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Para conocer el proyecto de resolución, haga clic aquí.

La Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de lo dispuesto en los artículos 11.2.5.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, expidió el 31 de octubre de 2018 la Resolución No. 1521 por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para el siguiente periodo y modalidad de crédito:

Consumo y Ordinario: entre el 1 y el 30 de noviembre de 2018.


Con la mencionada Resolución se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 19.49%, lo cual representa una disminución de 14 puntos básicos (-0.14%) en relación con la anterior certificación (19.63%).

 

Interés remuneratorio y de mora
En atención a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, es decir, el 29.24% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.

 

Usura
Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos, cifra que para el período señalado se sitúa en 29.24% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, resultado que representa una disminución de 21 puntos básicos (-0.21%) con respecto al periodo anterior (29.45%).

 

Otras certificaciones vigentes
Vale la pena recordar que la Superintendencia Financiera, en desarrollo de sus atribuciones legales y reglamentarias, mediante la Resolución 1294 de 2018 certificó el interés bancario corriente para la modalidad de microcrédito y consumo de bajo monto, en los siguientes términos:

 

Modalidad de crédito que aplica     Interés Bancario       Corriente Usura
Microcrédito                                       36.72%                      55.08%
Consumo de bajo monto                     34.25%                      51.38%

Con el compromiso de mantener el monitoreo para identificar los casos en los que se hace mal uso del Plan Vallejo para ingresar contrabando al país, se realizó la tercera sesión de la Mesa Anticontrabando en la que por segunda ocasión el tema central fue el sector textil-confección.

 

Los casos de las empresas en los que se detecten irregularidades de este tipo serán enviados a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para que haga los respectivos seguimientos.

 

Así lo explicó la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso Jiménez, quien junto a su homólogo de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda, lideraron esta sesión de la Mesa, de la que hacen parte en forma permanente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Uiaf. En esta ocasión, la Cámara Colombiana de la Confección también fue invitada a la Mesa.

 

“El Plan Vallejo es un instrumento de promoción a las exportaciones en el que no se pagan aranceles ni IVA por la importación de materias primas, con la condición de que se usen únicamente para la transformación de bienes para su exportación. Hemos detectado empresas que, bajo esta figura, simulan exportaciones, con lo cual los productos que importan se quedan en el país sin pagar impuestos. No lo vamos a permitir”, explicó la Viceministra.

 

Valdivieso recordó que en septiembre se aprehendieron más de 8.000 rollos de tela y confecciones de 200 toneladas, avaluados comercialmente en más de $9.000 millones, que habían ingresado al país bajo la modalidad del mal uso del Plan Vallejo.

 

En la reunión se reiteró el compromiso de seguir trabajando articuladamente con el sector privado para combatir el contrabando en cualquiera de sus formas.

 

Por su parte, el Viceministro Pineda señaló que con las diferentes acciones que se acuerden y adelanten desde la Mesa, se busca evitar la destrucción de empleo formal en el país, y puntualmente en este sector productivo.

 

“Estamos con el sector textil y confecciones, los invitamos a hacer denuncias, pues no descansaremos en esta lucha y no daremos tregua a quienes insistan en competir en forma desleal. Sabemos que hay un sector que tiene preocupaciones y queremos atenderlas", aseguró el Viceministro de Desarrollo.

Reactivar la economía, financiar programas sociales, incrementar el empleo formal y la inversión, generar mayor formalización y mayor equidad son los objetivos de la Ley de Financiamiento que el gobierno del presidente Iván Duque Márquez radicó ante el Congreso de la República.

 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, resaltó que esta Ley de Financiamiento partió de la necesidad de obtener los $14 billones que hacen falta en el presupuesto del 2019 para financiar los programas sociales, dentro de los cuales están Familias en Acción, alimentación escolar, construcción de infraestructura, créditos del Icetex, inversión en el sector agrícola, los subsidios en los servicios públicos y la reinserción de los antiguos combatientes de la subversión, entre muchos otros.

 

“Colombia requiere generar una gran transformación para la equidad, crear muchos empleos, tener un crecimiento económico más robusto y atender y reforzar los prioritarios programas sociales con los que se benefician millones de ciudadanos. Hacia allá apunta esta ley”, dijo el ministro Carrasquilla Barrera. “Se trata de una ley progresiva que busca que aquellos colombianos que reciben más ingresos contribuyan en mayor medida para el funcionamiento del Estado y la redistribución de la riqueza”, expresó.

 

El proyecto de Ley de Financiamiento es un completo conjunto de normas de carácter tributario, de reducción del tamaño del Estado, de mejoramiento de la administración tributaria, de modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de enajenación de activos y de ahorros adicionales.

