La Superintendencia de Sociedades tramitó un total de 438 pleitos y disputas empresariales, la cifra más alta de los últimos 5 años según el reporte de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, destacó el aumento significativo en el número de demandas y litigios entre empresarios que llegan a la entidad, para ser dirimidos por la justicia societaria. Mientras en 2013 la cifra fue de 15 procesos en promedio al mes, durante el 2017 el promedio aumentó a 37 casos mensuales.

Reyes Villamizar manifestó que "estas cifras muestran un auge importante de la jurisdicción de la Superintendencia. El año pasado se profirió un total de 3.406 providencias, entre sentencias y autos judiciales relacionados con conflictos societarios".

El Superintendente subrayó que "no son solamente las sentencias finales las que tienen importancia acá. También los autos que se profieren con medidas cautelares, que normalmente ponen fin a un litigio porque llevan a las partes a hacerse conscientes de las posibilidades que tienen dentro del proceso, de predecir los resultados del litigio y llegar a una conciliación amigable".

En el marco de la conmemoración de los 10 años de existencia del modelo de sociedades por acciones simplificadas, conocido como S.A.S, Reyes Villamizar destacó la eficacia y prontitud del sistema de la justicia societaria que opera en la Superintendencia de Sociedades.

Esta jurisdicción no solamente resuelve pleitos relacionados con la ineficacia de las decisiones de asambleas de accionistas y juntas directivas. También dirime conflictos que se dan entre accionistas, problemas relacionados con disolución y liquidación de compañías, situaciones de abuso del derecho, problemas con administradores, entre otra gran cantidad de materias que han ampliado el espectro jurisdiccional.

Finalmente y con motivo del décimo aniversario de las S.A.S, Reyes recordó que los empresarios no pueden refugiarse en sociedades para evadir el cumplimiento de las normas y sostuvo que quien utilice las sociedades en fraude o en perjuicio de terceros, responde solidariamente por las obligaciones originadas en tales actos.