 

El proyecto propone reducir gradualmente la tarifa del IVA hasta el 17%, conservando los beneficios para productos y servicios relacionados con aspectos fundamentales como salud, educación, transporte, servicios públicos, arrendamientos y servicio doméstico, entre otros.

 

El IVA hoy
Actualmente, las exenciones y exclusiones benefician más al 10% de la población con mayores ingresos. Ellos se ahorran $27 de cada $100 que se dejan de pagar por los bienes excluidos de IVA, mientras que el 10% más pobre de los colombianos solo se beneficia con $4 de cada $100.

 

Adicionalmente, los hogares más pobres destinan el 30% de su gasto a adquirir bienes que tienen una tarifa del 19%, sin recibir compensación alguna. “La estructura actual, con tarifas diferenciadas y tratos desiguales es muy injusta con los sectores más vulnerables”, sostuvo el ministro Carrasquilla.

 

Para corregir esa desigualdad, el Gobierno espera destinar $2,6 billones de pesos para compensar al 30% de los colombianos, 4,3 millones de hogares con menores ingresos, por lo que pagaron por IVA. Así el Estado comenzará a generar un verdadero proceso de redistribución del ingreso, y solucionará uno de los grandes problemas del país.

 

“El coeficiente de desigualdad del país, además de que sigue siendo muy alto, no cambia después de que el Gobierno recauda y ejecuta los impuestos. Eso quiere decir que no estamos cumpliendo con nuestra obligación de hacer que estos recursos lleguen a la población más vulnerable. Eso lo vamos a empezar a cambiar con esta compensación”, explicó Carrasquilla Barrera.

 

Adicionalmente, con la Ley de Financiamiento, el Gobierno cumple con una de las promesas del Presidente Iván Duque Márquez de bajar la carga tributaria a los colombianos, mejorar la competitividad de las empresas e impulsar el empleo. El objetivo, aseguró el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es mejorar el sistema tributario, de manera que sea más simple, más efectivo y menos costoso y que beneficie el desarrollo empresarial. Para esto, entre otras medidas, se plantea reducir paulatinamente la tarifa de renta corporativa, que quedaría en 32% en el 2020, 31% en 2021 y 30% a partir del 2022.

 

Igualmente, se propone descontar de renta el IVA pagado por la importación de bienes de capital y la eliminación paulatina de lo que pagan las empresas por renta presuntiva. Adicionalmente, en la declaración de renta se podrá descontar el 50% de lo que las empresas pagan por ICA y la mitad de lo que pagan por el Gravamen de Movimientos Financieros (GMF), más conocido como 4 x 1000. A partir del 2022 se podrá descontar el 100% de dichos impuestos.

 

Con el fin de impulsar la inversión en sectores fundamentales para el desarrollo del país, se propone una exención del impuesto de renta por 5 años a quienes hagan inversiones efectivas en empresas de la llamada economía naranja y por 10 años para los nuevos empresarios del campo.

 

De otro lado, el Gobierno ha propuesto en la Ley de Financiamiento una nueva estructura del Impuesto de Renta a personas naturales. Esta reforma unificará las llamadas cédulas tributarias y gravará con una tarifa mayor a los contribuyentes de ingresos más altos; es decir, a aquellos que ganen más de $33 millones al mes.

 

Quienes hoy no pagan, no van a pagar y quienes ganen menos de $33 millones mensuales pagarán lo mismo.

La Junta Directiva decidió, de manera unánime, mantener la tasa de interés de intervención en 4,25%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos:

 

  • En septiembre la inflación anual se situó en 3,23%, y el promedio de las medidas de inflación básica bajaron nuevamente (3,28%).
  • Las expectativas de inflación registraron leves cambios y se mantienen por encima del 3%. Las de los analistas se sitúan en 3,3%, y las derivadas de los papeles de deuda pública alrededor de 3,5%.
  • El crecimiento promedio de los socios comerciales del país ha sido algo más débil que lo estimado. El precio internacional del petróleo y los términos de intercambio continúan en niveles que favorecen el ingreso nacional.
  • La aversión al riesgo global se ha incrementado. En este entorno, las medidas de prima de riesgo de países emergentes, entre los cuales se incluye Colombia, han aumentado levemente y sus monedas se han depreciado frente al dólar.
  • Los indicadores de actividad económica para el tercer trimestre sugieren que la economía habría continuado con un crecimiento similar al registrado en primera mitad del año. El equipo técnico estima que persiste la sub-utilización de la capacidad productiva de la economía.
  • Para todo 2018 se proyecta un déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB similar al registrado en 2017.

 

Con base en esta información, la Junta ponderó los siguientes factores en su decisión:

  • La debilidad de la actividad económica y la incertidumbre sobre la velocidad de su recuperación.
  • La inflación observada y su convergencia esperada a la meta del 3%.
  • Los efectos sobre la economía colombiana derivados de las cambiantes condiciones financieras internacionales.
  • En este entorno, al evaluar el estado de la economía y el balance de riesgos, la Junta consideró conveniente mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%.

 

La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo del comportamiento de la inflación y las proyecciones de la actividad económica y la inflación en el país, así como de la situación internacional. Finalmente, reitera que la política monetaria dependerá de la nueva información disponible.

 

La decisión de mantener la tasa de interés en 4,25% contó con la aprobación unánime de los miembros de la Junta.

El Presidente Iván Duque afirmó que el proyecto de Ley de Financiamiento, que presentará al Congreso, busca mayor formalización que pueda traducirse en más equidad, y descartó que se trate de una iniciativa para favorecer al gran capital.

 

El Jefe del Estado explicó que la propuesta busca, entre otros objetivos, “bajar la tasa efectiva de tributación a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para que tengan mejores condiciones para generar empleos estables y a largo plazo”.

 

Recordó que la Constitución se refiere a la función social de la empresa y subrayó que esa función social es la generación de puestos de trabajo.

 

Así mismo, indicó que la iniciativa persigue “facilitar la deducción del IVA sobre las inversiones que se hacen en bienes de capital, para que podamos hacer reconversión tecnológica, transformación Industrial”.

 

El Mandatario recalcó que “aquí lo que queremos, es tener un régimen empresarial simplificado para esas micro y pequeñas empresas”, agregó que con el desarrollo empresarial gana el país.

 

Con respecto a las llamadas “apretadas de tuercas”, el Jefe del Estado señaló que “he sido muy claro en términos de personas naturales. Nosotros no podemos afectar a la clase media emergente en un momento donde está empezando a recuperarse la economía”

 

En ese orden de ideas indicó que por eso “quienes hoy declaran renta y no pagan, no van a pagar. Quienes hoy pagan renta hasta 35, 40 millones de pesos, no van a pagar más de lo que ya pagan”.

 

Advirtió que “hemos detectado que por encima de esos ingresos –sin espíritu populista ni persecutorio– se puede propiciar un mayor pago y ese mayor pago, que puede ser superior a los 3 billones de pesos, nos permite articular muchas de las reducciones”.

 

Puso de presente, que “no podemos seguir propiciando impuestos que generan inequidad, porque las personas de mayores ingresos son las que más se benefician” de los productos exentos del IVA.

 

Así mismo, el Presidente recordó que se proponen incentivos tributarios tanto para las empresas que inviertan en zonas rurales y generen empleos, así como para las denominadas empresas creativas.

 

Agregó, por último, que esa dirección correcta es “tener un sistema tributario más simple, más efectivo, que beneficie el desarrollo empresarial, que no castigue la clase media, que permita corregir las inequidades y la falta de progresividad en algunos tributos para que tengamos el recaudo que nos permita a nosotros hacer de esta agenda la gran agenda de país”.

El Ministerio de Hacienda, publicó para comentarios hasta el 14 de noviembre de 2018 el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria”, referente a la factura electrónica.

 

Para conocer el proyecto de decreto completo, haga clic aquí.

Ante el presidente de la República, Iván Duque Márquez, la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos y en representación de Amazon Operation Services Colombia S.A.S., Reuben Smith-Vaughan, se suscribió un pacto por el Teletrabajo, acuerdo de intención que busca generar un marco de cooperación para impulsar y masificar esta modalidad de trabajo en Colombia.

 

“La firma del pacto con Amazon es muy importante para el país, allí le vamos a dar oportunidad de empleo a muchas personas que tienen que trabajar desde su casa, a muchos que hoy no tienen empleo, aumentaremos la productividad en Colombia y generaremos más oportunidades”, señaló la titular de la cartera laboral.

 

Agregó: “tenemos que ir al Congreso con este tema, lo estamos haciendo y socializando, de tal manera que haya una Ley que fije que en Colombia la pensión y salud se puede pagar por horas, queremos ayudar a nuestros trabajadores para que dejen de ser informales y en eso estamos”.

 

El acto se realizó durante la apertura del encuentro internacional Colombia Investment Summit 2018, organizado por ProColombia, que tiene lugar en el Centro de Convenciones Ágora, de Bogotá.

 

En Colombia, hay 122.278 teletrabajadores, Bogotá concentra el mayor número de teletrabajadores con 63.995. El sector de servicios es el que mayor número de teletrabajadores concentra con 86.116. 12.912 empresas han implementado el teletrabajo, frente a las 10.739 que había en el 2016.

 

El 64% de los teletrabajadores se concentran en un nivel de cargo medio en las empresas donde laboran. Son directores, jefes de área y coordinadores. El 26 % está en un nivel medio, o sea operativos y el 25% está en un nivel alto, presidentes y gerentes.

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